Una pequeña aldea ha surgido de la noche a la mañana en plena Puerta del Sol. Sus casitas son diminutas, de colores alegres, sin calles ni jardines, sin más cimientos que unas piquetas clavadas en el suelo. Son tiendas de campaña. Sus ocupantes reclaman una vivienda y han levantado sin advertirlo una paradoja, una metáfora de lo que espera a tantos jóvenes españoles: alojamientos provisionales, mudanzas constantes, contratos que caducan. Una vida con la casa a cuestas.
Pero el hombre, aunque pueda resignarse a vivir en cualquier parte, no sueña en una tienda de campaña cuando pronuncia la palabra «casa». Piensa, a menudo, en crear una familia y tener una vida independiente y un lugar que poder llamar suyo, la «república independiente de su casa», como rezaba el eslogan. En español, de hecho, casarse viene de casa. Nuestros antepasados entendían que fundar una familia y establecer un hogar formaban parte de una misma empresa.
Porque aunque una casa tenga precio, superficie, referencia catastral y calificación energética, es también el lugar donde una familia va dejando su historia. Por eso hablamos de la Casa de Austria, de la Casa de Borbón y hasta de la Casa Lannister. Decimos «en mi casa siempre se ha hecho así» cuando hablamos de las costumbres familiares.
También puede sobrevivir a quienes la habitaron, aportando un valor que difícilmente aparecerá en una tasación. Algo semejante sucede con la patria. Amamos a nuestros compatriotas, a nuestros antepasados, nuestra lengua y nuestras costumbres, pero también a un territorio físico.
Los romanos tenían sus lares, divinidades protectoras del hogar y los ingleses dicen que la casa de un hombre es su castillo: el hombre corriente atraviesa su umbral para entrar un pequeño territorio propio con sus propias leyes. Puede que durante el día tenga que obedecer al jefe, soportar al funcionario y aguantar al ministro. Al volver a casa, por fin, manda él.
La propiedad privada es una forma de libertad al alcance del hombre corriente. Y la casa, probablemente, su manifestación más inmediata. El capitalismo ha demostrado una extraordinaria capacidad para producir riqueza, pero hay realidades humanas que se resisten a ser tratadas como mercancías cualesquiera. Una de ellas es el trabajo. Otra es la vivienda.
El trabajo es el medio con el que el hombre sostiene su vida. La casa es el lugar donde esa vida transcurre. Y entre ambos existe una relación que una política económica razonable debería procurar conservar: que el fruto de trabajar permita fundar y mantener un hogar.
El pequeño propietario posee un patrimonio, una seguridad para la vejez y algo que legar a sus hijos. Tiene, además, una razón para interesarse por el destino de su barrio, de su calle y de sus vecinos. Quien espera vivir allí treinta años mira las cosas de otra manera que quien sabe que deberá marcharse cuando venza el contrato.
Una sociedad de propietarios ampliamente repartidos distribuye riqueza, independencia y arraigo. También puede generar inconvenientes: una vivienda propia dificulta a veces cambiar de ciudad, y los propietarios pueden oponerse a nuevas construcciones próximas. Pero precisamente por eso importa distinguir entre defender el valor de las propiedades existentes y procurar que cada nueva generación tenga acceso a la suya.
Hubo un tiempo en que España se propuso hacer exactamente eso. José Luis Arrese, ministro de la Vivienda desde 1957, resumió la ambición con una frase que se hizo célebre: «No queremos una España de proletarios, sino una España de propietarios».
Era un programa social y también político. Se consideraba que la propiedad de la vivienda proporcionaba estabilidad a la familia y, por extensión, a la sociedad. Se promovió la construcción de viviendas protegidas, se facilitaron fórmulas de acceso a la propiedad y se levantaron barrios enteros destinados a alojar a las familias de una España que estaba dejando atrás el campo y trasladándose a las ciudades.
Los resultados fueron enormes. A mediados del siglo XX, aproximadamente la mitad de las viviendas españolas estaban ocupadas por sus propietarios. Hacia 1981, la proporción rondaba ya las cuatro quintas partes. La transformación continuó durante décadas y convirtió la vivienda habitual en el principal patrimonio de millones de familias trabajadoras.
El crecimiento económico, la urbanización, el crédito y la construcción privada contribuyeron a ese resultado. Pero había también una decisión política expresa: facilitar que quienes vivían de su trabajo pudieran adquirir una casa. El obrero que compraba un piso modesto en un barrio nuevo se convertía en propietario. Tal vez siguiera siendo un asalariado durante toda su vida, pero al jubilarse podía tener la vivienda pagada. Sus hijos crecerían en ella. Si llegaban malos tiempos, la familia contaría al menos con aquel patrimonio.
