En octubre de 1934, si algo quedaba de la legalidad republicana, había saltado por los aires después de la intentona golpista del PSOE.
El balance final de la mal llamada revolución de Asturias queda recogido en el trabajo publicado por Aurelio de Llano y Roza de Ampudia, Pequeños anales de quince días, al poco de producirse la huelga revolucionaria, donde se nos ofrece la cifra de “256 muertos y 639 heridos para las fuerzas del Ejército, mientras que las víctimas de la población civil fueron 940 muertos, de ellos 662 en Oviedo y 1.449 heridos, de estos 1.003 también en Oviedo». La mayor parte de los muertos y heridos civiles fueron del autodenominado Ejército Rojo, siendo la represión del bando revolucionario de más de 200 muertos, de ellos 33 religiosos o sacerdotes.
Una vez controlada la situación, era el momento de exigir responsabilidades. Varios de los culpables del golpe serian condenados a muerte e indultados, como el diputado socialista Ramón González Peña junto a algunos compañeros, pero solo se ejecutó la pena capital contra cuatro personajes secundarios. Muchos revolucionarios sufrieron pena de cárcel y la izquierda mediática exageró en exceso los acontecimientos de la represión gubernamental, hablaban de más de 15.000 prisioneros que estaban colapsando el sistema judicial español. Sea lo que fuese, todos serian amnistiados por el Frente Popular después de las elecciones fraudulentas de febrero del 36.
La huelga revolucionaria de octubre de 1934, instigada por el PSOE, es sin lugar a duda el preludio de la Guerra Civil Española. El punto de inflexión y el fin de la república, cuando esta es atacada por aquellos que decían defenderla. No cabe duda alguna: después de los sucesos revolucionarios de octubre de 1934, nada volvería a ser igual. Los incidentes se cerraron en falso y no se zanjaron correctamente, ni se depuraron responsabilidades, ni en el parlamento ni en el campo judicial. La derecha, siempre timorata, se acobardó más de lo habitual y tampoco fue capaz de cerrar el asunto. Los socialistas, desconcertados por el fracaso, se radicalizaron todavía más, y los comunistas empezaron a irrumpir con fuerza. Lo que vendría a continuación sería consecuencia de la revolución de octubre, incluida la guerra civil española.
El PSOE entiende que la democracia liberal ya no le es útil, la izquierda tenía como modelo a la Unión Soviética y su dictadura del proletariado. Desde la salida del gobierno de los socialistas en septiembre de 1933 y la inicial ruptura con los republicanos de Azaña, y sobre todo, después de su derrota electoral de 1933, el PSOE cambia de estrategia para alcanzar lo que ellos denominaban “el socialismo”, abandonan la vía parlamentaria y apuestan por la vía revolucionaria o insurreccional para tomar el poder. Largo Caballero atesora todo el poder dentro del partido y del sindicato socialista UGT, desplazando al líder moderado Julián Besteiro, que no aceptaba el abandono de la vía parlamentaria. Largo Caballero también es aclamado por las Juventudes Socialistas, muy radicalizadas. Largo Caballero no esconderá su “anhelo revolucionario”. Lo curioso es que la izquierda española del siglo XXI, en contra de lo que hace el centro derecha, es plenamente solidaria con la izquierda de la II República, haciendo malabarismos para llamarse demócratas y a la vez asumir toda su historia e incluso defender al PSOE de esos convulsos años 30, que nada tenía que ver con la democracia y sí con su visión revolucionaria e insurreccional.
Antes de 1936, el Partido Comunista de España es insignificante, testimonial, motivo por el cual la Unión Soviética pretende hacerse con el control del PSOE. El crecimiento del PCE se produciría una vez comenzada la guerra civil, aunque el PSOE nunca perdería su papel hegemónico y mayoritario dentro de la izquierda. En esta estrategia de controlar el PSOE por parte de la Unión Soviética, se enmarca la fusión de las juventudes del Partido Comunista con las juventudes del PSOE el 1 de abril de de 1936, dando lugar a las Juventudes Socialistas Unificadas bajo el mando real de Santiago Carrillo. La fusión de ambas organizaciones se ve como algo lógico, después de la cada vez mayor radicalización del Partido Socialista. Las JSU actuarían como arietes de los desórdenes públicos y la agitación social. El acto de fusión se celebraría en la plaza de toros de las Ventas el día 5. Santiago Carrillo, que el mes anterior había visitado la Unión Soviética en su calidad de secretario general de las juventudes socialistas, afirmaría que con ello “se cerraba la ruptura producida en 1921”. Largo Caballero también intervendría en el acto como uno de los más firmes partidarios de esta fusión entre juventudes comunistas y socialistas. Largo Caballero se arrepentiría años más tarde, cuando comprendió que el Partido Comunista estaba devorando al PSOE.
