Sorprende que los miembros del Consejo de Ancianos del PSOE puedan sorprenderse de que el PSOE sea el PSOE. Han salido en tropel, alarmados ante la posibilidad de que el jefe del partido haga lo que han hecho todos los que le han precedido en el cargo. Pero es que ahora ya va en serio.
El envite que asoma es de tal envergadura que amenaza con ser la reiteración amplificada del golpe a la Nación de la Generalidad de Cataluña. Si en 2017 fueron el Gobierno y el Parlamento regionales sus autores, ahora son los poderes Ejecutivo y Legislativo nacionales los que parecen dispuestos a dar de cuchilladas al sujeto político español con la cooperación de la fábrica de coartadas que es el Tribunal Constitucional.
Esta es la razón por la que se han presentado en la feria media docena de carcamales del partido. Todos ellos escandalizados de que haya apuestas en el casino del 78 –una vez retiradas sus ganancias, claro–. Que sea la plana mayor de los yayos del PSOE la que salga al césped a cortejar el amor pepero y a darse piquitos con toda la prensa orgánica da la medida del calado de lo por venir. Hemos visto desfilar por televisiones, radios y periódicos a veteranísimos tahúres como Alfonso Guerra y Joaquín Almunia. Hasta el dominicano Felipe González se ha pronunciado contra sí mismo; esto es, contra el rumbo federalista del PSOE que él personalmente impulsó desde que fue elegido su secretario general en octubre de 1974.
Surenes (Francia) es la casilla de salida del PSOE actual, el que vertebra el 78. Fue su XXVI Congreso –el XIII en la inoperancia exterior–. El señor González arrebató el control del partido al histórico Rodolfo Llopis. Bajo la dirección del antillano de Sevilla, dieron su aprobación al «derecho de autodeterminación» de «cada nacionalidad» en una «Resolución sobre nacionalidades y regiones»:
XXVI Congreso PSOE (1974, Suresnes): El PSOE se pronuncia por la constitución de una República Federal de las Nacionalidades que integran el Estado Español.
Cuatro años más tarde, el sintagma «nacionalidades y regiones» se había incorporado a la Constitución de 1978.
Después de Suresnes y antes de 1978, el PSOE celebró otro congreso en diciembre de 1976, ya en territorio español. En él insistió en las premisas básicas de la resolución federalista aprobada en Francia:
XXVII Congreso PSOE (1976): El Partido Socialista propugnará el ejercicio libre del derecho a la autodeterminación por la totalidad de las nacionalidades y regionalidades [sic] que compondrán, en pie de igualdad, el Estado Federal que preconizamos.
Este cónclave es especialmente relevante. Es el inmediatamente anterior a las votaciones de junio de 1977. La locución «nacionalidades y regiones» aparecía diez veces en el texto aprobado por el congreso. Ningún documento de ningún otro partido contenía esta expresión antes del oscuro proceso de redacción del anteproyecto de Constitución. La cláusula federalista «nacionalidades y regiones» voló de la agenda del PSOE al corazón de la Constitución.
El partido aprobó en esta misma asamblea un programa de ocho puntos sobre «aspectos institucionales de la organización federal» que ha sido determinante para el devenir de España de los últimos 45 años. La Constitución de 1978 y su desarrollo posterior son la ejecución del programa federalista del PSOE de 1976. No hay más que acudir al texto de esta resolución política para verificar que el 78 ha dado cumplimiento a siete de esos ocho puntos. Es como si los 165 diputados de la UCD no hubieran existido nunca y todo hubiera estado siempre bajo el control y la tutela del PSOE. El llamado «Estado de las autonomías» es la ejecución del 87,5% de la agenda federalista socialista del 76. El único punto pendiente es el ejercicio de lo que el PSOE y los separatistas llaman «derecho de autodeterminación». La del 78 parece menos la Constitución que nos dimos que la que el PSOE se dio a sí mismo.
De ella nació lo que las tertulias llaman informalmente el «Estado de las autonomías». El PSOE le dio la consideración de instrumento para alcanzar sus objetivos federalistas. El partido insistió en esta idea en los tres congresos posteriores a la entrada en vigor de la Constitución: en el de mayo de 1979 –que fue el de la espantada del indiano sobrevenido–, en el extraordinario de septiembre siguiente –en el que volvió el señor González y la formación sustanció el abandono nominal del marxismo– y en el de octubre de 1981. En todos ellos afirmaron que las CCAA eran un medio para alcanzar el fin federalista.
Tras la victoria en las votaciones de 1982, dedicaron década y media al disfrute de los cargos, los honores y los salarios. Durante este tiempo fortalecieron la posición de las CCAA hasta convertirlas en sujetos políticos propiamente dichos. Hicieron de las palabras actos. Las entidades regionales crecieron hasta convertirse en monstruos burocráticos que desarrollaron las previsiones del programa federalista del 76. El ciclo cacique estaba en marcha. Todo discurría según los planes.
