«Según iban venciendo a la Guardia Civil, los mineros de las dos cuencas iban concentrándose en Sama y en Mieres, de donde partían en camiones y camionetas, camino de Oviedo. Muchos de ellos iban con los correajes y los fusiles de los guardias, deseosos de entrar en fuego, enardecidos por el peligro. La gran ciudad brillante y atractiva, que muchos solo habían entrevisto en rápidos viajes desde sus miserables viviendas del monte, ejercía en los mineros una atracción irresistible. Aquel foco de lujo, de comodidad, de vida fácil, la ciudad a la que escapaban los ingenieros para pasar el fin de semana, allí donde vivían los dueños de las minas de los cuales los que arrancaban el carbón apenas tenían una vaga noticia, les sugestionaba como un imán. En todos los tiempos, mientras la vida esté organizada en fracciones sociales, el impulso que moverá a los hombres será el instinto de poderío. Los rudos mineros querían mandar sobre la capital, someterla. El dominio político implicaba en sus almas simples la conquista de todo lo que hasta entonces les había sido negado».
Este párrafo pertenece al reportaje Octubre rojo en Asturias, la crónica sobre la Revolución de 1934 que el periodista José Díaz Fernández publicó por entregas en el Diario de Madrid y que en 2017 la editorial Libros del Asteroide recuperó para el volumen Tres periodistas en la revolución de Asturias. Nacido en Salamanca, pero asturiano de adopción, Díaz Fernández era un hombre de izquierdas: fue diputado por el Partido Radical Socialista y por Izquierda Republicana. Su texto sobre los sucesos de 1934 en Asturias, único lugar de España donde la huelga general se transformó en insurrección armada, demuestra su simpatía por el alzamiento de los obreros, aunque tampoco oculta la violencia revolucionaria de un enfrentamiento que se saldó con casi 1.500 muertos.
Aunque ha pasado casi un siglo desde aquellos acontecimientos, el reportaje de Díaz Fernández ilustra dos elementos clave para entender la configuración sociopolítica que ha tenido la Asturias contemporánea. Dos elementos que, además, se retroalimentan.
Por un lado, Octubre del 34 es un episodio hondamente grabado en el imaginario asturiano general y, particularmente, en el de la izquierda: abundan en la región las placas, estatuas, homenajes, conferencias y reportajes históricos en prensa sobre aquel levantamiento obrero. El mito fundacional de la izquierda asturiana no es la Transición, sino el 34, seguido de la resistencia de 1936-1937 contra las tropas de Franco y las huelgas mineras del franquismo. Además, el párrafo de Octubre rojo en Asturias remarca un aspecto que subyace en la sociología de la región y, por tanto, en su expresión política. Una dinámica abstracta, latente y muchas veces no verbalizada: un resentimiento social deudor de la lucha de clases marxista.
Durante el último siglo, ese espíritu de fondo, ese poso anímico, alimentó y permeó la estructura socioeconómica de Asturias. Una estructura caracterizada por los siguientes elementos: la tradición minera e industrial (sectores fuertemente sindicalizados), el elevado peso de empresas estatales y una administración pública extensa que, particularmente en los últimos años, se ha enfocado en la sanidad debido al envejecimiento de la población.
Todos esos ingredientes instalaron en la sociedad asturiana una profunda dependencia del Estado y, por lo tanto, un fuerte vínculo con la ideología, la retórica y el imaginario histórico y sentimental del socialismo y el sindicalismo. Y por ello se explica en buena medida que, desde los 44 años transcurridos desde la instauración del Estatuto de Autonomía en 1982, el PSOE haya gobernado, en solitario o coalición, durante más de 38. La derecha sólo suma cinco años en el poder, en etapas distintas: la de Sergio Marqués (PP) entre 1995 y 1999, y la de Francisco Álvarez-Cascos (Foro Asturias) entre julio de 2011 y mayo de 2012. Esto significa que únicamente Castilla-La Mancha se sitúa por delante de Asturias como la comunidad española que en la reciente etapa democrática ha sido más fiel al partido del puño y la rosa.
