La Ley de Reforma Política como revolución legal

Fernández Miranda defendía la posibilidad de reformar las Leyes Fundamentales desde su propia lógica

Hoy por hoy, la dictadura es un sistema de gobierno desprestigiado. Suele huir de su propio nombre. Se disimula; busca una mayor maraña de leyes para vivir entre ellas como la araña. en su red. Se ofende si se le define. Lo cual no evita que la mayor parte del mundo viva bajo regímenes dictatoriales, por lo menos en tres cuartas partes de los países que forman la Organización de las Naciones Unidas. “Dictador”, como “fascista”, se han convertido en insultos. No siempre fue así. En los primeros años treinta había admiradores de Mussolini de todos los colores: Gandhi, George Bernard Shaw, Sigmund Freud, Ezra Pound, Rudyard Kipling, Evelyn  Waugh, Henry Miller, Máximo Gorki, Igor Strawinsky, Giovanni Papini, Guiglelmo Marconi, Luigi Pirandello, o Winston Churchill, que llegaría a decir que el Duce, en 1933, era “el más grande legislador vivo”. Y lo mismo ocurría con la dictadura. Liberales y conservadores, como Rafael Altamira, Joaquín Costa o Menéndez Pelayo, hicieron referencia a la idoneidad de una “dictadura tutelar”, para pueblos, como el español, que aún no se encontraban maduros para un sistema político demoliberal. En un sentido análogo, el líder andalucista Blas Infante teorizó sobre una “dictadura pedagógica”. Y un importante sector de la izquierda mundial, entre ella la española, propugnaba la instauración de la “dictadura del proletariado”.

  No deja de ser históricamente significativo que el general Miguel Primo de Rivera lograra instaurar sin apenas resistencia, y con el apoyo tácito de la mayoría de la población, socialistas incluidos, su régimen de excepción, mediante un pronunciamiento militar. Y que lo denominara, con toda naturalidad, la Dictadura.

  A lo largo de la II República, la mayoría de las fuerzas políticas reivindicaron la dictadura o un régimen político de carácter autoritario. Un liberal conservador como Miguel Maura propugnó, como solución in extremis, una “dictadura nacional republicana” que impidiera el estallido de la guerra civil.  El sistema político instaurado tras el final de la contienda fue, sin duda, una dictadura, encarnada en la figura carismática de Francisco Franco. Y no dudó en hacer referencia  a su carácter dictatorial. Sin embargo, tras el final de la Segunda Guerra Mundial,  lo que el filósofo Wilhelm Dilthey denominaba “espíritu del tiempo”, sufrió un profundo cambio. No obstante, como ya hemos dicho, la mayoría de los países se regían por regímenes dictatoriales, autoritarios o totalitarios. El régimen de Franco recurrió entonces para autodefinirse al concepto de “democracia orgánica”. Sin embargo, nadie dudaba, ni fuera ni dentro del sistema, de su carácter dictatorial. De hecho, uno de los intelectuales del régimen, Rodrigo Fernández Carvajal, publicó, en 1969, su obra La Constitución española, en Editora Nacional, donde definía al régimen como “dictadura constituyente y de desarrollo”. Una definición que fue aceptada, entre otros, por Gonzalo Fernández de la Mora o Ricardo de la Cierva. Se trataba, en la terminología de Carl Schmitt, de una “dictadura soberana”, que preparaba un orden distinto al precedente. Fue siempre una dictadura personalista, identificada hasta el final con la figura de Franco. Nunca fue un régimen totalitario, sino una amalgama de diversas fuerzas políticas de la derecha –falangistas, socialcatólicos, tradicionalistas, monárquicos, tecnócratas–, bajo la tutela del dictador. Franco no fue partidario de un régimen de partido único. Cuando esa posibilidad fue planteada, en 1956, por el falangista José Luis de Arrese, Franco y el resto de las fuerzas políticas, y la Iglesia católica en primera fila, lo rechazaron. Según me contó mi amigo Faustino Fernández Miranda, recientemente fallecido, su tío Torcuato, a quien luego haremos referencia, le contaba que Franco siempre temió que pudiera repetirse en España la destitución de Mussolini por parte del Gran Consejo Fascista. Además, la existencia de un partido único limitaba su poder arbitral. En una entrevista, cuando fue nombrado ministro secretario general del Movimiento, Torcuato Fernández Miranda definió al régimen como “pluriformista”.  

