El más famoso y poderoso millonario de la india, Gautam Adani, ha sido acusado de estar detrás de una trama de sobornos por valor de 250 millones de dólares. Muy bien. ¿Y qué me importa esto? En España sabemos que este tipo de cosas, pongámoslo así, ocurren; por no hablar de Latinoamérica.
El caso Adani, sin embargo, tiene mucho más peso y potencialmente mucho más impacto que cualquier otro caso de este tipo del que hayan oído hablar, por dos motivos:
-Porque Adani es amigo íntimo del primer ministro de la India, Narendra Modi, y sobre todo…
-Porque Adani no ha sido acusado por la justicia india, sino por la estadounidense, aunque ninguno de los negocios implicados tiene que ver con EEUU ni ninguno de los sobornados es estadounidense.
Lo que la fiscalía federal estadounidense alega es que Adani, una de las personas más ricas del mundo, se comprometió junto con cómplices (indios) pagar más de 250 millones de dólares en sobornos a funcionarios indios, a cambio de lograr contratas indias de energía solar.
¿Por qué le importa esto a la fiscalía estadounidense? Porque ocultaron el plan mientras buscaban recaudar dinero de inversores estadounidenses. Escuchen bien: nunca recaudaron dinero de estadounidenses, ni lo robaron, ni lo usaron. La implicación estadounidense tiene que ver con que la ley de aquel país permite a los fiscales federales investigar acusaciones de corrupción extranjera si involucran cualesquiera vínculos, siquiera lejanos, siquiera opacos, con inversores o mercados estadounidenses.
Para entendernos: los ejecutivos indios de una empresa india que cotiza en la India y que supuestamente pagó o acordó pagar sobornos a funcionarios del gobierno indio para ganar contratos gubernamentales indios fueron acusados de delitos en EEUU. Y no en la India, donde Adani no solo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, sino que ni siquiera es imputado.
Los más viejos del lugar pueden recordar el entusiasmo estúpido con el que se acogió en muchas partes del mundo la decisión del juez español Baltasar Garzón de ordenar la detención en el Reino Unido y posterior extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998. Los años 90 fueron particularmente deleznables, pero aquello fue un nuevo suelo de bajeza, sobre cuando Garzón –un español que investigaba crímenes presuntamente cometidos en Chile– se apuntó al carro de que lo que estaba haciendo era un beneficio para la humanidad, al establecer una “jurisdicción global” para delitos graves como el genocidio, de lo que estaba acusado Pinochet, en España, a pesar de su inmunidad legal en su propio país.
Pinochet finalmente logró escapar el largo brazo de la justicia española, aunque durante años los tribunales locales se llenaron de todo tipo de querellas sobre presuntos delitos de lesa humanidad –en China, Irak, Irán, Argentina… – que tuvieron muy entretenidos a muchos jueces de la Audiencia Nacional, y causaron importantes quebraderos de cabeza a la diplomacia española, por ejemplo cuando se pidió la detención de un presidente chino para que declarara en Madrid.
Todos hemos visto las consecuencias que esto ha generado en el mundo real, ahora que estamos en 2024. El presidente de Rusia está acusado por la Corte Internacional Criminal de La Haya, y hay muchos países que han decidido ignorar cualquier orden de extradición en su contra (incluyendo la India) y también el primer ministro de Israel está acusado por la misma Corte, con el mismo resultado de que hay muchos países, empezando por Alemania, que han anunciado que no harán caso a ningún requerimiento de extradición de la Corte.
La jurisdicción global parecía una tontería peligrosa en 1998 y, 26 años después, resulta que en efecto era una tontería peligrosa. ¿Qué de peligrosa? Pues resulta que hay una ley estadounidense en vigor, la Ley de Protección del Personal de Servicio Estadounidense, que obliga (no exhorta: obliga) al presidente estadounidense a invadir Holanda, miembro de la OTAN, para rescatar a cualquier ciudadano estadounidense que sea extraditado a la Corte de La Haya. Ya han salido varios políticos estadounidenses a anunciar que pedirían que la ley se aplique para rescatar a Bibi Netanyahu si acabara allí.
Volviendo a Adani, no me digan que no es curioso que un país que niega de forma tan vehemente que sus ciudadanos o sus aliados puedan caer bajo la jurisdicción de una corte penal que fue creada en parte por auspicios de EEUU se arrogue la jurisdicción para investigar un caso indio afectando a indios por cosas que ocurrieron en la India, bajo el pretexto más irrisorio imaginable.
En esencia, la acusación contra Adani –presentada por el regulador de los mercados financieros estadounidenses– se basa en que Adani Green Energy Ltd., una empresa pública india que forma parte del Grupo Adani, estuvo en el centro de la trama de sobornos. Y Adani Green también emitió bonos en dólares por valor de US$750 millones en 2021, de los cuales US$175 millones acabaron en manos de inversores estadounidenses.
Y, claro, como Adani Green no avisó a los inversores –que no han sufrido ningún perjuicio económico– de que estaba llevando a cabo acciones presuntamente delictivas, entonces, presuntamente, habría engañado a ciudadanos estadounidenses, lo que es un delito en EEUU. Y no solo eso: el regulador ha explicado que Adani Green, siendo una compañía dedicada al sector verde, había asegurado que sus bonos cumplían estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) que no contemplan el soborno de funcionarios indios.
La lógica de la justicia estadounidense es menos complicada que la que usó Garzón. Al menos, el “superjuez” de los 1990 explicó que iba contra Pinochet porque sus crímenes habían sido (presuntamente) extraordinariamente graves y contra la humanidad. La justicia estadounidense no se molesta en ofrecer tal excusa: va contra Adani porque no le gusta la publicidad engañosa sobre temas medioambientales.
No me digan que el tema no tiene gracias: el amigo del alma del líder de la tercera mayor economía del mundo, un país que ha sido instrumental en evitar las sanciones occidentales contra Rusia, es acusado en EEUU por publicidad engañosa. Y luego vendrá Josep Borrell a decirnos que es importante mantener el sistema internacional de reglas que son igual para todos; y claro, los chinos, los indios y todo el resto de la ONU se ríen de estos occidentales que si fueran más tontos estarían cerrando sus propias centrales nucleares.
