Existen grupos sociales, especialmente a partir de ciertas edades, que se vanaglorian de su pureza ideológica. Sin embargo, su visión de la relación del ciudadano con el estado y como este debe participar en la economía y la sociedad está, a mi entender, alejado de una democracia donde este tiene un papel limitado. Existe en España un franquismo sociológico que ni aquellos mismos que lo sufren, son capaces de verlo. Quizás exagere, como siempre, mejor llamarlos postfranquistas.
Mi intención en estos próximos párrafos es impugnar la historia de España desde la transición a nuestros días. Creo, sin opción a equivocarme, que la transición fracasa en su intento de crear un modelo y que todo lo que ha venido sucediendo posteriormente ha ido haciéndolo más obvio. Los momentos de bonanza, real o teórica, que se han vivido en las décadas posteriores a la muerte del dictador se producen más por herencia, o agentes externos, que por acción propia de nuestros políticos.
Todo esto además, está generando dos visiones totalmente antagónicas ante el estado y cómo hemos de relacionarnos con él; podemos verlo de manera clara en algunas encuestas que salen sobre cómo piensan los jóvenes en temas como los impuestos —dos tercios rechazan pagar impuestos, el otro tercio está opositando o afiliado a un partido— o la visión sobre las formas de gobierno — cada vez más jóvenes valoran negativamente la democracia—.
Lo material es fundacional
Siempre que intento hacer un análisis de algo, acabo siempre en el mismo punto: la importancia del bienestar material, real y percibido, por parte de la sociedad a la hora de valorar cualquier momento económico. Este bienestar, no puede estar medido por algo tan alejado como puede ser el PIB, sino por “las cosas del comer”: la facilidad para satisfacer las necesidades básicas sin una sensación de vivir para satisfacerlas, es decir, que las capacidades de cada uno permiten una existencia cómoda y, lo que es más importante, que el futuro siempre va a ser mejor.
Considerando lo anterior, si nos atenemos a la historia de España, podemos afirmar que la situación material de cada uno, en gran medida, no como norma, ha ayudado a configurar la relación entre la persona y el estado, así como la labor que debe tener este en la vida económica y social.
Cuando los boomers, nacidos en los años sesenta, por mucho que vendan que ellos levantaron España y lucharon con el franquismo, empezaron sus carreras laborales cuando el Caudillo llevaba tiempo en el hoyo —pero no en sus mentes, pues siguen teniéndolo en la punta de la lengua— y España llevaba una senda de crecimiento iniciada por el propio dictador.
Antes de seguir avanzando, mejor detenernos aquí. Con los planes de estabilización de 1959 se establecen las bases del crecimiento posterior del país: el abandono de la autarquía, la liberalización parcial del comercio exterior, la llegada de inversión extranjera y la devaluación de la peseta. Estas medidas pusieron fin a dos décadas de aislamiento y abrieron la puerta a una década de crecimiento inédito: el PIB se multiplicó por dos en los años sesenta, el turismo se convirtió en una industria nacional y cientos de miles de emigrantes enviaban remesas desde Europa. Además, se sentarán las bases de una industria nacional que permitiría el avance del país.
Este es el germen de todo, donde se empieza a generar la idea que el estado provee, el estado como origen de la riqueza. En pocas palabras: la España pobre y cerrada de posguerra se transformaba en una sociedad que, por primera vez en mucho tiempo, empezaba a creer que el futuro sí podría ser mejor.
La democracia de la desindustrialización
Reenganchado con nuestros queridos boomers, su entrada en la vida laboral, además, coincide con los cambios sociales a consecuencia de la democracia, lo que empieza a generar la sensación de que la democracia es una especie de bien supremo que su mera presencia y mención permite la solución de los problemas. Un halo mágico del que cubrir las instituciones otorgándoles poderes supraterrenales.
