La actual situación política de Reino Unido permite hacer comparaciones con elementos que vamos a ver en España, y otros países occidentales, y sobre todo empezar a sacar conclusiones sobre lo que van a tener que enfrentar las democracias liberales en los próximos años, que no es otra cosa que la quiebra del estado del bienestar y la ruptura del contrato social.
El pasado 4 de julio se cumplió un año del ascenso de Keir Starmer a Primer Ministro (PM) inglés, poniendo fin a catorce años de gobiernos conservadores. En una campaña electoral que se puede calificar de Feijoiana o Pepera, pues parece que es un mal endémico de dicho partido, Starmer decidió que esperar al fin de la legislatura sin entrar en muchos debates era la mejor opción y sus mensajes durante la misma se pueden reducir a un «haremos lo que los tories no hicieron y no haremos lo que han hecho».
El personaje en sí, hombre plano y carente de carisma, y una campaña en la que el aspecto propositivo brilló por su ausencia, tuvo como consecuencia una victoria aplastante, landslide que dicen por estas tierras, de los Laboristas. La victoria fue tal que Starmer se quedó a seis escaños de igualar los registros de Blair en 1997, mejor resultado electoral laborista con 418 escaños de los 650 totales. Sin embargo, hay algo que «empaña» este resultado y no es otra cosa que, pese al éxito en representación, el apoyo que tuvo el gobierno actual, el apoyo en número de votos fue menor, perdiendo casi seiscientos mil votos de los que había conseguido en 2019 Jeremy Corbin. La victoria se puede explicar por lo tanto debido al derrumbe conservador y la existencia de Reform. Además, al igual que en 2011 en España y como sucederá en 2027, el voto no se dio por una ilusión por un proyecto, sino por el hastío ante lo ya vivido.
Volviendo al presente. El aniversario de esta victoria no puede llegar en un peor momento para el inquilino del número diez de Downing Street. En este tiempo, el partido ha sido arrasado en las elecciones locales de mayo y él ha demostrado tanto una incapacidad en el mando, como en saber qué rumbo debe tomar el país, si bien esto lo matizaré.
La situación en la que se encuentra el gobierno actualmente es de una parálisis que, en mi opinión, amenaza con convertir los cuatro años hasta las elecciones de 2029 en otro lustro perdido en las islas, salvo que Starmer dimita —cosa que debería hacer—o le fuercen a ello. El PM se ha mostrado incapaz de aprobar y ejecutar sus principales propuestas, teniendo incluso a más de cien de sus parlamentarios en pie de guerra y yendo en contra de la dirección del partido.
A parte de su propia incapacidad, el mayor rival contra el que se ha enfrentado Starmer, y que da sentido a toda esta pieza, y al que no ha conseguido vencer, es la tiranía del bienestar en las democracias liberales. Aún sabiendo en qué áreas actuar, el gobierno se muestra incapaz de hacerlo, de ahí que mencionase anteriormente que debe matizarse lo de que no saben qué rumbo tomar, porque sí lo saben, sólo que seguirlo implica la derrota de su partido en el largo plazo.
Dos de las medidas del gobierno laborista que más han hecho por reducir el apoyo recibido hace un año han sido la eliminación de las ayudas para los pensionistas para el pago del gas en invierno y el recorte de los Personal Independence Payments (PIP) que engloba subsidios por diferentes tipos de condiciones personales.
La primera de las medidas ha sido eliminada y la segunda reducida hasta casi vaciarla.
Por poner números. En el caso del recorte de las ayudas para el pago del gas, se esperaba ahorrar 1.500 millones de libras al año. Esta medida adoptada por la, aún todavía, ministra de economía Rachel Reeves nada más tomar el cargo, vino a ser una declaración de intenciones de que el gobierno iba a tomar las medidas necesarias para ajustar las cuentas tras la catástrofe conservadora, discurso similar al empleado por Mariano en 2011.
La segunda de las medidas viene a combatir uno de los mayores cánceres que tiene Reino Unido: la dependencia de ayudas que incentivan a la gente a no participar del mercado laboral. El país considerado cuna del liberalismo ha desarrollado un estado del bienestar que rompe con cualquier idea preconcebida sobre el mismo. El ahorro con el recorte del PIP —medidas centradas en endurecer los controles para otorgarlos, pues tras el COVID estos se hacen sin necesidad de ser presenciales, así como reducir la edad de acceso y las cuantías— buscaban un ahorro anual de 5.000 millones de libras sobre un presupuesto total de 45.000 millones —distintas fuentes estiman que para final de esta década el gasto se sitúe entre los 75.000 millones y los 100.000 millones—. Tras la reforma por las presiones, este ahorro se reduce a la mitad.