Aquella política contribuyó a dar forma a una sociedad de propietarios que ha llegado hasta nuestros días. Su importancia se aprecia especialmente al comparar la situación de muchos jubilados españoles con la de los jóvenes que intentan emanciparse. Los primeros pueden disponer de ingresos modestos y, sin embargo, contar con una seguridad residencial considerable. Los segundos pueden tener estudios superiores, dos salarios y buenas perspectivas profesionales sin conseguir reunir dinero para la entrada de un piso.
La herencia amenaza con convertirse en el gran criterio de acceso a la propiedad. Quien recibe ayuda familiar puede comprar. Quien depende exclusivamente de su trabajo tiene que esperar, endeudarse mucho más o resignarse al alquiler. Es una inversión notable del viejo ideal: la propiedad popular, concebida para extender el patrimonio entre las clases trabajadoras, corre el riesgo de quedar reservada a quienes ya proceden de familias propietarias.
Los jóvenes tardan más en abandonar el hogar paterno, dedican una parte considerable de sus ingresos al alojamiento y encuentran dificultades para comprar incluso cuando trabajan ambos miembros de la pareja. Los precios de compra y alquiler han crecido durante largos períodos mucho más deprisa que los salarios.
El problema alcanza directamente a la formación de familias. Es difícil decidir cuántos hijos se quieren tener cuando todavía se ignora dónde se vivirá dentro de dos años. Una habitación alquilada puede bastar para un estudiante. Un matrimonio con dos niños necesita otra cosa.
Una casa pagada reduce de manera extraordinaria las necesidades económicas de la vejez. Y una casa heredada puede facilitar que la siguiente generación empiece su vida adulta con alguna ventaja. El problema aparece cuando el acceso a ese patrimonio depende cada vez menos del trabajo y cada vez más de haber nacido en la familia adecuada.
A esta dificultad se suma un desequilibrio elemental: durante años, España ha incorporado población y formado nuevos hogares a un ritmo que la construcción de viviendas no ha conseguido acompañar.
La inmigración ocupa aquí un lugar de primera importancia. A comienzos de 2025 residían en España unos 9,46 millones de personas nacidas en el extranjero. De ellas, más de 2,3 millones habían llegado durante 2023 y 2024. Es decir, aproximadamente una cuarta parte de toda la población residente nacida fuera del país había llegado en apenas dos años.
Todas esas personas necesitan alojamiento. Buena parte se concentra en las grandes ciudades y en áreas donde la vivienda ya era escasa y cara. Si la oferta no responde, los recién llegados y quienes ya residían en España terminan compitiendo por un número insuficiente de pisos y habitaciones. Los efectos son especialmente duros para quienes disponen de menos recursos.
Las consecuencias de esta súbita avalancha de población tiene consecuencias inmediatas en la demanda de vivienda. No es un concepto complicado, por más que una facción finja no entenderlo: en algún lugar tienen que vivir los recién llegados. Las viviendas tardan años en planificarse y construirse. Los nuevos residentes necesitan un techo desde el primer día.
Y España lleva demasiado tiempo combinando una demanda creciente con una oferta insuficiente, suelo difícil de transformar, trámites interminables, costes de construcción elevados y una fiscalidad que encarece la adquisición de la primera vivienda.
Por eso es urgente recuperar lo que Carlos Hernández Quero, diputado de Vox y portavoz de vivienda del partido, llama «propiedad popular»: que las familias trabajadoras vuelvan a poder comprar una casa con sus salarios, sin esperar a recibir una herencia.
Quero propone empezar por lo más elemental: construir muchas más viviendas. Para ello plantea acelerar la transformación del suelo, permitir una mayor densidad urbana y facilitar la edificación de bloques residenciales destinados a familias. En una España que necesita casas, las grúas deberían volver a formar parte del paisaje de las ciudades.
Pero construir más constituye solo una parte del programa. La otra consiste en facilitar que las viviendas lleguen a quienes pretenden habitarlas. Su programa defiende eliminar o reducir drásticamente los impuestos que gravan la compra de la primera vivienda habitual. También ha planteado permitir que determinados tributos se paguen de manera aplazada, hasta quince años después y sin intereses. Para una pareja joven que ha conseguido ahorrar lo justo para la entrada de un piso, el dinero exigido por Hacienda puede representar la diferencia entre comprar y seguir alquilando.
