Howard W. Smith era alguien que podría haber respondido a una acusación de racismo diciendo que nadie odiaba menos que él a los negros, ya que luchaba porque todo el mundo pudiera tener uno. Nacido en 1883 en Virginia, el Estado de la Unión con mayor número de esclavos y escenario fundamental de la Guerra de Secesión, ocupó un escaño en el Congreso movido por una firme convicción: «la población del Sur nunca ha aceptado a la raza de color como una raza que tenga la misma inteligencia, educación y logros sociales que el conjunto del pueblo sureño».
Aunque reivindicaba el esclavismo proponiendo como modelos a las antiguas Grecia y Roma, el sistema segregacionista era un sucedáneo aceptable que procuró defender ante cualquier cambio desde su posición de presidente de la Comisión de Reglamento de la Cámara de Representantes. Tuvo un papel destacado durante los años 50 en dicha tarea, pero las cosas se le complicación cuando la Civil Rights Act impulsada por Kennedy antes de su asesinato estaba a punto de ser aprobada en 1964. Se trataba de una ley que prohibía la discriminación racial, así que Smith con la intención declarada de sabotearla —y a modo de broma que logró arrancar las risas de algunos de sus colegas— propuso incluir en el texto legal que vedara también la discriminación por sexo. Buena la lio.
La petición finalmente se aceptó y en los años siguientes el desarrollo normativo y la jurisprudencia que terminó estableciendo se bifurcó en dos interpretaciones del término, aludiendo tanto al sexo como a la orientación sexual, de manera que mujeres y gays pasaban a ser minorías que proteger de una forma equiparable a la población negra. Pero luego volveremos sobre esto, ahora cambiemos de tercio.
¿Liberalismo o marxismo cultural?
Woke es un término que ha ido ganando un considerable espacio en el debate político durante los últimos años como una eficaz manera de delimitar y combatir la doctrina sustentada en la importancia política e identitaria de la intersección de raza, sexo y orientación sexual. Expresada en español la palabra cuenta además con la ventaja de señalar el origen anglosajón de esta corriente, aunque a menudo pueda entenderse como sinónimo de «progresista» o «progre». Una de las cuestiones en las que dicho debate se ha centrado a menudo es la de discernir sus orígenes ideológicos/filosóficos.
Hay quienes ven en lo woke la encarnación última del liberalismo hedonista e individualista, que autodetermina al sujeto hasta la negación misma de la biología con su interminable lista de géneros recién inventados. Un ideario estadounidense que habría sido inoculado durante los últimos años en las izquierdas hispanoamericanas y europeas como una forma de adormecer toda lucha de clases, todo cuestionamiento de una creciente precarización económica.
Otros prefieren considerarlo como sinónimo de marxismo cultural. Su origen estaría en el mismo Engels y su consideración del matrimonio como una forma de opresión de la mujer, en la posterior teorización de Gramsci sobre la infiltración marxista en las instituciones culturales y en el hecho de que los intelectuales más influyentes en los estudios de humanidades y ciencias sociales de los campus norteamericanos, desde la Escuela de Fráncfort hasta Foucault, son de afiliación izquierdista.
Ambas posiciones son defendidas respectivamente por Santiago Armesilla y Francisco José Contreras en este debate muy interesante y bien articulado por ambas partes. A lo anterior también habría que añadir, bien como origen o catalizador, el vacío creado por el retroceso de la religión en las últimas décadas que inevitablemente termina siendo ocupado por otra doctrina, así como cierta mutación de las creencias ya existentes, particularmente protestantes, y es que viendo escenas como esta o esta otra es imposible no percibir cierto elemento herético…
Teniendo en cuenta que hablamos de una corriente cultural y política que abarca muchos millones de personas, expandida por buena parte de Europa y América, con ramificaciones muy diversas y elementos internos a veces mutuamente contradictorios (el feminismo y lo trans, por ejemplo) probablemente todos los argumentos previos tengan su parte de razón en diferente grado. Y sin embargo… no son suficientes. Hay en todo lo anterior un trasfondo platónico, que presupone el espacio público como un mercado de ideas que se difunden y arraigan sin coacción, pero una sospecha íntima nos susurra al oído que el mundo no funciona del todo así.
Sabemos que la gente se mueve por ideas y valores, pero también por amenazas e intereses. Nos faltan, en suma, las palabras «chiringuito» y «burocracia». Es aquí donde entra en juego el académico Richard Hanania y su obra recién publicada, densa en ocasiones, pero fundamental para entender la época: The Origins of Woke: Civil Rights Law, Corporate America, and the Triumph of Identity Politics. Su tesis es sencilla: «si parece que nuestra cultura ha construido un elaborado sistema jerárquico de razas, géneros y `traumas’, es porque nuestro sistema legal lo hizo antes».
Jean Baptiste Lamarck argumentó que la función crea el órgano y, en lo que respecta a la burocracia, hay que señalar que se equivocaba. Lo cierto es que una vez se crea una institución, departamento o cargo, a menudo estos se encargarán de señalar, magnificar o directamente inventar los problemas que justifiquen la continuidad de su asignación presupuestaria.
El diablo está en los detalles
Nos habíamos quedado antes en la Civil Rights Act aprobada en 1964. Hanania señala tres elementos en el ideario woke: la creencia en que diferencia equivale a discriminación, la limitación a la libertad de expresión para quien intente explicar tales diferencias sin aludir a la discriminación y la necesidad de una burocracia de recursos humanos que regule la libertad de expresión e intente eliminar la discriminación. Pues bien, fue dicha ley la que dejó sentadas las bases de todo ello, el esqueleto del progresismo contemporáneo. Veamos cómo.