No obstante, en los últimos años Asturias ha registrado una serie de cambios económicos, demográficos y sociales que podrían favorecer un viraje político hacia la derecha. “Ahora mismo se están dando las circunstancias para que un partido de centro con algo de liberalismo coja la región y la gobierne veinte años”, asegura un veterano y relevante periodista asturiano. Entre esas circunstancias destaca la práctica extinción de la minería del carbón, el declive de la industria en favor de una economía de servicios (en la que despunta claramente el turismo) y la evolución natural de la población (con la desaparición de generaciones más vinculadas al mundo industrial y minero). Todo ello enmarcado en una tendencia generalizada de fondo, tanto a nivel nacional como internacional, hacia opciones políticas de derechas, sobre todo entre los jóvenes que debutan en el ejercicio del voto.
Sometidos al SOMA
El 17 de diciembre de 2024, la séptima planta del pozo Nicolasa (Mieres) dejó de extraer carbón. Era la última mina que permitía la explotación de hulla en Asturias. El cierre tenía un altísimo poder simbólico: suponía el final de dos siglos de actividad carbonera en la región. Un sector que, en su momento álgido, llegó a tener más de 50.000 trabajadores, la mayoría pertenecientes a la empresa pública hullera Hunosa. Ese peso económico confirió un decisivo poder político a una organización absolutamente clave para entender la historia reciente del Principado: el Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias (SOMA), integrado en UGT.
“A diferencia de lo que sucede en el resto de España, donde la UGT depende más o menos directamente del PSOE, aquí ha sucedido siempre lo contrario: el partido era el apéndice del sindicato”, asegura el mencionado periodista, que añade que “durante muchos años, la política de Asturias no se decidió desde la Presidencia del Principado, en Oviedo, sino desde la sede del SOMA, en la Plaza La Salve de Langreo”. El SOMA, sostiene este informador, tenía una capacidad determinante en la elección de las listas electorales del PSOE, en la formación de los Gobiernos autonómicos socialistas, en la elección de alcaldes y en la asignación de fondos mineros públicos. El arma con el que ejercía esa presión era su poder para convocar huelgas y movilizaciones.
La dimensión de la influencia que había logrado el SOMA a lo largo de las décadas quedó demostrada en 2014 con el estallido del caso Villa, cuando se reveló que José Ángel Fernández Villa, secretario general del sindicato entre 1979 y 2013, se había apropiado de más de un millón de euros procedentes de fondos mineros mediante comisiones y facturas irregulares. El caso ilustró cómo el entramado sindical-político facilitaba el acceso a recursos públicos sin controles efectivos, y la propia Guardia Civil describió el uso de estructuras del SOMA como una “pantalla para lucrarse”.
Actualmente, muy lejos de aquellos 50.000 picadores que en los años 60 bajaban a los túneles con sus monos azules y sus cascos, la minería del carbón emplea a menos de un millar de personas en Asturias. Una situación cuanto menos insólita, dado que con el pozo Nicolasa terminó oficialmente la explotación del mineral en la región. La mayoría de los profesionales inscritos en el sector pertenecen a Hunosa, compañía estatal que, a pesar de su práctica irrelevancia en la economía asturiana, sigue sostenida por los sindicatos y por el Ejecutivo socialista (su actual presidente, Enrique Fernández, era consejero con Adrián Barbón). La empresa acaba de firmar un plan estratégico hasta el año 2028 que prevé la inversión de más de 100 millones de euros en proyectos de reconversión medioambiental en las Cuencas mineras.
La pervivencia de Hunosa es un ejemplo de la respiración asistida que la izquierda sigue insuflando en el sector minero para que este no desaparezca definitivamente del paisaje asturiano. Porque, a pesar del progresivo cierre de los pozos, el PSOE e IU han gobernado siempre (alternándose en diferentes periodos) en los dos grandes municipios carboneros, Mieres y Langreo. Una de las razones es la generosidad de las pensiones de los antiguos trabajadores de la minería, una profesión cuya peligrosidad permitió tanto prejubilaciones como una cuantía elevada de las prestaciones. De hecho, Asturias es, sólo después del País Vasco, la comunidad autónoma con las pensiones más altas: la de jubilación asciende a una media de 1.839 euros brutos al mes, según los datos oficiales más recientes. Asimismo, el Principado es la segunda región (de nuevo tras la vasca) con mayor proporción de pensionistas que ingresan al menos 3.000 euros brutos mensuales.
Las grietas del acero
La minería no es la única explicación de las cuantiosas pensiones asturianas. También han contribuido los otros dos históricos pilares de la economía regional, la siderurgia y la metalurgia, que igualmente ofrecían empleos estables, bien remunerados y con cotizaciones altas. Si bien su situación no es terminal como en el caso del carbón, tanto el metal como el acero muestran desde hace años signos evidentes de declive.
