Como el pasado 21 de julio se cumplieron ciento cincuenta años de la derogación de los fueros vascos tras la derrota definitiva del ejército de Carlos VII, los separatistas de izquierda y derecha han hecho una vez más las inevitables declaraciones sobre derechos históricos, soberanías originarias e invasiones españolas. En 2021 Urkullu propuso «retornar a la soberanía anterior a 1839», y cuatro lustros antes que él su antecesor Ibarretxe declaró que «los derechos históricos, los fueros, han sido, son y serán la verdadera constitución del pueblo vasco», razón por la que «los vascos y las vascas, y nadie más, decidirán libre y democráticamente su futuro».
Éste es el núcleo del problema, el origen ideológico del separatismo y de una banda terrorista que asesinó a casi un millar de personas por considerarlas ocupantes extranjeras. Mediante su repetición infinita, los separatistas han logrado convencer a la mayoría de los vascos de que ellos son los únicos que respetan su voluntad, dejando para los demás la condición de opresores que pretenden decidir sobre lo que no les compete. Pero el argumento que hace derivar los fueros de una soberanía vasca anterior a la existencia de los reinos españoles, con los que habría pactado de igual a igual reservándose el derecho de separación, no es cierto. Y por mucho que lo repitan, nada tienen que ver los fueros con el derecho de autodeterminación ni con su moderno eufemismo, el derecho a decidir.
Todo esto ha sido explicado minuciosamente por numerosos autores desde hace mucho tiempo, incluido este humilde juntaletras. No hay más que buscar en los libros. Pero no ha conseguido saltar la altísima muralla que separa el mundo del conocimiento, ése que cría polvo en las estanterías, del mundo de la política, ése que saca brillo a los estrados.
Por una vez Rajoy acertó, con motivo del debate sobre el Plan Ibarretxe en 2005, al explicar que «debo corregir a quienes difunden la fantasía de que existe un pacto entre el Estado y el País Vasco. No existe tal pacto. Nunca ha existido y supongo que nunca existirá. Eso es una entelequia propia de las creencias, la ideología y la propaganda de los redactores del proyecto que hoy analizamos. Yo no soy responsable de que algunas creencias no coincidan con la realidad. Es un problema que arrastran aquellas ideologías del siglo XIX que no han querido actualizarse».
Hagamos, pues, un poco de historia.
Las primeras reclamaciones antiforales
Ya en las primeras décadas del siglo XVIII los puertos cantábricos competían por el comercio con el norte de Europa y los territorios americanos. El régimen fiscal vizcaíno perjudicaba a unos comerciantes montañeses, asturianos y gallegos que debían pagar impuestos y aranceles de los que sus vecinos del este se encontraban exentos. Por esta razón los gobernantes ilustrados promovieron la construcción de carreteras y canales, y más tarde de ferrocarriles, que enlazaran la meseta con el puerto de Santander, si bien las obras se vieron a menudo obstaculizadas por los influyentes funcionarios vizcaínos de Madrid.
En las décadas iniciales del siglo siguiente, tras la Guerra de la Independencia, volvería a agitarse la polémica a propósito de los privilegios vascongados. En 1821, doce años antes de que el ministro Javier de Burgos estableciese la definitiva estructuración provincial que ha llegado hasta nuestros días, la Diputación Provincial de Santander se dirigió al gobierno para denunciar que, a pesar de que con la Constitución de 1812 se había aniquilado «el envejecido imperio de los privilegios», la igualdad era sistemáticamente vulnerada por las Provincias Vascongadas principalmente mediante la introducción de géneros extranjeros sin pagar aranceles. La Diputación santanderina consideraba que con ello se provocaba perjuicios al comercio de las demás provincias, criterio que compartió la Diputación de Barcelona, la cual declaró «hallarse pronta a unir sus votos a los de Santander».