Tras una Constitución que estuvo cerca de irse al traste por visiones contrapuestas sobre la esclavitud (los mismos Padres Fundadores tenían plantaciones), una posterior guerra civil causada por ese mismo motivo, un siglo de segregación racial bajo las denominadas leyes Jim Crow, la presión de la propaganda soviética —que explotaba esa debilidad para erosionar la posición internacional de EEUU— y la conmoción nacional por el asesinato de un presidente que se había comprometido a un gran cambio en las relaciones raciales, la mayoría de los congresistas estadounidenses estaban decididos en 1964 a firmar casi lo que fuera contra la discriminación, sin poder prever consecuencias a largo plazo e incluyendo, como vimos, que la prohibición de la discriminación incluyera raza y sexo. Fue una declaración de intenciones tan solemne y bienintencionada como difusa a la hora de definir qué era exactamente «discriminación». Las normas, los organismos gubernamentales y la jurisprudencia posterior bajo dicha ley fueron definiéndola.
«Pronto hubo entre la élite institucional una toma de conciencia de que bajo un sistema de admisión neutral (color-blind system) en las universidades no habría muchos más negros en posiciones de poder que antes de la Civil Rights Act» señala Hanania. A eso había que añadir que a partir de los años sesenta los disturbios raciales fueron generalizándose en las grandes ciudades —los de 2020 fueron los últimos de una larga lista— y ese chantaje demostró ser políticamente muy útil: «En contraste con la sabiduría convencional que tan bien suena de que la violencia daña una causa, fueron los disturbios los que convencieron a los políticos de Washington de ir más allá de la neutralidad o no-discriminación a la discriminación positiva».
Ese nuevo enfoque se produjo también en el terreno laboral, con una ley en 1969 primero referida al cuerpo funcionarial y otra en 1972 para todas aquellas empresas que tuvieran algún contrato con las administraciones públicas, lo que supone en conjunto cerca de un tercio de los trabajadores del país. Aunque no reclamaron expresamente cuotas raciales, se exigía que las plantillas fueran racialmente representativas de la demografía del país. Más adelante, una sentencia del Tribunal Supremo igualmente basada en la ley de 1964 extendió a todas las empresas tales directrices. Lo que en la práctica suponía que cuantos más miembros de minorías se contratasen, menos problemas habría para los empleadores. Digo «minorías», en plural, porque los respectivos lobbies desde 1964 presionaron para que los nativos indígenas primero, los hispanos después y más adelante los asiáticos lograran adquirir ese estatus inicial de los negros. Tonto el último. Para que nos hagamos una idea de la magnitud que ha ido adquiriendo la cosa con el tiempo, el año siguiente a los disturbios de 2020 el 94% de los nuevos empleos fueron para las minorías y sólo un 6% para la población blanca.
Como todo es susceptible de empeorar, esa persecución de la «discriminación» no se limitó a las minorías raciales/étnicas sino también a las mujeres —que adquieren cierto estatuto paradójico de minoría— y no solo al proceso de contratación, sino a las relaciones laborales en el desempeño del trabajo, con un veredicto judicial de 1971 que creó jurisprudencia en torno al concepto de «acoso», que sentencia tras sentencia fue ampliándose. Un ejemplo curioso que aún colea se produjo en una fábrica de Tesla en California en la que un empleado negro denunció que le llamaban «nigga» sus compañeros de trabajo (que también eran negros y, al parecer, lo hacían en un tono jocoso entre colegas) y ha logrado más de 3 millones de dólares de indemnización.
El fenómeno es epidémico. Desde el 2000 el 99% de las 500 principales compañías estadounidenses han tenido que pagar indemnizaciones en casos de acoso laboral por cuestiones de raza, sexo y orientación sexual. Lo que supone para cada una de ellas unos gastos por valor de cientos de millones de dólares. Por ejemplo, Coca-Cola en un solo caso de discriminación contra empleados negros en el año 2000 tuvo que desembolsar 192 millones de dólares.
¿Cuál es la consecuencia de todo ello? Por una parte, la existencia de toda una legión de abogados que viven de estos litigios y, por otro, el crecimiento meteórico de los departamentos de recursos humanos en las empresas, donde han pasado de estar empleados uno de cada 558 trabajadores estadounidenses en 1968 a que en 2021 sean uno de cada 102. La solución para evitar demandas por cualquier tipo de acoso es que toda forma de flirteo, bromas, comentarios personales, contacto físico y prácticamente todo el comportamiento que un trabajador pueda tener dentro de su puesto deba ser regulado en las normas internas de cada compañía. Ante el campo de minas legal que pasan a suponer las interacciones personales y laborales vemos perfilarse ahí lo que luego se ha acabado llamando «deconstrucción»: la necesidad de que cada persona interiorice todas esas normas, tarea en la que contarán con la generosa colaboración de una miríada de talleres, cursos y charlas en una naciente industria de «expertos» en señalar nuevas formas de racismo, sexismo y homofobia. Es decir, la importancia obsesiva de la identidad racial, sexual y de orientación en la ley pasa a transmitirse a la sociedad civil. La norma, como dice Hanania, crea la cultura.
En conclusión, como detonantes del fenómeno woke nos encontramos dos características muy particulares de la sociedad estadounidense: su entusiasmo litigante y el papel crucial que la cuestión racial ha jugado en la historia del país desde su mismo origen. No tiene sentido, por tanto, pretender exportar a España (¡nuestros Baltasares con betún en la cara no son blackface!) o a cualquier otro lugar esa doctrina progresista que allí nace y allí debe perecer, esperemos por su bien en el menor plazo posible. A ese respecto cabe remarcar que el candidato republicano Vivek Ramaswamy (sobre quien ya hablamos en su día) se ha comprometido en una interesante entrevista con el propio Hanania a derogar de raíz toda esta legislación de tantos efectos indeseados.