Según vamos avanzando en las siguientes generaciones, la existencia de crisis se da cada vez de manera más consecutiva y virulenta, sin dar posibilidad asistir a incrementos del bienestar. A los de los setenta les sorprende la crisis de la devaluación de la peseta; a los de los ochenta la gran crisis financiera; los de los noventa en el post crisis anterior e, inmediatamente, la crisis de deuda y del euro; para los de los dos mil, el COVID. Los nacidos en los años diez, se enfrentarán a un mundo donde me aventuro a decir que, la necesidad de mano de obra para muchos trabajos antes demandados se reducirá mediante la inteligencia artificial, y, además, será una década donde el valor del euro como divisa seguirá haciendo más complicada la adquisición de bienes reales.
Si miramos el papel del Estado en este mismo recorrido, el contraste es evidente: en los setenta el gasto público en España rondaba apenas el 20% del PIB; en los ochenta y noventa, con la consolidación de la democracia y la entrada en la Comunidad Económica Europea (CEE), subió por encima del 40%; en los dos mil se estabilizó en torno al 38–40%, y desde la crisis de 2008 se ha mantenido elevado, llegando a superar el 50% del PIB durante la pandemia.
Este incremento del gasto público, no ha ido aparejado con una mejoría constante en la forma de proveer. Uno puede pensar que este incremento del estado se ha destinado a la mejora constante de infraestructuras, la inversión en una industria propia o en servicios públicos que ponen la cobertura de las necesidades de los ciudadanos en primer lugar.
La entrada en la CEE vino de la mano de una serie de requerimientos que, como pasa siempre que algo viene de Bruselas, hicimos de ello mandamiento y, como con el cristianismo, nos convertimos en sus más fieles defensores y partidarios más extremistas.
La consecuencia de la entrada en la CEE fue que España emprendió una reestructuración profunda de su modelo productivo: cierres masivos de industrias consideradas “obsoletas”, privatización de empresas públicas estratégicas y una apertura comercial que se presentó como requisito inevitable para converger con Europa. Lo que en la práctica supuso la destrucción de buena parte del tejido industrial construido durante el franquismo bajo el pretexto de modernización. Mientras Francia o Alemania hicieron ajustes graduales y conservaron control estatal en sectores estratégicos, España se convirtió en alumno ejemplar de Bruselas, aplicando de manera mucho más agresiva cada condición que venía de fuera. Y esa lógica continuó en los noventa con las grandes privatizaciones y las políticas de convergencia para entrar en el euro, consolidando un modelo cada vez más dependiente de servicios, construcción y deuda, en lugar de industria y soberanía económica.
Esto que se vendió como un progreso, el inicio del cambio hacia una sociedad del sector servicios, pero donde el país está cada vez más lejos en la cadena de valor y lo que permitirá la creciente precarización y estancamiento salarial y material. Esto es en cierta medida una simplificación, pero no pierde su veracidad.
Estos cambios de los ochenta y noventa, constituyen el segundo punto de mi tesis. No sólo es que en España haya una visión preponderante sobre el estado como ente supremo, totalitario, sino también que los ejes sobre los que se produjo un crecimiento del país y que fueron las bases que permitieron todo lo que vino después, se han agotado. Es decir, España sale de la guerra en un estado catastrófico, tras el fracaso de la autarquía, el impulso americano —que no por no mencionado no deja de ser obvio— lleva a un cambio en materia económica que permite una aceleración y, una vez estamos en ese camino, decidimos cortarlo de raíz y abandonar la senda de la verdadera prosperidad. Afirmo que, el modelo de España como país, se rompe en el momento que aceptamos todo lo que viene de Europa y nos centramos en explotar nuestra principal materia prima, el turismo, y en usar los fondos europeos y la influencia de Europa para generar la mayor burbuja inmobiliaria del continente que, a la postre, ha dejado secuelas psicológicas en los que más sufren sus consecuencias hoy en día.
No todos es económico
Mientras todos esos cambios económicos sucedían: se cerraban astilleros, siderurgias o minas, lo que el ciudadano veía en su día a día era que la sanidad pasaba a ser universal, que sus hijos podían ir a la universidad, que había nuevas carreteras, trenes y aeropuertos, y que en casa entraban electrodomésticos, vacaciones en la costa y un coche familiar. La modernización social y el acceso al consumo hacían que el sacrificio industrial se percibiera como un peaje razonable por entrar en la Europa moderna. Al fin y al cabo, en lo que consiste la modernidad occidental y su versión del capitalismo es la conversión del ciudadano, de la persona, en un ser cuya existencia se basa en el consumo, alejándose cada vez más de donde reside el valor que es en la propiedad —esto aplica no sólo a bienes, sino también a poseer habilidades que permitan desarrollar una actividad remunerada—.