La multinacional siderúrgica ArcelorMittal, propiedad de la familia india Mittal, es la mayor empresa privada de Asturias: da empleo directo a unos 5.000 trabajadores y a unos 10.000 de forma indirecta. No obstante, son números que palidecen en comparación con los más de 20.000 que llegó a tener la compañía cuando era de titularidad pública y se llamaba Ensidesa. Pero aquello era antes de la reconversión industrial de los años 80 y 90, tras la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, cuando se redujeron drásticamente los puestos de trabajo del sector.
En los últimos años, Arcelor ha ido adelgazando las plantillas de sus fábricas asturianas a medida que se ensombrecía el horizonte del sector siderúrgico, atenazado por la debilidad industrial europea, por una transición ecológica con unos costes más altos de los que en un principio se habían estimado y por la agresiva competencia del acero chino de bajo coste.
En este contexto, el episodio reciente más dramático para la actividad de Arcelor en Asturias ha sido la renuncia al proyecto milmillonario que la compañía había anunciado en 2021 (ante la presencia del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez) para descarbonizar los altos hornos de la fábrica de Gijón. Esa suspensión, añadida al traslado de puestos auxiliares a India, ha arrojado grandes incertidumbres sobre el futuro de la multinacional en la región y, por ende, sobre el resto de las actividades derivadas de la siderurgia asturiana.
Para evitar la desindustrialización de la comunidad, el Gobierno de Barbón está tratando de fomentar, al calor del rearme europeo, la creación de fábricas de vehículos militares blindados. Asturias ya cuenta con la centenaria planta de Santa Bárbara-General Dynamics en Trubia (Oviedo), con unos 800 empleados, pero Indra (participada y tutelada por el Estado) ha establecido una nave en Gijón y aspira a instalar otra en Langreo. Su objetivo es generar más de mil empleos cualificados. No obstante, estos planes aún deben desarrollarse, y la convocatoria electoral y la posibilidad de un cambio de Gobierno podría ralentizarlos.
La pregunta del millón
El retroceso de los que antaño fueran motores industriales de Asturias explica otro factor esencial para comprender la situación regional: la diáspora juvenil y el envejecimiento demográfico. En las últimas dos décadas, Asturias perdió a la mitad de sus habitantes nativos de entre 20 y 39 años. Fue la provincia con mayor caída de población joven. Asimismo, los nacimientos de madres españolas se desplomaron casi un 80% entre 1976 y 2021, de nuevo la peor cifra del país.
Desde que existe la preocupación sobre la demografía, buena parte del debate político y periodístico asturiano se ha centrado en una cifra para evaluar el vigor y el atractivo de la comunidad: el millón de habitantes. ¿Que la cifra oficial baja del millón? Duras críticas de la oposición y alarmismo sobre la decadencia del territorio. ¿Que se supera el dichoso millón? Entusiasmo victorioso del Gobierno autonómico y reproches a los catastrofistas.
Asturias tiene 1.026.726 habitantes, según los datos más recientes del INE. En el último año, la región ha ganado casi 9.000 ciudadanos, principalmente gracias a la inmigración. No obstante, el saldo vegetativo (nacimientos menos defunciones) sigue siendo claramente negativo, por lo que, según todos los expertos en demografía, la llegada de inmigrantes no podrá solucionar por sí sola el invierno poblacional de Asturias.
Actualmente, del millón de habitantes, casi un tercio tiene al menos 65 años. Es la comunidad autónoma con la media de edad más alta de España (51,4 años) y, según algunas proyecciones, a partir de 2030 podría serlo de toda Europa. Esto explica que Asturias tenga la peor proporción entre cotizantes y pensionistas: hay aproximadamente 1,4 afiliados a la Seguridad Social por cada perceptor de una pensión contributiva (la ratio a nivel nacional es de 2,3). Además, según un informe de Adecco, en la próxima década, por cada cuatro nuevos jubilados en la región, tan sólo un nuevo asturiano se incorporará al mercado laboral.
La consecuencia de estas dinámicas es que Asturias registra de modo consistente desde hace años una de las tasas de actividad (la población de al menos 16 años que trabaja o busca empleo) más bajas de España, en torno al 52%.