De 1934 a febrero de 1936, España es prácticamente ingobernable. El 14 de diciembre de 1936, el Presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, hace un nuevo quiebro a la voluntad popular y en contra de lo que hubiese sido su obligación nombra un gobierno provisional presidido por Portela Valladares, excluyendo a la CEDA, un nuevo gobierno que como era de esperar, no cuenta con los apoyos parlamentarios necesarios para poder gobernar. El Presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, disuelve el parlamento el 7 de enero de 1936, convocando nuevas elecciones generales anticipadas para el 16 de febrero en primera vuelta y en segunda el 1 de marzo, dando así por concluido lo que conocemos como el segundo bienio de la II República Española
El Presidente de la República nunca se lo puso fácil al partido ganador en la elecciones de 1933, más bien todo lo contrario, aunque esto no exime de responsabilidad al propio José María Gil Robles y su errática estrategia. Pensaría Gil Robles que con la izquierda se podría contemporizar, al no asumir desde un primer momento la gobernabilidad de España por miedo a provocarla, otorgando así a la izquierda cierta superioridad moral, aunque la CEDA había ganado ampliamente las elecciones. La derecha tardó mucho en comprender que la democracia para las izquierdas era solo un instrumento para alcanzar el poder. En cuanto los resultados le eran desfavorables, la izquierda deja de creer en la democracia, ya no le sirve. A todo ello se debe añadir cómo la izquierda patrimonializa la república desde el primer momento, no permitiendo que otros que no sean los suyos participen de las labores de gobierno o incluso en la redacción de la Constitución, al no considerarles suficientemente republicanos, y esto a pesar de que fueran la opción más apoyada por la mayoría del pueblo español. Todo esto hace que la II República convierta a España en un Estado fallido.
La izquierda había tenido un mal perder en 1933 y no estaba dispuesta a que en las elecciones convocadas para febrero de 1936 se les escapara el triunfo, y para ello pusieron toda su maquinaria a trabajar. Lo primero era la creación de un gran bloque electoral que aglutinara a todos los partidos de izquierda y a gran parte del separatismo.
Existe una creencia bastante extendida que piensa que la creación del Frente Popular es una idea del PSOE con el apoyo de un Partido Comunista que empezaba a despuntar. Lo cierto es que la idea de un Frente Popular Republicano surge de Manuel Azaña, aunque originariamente no era ese el nombre de la coalición.
Manuel Azaña, que había sido uno de los firmantes del Pacto de San Sebastián en 1930, destacaba por su sectarismo y su profundo anticlericalismo, y como gran parte de la clase política de la época era masón, de hecho está considerado el primer Presidente de Gobierno que ingresa en la masonería en el ejercicio de su cargo. Azaña fue cuatro veces Presidente de Gobierno, del 16 de diciembre de 1931 al 12 de junio de 1933, del 12 de junio al 12 de septiembre de ese mismo año, del 19 de febrero al 7 de abril de 1936 y del 7 de abril al 13 de mayo del 36, para luego pasar a ser Presidente de la República del 11 de mayo del 36 al 27 de febrero de 1939.
Manuel Azaña había colaborado en la sublevación socialista de Octubre de 1934, acusado por el delito de rebelión militar, la misma acusación que pesaba contra Lluís Companys, pero mientras que Companys fue condenado a 30 años de prisión, pena que no llego a cumplir al beneficiarse de la amnistía de 1936, Manuel Azaña nunca llegaría a ser condenado, a pesar de las muchas evidencias que contra él pesaban. No cabe duda de que Azaña había colaborado en la preparación de la huelga revolucionaria, con los socialistas en Madrid y con los separatistas catalanes en Barcelona.