Llegado el momento de perder el Gobierno, el PP dio continuidad a los planes federalizantes. José María Aznar compró su investidura al príncipe elector catalán, Jordi Pujol, a cambio de continuar el vaciamiento del Estado iniciado por el PSOE.
De vuelta a la oposición, también volvieron las palabras federalistas. Joaquín Almunia fue el artífice de la extraña locución «factor conversor federal». José Luis Rodríguez Zapatero dedicó su mandato a revivificar el enfrentamiento entre españoles. Tuvo una ocurrencia que en realidad era la síntesis del 78: pretendía la federalización de España porque la estructura interna del PSOE tenía carácter federal. Esto es, quería una España a la medida del PSOE porque el PSOE era la medida del 78. Una vez hecho el Estado a imagen y semejanza del partido, pretendían hacer lo mismo con la Nación.
El introductor de la palabra «multinivel» en el discurso del PSOE fue Alfredo Pérez Rubalcaba:
XXXVIII Congreso PSOE (2012): La cultura federal es el sistema de gobernanza multinivel que mejor responde a las sociedades complejas y democráticas.
La expresión había sido acuñada unos años antes por Joan Subirats, actual ministro de Universidades en funciones, que la utilizó para describir el 78 como un «sistema multinivel de Gobierno» en un artículo publicado en la revista argentina PostData.
La época del señor Pérez Rubalcaba al frente del partido ha sido determinante para la forma en la que esta materia ha evolucionado en el seno de la formación. Los dos documentos que marcan la deriva federalista actual vieron la luz bajo su batuta: el informe de la Fundación Alfonso Perales (2012) y la Declaración de Granada (2013).
El estudio de esta fundación filial de la sucursal socialista andaluza fue encargado por José Antonio Griñán, que en ese momento era el presidente de la Junta de Andalucía y del PSOE. El título del texto: Por una reforma federal del Estado autonómico.
Este documento es relevante no sólo por su contenido, sino también por quiénes fueron sus autores. Entre ellos se encuentra María Luisa Balaguer, actual magistrada del Tribunal Constitucional. También cuenta entre sus firmas las de Carmen Calvo, la de Manuel Chaves y la de una muchedumbre de soldados del PSOE del ámbito universitario –como Javier Pérez Royo, José Sánchez Maldonado, José Antonio Montilla, Manuel Medina, Manuel Carrasco (nombrado Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía por el PP) y Gregorio Cámara, entre otros–.
El informe es un cuento de lobos con caretas de hadas. Los autores califican a la Nación política española como «imaginaria». Proponen realizar un proceso de «ingeniería constitucional» para transformar el coloquial Estado de las autonomías en un Estado federal. La razón esencial que aporta esta élite intelectual setentayochista para justificar la federalización de España es «para convivir estable y pacíficamente». Era un pretexto, pero tenía hechuras de amenaza.
El documento contiene una clave narrativa de previsible próxima actualidad. También está presente en las declaraciones de Granada (2013) y Barcelona (2017), que fueron los siguientes hitos federalistas del PSOE. Constituye el relato que podría echar a rodar para justificar actos futuros.
Es un juego argumental en el que el narrador crea tres posiciones políticas. Dos de ellas están en cada uno de los extremos del espectro de la situación política presente. Y una tercera pretende representar la moderación ante las otras dos. Las posiciones identificadas como radicales y extremistas son lo que estos tres documentos llaman la tentación secesionista-independentista y la tentación centralista-neocentralista-inmovilista. Frente a ambas y entre ambas, la solución federalista del PSOE condesciende a salvarnos y se revela moderada, centradamente centrada, políticamente redentora y estatalmente salvífica:
Por una reforma federal del Estado autonómico (2012): [Existen] grandes sectores de la ciudadanía que, percibiendo la urgencia de ir más allá del existente Estado autonómico, recusan todo planteamiento secesionista, a la vez que rechazan toda propuesta neocentralista.
Declaración de Granada (2013): Ni el retroceso ni la ruptura son la solución que España necesita. Pero tampoco lo es el inmovilismo, porque hay realidades que están ahí y no se pueden ignorar. […] El Estado de las Autonomías tiene que evolucionar, tiene que actualizarse y perfeccionarse. Y tiene que hacerlo en su sentido natural: avanzando hacia el federalismo, con todas sus consecuencias.
Declaración de Barcelona (2017): Para superar el enfrentamiento entre el inmovilismo […] y la deriva independentista unilateral es necesario abrir un nuevo escenario de diálogo y propuestas concretas que, como es sabido, en nuestra opinión, debe culminar en una profunda reforma federal.
