Retomemos los asuntos forales aprovechando el siglo y medio transcurrido desde la derogación foral de 1876.
El 1 de febrero de 2005 se debatió en el Parlamento el llamado Plan Ibarretxe. El entonces presidente del gobierno autónomo vasco comenzó su intervención con palabras en las que, en grave atentado contra la verdad, reivindicó ser el heredero ideológico de los parlamentarios decimonónicos que se habían opuesto a la derogación. Proclamó que aquella lejana discusión foral y el debate de 2005 versaban sobre la misma cuestión, definible como «el problema político de relación entre Euskadi y España», problema que, según él, se solucionaría regresando al estado en el que se encontraban España y Euskadi en 1839, nada menos que la libre adhesión y la soberanía compartida:
«El contencioso vasco o el problema vasco, como ustedes quieran denominarlo, no es nuevo en esta Cámara y su debate tampoco, ni soy yo la primera persona que lo plantea aquí y, probablemente, tampoco seré la última».
También explicó que el «contencioso» de los derechos históricos «no está ligado a la existencia de la violencia de ETA», lo cual no es cierto ya que, sin la siembra peneuvista durante un siglo del supuesto agravio por estar España ocupando un país extranjero, no habrían aparecido los fanáticos dispuestos a asesinar a las por ellos llamadas precisamente «fuerzas de ocupación».
Recordó Ibarretxe que «son casi doscientos años debatiendo en torno a la relación política entre Euskadi y España. Son casi doscientos años desde que se inició aquella discusión con la Constitución de Bonaparte en 1808, con la Constitución de Cádiz en 1812 y con las leyes de abolición foral a partir de los años 1839 y 1876. ¿Por qué, si no, se recoge en la Disposición Adicional Primera de la Constitución Española el amparo y respeto de los derechos históricos de los Territorios Forales?». Por eso creyó llegado el momento en el que se podría «hacer efectiva la derogación definitiva de las leyes abolitorias y recuperar un marco de convivencia basado en la libre adhesión, el pacto y la soberanía compartida», para lo que olvidó que ya habían sido derogadas en 1978 por la disposición derogatoria 2ª de la Constitución.
El debate decimonónico
Vayámonos brevemente, pues, hasta el siglo XIX para echar un vistazo a los argumentos esgrimidos por aquéllos a los que Ibarretxe en 2005 y sus sucesores en 2026 reclaman como sus antecesores en la defensa de la secesión, llamen a ésta como prefieran llamarla.
A lo largo de aquel siglo tuvo lugar una larga y densa discusión sobre la conveniencia de derogar los regímenes forales que pervivían en España desde los albores de la Edad Moderna, fundamentalmente los vascongados y el navarro, discusión que ya había comenzado durante los reinados de Carlos III y Carlos IV. Las demás particularidades jurídicas de los diversos reinos, comarcas, ciudades o estamentos habían ido desapareciendo paulatinamente, sobre todo a partir de la llegada de la dinastía borbónica y la implantación de su concepción centralista del Estado. Y tras la Revolución Francesa, fue asimismo el francés el modelo de organización territorial y de racionalización legislativa el adoptado por varios países europeos, entre ellos España.
En nuestro país el debate parlamentario se desarrolló en tres momentos: el primero, en el Congreso recién acabada la Primera Guerra Carlista (1840); el segundo, en el Senado en 1864; y el tercero y definitivo, de nuevo en el Congreso tras la última carlistada (1876). En dichas discusiones participaron varios parlamentarios vascos que defendieron la pervivencia de los regímenes forales por estimarlos justos y eficaces.
En los debates de 1840 se distinguió el diputado guipuzcoano Valentín de Olano. Ante las acusaciones que algunos diputados progresistas lanzaron sobre las provincias vascongadas por considerarlas desleales a la monarquía debido a su apoyo al pretendiente carlista, Olano reivindicó repetidamente la total lealtad de los vascongados:
«Lo único para lo que he tomado la palabra ha sido para que se sepa que los vascongados somos dignos de pertenecer a esta gran Nación, que queremos abrazar a los demás y que todos somos hermanos. Pues qué, ¿no lidiaron setecientos años los vascongados contra los moros? En los descubrimientos del Nuevo Mundo, ¿no van mezclados siempre nuestros nombres con los de los demás españoles? En la Guerra de la Independencia, ¿no nos levantamos en masa padre por hijo como manda el fuero?».