En un clima de extrema violencia se celebran las ya celebres elecciones fraudulentas de febrero de 1936. Todavía hoy persiste el debate sobre la legalidad o no de esas elecciones en la que los partidos del Frente Popular obtuvieron la victoria. Y, dentro del Frente Popular, el PSOE volvía a ser el partido mayoritario. El debate debería centrase no tanto en la legalidad de la convocatoria, sino más bien en el fraude cometido, fraude del que hoy día y con las evidencias existentes nadie puede dudar.
Desde la victoria de la CEDA en las elecciones de 1933, el PSOE fue preparando a sus milicias. Uno de sus instructores seria el Teniente Castillo de la Guardia de Asalto, tristemente conocido por estar involucrado en gran parte de los atentados y crímenes contra rivales políticos. El 14 de abril se celebra, con un gran desfile por el Paseo de la Castellana, el V aniversario de la República. El desfile es Presidido por Manuel Azaña y durante el transcurso, el guardia Civil Anastasio de los Reyes, de 55 años, es asesinado por militantes de izquierda, y dos de sus compañeros, Emeterio Moreno y Antonio García, resultan gravemente heridos; también una mujer, su hijo de corta edad, y otro hombre, todos ellos con heridas de bala.
El día 15 de abril se procede al entierro de Anastasio de los Reyes. El entierro convoca una gran manifestación de repulsa, a pesar de que el gobierno prohibió todo homenaje y pretendió que el cuerpo fuera enterrado de forma casi clandestina. Fueron varios compañeros del asesinado los que instalaron la capilla ardiente en el Parque Móvil de la Guardia Civil, en contra de las instrucciones recibidas. A las 3 de la tarde se organizó el entierro, al que asistieron miles de personas, entre ellas miles de militares de paisano y líderes de la derecha como José María Gil Robles. El gobierno de Manuel Azaña dio órdenes de censurar la esquela aparecida en prensa, eliminando la hora del entierro y toda mención a su condición de Guardia Civil. La marcha fúnebre se convirtió en una gran manifestación de repulsa al crimen. Como nos recuerda el periodista Miguel Platón en su obra Segunda República: de la esperanza al fracaso, hasta en tres ocasiones la multitud asistente al entierro fue tiroteada por activistas izquierdistas que ocupaban azoteas o edificios en construcción. “Los agresores fueron respondidos por los guardias y, cuando parecía que ya estaba todo acabado, guardias de asalto al mando del teniente José Castillo, de la segunda Compañía de Especialidades, pretendieron disolver a los que todavía seguían la comitiva en la plaza de Manuel Becerra, camino del cementerio. En total, cinco hombres perdieron la vida, entre ellos Andrés Sáenz de Heredia, de 24 años, primo del fundador de la Falange y 15 más resultaron heridos, uno de ellos el joven estudiante tradicionalista José Luis Llaguno Acha, a quien disparó con su pistola el teniente Castillo en Manuel Becerra”. Un mes antes, el 14 de marzo, es detenido José Antonio Primo de Rivera por tenencia ilícita de armas, así como otros líderes falangistas, entre ellos los futuros ministros con Franco Rafael Sánchez Mazas y Raimundo Fernández Cuesta. Sánchez Mazas salvaría la vida de forma milagrosa en los fusilamientos en masa que realizaban los milicianos en su loca huida hacia la frontera con Francia el 30 de enero del 1939, haciéndose el muerto y escondido entre cadáveres. Este hecho queda reflejado en la novela de Javier Cercas, Soldados de Salamina. José Antonio estaría en prisión hasta el día de su asesinato, el 20 de noviembre de ese mismo año.
En estos años, el cierre de cabeceras de periódicos y las detenciones ilegales se suceden. Falange Española es conocida como Funeraria Española. Cerca de 30 militantes falangistas son asesinados por milicias del PSOE.