1839: primera abolición foral
Poco después, muerto Fernando VII en 1833, estalló la Primera Guerra Carlista, tras la que la cuestión foral cobró especial relieve. A pesar de la derogación de la mayor parte del régimen de privilegios nacido en los lejanos siglos medievales, la activa burguesía industrial y comercial de los puertos cantábricos sujetos al derecho común contempló con preocupación la pervivencia de algunas exenciones fiscales vascongadas que les ponía en situación desventajosa. A finales de 1839, recién concluida la guerra en el frente norte, aparecía en Santander el periódico El Vigilante Cántabro, dedicado principalmente a la denuncia del abuso de los fueros vascongados. Durante tres años dedicó sus páginas a publicar los casos de contrabando y fraudes a la hacienda pública que tanto dañaban a las provincias limítrofes y al Estado, realizados al amparo de las normas forales vascongadas.
También atacó las leyendas medievales en las que se sustentaban las peculiaridades jurídicas vascongadas, como la de Jaun Zuria, el mítico primer Señor de Vizcaya, nacido en mágicas circunstancias tras la inexistente batalla de Arrigorriaga:
«¿Quién ignora ya que el origen que se les atribuía fue lanzado al país de las fábulas desde fines del siglo pasado? ¿Que se fundaba en narraciones de autor de cuentos ridículos de duende íncubo, que sacó grávida a una princesa errante, como las hadas, en las altísimas montañas vascongadas, y que las olas habían lanzado a sus costas? En el reinado de Carlos III algunos sabios de la Academia de la Historia desmoronaron este edificio levantado sobre los duendes y las hadas; en el de Carlos IV acabó de venir a tierra; y en las dos restauraciones de Fernando VII brilló sobre sus ruinas la luz de la sana crítica y de la verdad; poniendo fuera de combate las exageradas pretensiones de los que atribuían el origen de los fueros a una soñada e imposible independencia y soberanía».
1876: segunda abolición foral
En 1876, al concluir la última carlistada, la cuestión foral volvería a ocupar, por última vez, el epicentro de la vida política española, pues se creyó llegada la ocasión de zanjar definitivamente una polémica que parecía no poder cerrarse nunca.
La agitación ciudadana, sobre todo en las provincias limítrofes con las Vascongadas, fue notable. Los ciudadanos salían a la calle con escarapelas, abanicos e insignias que rezaban ¡Abajo los fueros! Los balcones, ventanas, escaparates, farolas, árboles, fachadas y monumentos fueron decorados con todo tipo de ornamentos y carteles con dicho lema.
Políticos, escritores, periodistas, industriales y comerciantes de toda España alzaron su voz contra unas instituciones que, según ellos, tantos perjuicios causaban al desarrollo económico de la nación. Se denunció, por ejemplo, que mientras que se apelaba a la normativa foral para no pagar impuestos a los que sí estaban sujetos las demás provincias, se olvidaran otras normas notoriamente perjudiciales –como las que prohibían la salida de metales y de materias comestibles de suelo vascongado, normas que, de haberse aplicado, habrían obligado a los industriales vascos a renunciar a la exportación del producto de sus minas, al comercio de granos, harinas o vinos y al desarrollo de su flota mercante– o se reclamara la prestación de servicios evidentemente inexistentes en los medievales tiempos de la redacción foral –ferrocarril, telégrafo, etc.– pero sin contribuir al Estado por ellos. Así lo explicaba el Boletín de Comercio de Santander:
«Una de dos: o se les retiran todos estos servicios y vuelven al estado de industria, navegación y comercio que tenían en el siglo XV, o pagan por ellos como los demás españoles, porque el contrato es bilateral y recíproco».