Y ese es uno de los motivos por los que el actual presidente asturiano, el socialista Adrián Barbón, hace frecuentes alusiones a los “güelinos” (abuelitos) de la región: sabe que tiene ahí una de sus principales bolsas de votantes.
Vuelva usted mañana…o pasado mañana
Otro elemento clave de la estructura socioeconómica asturiana es el sector público. A este respecto, el diario La Nueva España publicó el pasado 23 de agosto un dato realmente notable: Asturias ha alcanzado un total de 51.088 empleados públicos autonómicos, la cifra más alta de la serie estadística que elabora Función Pública.
La dimensión de la Administración regional resulta todavía más visible cuando se pone en relación con su población: son 49,8 empleados autonómicos por cada 1.000 habitantes. Se trata de la tercera tasa más elevada de España, después de Extremadura y Navarra.
Desde hace muchos años, las organizaciones empresariales y los partidos de la oposición de la región han vinculado esa estructura de funcionarios con las “insoportables” cargas burocráticas que, a su juicio, soportan empresas, autónomos y ciudadanos en general. La “guerra contra la burocracia” es un mantra que incluso ha llegado a invocar el propio Gobierno de Barbón, pero hasta la fecha no se han producido cambios visibles en la producción de normas o los tiempos de tramitación de licencias o permisos. Un reciente estudio indica que, entre 1995 y 2020, en Asturias se aprobaron de media 419 normas al año, por encima de comunidades más potentes demográfica y económicamente como País Vasco o Madrid.
“En Asturias, los tiempos de tramitación son de escala geológica”, resume con contundencia un dirigente de una organización empresarial ovetense. Sus palabras, obviamente hiperbólicas, apuntan no obstante a una realidad: en Asturias existen proyectos de infraestructuras de los que se lleva hablando, literalmente, décadas. Entre ellos pueden mencionarse, por ejemplo, el de la Zona de Actividades Industriales y Logísticas de Asturias (Zalia), que fue planteado por primera vez por el PSOE gijonés en 2003. O el Metrotrén de Gijón, anunciado en el año 2000 por el entonces ministro del PP Francisco Álvarez-Cascos. O la reconversión de los terrenos del barrio del Cristo, en Oviedo, que también comenzaron a discutirse a comienzos del milenio.
Además de esa desconcertante lentitud en planes que una y otra vez son calificados de “claves” al inicio de cada legislatura, existe un extravagante episodio histórico que disparó el escepticismo ante cualquier posible inversión industrial prometedora en Asturias. Se trata del llamado caso Petromocho, destapado en 1993 por el diario El Comercio. El entonces presidente, el socialista Juan Luis Rodríguez-Vigil, dimitió después de saberse que el monumental proyecto petroquímico que había anunciado para Gijón era en realidad una estafa orquestada por un ciudadano francés. El escándalo favoreció la victoria del PP en las elecciones autonómicas de 1995 y ha quedado como un auténtico trauma en la historia política y económica de la región: el sufijo mocho sigue empleándose sarcásticamente ante noticias de grandilocuentes inversiones. Esto revela una marcada característica de la psicología colectiva asturiana: el pesimismo mordaz, o la mordacidad pesimista. El humor como herramienta contra la frustración.
El carrusel endogámico
“Asturias es un lugar maravilloso para vivir, tiene una increíble calidad de vida. Pero a veces es prisionera de esa misma calidad de vida. Es decir, se está tan bien que a veces a los asturianos nos falta algo de ambición, nos faltan ganas de futuro. Y claramente la región tiene capacidad para conseguir mucho más de lo que tiene”. La socióloga gijonesa María Miyar Busto hizo esta reflexión en una reciente entrevista en La Nueva España. Esa aparente paradoja fue refrendada poco después, off the record, por un importante dirigente de una organización empresarial asturiana: “El verdadero problema de Asturias es que vivimos demasiado bien. Y como vivimos demasiado bien, no nos ponemos las pilas, no existe un sentido de urgencia ni una voluntad real de cambiar las cosas”.
Ese dirigente, que conoce al dedillo los círculos en los que se mueve el mundo empresarial y político de la región, hizo ese comentario a la salida de uno de los hechos cotidianos que más se repiten en la comunidad: un encuentro público sobre los “desafíos” de la economía autonómica. Porque en Asturias existe un circuito incesante de foros, mesas redondas, simposios, charlas, diálogos, homenajes y entregas de premios organizadas por bancos, empresas, asociaciones sectoriales, sindicatos y medios de comunicación. Un carrusel que, debido al pequeño tamaño de la región y al limitado elenco de sus principales figuras empresariales y políticas, transmite una impresión de endogamia, reiteración y ociosidad. Algo que ciertamente contrasta con las continuas exigencias que, desde esos mismos ámbitos empresariales, se hace para que Asturias adquiera dinamismo y vigor productivo.
