La larga y aciaga historia de la lucha contra el terrorismo en España ha estado protagonizada por las fuerzas policiales —con el impagable sacrificio humano que eso les supuso—, pero también por un continuo y a menudo exasperante batallar en la esfera pública en torno a la definición del mismo, de sus límites y aledaños, de sus cómplices más o menos encubiertos, de sus orígenes ideológicos/culturales y de sus fines políticos. Mientras unos buscaban discernir qué discursos lo amparaban, quienes resultaban ser sus beneficiarios y cómo podía atajarse todo ello, otros pusieron verdadero empeño en crear confusión y embarrar todo debate, a veces por mera necedad, otras para poder seguir recogiendo nueces. Se discutió largamente qué tratamiento mediático debía darse al terrorismo, desde el suelto de página por el que discretamente se colaban los muertos en los Años de Plomo hasta el acaparamiento de las portadas por cada atentado que caracterizó a los 90, mientras que en el ámbito político causa cierto asombro, visto retrospectivamente, que se tardara 25 años en ilegalizar el apéndice institucional de todo el entramado etarra. Pero así estaban las cosas y, aunque con desesperante lentitud, titubeos y cautelas, hubo una progresiva toma de conciencia por parte de la sociedad española frente a la violencia de raíz separatista.
Esa reacción dio sus frutos y, sin embargo, fue saboteada ante los ojos de todos a comienzos de este siglo sin que muchos llegaran a ser conscientes del engaño al que estaban asistiendo, como si de un gran espectáculo de David Copperfield se tratara. Nos referimos a la gradual e inexorable sustitución de ETA como enemigo público número uno por la llamada «violencia de género», del combate de las instituciones hacia el terrorismo que azotó al país durante décadas por aquello que algunos empezaron a denominar sin el menor fundamento «terrorismo machista». Así, la atención mediática, las concentraciones ante los ayuntamientos, las declaraciones de condena, los minutos de silencio, los lemas de «¡Basta ya!» y las manos blancas se reorientaron hacia otra causa completamente distinta, aprovechando el molde de símbolos, rituales y estados anímicos creado previamente en la conciencia colectiva, pero ahora no para reafirmar el compromiso de la nación por su unidad y continuidad, sino para inyectar doctrina feminista hasta hacer de ella una nueva religión de Estado. Y todo este amaño lo realizó el PSOE ante la mirada abúlica del PP, veamos cómo.
Rastreando en internet podemos encontrar por primera vez el uso de la expresión «terrorismo machista» en un texto feminista de 1999, luego recogido en 2001 en un documento de la delegación regional de UGT en La Rioja y ese mismo año por el ex delegado de Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, en su libro Mi marido me pega lo normal. El año siguiente la escritora Luisa Etxenike emplea en este artículo un término muy similar, «terrorismo doméstico». Pero estas alusiones esporádicas, marginales, son sucedidas a partir de 2004 por todo un tsunami político-mediático. Llegado Zapatero al poder, sus planes respecto a ETA como ahora ya sabemos eran otros y, de forma simultánea, saca adelante la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra a la Violencia de Género. El PSOE encontraba en el ideario feminista un nuevo continente por explorar y desde entonces, además de una miríada de asociaciones vinculadas, son los propios dirigentes socialistas quienes empiezan a generalizar su uso. Así, tenemos en noviembre de 2009 una campaña de las Juventudes Socialistas titulada «Maltratar a una mujer es terrorismo machista», mientras que apenas una semana después, el por entonces Lehendakari Patxi López hablaba en un acto público de implicar a la sociedad en «la lucha contra el terrorismo machista». Es revelador que el primer alto cargo socialista en dar un significado radicalmente distinto a la palabra «terrorismo» fuera en esta comunidad autónoma, ahí se aprecia con toda claridad el cambio de guion. Unos meses después, el ahora pendiente de entrar en prisión por el mayor caso de corrupción de la historia de España, José Antonio Griñán, hablaba del maltrato como «una forma de terrorismo» y ya en 2014 vemos al candidato socialista Pedro Sánchez hacer esta solemne promesa: «Cuando sea Presidente promoveré que las víctimas del terrorismo machista sean reconocidas con funerales de Estado, como las del terrorismo». La plena continuidad entre Zapatero y Sánchez quedaba así establecida (aunque ahora algunos quieran ver al último como un meteorito caído en el partido, «el sanchismo»).
Desde entonces otros muchos dirigentes políticos incidieron en lo mismo desde, naturalmente, el propio Zapatero, hasta los de otros partidos, como Errejón o Irene Montero. La subordinada de esta última, Ángela Rodriguez Pam, reclamaba hace un par de semanas que «las víctimas de violencia machista se equiparen a las del terrorismo». Por su parte, los periodistas tampoco han faltado a su cita, desde Ferreras en La Sexta hasta, esta misma semana, Angels Barceló en la Cadena Ser. Hemos tenido la fortuna incluso de contar con mentes sapientísimas que nos explican cómo «las razones de la despoblación rural y de la corrupción son las mismas que las de terrorismo machista».
Ahora bien, ¿tiene sentido usar el vocablo «terrorismo» para aludir al maltrato o asesinato de la pareja, lo que antes era conocido como uxoricidio? Si acudimos a la obra Sangre y rabia: una historia cultural del terrorismo nos encontramos la siguiente definición: «es una táctica que utilizan ante todo diversos agentes no estatales, que pueden constituir una entidad acéfala o una organización jerárquica, con el fin de generar un clima psicológico de miedo que compense su carencia de poder político legitimado. Se diferencia con claridad, por ejemplo, de la guerra de guerrillas, del asesinato político, del sabotaje por razones económicas, aunque las organizaciones que practican el terrorismo no se hayan privado de recurrir a estas opciones». En una línea similar lo explicaba el escritor Rafael Sánchez Ferlosio en un memorable artículo hace ya más de 40 años: «Si el hombre que cada uno de ellos va a matar se les muere de un rayo unos momentos antes, para el soldado será tan valedero, según su propio fin, el efecto de tal rayo como si a su fusil fuese debido, mientras que el terrorista juzgará que el rayo ha desbaratado su propósito y frustrado su fin».
