El Consejo de Estado ha analizado la ley valenciana 5/2026, de medidas fiscales de la Generalidad y concluye que «la obligación de llevar el rostro sustancialmente descubierto» en la función pública, en el transporte público y en centros educativos y sanitarios, invade materias reservadas a una ley orgánica estatal y puede afectar a derechos fundamentales como la libertad religiosa.
Nos está diciendo que la prohibición del burka, el niqab o el chador en la Comunidad Valenciana, por esta vía, puede ser inconstitucional.
Sus objeciones se encuadran en la competencia estatal, las condiciones básicas de igualdad, y también la libertad religiosa o el derecho a la propia imagen, artículos 16, 53, 81 y 149.1.1 de la Constitución.
Cada una de ellas merece una respuesta técnica. Pero todo análisis debe partir de un presupuesto esencial: prohibir determinados atuendos islámicos en el espacio público no significa restringir una práctica religiosa.
Ni el burka ni el niqab figuran en el Corán. El texto sagrado del islam reclama recato a hombres y mujeres, pero no ordena esconder el rostro. Lo que hoy se presenta como precepto, que ampararía su conexión con la libertad religiosa, es una costumbre, tribal y regional, que corrientes salafíes y wahhabíes elevaron a dogma e imposición.
El burka afgano fue durante generaciones prenda de ciertas ciudades y clases. Lo convirtió en obligación universal el régimen talibán con su policía religiosa.
Ahora bien, como la teología musulmana no se zanja desde un Parlamento democrático ni con jueces imparciales, surge un problema. No es posible determinar quién tiene la autoridad para decir qué es y qué no es práctica religiosa en el islam.
Algunos dirán que los propios musulmanes, pero ¿cuáles? Los de Indonesia, los de Egipto, los de Túnez, los turcos o los de Afganistán… La Iglesia Católica tiene el Vaticano, pero el islam no tiene nada parecido.
Quien sí tiene autoridad en territorio español para delimitar o determinar el alcance de cuestiones relacionadas con el hecho religioso son las autoridades españolas en el marco de la Constitución y la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, esa que tantas veces se ha propuesto reformar.
En cualquier caso, en el año 2009, Mohamed Tantawi, gran imán de Al-Azhar, visitó un colegio y pidió a una alumna que se quitara el niqab. Era una tradición, le explicó, que nada tenía que ver con el islam. Después lo vetó en aulas y residencias femeninas. Los islamistas pidieron su dimisión y acabó matizando. No lo rechazaba en la vía pública sino en centros educativos.
Recordemos también el siglo pasado, cuando en Egipto pedir que las mujeres llevasen obligatoriamente velos islámicos causaba carcajadas. Nasser contó en un acto que los Hermanos Musulmanes le pidieron imponer el velo y él mismo, junto al público, rompió a reír.
En Kirguistán hoy se multa por llevar burka o niqab en público. En Kazajistán se prohibió en 2025 cualquier prenda que impida identificar el rostro. En Uzbekistán se sanciona duramente. Y Tayikistán veta también esos atuendos que considera «ajenos a la cultura nacional».
Son países de mayoría musulmana que ven en las diferentes formas de velo más o menos integral algo importado. Ni siquiera una exigencia religiosa.
En Azerbaiyán su reciente normativa escolar ha excluido el hijab y esto ha causado protestas. Sostienen que cubrir el rostro no es lo mismo que cubrir el cabello, y que excluir a las niñas por su indumentaria viola su derecho a la educación, a la religión y a la expresión.
Se dirá que la mujer lo elige y tiene derecho de optar por cubrirse. Esto es, que la decisión sincera de la mujer pesa más que lo que diga cualquier normativa que busca ámbitos de laicidad o alejarse de la estética social de regímenes como el de Kabul. No olvidemos que en Irán muchachas reaccionan ante la imposición es del hijab quitándoselo. Muchas han acabado detenidas o asesinadas, como el caso de Mahsa Amini en 2022.
Consecuentemente, un derecho invocado para una prenda cuya difusión es, en buena parte, invención o imposición, merece al menos un potente escrutinio.
Porque si el burka, el niqab u otros velos islámicos no son manifestación de libertad religiosa, el artículo 16 de la Constitución protege menos de lo que se alega, y la discusión se desplaza a la libertad personal, pero también al orden público.
El artículo 16.3 proclama la aconfesionalidad del Estado, y el Constitucional ha sostenido que el Estado no puede enjuiciar la verdad ni el contenido de una creencia. Ahora bien, el Estado no decide la teología, pero sí el contenido y los límites del derecho, y para delimitar qué se protege puede atender a si hay base objetiva de que algo sea una práctica religiosa.
Recuérdese que el Tribunal de Estrasburgo, en el caso S.A.S. contra Francia de 2014, avaló la prohibición francesa del velo integral por razones de seguridad, de orden público y «vivir juntos» (vivre ensemble), y que nuestro Tribunal Supremo anuló en 2013 una Ordenanza municipal de Lérida, aunque no por tolerar el burka, sino por falta de cobertura legal.
Se puede concluir, por tanto, (i) que estamos ante ausencia de mandato religioso inequívoco; (ii) que jurídicamente se pueden prohibir, porque una prohibición del velo integral es compatible con los derechos fundamentales; (iii) que la prohibición debe aprobarse por autoridad competente y mediante el instrumento normativo adecuado; y por último, (iv) que existen límites de la libertad individual y religiosa, incluso cuando el uso del atuendo responda a una decisión personal, siendo posible su restricción por razones constitucionalmente legítimas, como la seguridad y el orden público.
Lo preocupante es que gran parte del progresismo europeo, el británico y ahora también norteamericano, defienda como libertad religiosa lo que el gran imán de Al-Azhar llamó costumbre sin vínculo propio, y aquello que sancionan incluso países de mayoría musulmana.
Resulta inquietante que nuestros progresistas sean más más afines a las exigencias de los talibanes en Afganistán que a los planteamientos de los egipcios, uzbekos o azerbaiyanos no alineados con los hermanos musulmanes.