Esa hipertrofia de eventos públicos coincide con la descrita lentitud burocrática por parte de la Administración. Un contraste que el presidente de la patronal del metal, Antonio Fernández-Escandón, expuso así en un acto el pasado mes de abril: “Llevamos años escuchando diagnósticos sobre lo que necesita la economía asturiana. Tenemos una auténtica industria que produce toneladas y toneladas de informes sobre los retos de la región. Nos los sabemos todos de memoria. Pero nunca pasamos del seminario a la solución. Se nos convoca, se nos escucha, se nos da la razón y, acto seguido, todo vuelve a la velocidad burocrática habitual, que en esta región suele ser incompatible con la urgencia industrial”.
Un lento desgaste
Al igual que la mayoría de los territorios históricamente industriales de Europa, Asturias lleva décadas realizando un lento pero continuado viraje hacia el sector servicios, intensificado en los últimos años gracias al turismo. El tercer sector genera ocho de cada diez puestos de trabajo, y la suma del comercio y la hostelería ya aportan al PIB asturiano más que la industria, que, no obstante, aún representa alrededor del 18%, por encima de la media española. Más minoritarias son actividades como la construcción (6%) y la agricultura y pesca (1,5%).
La desindustrialización ha erosionado gradualmente parte de la base electoral histórica de la izquierda en Asturias: el máximo de porcentaje de voto izquierdista (PSOE y PCE) alcanzó el 63% en las elecciones autonómicas de 1983, y actualmente ronda el 50%. No ha habido un descenso lineal y constante, pero sí una tendencia de largo plazo a la baja. Con todo, no se ha revertido en feudos tradicionales como las cuencas mineras que, como se ha señalado anteriormente, aún albergan una amplia población de prejubilados y jubilados que conservan la identidad y memoria obrera. También consciente de este factor, desde que es presidente Barbón inicia cada año el curso político en el Pozu Funeres (Laviana), donde en 1948 falangistas y guardias civiles mataron a varios socialistas y comunistas sospechosos de colaborar con la guerrilla antifranquista.
Debido a esta inercia (eso sí, cada vez más débil) del relato socialista y sindical en el imaginario colectivo, así como a la elevada dependencia de las rentas públicas de buena parte de la población (incluyendo las pensiones, que al fin y al cabo se conceden gracias a la garantía del Estado), aún no se está dando un Asturias una reconversión ideológica profunda del electorado. Y, de momento, la decadencia industrial no se ha traducido en un giro político rotundo hacia la derecha como sí se observa en otros territorios postindustriales occidentales, como el cinturón del Ruhr en Alemania, partes del norte de Francia o el Cinturón del Óxido en Estados Unidos.
No obstante, en coherencia con lo que está sucediendo en el conjunto de la llamada “España vaciada”, el PP sí ha ganado terreno en concejos rurales y envejecidos de la zona occidental y algunas áreas costeras e interiores de Asturias, mientras que Vox ha mostrado avances más visibles en municipios con despoblación acusada, sobre todo en el Suroccidente. El partido de Santiago Abascal ha apoyado las protestas de los ganaderos asturianos en contra de la protección al lobo decretada por el Gobierno de Sánchez, que ha coincidido con un repunte de los ataques a las reses.
Un combate cada vez más reñido
Estas dinámicas económicas y sociológicas tienen su traducción en las urnas. Los resultados de las últimas elecciones evidencian un desplazamiento hacia un equilibrio más estrecho entre los dos grandes bloques políticos. Así, en las municipales de mayo de 2023 se produjeron cambios significativos respecto a 2019. El PSOE, que partía de un récord de 54 ayuntamientos asturianos sobre un total de 78, perdió doce; el PP duplicó las alcaldías (de ocho a 16), Foro subió de tres a cuatro; IU consiguió nueve (una menos) y las candidaturas independientes, el resto. Es decir, hubo un retroceso de la izquierda a nivel local.
