¿Montesquieu ha muerto?. El maravilloso mundo de las ideas, en el que algunos pasan buena parte de su existencia, da como resultado formidables teorías como la que en su momento formuló el genial Montesquieu, el padre de la división de los poderes del Estado. Toda democracia debe respetar el espíritu íntegro de esta sensacional idea, la separación, real y efectiva, del poder ejecutivo, el legislativo y judicial. No hay otra fórmula posible. El espíritu totalitario, en todos los órdenes de la vida, sólo puede ser combatido gracias al desarrollo de un sistema de pesos y contrapesos, en el caso que nos ocupa, los contrapoderes del Estado.
Uno de ellos, el Poder Judicial, es el que está facultado para administrar y aplicar las leyes en representación del pueblo; “Los jueces debían ser la voz muda que pronuncian las palabras de la Ley”, como dijo el propio Montesquieu, y es que la Ley se promulga por y para el pueblo soberano, luego además de muda, debe ser esencialmente justa. Sin embargo, el actual panorama político, bajo un gobierno preso de su angustiosa debilidad, está muy lejos de ser aquel luminoso escenario que nos dibujaba el genio francés. Tan desoladora es la situación que estamos llegando al extremo de que cualquier actuación judicial que pudiera ser lesiva contra un ciudadano con algún tipo de relevancia política o responsabilidad pública, sistemáticamente sea despreciada y rechazada por los acólitos del actual gabinete, que llegan incluso a señalar y a coaccionar a los titulares y responsables de dicha actuación. Todo ello lo justifican y hasta le dan un nombre: lawfare.
Si echamos la mirada atrás veremos que esto no es nuevo, ya se pretendió desarrollar algo similar en el curso de la trágica primavera de 1936; en efecto, el 26 de mayo, el gobierno del Frente Popular, presidido por Casares Quiroga, iniciaba los trámites parlamentarios para crear un Tribunal destinado a juzgar a jueces y fiscales. Si ya de por sí era un planteamiento amenazante para el Estado de derecho, lo agravaban, aún más, los móviles y sugestión inicial del proyecto de Ley. Los gritos de un grupo de jóvenes, los Vivas a España y al ejército, fueron la génesis de este arbitrario e incalificable proyecto. Así fue. Semanas antes, el 2 de mayo, en el transcurso de las celebraciones y efemérides de la independencia del invasor francés, unos bulliciosos jóvenes proferían jubilosos Vivas a España y al Ejército, algo que no iba a ser bien visto por las autoridades republicanas del Frente Popular, que respondieron deteniendo a los protagonistas de los gritos. Sin embargo, y para su contrariedad, su posterior paso por el presidio resultó ser muy breve, porque pocos días después eran puestos en libertad al considerar el Tribunal que les juzgaba (el Tribunal de Urgencia de Madrid) que no habían cometido ningún tipo de acto delictivo. En buena hora. El Gobierno del Frente Popular habría de tardar apenas dos semanas en iniciar los trámites de este proyecto que pretendía juzgar a jueces y fiscales molestos a su fuero y, sobre todo, a su particular arbitrio.
A altas horas de la madrugada de aquella fecha (cuando las agujas del reloj se acercaban a marcar las 03:00 horas), la Comisión de Justicia finalizaba su reunión. El que era su presidente, Pedro Rico, anunciaba a los periodistas que la Comisión había dictaminado favorablemente “el proyecto de Tribunal para exigir responsabilidades civil y criminal a jueces y fiscales”. Así, mientras los españoles dormían en sus casas, el gobierno del Frente Popular trataba de dinamitar la formidable idea de Montesquieu. El fango político se disponía a eliminar, con alevosía y nocturnidad, cualquier atisbo de separación de poderes en España. Los funcionarios públicos quedaban sometidos al yugo del sectarismo político que, sin miramiento alguno, amordazaba al Poder judicial con el propósito de iniciar una purga dirigida contra todos aquellos elementos que resultaran incómodos o molestos a la acción gubernativa del Frente Popular. La gran cantidad de registros realizados en aquellas semanas a ejemplares y dignos funcionarios públicos serviría, pocos meses después, para la creación de listas de proscritos; muchos de ellos acabarían sus días en las terribles checas (agosto-noviembre 1936). Por su parte, las derechas de la Cámara formularon su más enérgica protesta, sin éxito alguno como era de prever. Veamos, muy brevemente, algunas de las consideraciones realizadas en sede parlamentaria al respecto.