Un día después de la conmemoración del quinto aniversario de la República, se celebra un primer debate en las cortes donde José Calvo Sotelo denuncia en el hemiciclo la situación de violencia, caos y permisividad que se estaba produciendo en la práctica totalidad de todas las provincias, pidiendo al gobierno que aplique la Ley con contundencia, a lo que este se niega. En los continuos incidentes que se producen, las fuerzas de Orden Público solo detienen a militantes derechistas, nunca a activistas de izquierda, siendo la mayoría de las víctimas, o bien falangistas o miembros de partidos u organizaciones derechistas. Calvo Sotelo afirmaría que, entre el 16 de febrero, celebración de la primera vuelta electoral y el 1 de abril, habían sido asesinadas 74 personas, con un balance de 345 heridos y 106 iglesias incendiadas. Eduardo González Calleja, como nos comenta Miguel Platón en su ya citada obra, establece el número de muertos en 154 durante los primeros 46 días del nuevo mandato de Manuel Azaña, lo que viene a significar que el propio Calvo Sotelo se quedaba corto en las cifras mencionadas. El 14 de junio, el Lenin Español, como era apodado Largo Caballero, afirmaba en un discurso en Asturias: “Es necesario y muy urgente acelerar la organización del Ejército Rojo. Las finalidades concretas de este ejercito serán: sostener la guerra civil que desencadenara la instauración de la dictadura del proletariado, realizar la unificación de este por el exterminio de los núcleos obreros que se nieguen a aceptarla y defender de fronteras afuera, si hace falta, nuestros principios, no por patriotería, como la clase burguesa. Porque no hay que olvidar que el acto de fuerza por el cual se puede conquistar el poder es el procedimiento, el paso indispensable para hacer la revolución social”.
Este tipo de soflamas por aquellos que daban soporte parlamentario al gobierno de la república preocupaba mucho a la oposición, a gran parte del ejército y a la población española en general, que no daba crédito a la degradación acelerada de la convivencia y de la vida política. El 16 de junio, cuatro meses después de celebradas las elecciones, las derechas piden al gobierno de Casares Quiroga que haga cumplir la ley. El balance provisional desde la victoria del Frente Popular el 16 de febrero es de cerca de 2.000 muertos, cientos de iglesias, templos y conventos incendiados o saqueados, sedes de organizaciones políticas atacadas. El Presidente de Gobierno, Casares Quiroga, señala directamente a Calvo Sotelo. “Después de lo que ha hecho su señoría hoy ante el parlamento, de cualquier caso que pudiera ocurrir, que no ocurrirá, hare responsable ante el país a su señoría”, le marca con una diana y le convierte desde ese momento en el objetivo de las iras de la izquierda revolucionaria. Calvo Sotelo, ante las amenazas de Casares Quiroga, responde: “Yo digo lo que Santo Domingo de Silos contesto al rey castellano: Señor, la vida podéis quitarme, pero mas no podéis, y es preferible morir con honra a vivir con vilipendio”. Es posible que el propio Calvo Sotelo intuyera su trágico final a menos de un mes su muerte con esas premonitorias palabras.
El teniente José del Castillo Sáenz de Tejada es asesinado el 12 de julio a las nueve y media de la noche, en el portal de su casa, sita en la calle Augusto Figueroa, cuando partía a su cuartel en la calle Pontejos de Madrid. El teniente Castillo era instructor de las milicias de izquierda, de lo que se conocía como las milicias socialistas, ya unificadas con las juventudes comunistas. Era un viejo conocido por las derechas, por su activismo socialista, y por estar involucrado en varios actos violentos y represivos, entre ellos los sucedidos el día 15 de abril de 1936 en el entierro del alférez de la Guardia Civil asesinado, Anastasio de los Reyes, cuando disparo a bocajarro al joven estudiante tradicionalista José Luis Llaguno, que quedo muy mal herido. El teniente Castillo estuvo involucrado en los hechos que costaron la vida a cinco personas de la comitiva fúnebre, con más de treinta heridos. Él comandaba a la Guardia de Asalto que utilizando armas de fuego disolvió la manifestación de duelo. Castillo ya había sido condenado a un año de prisión por su participación en la revolución de octubre de 34. También se sabía que Castillo era responsable de organizar y dar formación a las milicias frentepopulistas, que estaban asesinando impunemente a militantes carlistas y falangistas. José Castillo era un teniente afiliado a la UMRA que había solicitado su ingreso en la Guardia de Asalto para poder estar en Madrid. Lo cierto es que las tibias reacciones del gobierno del Frente Popular por la actuación de la Guardia de Asalto y, muy particularmente, por la actuación del teniente Castillo durante el entierro de Anastasio de los Reyes, provocaron un profundo sentimiento de injusticia e impotencia, no solo sobre el total de las derechas españolas, sino también sobre gran parte de la población, que consideró, no sin cierta razón, que estaba desprotegida y que el gobierno amparaba de forma impune a criminales y asesinos. Se sospecha que militantes de Primera Línea de Falange deseaban vengarse y le tomaron como objetivo. Esa misma noche, el padre de José Luis Llaguno recibe una llamada anónima: “Dígale usted a su hijo que le hemos vengado”.
