El jueves 20 de agosto, cientos de personas —unas 300 mujeres y algunos hombres— vestidas de rosa se congregaron frente al tribunal de Plymouth, Massachusetts, donde se juzga a Lindsay Clancy por la muerte de sus tres hijos. Algunas llevaban mensajes como She Needed Help, Believe o Peace for Lindsay; otras permanecieron en silencio durante más de una hora. Mientras tanto, en TikTok y otras plataformas proliferaban vídeos de mujeres que reconocían en los diarios y mensajes de Clancy fragmentos de sus propias experiencias maternas; en el extremo opuesto, otros usuarios la daban por plenamente consciente y culpable antes de que el jurado hubiera terminado de escuchar a los peritos. Incluso comenzaron a circular teorías que desplazaban la responsabilidad hacia su exmarido, Patrick Clancy, pese a que esa no es la tesis de la propia defensa. El juicio se desarrolla dentro de una sala; fuera de ella, el veredicto emocional lleva semanas pronunciándose.
Hace años, al escribir sobre Paradise Lost y los tres jóvenes de West Memphis, me impresionó menos la posibilidad de equivocarse —errar forma parte de cualquier investigación humana— que la velocidad con la que una comunidad podía convertir el dolor en certeza. Aquel caso era distinto y el problema jurídico también lo era; aquí no está en discusión quién causó materialmente la muerte de Cora, Dawson y Callan, sino cuál era el estado mental de su madre y qué relevancia jurídica tenía. Sin embargo, reconozco una misma gramática moral: frente a una tragedia que nos desborda, se soporta mal el espacio vacío entre lo que se sabe y lo que todavía se ignora. Se necesita completarlo: si faltan hechos, se sustituyen por intuiciones, afinidades, prejuicios o experiencias personales. Después se llama opinión a lo que, con frecuencia, no es más que una necesidad de cerrar el relato.
No pretendo pronunciarme sobre la responsabilidad penal de Lindsay Clancy. Precisamente de eso trata el proceso. La defensa sostiene que padecía una enfermedad mental grave —psicosis posparto y trastorno bipolar— que afectó a su capacidad para comprender la ilicitud de sus actos o adecuar su conducta a la ley; la acusación sostiene que actuó deliberadamente y que existió planificación. Durante el juicio se han expuesto síntomas, antecedentes, tratamientos y conductas previas que reciben interpretaciones diferentes. Que profesionales cualificados puedan discrepar sobre su significado debería bastarnos para desconfiar de las certezas obtenidas a partir de unos vídeos de cuarenta segundos.
La cuestión que sí podemos abordar es otra: ¿sabemos de qué hablamos cuando decimos maternity blues, depresión posparto o psicosis posparto? Las tres expresiones aparecen entremezcladas en conversaciones, titulares y comentarios como si designaran grados sucesivos de una misma enfermedad. No es así. El maternity o baby blues describe un cuadro transitorio de labilidad emocional, llanto, irritabilidad, ansiedad y sensación de desbordamiento que suele aparecer en los primeros días tras el parto y suele resolverse espontáneamente. Ni siquiera existe una definición diagnóstica universal completamente homogénea, de ahí que las cifras varíen tanto: un metaanálisis de 26 estudios y 5.667 mujeres encontró una prevalencia conjunta del 39%, con estimaciones que iban del 13,7% al 76%. Es frecuente; no es una psicosis embrionaria ni una depresión menor que inevitablemente vaya a empeorar.
La depresión posparto es otra cosa. Puede incluir tristeza persistente, anhedonia, culpa, desesperanza, ansiedad, alteraciones del sueño y del apetito, dificultades de vinculación e ideación suicida; los grandes metaanálisis internacionales sitúan su prevalencia global en torno al 17%, aunque con una considerable variabilidad entre poblaciones y estudios. Tampoco equivale, por sí sola, a perder el contacto con la realidad. La psicosis posparto, en cambio, es rara —los estudios poblacionales encuentran aproximadamente entre 0,89 y 2,6 casos por cada mil mujeres—, suele comenzar de forma aguda en las primeras semanas y puede incluir delirios, alucinaciones, confusión, agitación y episodios maníacos, depresivos o mixtos. Un consenso internacional publicado en 2026 propone entenderla como una entidad diferenciada dentro del espectro bipolar, atendiendo a su presentación clínica, su relación con la bipolaridad, su respuesta terapéutica y su patrón de recurrencia.
