En el debate público español se presenta con frecuencia el velo islámico como una manifestación de libertad religiosa. Sin embargo, un análisis jurídico riguroso evidencia que su uso no responde a un ejercicio libre de autonomía, sino a una imposición cultural y social que vulnera principios básicos de nuestra democracia.
La hipocresía y la cobardía de los políticos les permite hablar de libertad e igualdad mientras se tolera que se cubra a las mujeres por ser consideradas impuras desde su nacimiento, perpetuando esa idea desde la menstruación. ¿Dónde encuentran los representantes políticos el ejercicio de libertad en ello? ¿Por qué no van con velo los niños y los hombres? ¿Es libertad taparse a 40 grados con un burka? El velo y otras prendas de cubrición afectan en exclusiva a las mujeres y, en el caso de las menores, son impuestos sin capacidad real de consentimiento.
Aceptar el velo como “libertad” equivale a legitimar una norma social que cosifica a la mujer, reduciéndola a un cuerpo que debe cubrirse para no provocar. Se trata de una exigencia discriminatoria: ningún hombre musulmán está sometido a ello. Por ello, no hablo de símbolos religiosos, sino de igualdad y libertad. Más que un símbolo religioso inocuo, el velo y otras prendas proyectan un sistema de subordinación incompatible con los principios democráticos de igualdad y ciudadanía plena.
El problema se agrava en las aulas. Cuando una niña acude al colegio con la cabeza cubierta porque su familia o la comunidad musulmana lo exige, no está ejerciendo una libertad, sino cumpliendo una imposición que limita su desarrollo personal en una democracia. Y cuando una docente enseña con el velo puesto, se transmite a las alumnas la idea de que la sumisión es normal y deseable, socavando décadas de lucha por la igualdad en la educación. ¿Dónde queda la lucha de miles de mujeres —entre las que me incluyo— por los derechos y la igualdad con los hombres?
Las personas de cultura musulmana, cuando acuden a nuestros países, saben cómo son nuestros sistemas y normas, igual que nosotros conocemos las suyas cuando viajamos a sus territorios, donde se nos obliga a cumplirlas seamos del credo que seamos. Si vienen a nuestra democracia y a nuestro sistema de Estado de Derecho y bienestar, deben respetar los derechos democráticos o considerar que quizá no es el lugar donde deban estar y regresar a sus países. No es racismo, es un acto de coherencia: España y Europa son democracias, y quienes vivan aquí deben entenderlo y cumplirlo.
La Constitución Española reconoce la libertad religiosa (art. 16 CE), pero no como derecho absoluto. Este derecho se puede y debe limitar cuando entra en conflicto con la dignidad de la persona (art. 10 CE), la igualdad entre mujeres y hombres (art. 14 CE) y la protección del menor (art. 39 CE).
Europa ya ha afrontado este problema y lo ha abordado. Francia, Bélgica o Austria han regulado el uso del velo en instituciones educativas y espacios públicos, entendiendo que la neutralidad del Estado y la protección de la igualdad justifican restricciones. Estas medidas han sido avaladas en diversas ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos bajo criterios de proporcionalidad.
La diversidad cultural no puede convertirse en excusa para tolerar prácticas que reproducen desigualdad estructural y vulneran los derechos de las menores y mujeres. Regular su uso en colegios y espacios públicos no es una limitación arbitraria, sino una defensa activa de la igualdad, la dignidad y los derechos humanos de todas las mujeres y niñas.
Una democracia madura no puede permanecer neutral frente a símbolos que perpetúan la subordinación, ni permitir que la hipocresía de sus políticos se convierta en una barrera para la igualdad y la libertad de mujeres y menores.
La islamización y la destrucción de las democracias es el principal problema al que se enfrenta Europa y Occidente.