Es decir, la violencia terrorista pretende ser aleccionadora, intimidante y por eso antes, durante o después de sus crímenes reivindican su autoría, publican manifiestos o gritan el nombre de Alá, para que el resto del mundo sepa qué les espera si no ceden a su chantaje. El terrorista puede actuar en solitario o formar parte de una banda, inmolarse o huir, pero tiene siempre un objetivo político que trasciende a la víctima que a menudo no conoce: bien sea la proclamación de un nuevo Estado, la destrucción del capitalismo o la instauración de la sharía. ¿Cuál sería entonces el proyecto político de un hombre o una mujer que mata a su pareja? ¿Qué manifiestos, consignas o símbolos pretenden asociar a su crimen? La respuesta que se intenta dar, por ejemplo, en este artículo es «el machismo» y «el patriarcado». Lamentablemente se olvida de aportar alguna prueba, de señalar ejemplos que corroboren algo supuestamente sistemático. Simplemente se imagina que eso es así y ya le vale a ella y nos tiene que valer a todos los demás, pues al fin y al cabo, como señala a continuación «sabemos que el lenguaje construye la realidad».
Otros autores en otros textos mencionan el artículo 573 del Código Penal, donde se recoge aquello que jurídicamente se considera terrorismo. Resumido viene a considerar tal cosa cualquier comisión de un delito grave que subvierta el orden constitucional, altere gravemente la paz pública, desestabilice gravemente el funcionamiento de una organización internacional o provoque un estado de terror en la población o en una parte de ella. Y justo es a esto último, «una parte de ella», a lo que se aferran. El inconveniente es que plantear a un individuo —una mujer maltratada que viva aterrorizada por su pareja o expareja— en esa categoría es una interpretación excesivamente elástica y presuponer que no sería una sino muchas, pues quien maltrata o asesina a su pareja quisiera aterrorizar así a todas las demás, es solo una elucubración sin hechos que la sustenten.
En este otro artículo, Paralelismos entre terrorismo y violencia machista, esta vez académico pues es la Journal of Feminist, Gender and Women Studies —en inglés suena todo más científico— nos explican respecto al agresor que «su objeto (aún desde una burda inconsciencia del mismo) es subvertir el orden constitucional, al pretender evitar la efectividad del principio de igualdad que, según la Constitución española es valor superior del ordenamiento jurídico». Es decir, quien infringe una ley atenta contra el orden constitucional y, por tanto, al haber una finalidad política en su acción es un terrorista ¿Queda claro?
La autora, además, establece un paralelismo entre el proceso de socialización de alguien en un entorno que le animaría a cometer un atentado (en el caso de ETA el entorno abertzale, las herriko tabernas, el ideario nacionalista vasco y de extrema izquierda, etc y en el caso islamista las madrasas, mezquitas o el propio Corán con sus llamamientos a la yihad) con el entorno que llevaría a un hombre a matar a su pareja que, básicamente, sería el patriarcado: «Los varones que agreden a sus mujeres cuentan de antemano, para perpetrar sus atentados, con el silencio, la complacencia o la complicidad manifiesta de sectores importantísimos de la sociedad». La objeción que cabe plantear a tal cosa es que, de existir tal clima social/cultural que incite al crimen de la pareja… ¿Cómo es que dos décadas de intenso adoctrinamiento educativo y mediático, con una inversión de miles de millones, con toda su panoplia de leyes y observatorios, no ha supuesto el menor cambio en las cifras de mujeres asesinadas? En 2005 vemos que fueron 57 víctimas y en 2018 la cifra se quedó en 47, pero es que el número total de homicidios en 2005 fue de 518 personas y en 2018 descendió a 289. Es decir, el porcentaje sobre el total ha pasado de ser el 11% a ser el 16,2%. Pueden encontrarse más datos aquí. En el mejor de los casos hemos de concluir que el inmenso proceso de adoctrinamiento, dispendio y reformas legales que afectan a derechos fundamentales sufrido por los españoles ha sido en vano. Cuando el diagnóstico es equivocado el tratamiento no suele funcionar. Aunque nuestra autora tiene muy claro qué hacer en las conclusiones de su artículo: «se podría pedir la ilegalización de las asociaciones, organizaciones e individuos que, aun amparándose en la igualdad formal ante la ley, se oponen a la igualdad efectiva y las leyes antidiscriminatorias vigentes». Así es la ciencia feminista.
En conclusión, esta suplantación del terrorismo etarra por el «terrorismo machista» tiene una doble finalidad. Por un lado banalizar el primero, enterrar su recuerdo y legitimar a sus herederos (esta misma semana el Delegado del Gobierno en Madrid ha reivindicado abiertamente a Bildu). Por otro resignificar el término terrorismo para dar a una parte de los homicidios que se cometen en España una explicación puramente ideológica y no científica —el patriarcado como flogisto de las ciencias sociales— a un fenómeno multicausal (por poner un ejemplo, este estudio encuentra «síntomas depresivos, rasgos patológicos de personalidad y consumo de alcohol y cocaína como desencadenante de episodios de violencia de género»). Y es así, de este modo, como justifican su ingeniería social, sus chiringuitos y su despotismo sobre los ciudadanos.