  Sin abandonar su carácter autoritario, Franco fue autolimitando paulatinamente sus poderes, mediante la promulgación de una serie de Leyes Fundamentales: Fuero del Trabajo, Ley de Constitución de las Cortes, Fuero de los Españoles, Ley de Reférendum Nacional, Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, Ley de Principios del Movimiento Nacional y Ley Orgánica del Estado.  En realidad, los pilares del régimen eran el Ejército y la Iglesia católica. Sin embargo, el cambio de paradigma teológico-político propiciado por el Concilio Vaticano II contribuyó a la deslegitimación del régimen, cuyo fundamento ideológico era la doctrina social de la Iglesia. Por otra parte, el desarrollo económico experimentado por la sociedad española a lo largo de los años sesenta tuvo como consecuencia la erosión de la cultura cívica tradicional, lo que provocó que el régimen buscara otro tipo de legitimidad basada en la modernización económica y social representada por los denominados “tecnócratas”, cuyo principal teórico fue Gonzalo Fernández de la Mora, A ello se unió la consolidación de la Europa liberal y socialdemócrata, la construcción paulatina del Mercado Común y la influencia política, cultural e ideológica de los Estados Unidos.

  De todo ello eran muy conscientes las élites políticas del sistema. El “pluriformismo” característico del régimen se puso de manifiesto a partir sobre todo de mediados de los años sesenta.  Las divisiones eran importantes. Existía una corriente tradicionalista, cuyo principal defensor era Blas Piñar López y el grupo Fuerza Nueva, que no sólo rechazaba la reforma y liberalización del régimen, sino que pretendía retornar a sus orígenes. Otro sector defendía lo que Gonzalo Fernández de la Mora definió como “continuidad perfectiva”. Frente a estas posiciones, se ubicaban los denominados reformistas, capitaneados por Manuel Fraga, antiguo ministro de Información y Turismo, que propugnaba la evolución del régimen hacia una “democracia posible”. Reivindico la figura de Antonio Cánovas del Castillo; y propugnó una política de “centro”. Al mismo tiempo, es preciso destacar la presencia del grupo Tácito, cuyo órgano de difusión era el diario YA, y que estaba formado por miembros de la Asociación Católica de Propagandistas, como José Luis Álvarez, Fernando Arias Salgado, Landelino Lavilla, Marcelino Oreja, Alfonso Osorio. etc. Sus reivindicaciones más significativas eran la incorporación del ordenamiento español de los derechos humanos, la derogación de las leyes contrarias a éstos, una cámara legislativa basada en el sufragio universal, unidad jurisdiccional, y reconocimiento de la diversidad regional. A su lado, la Monarquía constitucional. “un nuevo pacto entre el Príncipe fiel y un país libre”. Esta tendencia fue definida como “reformismo legal”.

  En el verano de 1968, Franco decidió nombrar como sucesor a Juan Carlos I; y tres años después designó al almirante Luis Carrero Blanco para la presidencia del gobierno. Su asesinato en diciembre de 1973 supuso un serio revés para los sectores más ortodoxos del régimen y el proyecto continuista. Su sucesor, Carlos Arias Navarro,  se mostró partidario, en principio, de la reforma. Fue el denominado “espíritu del 12 de febrero”, muy criticado por Blas Piñar, José Antonio Girón y Fernández de la Mora. Todo aquel proceso tuvo su culminación  con la muerte de Franco, en noviembre de 1975.