Esa transformación, que en su momento parecía un precio justo por entrar en la modernidad europea, consolidó también una idea peligrosa: que el Estado no solo proveía, sino que marcaba los límites de lo posible. Así como aceptamos que cerrasen fábricas a cambio de autovías, aceptamos después que el Estado definiera qué es bienestar, qué es progreso y, más tarde, incluso qué es libertad.
Llegando a nuestros días tenemos los mejores ejemplos de este molde postfranquista. El PSOE de Sánchez lo encarna a la perfección, no porque sea una visión personal, sino porque representa la evolución natural de un partido-Estado desde la Transición, llevado hasta las últimas consecuencias. El PP, por su parte, nunca lo cuestionó: se limitó a administrarlo con la misma lógica. La pandemia mostró hasta qué punto la sociedad acepta que el Estado no solo decida sobre lo económico, sino también sobre lo que puede decirse: todo discurso alternativo fue ridiculizado como negacionista y expulsado del debate público. Y este control se sostiene en una maquinaria que va más allá del Gobierno: medios de comunicación dependientes de subvenciones, una televisión pública convertida en altavoz oficial y sindicatos incapaces de subsistir sin la protección estatal.
Cierre
La existencia de una única visión válida sobre nuestra propia historia imposibilita que se pueda analizar la misma de una manera crítica como hemos realizado aquí.
El franquismo en su totalidad es repudiado y todo lo que vino a posterior es puesto en un altar que hay que adorar pues, además, es el dique que nos dimos para repetir errores del pasado. Sin embargo, lo que expongo aquí es algo totalmente contrario: el modelo postfranquista del setenta y ocho no es más que una continuación del franquismo pero vaciado de cualquier energía que lo permitía avanzar. En los años posteriores, se desmanteló una economía y se apuntaló una idea de lo que es aceptable en cuanto a discurso e historia.
Sin embargo, la inercia sobre la que se sostuvo el régimen actual se ha ido agotando por su propia inercia y por los propios acontecimientos históricos, donde destaca claramente el fin de la historia de 2008 momento en el cual se acaba la última gran fuente de desarrollo, como fue la burbuja inmobiliaria.
Considerando todo esto, es normal que las generaciones venideras tengan las opiniones mencionadas al inicio sobre impuestos y las formas de gobierno, pues ellos identifican ambas con el modelo decadente en el que están inmersos y que es incapaz de dar respuesta a sus problemas.
Si aterrizamos esto y lo llevamos a partidos políticos, ambos partidos mayoritarios son herederos del régimen anterior, acentuando la consideración que hago de este como un modelo posterior, no rupturista. El PSOE se ha erigido en el partido de estado que define las reglas de juego y el orden sobre el que debemos seguir jugando, entendiendo el poder como una suerte de partido único. Mientras, el PP, heredero directo del franquismo a través de Alianza Popular, tiene por ello el pecado original que le ha imposibilitado el proponer cambios en el modelo de país.
Pensando en el futuro, la única vía posible por la cual España tiene capacidad de prosperar es abandonando el cascarón vacío que tenemos hoy en día. Caminar hacia una refundación que replantee la organización del estado y el país que queremos ser. Todo esto, de manera clara, imposible dentro del sistema de partidos actuales. El molde postfranquista sobrevive en un Estado cada vez más grande pero incapaz de sostener expectativas. Los jóvenes ya no creen en ese pacto: sienten que el Estado exige obediencia sin ofrecer futuro. Y es en ese vacío donde germina, como anticipó Tocqueville, la próxima revolución: primero en las almas, después en los hechos. Un Estado cada vez más grande, cada vez más impotente, que pide obediencia sin dar futuro. Esa es la herencia postfranquista.