Otra de sus propuestas son los créditos blandos para familias jóvenes, con una parte de la deuda condonable a medida que nacen hijos. La idea tiene una lógica sencilla: si el Estado considera la natalidad una prioridad nacional, puede ayudar a que formar una familia resulte económicamente más fácil. Y puede hacerlo precisamente cuando más falta hace, durante los primeros años de matrimonio y crianza.
El diputado propone además un trato fiscal distinto para la adquisición de la primera residencia familiar y para las compras realizadas por grandes fondos o fortunas extranjeras. Su planteamiento consiste en favorecer al comprador que busca una casa para vivir y gravar determinadas operaciones de inversión que compiten con él en mercados donde la vivienda escasea.
A ello añade la necesidad de proteger la seguridad jurídica de propietarios e inquilinos y de reconsiderar la política migratoria por su efecto sobre la demanda. La llegada de nuevos residentes y la construcción de viviendas tienen que guardar alguna relación razonable. De lo contrario, la escasez acaba trasladando sus costes a quienes disponen de menos dinero.
Hay otra propuesta menos vistosa que merece atención: devolver actividad económica, industrias, servicios e infraestructuras a las ciudades medianas y a las cabeceras de comarca. España ha concentrado una parte excesiva de sus oportunidades laborales en unas pocas grandes áreas metropolitanas. Miles de jóvenes abandonan sus ciudades de origen para encontrar trabajo y terminan compitiendo por viviendas carísimas en Madrid, Barcelona, Málaga o Valencia. Distribuir mejor las oportunidades económicas permitiría también distribuir mejor la demanda residencial.
Todo ello dibuja una política de vivienda que va más allá de abaratar el metro cuadrado. Se trata de favorecer una sociedad de familias propietarias, barrios estables y ciudades donde resulte posible echar raíces. Es una aspiración que Chesterton habría reconocido inmediatamente.
Mientras tanto, el Gobierno ha descubierto una notable afición a intervenir en las relaciones entre propietarios e inquilinos. Cuando los poderes públicos trasladan al propietario particular la obligación de proporcionar alojamiento a quien no puede pagarlo, están imponiendo una función asistencial a una persona que puede ser, a su vez, un trabajador o un jubilado que depende de aquella renta.
El problema se agrava si el propietario teme que recuperar su vivienda pueda convertirse en un procedimiento largo, incierto y costoso. Algunos optarán por no alquilar. Otros exigirán mayores garantías o elegirán únicamente a inquilinos de elevada solvencia. Los que disponen de menos recursos pueden terminar encontrando todavía más dificultades.
Resulta tentador presentar cada restricción impuesta al arrendador como una victoria del inquilino. Pero los propietarios también toman decisiones. Y las viviendas que dejan de ofrecerse en alquiler desaparecen del alcance de quienes las necesitan.
El caso de Mínguez ha ofrecido estos días una ilustración especialmente descarada de la doble moral socialista, aunque basta consultar las declaraciones patrimoniales de sus diputados para comprobar que entre ellos abundan los propietarios de inmuebles. Y hacen muy bien: lo curioso es que algunos parezcan avergonzarse de la propiedad privada únicamente cuando es ajena.
Tras ocho años de gobierno, Pedro Sánchez vuelve a presentarse ante los electores con remedios urgentes para una crisis que ha empeorado durante sus mandatos. Los anuncios llegan ahora, cuando las elecciones están a la vuelta de la esquina.
La escasez de viviendas seguirá existiendo mientras se construya menos de lo necesario. Los jóvenes seguirán sin poder comprar mientras los precios se alejen de sus salarios. Y la protección del inquilino vulnerable seguirá siendo precaria si depende de cargar sobre propietarios particulares responsabilidades que corresponden al conjunto de la sociedad.
El ideal es bastante modesto. Que un hombre y una mujer que trabajan puedan casarse, comprar una vivienda proporcionada a sus ingresos, criar en ella a sus hijos y terminar de pagarla antes de hacerse viejos. Que puedan conservarla si sobrevienen dificultades y transmitirla, llegado el día, a la siguiente generación. Que puedan, en definitiva, poner casa.
Hubo un tiempo en que España se propuso convertir a sus proletarios en propietarios. Hoy empezamos a acostumbrarnos a que los hijos de aquellos propietarios vuelvan a ser proletarios. Porque la Casa de los García, aunque carezca de escudo, genealogista y cronista oficial, tiene tanto derecho como cualquiera a perpetuarse. Y para eso necesita, entre otras cosas, una casa.