  Se abrió así un proceso de inevitable cambio político. El nuevo gobierno, presidido de nuevo por Arias Navarro, tuvo como principales estrellas a Manuel Fraga y José María de Areilza.  Como se vio a lo largo de su mandato, Arias no pretendió nunca cambios políticos de envergadura. Siguió fiel al franquismo. Y pronto se vio eclipsado por Fraga y Areilza. Fraga continuó con su proyecto de reformas graduales, que rechazaba por principio cualquier planteamiento e carácter rupturista que condujese  a un proceso  constituyente. Planteaba un sistema político bicameral  con un Congreso de Diputados  compuesto por representantes de la familia elegidos por  sufragio universal directo y secreto; y un Senado que asumía la representación corporativa.  Igualmente, planteó revisar otras leyes, como la electoral y la sindical,  y diversos artículos del código penal que permitiera la ampliación de la participación política y reconocer un pluralismo que incorporase al juego político a los partidos de la oposición, cuyo límite eran los socialistas. Los proyectos fracasaron ante la oposición de los sectores inmovilistas y de la oposición de izquierdas mediante huelgas y manifestaciones, que , como en el caso de Vitoria, provocaron muertos y heridos. Igualmente, no contó con el poyo el presidente Arias Navarro. En este contexto, entró la figura de Torcuato Fernández Miranda, ávido lector de Maquiavelo, profesor de Derecho Político del príncipe Juan Carlos I, presidente del Consejo del Reino y de las Cortes, que aconsejó al monarca la destitución del presidente del gobierno. Caído éste, Fernández Miranda propició l nombramiento de un oscuro político profesional, Adolfo Suárez González, antiguo secretario general del Movimiento. Fernández Miranda no seleccionó a Suárez   por sus pretendidas cualidades intelectuales y políticas, sino porque lo consideraba “manejable”, “dirigible”. Algo realmente imposible en el caso de Fraga o Areilza. Era el vehículo para llevar a cabo su proyecto político reformista. A diferencia de otros intelectuales del régimen, como Jesús Fueyo, Fernández Miranda defendía  la posibilidad de reformar las Leyes Fundamentales desde su propia lógica. Para defender sus posiciones, recurrió a una lectura del artículo 10 de la Ley de Sucesión que establecía que todas las Leyes Fundamentales podían  derogarse o modificarse mediante un acuerdo de las Cortes y posterior referéndum constitucional. Un posición que era compartida por Fraga y Areilza. Suárez tomo la decisión de romper con la senda de las reformas graduales y se decantó por impulsar un proyecto alternativo.

  En agosto, Fernández Miranda  redactó  un borrador, que envió a Suárez , y que éste trasladaría al gobierno. El texto se denominaba Ley Básica de Reforma Política. Su definición de democracia era significativa por su carácter matizado, como “forma estable de convivencia civilizada en paz y de acuerdo a leyes”. La “supremacía de la ley” entendida como expresión  de la voluntad del pueblo español. Propugnaba un sistema bicameral. Un Congreso de diputados de 390 representantes elegidos por sufragio universal. Y un Senado de 250 con representación corporativa nombrado por un período de cuatro años. 102 serían elegidos  en las urnas, 40 por el rey; 40 por corporaciones culturales; 18 por el gobierno; y 50 por las corporaciones profesionales. Para la aprobación de cualquier reforma constitucional, sería necesaria una mayoría absoluta de ambas cámaras. Y cuando no se consiguiera sería aprobado por el solo voto del Congreso. El Rey disfrutaría de la posibilidad de convocar referéndums. Las iniciativas de reformas vendrían del Gobierno, las Cortes y el Rey, y luego sometido a referéndum. El proyecto se cerraba con una disposición adicional en la que se autorizaba al Gobierno  a regular por decreto ley las primeras elecciones , previéndose para al Congreso un sistema proporcional mientras que el Senado  se regiría  por la complejidad de su composición, por criterios análogos de máxima objetividad.

  Tras recibir el borrador, Suárez organizó una comisión para su análisis y perfeccionamiento. Sus miembros eran Alfonso Osorio, Ignacio García, Landelino Lavilla, Marcelino Oreja, Andrés Reguera, Avelino Menéndez, Enrique de la Mata, Rodolfo Martín Villa, Leopoldo Calvo Sotelo, y Fernando Abril Martorell. Como ministro de Justicia, la responsabilidad del perfeccionamiento correspondió a Landelino Lavilla.