Quisiera destacar lo dicho en dos sesiones del Congreso, del 3 y 4 de junio de aquel año. En la primera de ellas, el denunciante era el ya por entonces líder natural de las oposiciones, Calvo Sotelo (en la foto), que denunciaba la arbitrariedad gubernamental en la aplicación de leyes de excepción, como la que ahora nos tiene entretenidos. Calvo Sotelo advertía que “se van a aplicar a los jueces y magistrados normas que no rigen para los demás ciudadanos en igualdad de hipótesis, ni siquiera para los demás funcionarios del Estado”. Será en ese momento cuando haga alusión a la génesis de esta inaudita ley, “basta recordar la fecha en que Su Señoría (por el Ministro de Justicia, Blasco Garzón) lo presentó y cuando fue elaborado por el Gobierno”, concretamente, después de un juicio celebrado “ante el Tribunal de Urgencia de Madrid el día 20 de Mayo”, inmediatamente después de la celebración de la vista “por los incidentes ocurridos el día 2 de aquel mes en la manifestación o desfile que todos los años se celebra en conmemoración de la gloriosa efemérides de la guerra de la Independencia”. Recordaría, inmediatamente después, que en aquella sentencia fueron absueltos “todos los acusados, de los cuales uno lo había sido por haber hecho dos disparos —se trataba de un oficial retirado del Ejército—, y los otros por haber proferido gritos que se llamaron subversivos”; en efecto, esos gritos eran los referidos anteriormente: Vivas a España y al ejército (también se incluiría en el sumario algún Viva al fascio, si bien, todos fueron calificados igualmente subversivos). Ese fallo judicial, que tanta controversia creó en las huestes frentepopulistas, era la génesis del Proyecto de Ley que pretendía juzgar a jueces y fiscales. En la sesión del día siguiente, 4 de Junio, el diputado de la CEDA, Francisco Ceballos, denunciaba el atropello que significaba para la juridicidad la creación de este Tribunal, que habría de estar compuesto por un jurado formado por asociaciones “o similares según determina el dictamen”, algo que, por cierto, era contrario al espíritu de la Constitución republicana que exigía “Jurados de capacidades”, aparte de la preceptiva y debida independencia de todo tipo de sugestión o apetito político. Sin embargo, el dictamen del proyecto recogía algo absolutamente contrario a ese espíritu, en concreto, la creación de un Jurado del que formarían parte “asociaciones del censo social”, circunstancia que denunciaría efusivamente el diputado de la CEDA: “…todos saben que la inmensa mayoría de esas asociaciones inscritas en el censo social son marxistas”. La encerrona que se preparaba al aparato judicial era sencillamente colosal, y es que serían sindicatos marxistas o afines quienes habrían de juzgar a los veladores de la Justicia en España; esta, parecía, iba a acabar secuestrada por los propósitos inequívocamente revolucionarios de las minorías del Frente Popular. Aquel 4 de junio de 1936, la Comisión de Justicia sólo aprobaría una de las muchas enmiendas propuestas por los diputados de las derechas, aquella en la que se decía que los miembros del Jurado, que tenían el encargo de juzgar a jueces, fiscales y magistrados, careciesen de antecedentes penales; bueno, ¿por algo se empieza, no?…
Qué duda cabe que todas las iniciativas de aquel gabinete presidido por Casares Quiroga pretendían, esencialmente, reforzar los resortes del poder ejecutivo en detrimento de un poder judicial que habría de quedar sujeto a los apetitos sectarios del primero. Los gobiernos del Frente Popular, autoproclamados hasta la saciedad como demócratas, virtuosos del Estado de derecho y la más excelsa juridicidad, fueron extremadamente celosos con todos aquellos funcionarios públicos que no fueran afines a su ideario o a su conducta política, sin embargo, los gobiernos del mal llamado Bienio negro (del centro-derecha), gobiernos que tuvieron que desarrollarse en medio de un clima ya prebélico a consecuencia de la formidable amenaza socialista (que ya comenté y desarrollé en mi anterior artículo), tildados siempre de reaccionarios o facciosos, nada dijeron o promovieron cuando el principal responsable de la tentativa golpista de octubre de 1934, Largo Caballero, fue puesto en libertad el 1 de diciembre de 1935 tras sólo celebrarse ¡cuatro vistas! (en el proceso judicial, seguramente, más lacerante de nuestra historia). Los gobiernos y autoridades del momento respetaron en grado sumo la resolución judicial pese a la evidente “sorpresa” que suponía ver en libertad al principal promotor de aquel golpe. Ahora, los voceros de la democracia formulaban la creación de un tribunal compuesto por un jurado cuyos miembros respondían al espíritu político del momento, y que se disponía a juzgar a los garantes de la ley en España por una resolución judicial no favorable a sus intereses.
Hoy, lamentablemente, vemos de nuevo parecidos atropellos; jueces, fiscales y magistrados vuelven a estar en el punto de mira de un ejecutivo que pretende rebasar sus facultades y fuero para hacer cautivo de su apetito sectario al principal contrapeso del Estado, el órgano más augusto de cuantos haya, el poder judicial. El mundo de las ideas, ese que Montesquieu primero soñó y luego más tarde abrazó, y al que algunos ilusos quisiéramos llegar algún día, permanece oculto para nuestras actuales magistraturas públicas, mentes secuestradas por un sectarismo ideológico enfermizo que impide el pleno desarrollo de la garantías que debe ofrecer un Estado.