Por ello, es necesario hacer estas distinciones porque las palabras no son inocuas. Una madre puede tener un pensamiento intrusivo del tipo «¿y si le hago daño al bebé?» y sentirse aterrada precisamente porque no desea hacerlo; esa experiencia, que puede aparecer en cuadros de ansiedad, depresión u obsesivo-compulsivos, no es equivalente a una convicción delirante ni permite inferir por sí misma peligrosidad. En el trastorno obsesivo-compulsivo perinatal suele conservarse el juicio de realidad: el pensamiento se vive como extraño, indeseado, contrario a los propios valores y provoca angustia. Otra cosa es una psicosis en la que una persona puede interpretar una creencia delirante como cierta o actuar bajo una percepción gravemente alterada de la realidad. Confundir ambas situaciones no sólo empobrece el diagnóstico; puede llevar a que algunas mujeres oculten precisamente aquello que necesitan contar por miedo a ser consideradas peligrosas.
Algo semejante ocurre con el sueño. Una mujer puede no dormir porque su recién nacido no duerme, porque está ansiosa o porque comienza a experimentar una disminución patológica de la necesidad de sueño asociada a un episodio maníaco. Desde fuera, todo puede resumirse en «lleva varias noches sin dormir»; clínicamente no significa lo mismo. Cronología, intensidad, funcionamiento, antecedentes, evolución y diagnóstico diferencial modifican el significado de aquello que, aislado, parece evidente.
Aquí aparece una segunda incomodidad. Resulta sencillo reprochar a la sociedad que diagnostique desde el sofá; menos cómodo es preguntarse cuánto conoce el propio sistema sanitario sobre salud mental perinatal y cómo se coordinan sus distintos niveles. No todos los profesionales tienen la misma formación, ni todos los territorios disponen de equipos especializados; ni una matrona, una enfermera de Atención Primaria, un médico de urgencias, un obstetra y un psiquiatra observan necesariamente la misma pieza del problema. La literatura recoge, además, experiencias de mujeres tratadas por psicosis posparto que describen falta de conocimiento sobre el trastorno entre algunos profesionales y dificultades de coordinación entre servicios. Esto no permite concluir que los sanitarios desconozcan de manera generalizada la enfermedad; sí señala un margen asistencial que merece atención.
Las guías NICE son inequívocas ante un comienzo súbito compatible con psicosis posparto: recomiendan derivación a salud mental especializada y una valoración inmediata, dentro de las cuatro horas siguientes. Estamos, por tanto, ante una emergencia psiquiátrica, no ante un malestar que deba revisarse sin más en la siguiente consulta programada. ¿Conoce esto una mujer antes de dar a luz? ¿Lo conoce su pareja, su madre, su hermana? ¿Sabrían distinguir entre el cansancio brutal de las primeras semanas y un cambio conductual que exige pedir ayuda con urgencia? ¿Sabría la propia madre contar un pensamiento intrusivo sin temer que se interprete automáticamente como deseo de hacer daño?
Si la respuesta es muchas veces no, tenemos también un problema de salud pública. No basta con recomendar «pedir ayuda»; para pedirla hay que reconocer que algo está ocurriendo, confiar en que será escuchado sin estigma y encontrar una puerta de entrada capaz de responder. La salud mental perinatal no puede descansar únicamente sobre la pericia de una mujer agotada para identificar que aquello que le sucede ha dejado de formar parte del puerperio esperable.
Tampoco puede reducirse todo a las hormonas, aunque el puerperio implique cambios endocrinos, inmunitarios, neurológicos y circadianos de enorme magnitud. Ni todo es biología ni todo es contexto. La experiencia materna sigue siendo un hecho biopsicosocial: antecedentes psiquiátricos y familiares, vulnerabilidad bipolar, sueño, apoyo disponible, condiciones económicas, parto, lactancia, dolor, aislamiento, relaciones y acceso a cuidados pueden interactuar de maneras distintas. Pensar multicausalmente no significa diluir responsabilidades, sino negarse a sustituir una simplificación por otra. Ya escribí en otra ocasión, hablando de la maternidad, que «estudiar y entender la realidad no es lo mismo que justificarla»; sigo creyendo que esa distinción resulta indispensable cuando aquello que se trata de comprender repugna o hiere.
Sin embargo, las redes sociales funcionan mal con las distinciones. Premian la identificación, la velocidad y la intensidad; la incertidumbre comunica poco. «No sé qué ocurrió en la mente de Lindsay Clancy» tiene menos recorrido que una explicación cerrada. La experiencia personal se convierte entonces en prueba: «yo también tuve pensamientos intrusivos», «yo también estuve deprimida», «yo también me sentí sola después de parir»; de esa semejanza parcial se salta a una conclusión sobre otra persona. Reconocer algo propio en el sufrimiento ajeno puede producir empatía, pero la empatía no es una pericial. Que una historia nos resuene no nos permite conocer la mente de quien la protagoniza.