  La comisión sometió a una revisión profunda el texto de Fernández Miranda. Se cambió el título por el de Ley de Reforma Política. Se enfatizó la idea de la ley como “expresión de la voluntad soberana del pueblo”. Se mantuvo el bicameralismo, pero se eliminaron los componentes corporativos, cuyos miembros pasarían a ser representantes territoriales, con la excepción de un cupo que sería nombrado por el Rey.  Se definió un Congreso de 390 miembros; y un Senado de 290 senadores, a razón de cuatro por provincia, y dos por Ceuta y Malilla. Se cifró en cuatro años el mandato del Congreso y el Senado. Gobierno, Cortes y Corona  se definían como fuentes de reforma, pero en caso de no llegar a mayoría absoluta  en las dos cámaras, se formaría una comisión mixta compuesta por los presidentes  de ambas cámaras, cuatro diputados y cuatro senadores. Si esta comisión no consigue la mayoría absoluta, sería entonces suficiente la suma de ambas cámaras. Se suprimió la palabra plebiscito a la hora de designar la apelación y el recurso al referéndum. La disposición primera referida al marco electoral fue conservada. Finalmente, la Ley adquiría el rango de Ley Fundamental. El texto fue aprobado el 10 de agosto por el consejo de ministros. Fue criticado en el Consejo Nacional del Movimiento, donde Fernández de la Mora propugnó el bicameralismo, con un senado corporativo, y con la conservación del Consejo del Reino. Algunas de las enmiendas fueron aceptadas, pero el informe no era vinculante, así que el gobierno no lo tuvo en cuenta. El debate se trasladó a las Cortes, donde se tramitó, por  decisión de Fernández Miranda, por procedimiento de urgencia. Los debates comenzaron el 16 de noviembre y se prolongaron hasta el 18, El informe del presidente fue defendido por Miguel Primo de Rivera –sobrino del fundador de Falange– ; y en contra por Blas Piñar. La. contestación correspondió al exministro de Trabajo Fernando Suárez.

  Por aquel entonces, las Cortes se encontraban divididas en varias asociaciones políticas. La más numerosa era Alianza Popular, fundada por Fraga pocos antes con varios exministros de Franco. Y que controlaba unos ciento cincuenta procuradores , Suárez tuvo que pactar para conseguir la aprobación del texto. El resto de la mayoría estaba con Suárez y Fernández Miranda. De un total de 497 procuradores votaron a favor 425 y en contra 59. La Ley  fue sometida a referéndum el 15 de diciembre. Solo el gobierno hizo campaña a favor. La oposición de izquierdas –socialistas y comunistas– propugnaron la abstención. Fuerza Nueva y FE-JONS el voto negativo. Votó el 70% del censo, pronunciándose a favor un 95%; sólo un 2% votó en contra. Gracias al éxito, el gobierno Suárez comenzó a dialogar con la oposición de izquierdas, para llegar a acuerdos. El abril de 1977 se suprimió la Secretaría General del Movimiento. Y poco después se legalizó el PCE. En pleno auge mediático y político, Suárez decidió que iba a presentarse a las próximas elecciones. En contra de la opinión de Fernández Miranda. Se formó desde el poder un partido asombrosamente plural, la Unión del Centro Democrático, compuesto por liberales, democristianos, socialdemócratas y antiguos “azules”.

  En cualquier caso, como señaló Gonzalo Fernández de la Mora, en una conferencia celebrada en el Club Siglo XXI, las Cortes salidas de las próximas elecciones tendrían que ser necesariamente constituyentes, lo que era consecuencia de las propia Ley de Reforma Política que había creado incoherencias  y lagunas en la legislación. Tenía toda la razón. Las elecciones del 15 de junio, como denunció el iusfilósofo Eustaquio Galán, no fueron convocadas como constituyentes, pero lo fueron de facto. La derrota de Alianza Popular, el triunfo relativo de la Unión del Centro Democrático, el ascenso del PSOE y del PCE y de los partidos nacionalistas, abocaba necesariamente a la elaboración de un nuevo texto constitucional. De esta forma, la Ley de Reforma Política resultó ser el punto de arranque, la catalizadora, el puente hacia la Constitución de 1978, como fruto de la ruptura pactada en que finalmente terminó el proceso transición hacia el Estado de partidos. Como hubiera dicho Carl Schmitt, se trató de una “revolución legal”. Quizá Antonio Gramsci hubiera hecho referencia a una “revolución pasiva”.

  Tuvo lugar una clara ruptura política, pero se garantizó la continuidad social.

  La gran víctima de este proceso fue Torcuato Fernández Miranda, marginado por Suárez y desasistido por Juan Carlos I, Como dijo Fernández de la Mora, en una carta al filósofo José Lois, el asturiano fue “un Maquiavelo finalmente borboneado”.  Triste fin de los consejeros del Príncipe.

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