El alavés Ramón Ortiz de Zárate escribió muchas páginas en defensa de los fueros, pero no sólo de los vascos, sino que sostenía, como muchos otros foralistas, que debía extenderse dicho modelo administrativo a las demás provincias españolas. Consideraba el régimen provincial liberal como importado de Francia y a los fueros vascos como el modelo que debería haber sido extendido porque copiar las leyes vascas era hacer una legislación a la española. Y afirmaba que de haberse tomado en 1812 los fueros vascos como modelo de Constitución, nadie en toda España ni en las provincias vascongadas lo hubiera rechazado porque «el pueblo español rechazará siempre lo que no sea español».
El también alavés diputado, ministro y senador vitalicio Pedro de Egaña reclamó la conservación de los fueros porque el pueblo vascongado había vivido feliz y se había administrado eficientemente con ellos durante siglos:
«Los vascongados no quieren solamente su felicidad propia, sino que también desean la de sus hermanos, a quienes nunca han abandonado cuando han tenido necesidad de ellos (…) Nos llamamos vascongados porque no queremos renegar de nuestro nombre de pila; pero eso no quita que, siendo vascongados, seamos tan españoles como el mejor español».
El senador guipuzcoano Joaquín Barroeta Aldamar se encargó del grueso de la argumentación histórica a favor de los fueros, concluyendo su larga intervención con las siguientes palabras:
«Aquí concluyo, señores, deseando que las relaciones de fraternidad de las Provincias Vascongadas con las demás provincias de la Monarquía no se alteren jamás, que sean las que fueron durante muchos siglos, que todas defiendan con valor y gloria a esa buena y amada reina que preside los destinos de España, nuestra patria querida».
En 1876 se retomó la cuestión foral, esta vez de forma definitiva. El diputado alavés Mateo Benigno de Moraza reivindicó el indudable patriotismo de sus paisanos:
«Como ayer tuve la honra de demostrar, los vascongados han sido los que con el mayor interés se han consagrado siempre, sin que esto sea inferir ofensa a nadie, a todo aquello que haya podido reclamar el bien de la Patria y el engrandecimiento de la Nación».
El diputado vizcaíno Camilo de Villavaso reclamó para los vascos un españolismo de mayor abolengo que el de otros:
«Antes que otras regiones de España, antes que otros reinos que hoy componen este glorioso haz de la nacionalidad española, entró en la unidad nacional con un grande espíritu de españolismo y de sentimiento patrio».
El también vizcaíno Gumersindo Vicuña declaró por su parte:
«Y al llegar a este punto, tengo que hacer una manifestación de españolismo, propia de esas provincias, y debo empezar haciéndola por mí mismo (…) No sé qué predomina en mí, si el afecto a las Provincias Vascongadas o el afecto a la Nación española; ni los recuerdos de la infancia me hacen olvidar en lo más mínimo mi carácter de español, ni las ocupaciones y tráfago de la vida de las grandes poblaciones borran jamás de mi memoria el dulcísimo recuerdo de las alegres montañas y de los verdes valles del país eúskaro. Y este sentimiento que existe en mí, existe también en todos los vascongados, y se prueba en el curso de su historia. De nada sirve que algunas nubes pasajeras puedan ser causa de que los enemigos de aquel país le pretendan presentar como enemigo encarnizado de la nacionalidad española. Señores, la historia de las Provincias Vascongadas va constantemente unida y enlazada a la historia de España».
Fidel de Sagarmínaga, Diputado General de Vizcaya, escribió:
«El derecho de los vascos consiste en continuar nuestra historia y tradición, no en provecho solamente propio, sino en provecho común de la nación española y en servirla y atenderla, dadas las reformas que el curso de los tiempos reclamaba, con el mismo espíritu que constantemente nos guiara (…) Los vascongados no han sido nunca otra cosa que españoles, y aquéllos entre los españoles que más originalidad y pureza en su españolismo tuvieron».
Y el guipuzcoano Fermín Lasala concluyó su intervención parlamentaria con estas palabras:
«He hablado hoy por última vez probablemente con mandato vascongado, cumpliendo una deuda de honor, el deber más sagrado. Si no bastara, defendería todavía con todo ardor la causa vascongada ante el Monarca español, las Cortes españolas, y para el bien de España, nuestra patria común ayer, nuestra patria común hoy, nuestra patria común siempre».
Efectivamente, lo mismo que el PNV de los vascongadísimos Pradales Gil y Esteban Bravo y sus socios etarras han proclamado en 2026.