Los políticos durante todo el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial han construido estados cada vez más grandes y generosos. Sin embargo, en la coyuntura actual, donde los estados europeos tras la Gran Crisis Financiera son incapaces de encontrar formas de mantener crecimientos económicos sostenidos, además se han encontrado con el problema demográfico causado tanto por el envejecimiento de la población como el incremento de flujos de inmigrantes —muy relevante en el caso de UK los flujos posteriores a 2019 donde la inmigración neta se acercó a los tres millones de personas—.
Starmer y Reeves pese a enunciar los problemas no han podido ponerles coto porque la solución choca con el interés de la mayoría pero, a su vez, son contrarios al sostenimiento del sistema, y esta es la duda que tengo en la cabeza, ¿cómo pueden las democracias liberales hacer frente a esto?
Fuera de su marco, la solución a este problema vendría impuesta desde el propio poder. Cuando el horizonte de gestión no está condicionado por el calendario electoral, el largo plazo se convierte en una ventaja estructural. Esa es precisamente la baza de los enemigos de Occidente —China, Rusia—: la capacidad de imponer decisiones sin tener que rendir cuentas.
En cambio, en las democracias liberales, toda reforma estructural choca contra la lógica electoral y los intereses consolidados del bienestar. Sólo caben dos caminos: uno, que el país haya tocado fondo —como ocurrió en Argentina—; otro, que un partido o líder, sin desvelar sus intenciones, acceda al poder con una mayoría suficiente para actuar de forma inmediata. Pero incluso en ese caso, el castigo posterior está asegurado, como le ha sucedido a Starmer.
Por eso la opción más común —en España, y ahora también en el Reino Unido— es no hacer nada. Dejar que el problema madure. Aplazar la reforma y financiar la inercia. Sostener el sistema mientras otros —los jóvenes, los contribuyentes, los próximos gobiernos— pagan la factura. Pero ese sostenimiento tiene un coste: una economía estancada, un Estado hipertrofiado y una política reducida a la administración de la impotencia.
Tocqueville no lo advirtió: lo describió antes de que ocurriera. Esa democracia que él llamó «despotismo suave» es exactamente la que hoy habitamos: una democracia sin ciudadanos adultos, donde el Estado no oprime, pero tutela; no violenta, pero anestesia; no impide la libertad, pero la vuelve innecesaria. Una ciudadanía que ya no exige autonomía, sino subsidio. Que ha hecho del confort una ideología.
El drama contemporáneo no es que nuestras democracias no puedan decidir: es que ya no saben lo que significa decidir realmente. El Estado del Bienestar, antaño conquista social, se ha transformado en una estructura que bloquea todo conflicto y toda reforma, y con ello, toda política real. Ya no hay soberanía, sino gestión. No hay pueblo, sino clientelas. No hay futuro, sólo sostenimiento.
Lo que estamos viendo en Reino Unido no es más que un anticipo de lo que veremos en España una vez decaiga el sanchismo —sea en 2027 o antes—, porque será entonces, y no antes, cuando todos los problemas estructurales que atraviesa el país empezarán a aflorar como urgencias. Se exigirá al nuevo gobierno —probablemente del Partido Popular— que los resuelva y, a la vez, se le acusará de haberlos causado. Como ha sucedido con Starmer, la gestión de lo heredado no será excusa.
El PP, entre perder votos y sostener el poder, elegirá lo segundo. Y para mantenerse, hará lo mismo que se ha hecho hasta ahora: no tocar nada esencial, no molestar a nadie, no arriesgar el gobierno por una política real. Pero esa elección sólo prolongará el declive. Y abrirá, como ya ocurre en Reino Unido, una ventana a opciones que cuestionen el consenso sin romper aún el sistema —como Reform y Farage, que son más síntoma que ruptura.
Tocqueville no lo advirtió: lo escribió como si hablara de hoy. Las democracias liberales no están siendo derrotadas desde fuera, sino desde dentro: por su propio miedo al conflicto, por su obsesión con el consenso y por una ciudadanía que ha convertido la protección en dogma. No hay decisión, porque toda decisión divide. No hay reforma, porque toda reforma cuesta.
En España, como en Reino Unido, no se trata de si habrá una crisis política, sino de si habrá alguien capaz de actuar antes de que la crisis actúe sola. Porque ya no hay margen, solo gestión. No hay política, sólo sostenimiento. Y lo que se sostiene demasiado tiempo sin cambiar, finalmente cae.