Hay quien de forma torticera intenta comparar el asesinato del teniente Castillo con el crimen del ex ministro y diputado, representante de la derecha monárquica, José Calvo Sotelo. Ambos crímenes son condenables, pero no comparables. El asesinato de Calvo Sotelo, el 13 de julio, fue un crimen de Estado realizado con el permiso y beneplácito de las más altas instituciones y supuso el punto de inflexión, el punto de no retorno que nos conduciría de forma inexorable a la guerra civil, una guerra civil provocada por las izquierdas y que había quedado en suspenso después del fracaso de la intentona golpista de octubre de 1934. El crimen de Calvo Sotelo no fue un crimen cualquiera, ni por el personaje asesinado, ni por los autores materiales e intelectuales de este.
El 14 de julio España entera está conmocionada. Los acontecimientos del día anterior producen estupor. Crece el miedo a un enfrentamiento civil. El estupor y asombro por el crimen dan paso a la determinación. Ya no hay vuelta atrás y a la conspiración vacilante organizada por Mola, se le suma ahora el general Franco y los carlistas. El gobierno, lejos de mostrar arrepentimiento y detener a los culpables, prohíbe a los periódicos que calificasen de “asesinato” el crimen de Calvo Sotelo y en un comunicado oficial equipara la muerte del teniente Castillo con la del político. Las presiones de los compañeros de Castillo evitaron toda investigación contra los criminales, y de la furgoneta numero 17 utilizada en el crimen se eliminaron los restos de sangre del dirigente asesinado. Autores materiales de los hechos como Fernando Condés o Luis Cuenca fueron protegidos por los diputados socialistas Indalecio Prieto, Vidarte o Julián Zugazagoitia. Fernando Condés fue escondido en la casa de la diputada socialista Margarita Nelken. Dirigentes socialistas eran conscientes de que después del crimen de Calvo Sotelo, la guerra era inevitable. El gobierno prohibió que el cuerpo de Calvo Sotelo fuera velado en la Academia de Jurisprudencia, como era su derecho, pues Calvo Sotelo era su Presidente. Al regreso de la comitiva del entierro, la multitud indefensa y desarmada es tiroteada por matones y pistoleros izquierdistas, sin que la policía intervenga, con un balance de cuatro muertos, el mayor de ellos de 23 años, decenas de heridos y 70 detenidos. El gobierno del Frente Popular entorpece la investigación y no hace ningún gesto político para “relajar” el ambiente tras el asesinato de Calvo Sotelo. Casares Quiroga, presidente de Gobierno, presenta su dimisión al Presidente de la República Manuel Azaña, dimisión que no le es aceptada. El gobierno sigue su táctica de atacar a las derechas; en lugar de perseguir a los causantes del crimen, habla de detenciones, pero las únicas producidas son de militantes o simpatizantes falangistas, y las sedes clausuradas son la de partidos derechistas, concretamente en Barcelona se clausuran todos los locales de organizaciones conservadoras.
Si lo vivido hasta ahora puede ser calificado de horror, a partir de julio de 1936 podemos afirmar que se desató un auténtico infierno en España. La izquierda utilizó el terror, el miedo y el crimen como método habitual para la eliminación sistemática de todo aquel que no aceptara “la nueva república marxista”. Cualquiera podía ser susceptible de ser víctima de la ira de la izquierda, incluso una vez que limpiaron de disidentes políticos la zona que controlaban, se empezaron a matar entre ellos. No estaban desencaminados los que opinaban que la izquierda en general, y muy particularmente el PSOE, deseaba instaurar en España un método semejante al ya reinante en Rusia con la creación de un nuevo estado como la Unión Soviética, para lo que era fundamental la utilización de la misma metodología que la aplicada allí.
La guerra civil estaba en marcha y el principal responsable de haberla provocado era Largo Caballero y su organización, el Partido Socialista Obrero Español.