La de Barcelona fue acordada entre Pedro Sánchez –rehén del PSC– y Miquel Iceta dos meses antes de la rebelión de la Generalidad. Acababa de tener lugar el primer congreso del partido con el señor Sánchez como jefe. El PSOE retomó la descripción de España como «plurinacional» en evidente seguidismo a Podemos, aunque no era nueva: los socialistas ya la habían utilizado en 1979.
Recién iniciado su segundo mandato, el señor Sánchez utilizó la epidemia de coronavirus del año 2020 como un ensayo federalista mediante hechos consumados, especialmente a través del segundo estado de alarma. Así lo reconoció el partido en su siguiente convención bajo el epígrafe «La España autonómica. Avanzando hacia la cogobernanza federal»:
XL Congreso PSOE (2021): La cultura federal que se está abriendo camino en España con ocasión de los múltiples foros de deliberación colegiada que la pandemia está obligando a activar entre el Gobierno de España y los gobiernos autonómicos, es una oportunidad para perfeccionar los mecanismos de cogobernanza y el compromiso común en un destino compartido. […] La España multinivel requiere, en definitiva, instituciones que patrocinen y fortalezcan la cogobernanza y el multilateralismo en el que los diversos niveles de gobierno puedan cooperar.
La anterior presidenta del poder Legislativo, Meritxell Batet, lo explicitó en términos aún más diáfanos en la presentación de un libro en Barcelona el pasado febrero:
Meritxell Batet: Estamos profundizando en mecanismos federales. Todo el sistema de cogobernanza de la pandemia, […] creo que son mecanismos que, por la vía de los hechos, pueden ayudar a ir implantando esta cultura federal.
Si antes le anotábamos al señor Pérez Rubalcaba el crédito de haber sido quien incorporó la discriminatoria expresión «multinivel» al discurso del PSOE, al señor Sánchez le debemos el disparate de la «cogobernanza». La palabreja es la vía de escape que se dio a sí mismo para eludir toda responsabilidad de sus propias acciones durante la epidemia y trasladarla a las CCAA, que aceptaron encantadas entrar en el peligroso juego de la usurpación al que las invitó el mismo usurpado.
La primera aparición de esta palabra en el ordenamiento jurídico español fue en una Orden del Ministerio de Sanidad de mayo de 2020. El último congreso del PSOE hasta la fecha tuvo lugar al año siguiente, en 2021. El texto de su resolución política utiliza la voz «cogobernanza» en 32 ocasiones. Nunca antes había sido utilizada en ningún documento del partido.
Todas estas expresiones –y otras como «federalismo cooperativo» y las que vengan– surgen para crear un relato que disimule la realidad: el crimen atroz de que para hacer de España un Estado federal, antes hay que trocear la Nación y repartirla entre caciques para después –si acaso– volver a recomponerla.
En el inicio apuntábamos al teatro de los abuelitos del PSOE y al señor González que hace sólo unos días se mostraba conmocionado por el inequívoco rumbo federalista del PSOE y de las inciertas y peligrosas consecuencias de los pagos de compra de la investidura. Una vez visto quién era el sevillano de hace décadas, anotemos también quién es el dominicano González de hoy. En abril de 2019 –a 20 días de unas elecciones generales– declaró al diario El País:
Felipe González: Sólo hay una salida seria, la federalización.
Acerca de todo este proceso inducido de descomposición de España hay que preguntarse seriamente por el papel que hayan podido jugar y jueguen alguna que otra potencia aliada. Quizá sería buena idea despertar a la realidad de que hay aliados que están encantados con la desestabilización y la balcanización de España porque para ellos se traduce en la liquidación de un competidor. El mundo es un lugar terrible en el que las alianzas valen lo que los cambiantes intereses que las alientan.
La pretensión de transformar España en un Estado federal no es una ocurrencia del señor Sánchez. Está inscrita en el ser del PSOE y explicitada en su documentación política de forma reiterada durante los últimos 50 años. Del mismo modo, la inercia federalizante del 78 está impresa en su Constitución aunque no esté escrita en su articulado. Esta combinación, explosiva de por sí, se convierte en una bomba de relojería a causa de la cadena de causas y efectos que generan los perversos medios de elección de los poderes Ejecutivo y Legislativo que establece la carta del 78.
Si estos dos poderes del Estado han puesto ya en marcha un golpe blando de signo federalista que contará con la cooperación del Tribunal Constitucional es porque el 78 los empuja. El señor Sánchez necesita comprar a los cortijeros separatistas, transformados en caciques electores del 78, para volver a ser investido jefe de Gobierno. Tiene que pagar esas coimas con algo y –tras 45 años de reparto del botín– ya no queda Estado que ratear. Sólo queda la Nación. La federalización de España es exactamente eso: el reparto de la Nación.