En los últimos años ha resultado particularmente sintomático el cambio en Gijón, concejo más poblado de Asturias (unos 270.000 habitantes) y bastión del PSOE desde la Transición por su entorno industrial (Oviedo, por su parte, es tradicional feudo del PP). La actual alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón (Foro), que ya había gobernado la ciudad entre 2011 y 2019, recuperó el poder en 2023 gracias al apoyo del PP y Vox. El PSOE fue la lista más votada, pero sólo con 328 votos de ventaja sobre Foro.
Y en las elecciones autonómicas, Adrián Barbón fue reelegido presidente, pero por la mínima. De los 45 escaños que conforman el Parlamento autonómico, los partidos de izquierda sumaron 23 escaños (mayoría absoluta) y los de derecha, 22. Tras el recuento del voto de los residentes en Asturias, en la circunscripción del Oriente el PSOE y el PP estaban tan cerca que el PP solo necesitaba superar al PSOE por unos 890 votos en el voto emigrante (CERA) para arrebatarle un escaño. Si lo conseguía, el PP pasaría de 17 a 18 diputados y el PSOE bajaría de 19 a 18. Es decir, ambos quedarían empatados a 18 y el bloque de derechas (PP, Vox y Foro) sumaría 23 escaños frente a 22 de la izquierda, invirtiendo así la mayoría en la Cámara autonómica.
Cuando se escrutó el voto exterior días después, en la circunscripción oriental el PP obtuvo 539 votos CERA y el PSOE, 431. La ventaja del PP fue solo de 108 sufragios. Como necesitaban 890 de ventaja, los populares se quedaron sólo a 782 votos de conseguir ese escaño y, por tanto, de que en Asturias gobernara la derecha.
Hay que tener en cuenta, además, que el PP logró siete escaños más que en 2019 presentando a un candidato poco conocido, Diego Canga, un experimentado alto funcionario de la Unión Europea, pero con escaso carisma y carácter distante. También a ello contribuyó la concentración del voto de centro derecha en el PP tras la desaparición de Ciudadanos.
Además, en los comicios autonómicos de 2023, el PSOE fue el partido más votado, sacando más de 20.000 papeletas de ventajas al PP. Pero dos meses más tarde, en las elecciones generales celebradas en julio, sucedió lo contrario: fueron los populares los que adelantaron a los socialistas por un margen de unos 7.300 votos. En base a estas dinámicas, el PSOE asturiano esgrime que existe un “efecto Barbón”, esto es, que muchos votantes que respaldan al PP en las generales optan por el político lavianés en las regionales. Esto explica por qué, sobre todo en esta última legislatura que han arreciado los escándalos del sanchismo (amnistía, Ábalos, Santos Cerdán, caso Leire, Ceuta, jueza Biedma…), Barbón ha tratado de aparentar cierto distanciamiento con Madrid, si bien a la hora de la verdad siempre acata las directrices de Ferraz en las cuestiones esenciales.
En cualquier caso, en las generales de 2023 el bloque de derecha (PP y Vox) obtuvo el 48,1% de los votos, nueve puntos más que en los comicios de 2019. Por su parte, la izquierda (PSOE y Sumar) mantuvo su cuota en el 49,3%. El reparto de los siete escaños de Asturias en el Congreso de los Diputados quedó así: tres para el PP (uno más que en 2019), dos para el PSOE (uno menos), uno para Sumar y uno para Vox.
Para la cita del próximo 29 de noviembre, las encuestas apuntan a un combate muy reñido, con un empate entre PP y PSOE (tres escaños cada uno) y uno para Vox, aunque el resultado final dependerá en buena medida de la concentración del voto de izquierda. ¿Y en las autonómicas de mayo de 2027? En el entorno de Barbón confían en que, siguiendo su teoría, el 29N baste para catalizar el descontento ciudadano y que sea Sánchez quien lo pague, permitiendo al presidente asturiano revalidar el cargo otros cuatro años.
El libro Tres periodistas en la revolución de Asturias, citado al comienzo de este artículo, contiene un reportaje del célebre escritor catalán Josep Pla que incluye esta frase: “Los acontecimientos de Asturias comienzan a electrizar a la opinión de Madrid y no tendría nada de extraño, incluso es imprevisible, que la gente se exaltara ante tales hechos”. Salvando las distancias con el sangriento Octubre de 1934, lo que suceda en los próximos meses en este pequeño trozo del norte de España podría representar un cambio más profundo de lo que muestran las apariencias. Un cambio que, al decir de Pla, electrizaría al resto del país.