Idea central de los antifueristas fue la igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles. Por ejemplo, el diputado lucense Augusto Ulloa respondió así a los diputados vascongados que habían apelado a la pobreza de las tres provincias para pedir que no se les hiciera pagar tributos:
«Yo pertenezco a una provincia de la costa cantábrica que es también muy pobre y tiene una población densa (…) La provincia de Lugo, con menos extensión que las Vascongadas, contribuye al tesoro con veinte o veinticinco millones de reales, al paso que ellas no pagan un céntimo y aun perciben del Tesoro dieciocho millones. Mi provincia, pobre, sin industria y sin comercio, ha contribuido a pagar las subvenciones que se han concedido a las compañías de ferrocarriles, y no tiene el más pequeño ramal; las Provincias Vascongadas no han pagado absolutamente nada, y a pesar de eso pasan por ellas las dos líneas generales más importantes. Mi provincia, pobre en recursos, pero rica en población, envía todos los años al ejército los mejores de sus hijos: las Vascongadas guardan todos los suyos. Mi provincia no tiene más que chozas para albergar a sus laboriosos hijos; las Vascongadas están llenas de palacios en Bilbao, en Vitoria y en San Sebastián. Mi provincia paga el 21 por ciento de contribución para el sostenimiento de las cargas públicas: las Vascongadas no pagan nada».
Si bien la mayoría de la prensa española se alineó a favor de la derogación foral, no faltaron los periódicos, sobre todo vascos (Irurac-bat, El Noticiero bilbaíno, El Porvenir Alavés, La Paz), que defendieron su pervivencia y criticaron duramente a las personas e instituciones que se distinguieron por su antiforalismo. El Diario de Barcelona, dirigido por el regionalista conservador Mañé y Flaquer, defendió asimismo la pervivencia de las instituciones forales por considerarlas un freno a la extensión de las ideas revolucionarias. Por el contrario, los también barceloneses La Flaca y La Madeja Política se distinguieron por su antiforalismo y sus caricaturas satíricas como la de este último el 2 de mayo de 1874 (en la imagen) en la que una guerrera representando a España talaba el roble de Guernica con rasgos del pretendiente carlista. Cada rama era una de las provincias vacas y sus raíces decían fanatismo, intolerancia y absolutismo. Y el texto al pie rezaba: «Si el famoso árbol de Guernica da este fruto, procuremos que no vuelva a retoñar».
Por lo que se refiere a los debates en las Cortes, una pequeña minoría de diputados vascongados defendió el mantenimiento de las instituciones forales; una mayoría progubernamental –ciento once votos– apoyó la propuesta canovista de derogación foral en lo relativo a los más importantes aspectos, como la igualdad de quintas y de contribuciones fiscales, pero manteniendo algunas instituciones provinciales y normas de derecho civil especiales; finalmente, una minoría de diputados liberales –veintitrés–votaron por la derogación completa de los fueros.
Estuviese la razón en un lado o en el otro, el hecho decisivo fue que la visceralidad se impuso al razonamiento y que el debate foral tuvo poco que ver con los fueros, sobre todo fuera del Parlamento. Los ciudadanos legos en derecho, y mucho más legos todavía en lejanas instituciones medievales, percibieron el interés por conservar los fueros como una manifestación de egoísmo e insolidaridad con el resto de los españoles; y los vascos, la gran mayoría de los cuales era incapaz de explicar en qué consistían los fueros, percibieron la campaña antiforal como un arranque de hostilidad antivasca por parte de los demás españoles. En el mismo verano de 1876 fueron varios los festejos, bailes, romerías y otros actos públicos en las Provincias Vascongadas que fueron testigos de espontáneos estallidos reivindicativos de los fueros y de, incluso, algunas violencias entre bandos opuestos. En varias corridas de toros celebradas en San Sebastián aparecieron pancartas con el texto «4=1 y 45=0». Por primera vez en la historia se expresaba un sentimiento unitarista vasconavarro (4=1) paralelo al rechazo y menosprecio hacia las demás provincias españolas (45=0). El terreno fértil para el separatismo estaba preparado para recibir la semilla. Sólo seis años después de la derogación foral, un joven Sabino Arana abandonaba el tradicional carlismo de su familia y recibía, en el jardín de su casa de Bilbao, la iluminación nacionalista de labios de su hermano Luis. A partir de ese momento, Semana Santa de 1882, comenzaría su andadura el fundador del nacionalismo vasco.