Las teorías sobre Patrick Clancy muestran hasta dónde puede llegar esa necesidad de completar lo que se desconoce. En redes se le han atribuido responsabilidades que no forman parte del planteamiento de la defensa y para las que no existe evidencia pública. La compasión hacia una mujer puede transformarse, paradójicamente, en violencia contra otra persona: un padre que perdió a sus tres hijos pasa a ser convertido en sospechoso por una multitud que no investiga ni responde por las consecuencias de sus afirmaciones.
No toda persona que viste de rosa frente al tribunal piensa así; no toda mujer que se identifica con Clancy está absolviendo un homicidio; no todo crítico de su defensa niega la enfermedad mental. Conviene no fabricar otra masa homogénea mientras critico las simplificaciones de las masas. Muchas mujeres han encontrado en este caso un lenguaje para sufrimientos posparto apenas escuchados; ese testimonio merece atención. Otra cosa es convertir una verdad general —hay madres que sufren y existen déficits asistenciales— en una conclusión automática sobre la responsabilidad concreta de Lindsay Clancy.
Tal vez éste sea el punto en el que Paradise Lost vuelve a mi memoria. No porque ambos casos sean equivalentes, ni porque aquí esté en quiebra la presunción de inocencia en los mismos términos, sino porque en los dos aparece la dificultad para soportar que el dolor no venga acompañado inmediatamente de una explicación satisfactoria. Tres niños muertos exigen justicia; una tragedia no concede omnisciencia. Suspender el juicio sobre aquello que se desconoce no significa suspender el juicio moral sobre aquello que sí se sabe. La muerte de tres niños es una realidad terrible ante la que el horror, el dolor o la repulsa no necesitan ponerse entre paréntesis; otra cosa es convertir esas emociones legítimas en conocimiento sobre el estado mental, el grado de libertad o la responsabilidad de quien causó sus muertes. Se puede condenar un acto sin fingir que se sabe todavía todo lo necesario para juzgar a la persona. Cora, Dawson y Callan no deberían desaparecer detrás de una causa militante, del mismo modo que sus muertes no permiten resolver por intuición el estado mental de su madre. Recordarlos y estudiar seriamente la psicosis posparto no son obligaciones enfrentadas.
Por eso, la prudencia que aquí reclamo no equivale a neutralidad moral. Es necesario también resistirse a la tentación contraria: hablar de enfermedad mental no equivale a construir una coartada moral. La psiquiatría puede describir y valorar alteraciones del juicio, la percepción, el ánimo o la conducta; el derecho debe determinar qué consecuencias tienen dentro de un estándar jurídico concreto. Descripción clínica y juicio penal no son intercambiables. Entre «estaba enferma» y «no era responsable» existe un tramo que corresponde recorrer a peritos, abogados, juez y jurado con pruebas sometidas a contradicción. Que el resto, la sociedad, desconozca el resultado no es un defecto que tenga que corregir apresuradamente.
Quizá se ha confundido tener criterio con tener postura. El criterio admite grados de certeza; puede decir «esto está probado», «esto parece probable», «esto es posible» y también «no tengo elementos suficientes». La postura digital exige escoger una casilla y defenderla como identidad: víctima o monstruo; madre o asesina; sistema o individuo. La vida humana rara vez cabe limpiamente en esas oposiciones, y la maternidad quizá menos que ninguna otra experiencia. El caso Clancy muestra lo rápido que se regresa a esos extremos cuando algo rompe la imagen que se necesita conservar de una madre.
¿Qué hacer entonces con la necesidad de juzgar? Algo poco espectacular: posponerla. Leer antes de compartir; distinguir un testimonio de una prueba, una hipótesis de un diagnóstico, una explicación de una absolución; no atribuir delitos a terceros porque una narrativa resulte emocionalmente verosímil; aprender los signos de alarma de la salud mental perinatal antes de que una tragedia los convierta en tendencia. Exigir también mejores circuitos asistenciales, más formación y espacios donde una madre pueda decir «no estoy bien» sin que la respuesta sea banalizarla ni convertirla en una amenaza.
Suspender el juicio no significa suspender la compasión, la búsqueda de la verdad ni la exigencia de responsabilidad; significa reconocer el límite de lo que se sabe mientras se sigue mirando. Tal vez una sociedad adulta no sea aquella que tiene una opinión sobre todo, sino aquella capaz de sostener durante un tiempo una frase menos satisfactoria: no lo sé todavía. Ese ejercicio de humildad no resolverá el caso de Lindsay Clancy; quizá sí ayude a comprender mejor la enfermedad mental, a cuidar mejor a las madres que atraviesan el puerperio y a no añadir nuevas víctimas cuando la necesidad de certezas se adelanta a los hechos.
