Los analistas y comentaristas críticos con el actual Gobierno de España emplean con creciente y justificada frecuencia la locución “fraude de ley” para designar algunas de las arbitrariedades, acaso las más graves, en las que han incurrido durante los últimos años el presidente, sus ministros y sus adláteres arteramente repartidos por las principales instituciones del Estado. Han merecido dicha calificación, verbigracia, la concesión de la amnistía a los condenados por el procés, la transformación de facto del Tribunal Constitucional en órgano jurisdiccional y de rango superior al del Tribunal Supremo, el uso sistemático de la figura del real decreto-ley como instrumento legislativo, o más recientemente el empleo de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para convalidar unos decretos sobre vivienda que, con una formulación casi idéntica, habían sido rechazados por el Pleno de la Cámara Baja menos de una semana antes. De acuerdo con dicha interpretación, las medidas antedichas constituirían una vulneración de un Estado de derecho respetado, en mayor o menor medida, por todos los Gobiernos desde 1977, e indiscutiblemente consagrado en nuestra legislación positiva y, por encima de todo, en la Constitución de 1978. El decisionismo garbancero y demagógico característico del Gobierno sería por tanto una triste mácula en la trayectoria histórica de un Estado provisto de un aparataje jurídico perfectamente engrasado y en el que hasta ahora habría prevalecido el tantas veces mentado “imperio de la ley”.
Ahora bien, ¿se corresponde con la verdad esa extendida creencia? Precisamente ahora que se cumple medio siglo de la elaboración, tramitación, aprobación y ratificación en referéndum nacional de ese hito en el proceso de transición política que fue la Ley para la Reforma Política, resulta acaso más pertinente que nunca abordar la cuestión sin ambages a fin de plantear que, lejos de constituir un fenómeno excepcional o coyuntural, el fraude de ley se encuentra en la génesis misma del régimen de 1978. Si Sigmund Freud planteó en Tótem y Tabú que un asesinato, concretamente un parricidio, se hallaba en el origen mismo de la civilización, por analogía resulta fundado afirmar que el fraude de ley es el fundamento mismo de la situación política (entendida ésta en el sentido que daba a la locución el profesor Dalmacio Negro) alumbrada durante la Transición y de la que ha emanado un Gobierno convertido en hampa. Y el instrumento empleado para llevar a cabo aquel fraude fundacional fue la citada Ley para la Reforma Política, formalmente la octava Ley Fundamental del régimen franquista. Veámoslo.
UNA REFORMA ENCALLADA
Muerto el general Franco en noviembre de 1975 y constituido al cabo de un mes el primer Gobierno de la Monarquía, segundo presidido por Carlos Arias Navarro, parecía haberse impuesto lo que entonces vino en denominarse “reforma perfectiva” de las Leyes Fundamentales, esto es, las leyes de rango constitucional que informaban el Estado paulatinamente institucionalizado en el transcurso de las tres décadas precedentes. “Después de Franco, las instituciones” fue la sentencia formulada por aquel eximio e injustamente olvidado intelectual que fue Jesús Fueyo para denotar la necesidad de que a la desaparición física del fundador de aquel régimen siguiera un periodo de normalidad institucional. Ahora bien, dicha postura distaba de ser mayoritaria entre las élites del régimen, entre las cuales, del Rey para abajo, imperaba la voluntad de proceder a una reforma sustancial de la legislación vigente en sentido demoliberal. Lo atestigua no solamente la postrera confesión de Franco a José Utrera Molina (“cuando yo muera todo será distinto, pero existen juramentos que obligan y principios que han de permanecer”), como la formación de diversas asociaciones con arreglo al Estatuto de Asociaciones Políticas de 1974 que pocos se resistían a ver como el preludio del retorno a España de los partidos políticos. Es cierto que pocos se tomaron en serio la solución que Miguel Herrero y Rodríguez Miñón había expuesto en su libro El principio monárquico, según la cual don Juan Carlos, una vez hubiese ceñido la corona, podía proceder a desmantelar el Estado de las Leyes Fundamentales en su integridad mediante la convocatoria de un referéndum nacional y en ejercicio de la plena soberanía que supuestamente le confería la legislación vigente. No tuvo en cuenta el que sería uno de los “padres” de la Constitución de 1978, además de portavoz parlamentario sucesivamente de UCD y de Alianza Popular, que el Rey no iba a heredar todos los poderes de Franco (tales como promulgar leyes de prerrogativa) ni tampoco que a la Jefatura del Estado le estaría vedada la toma de decisión alguna sin el concurso de una institución de índole corporativa de importancia insoslayable: el Consejo del Reino. En cambio, sí parecía viable la propuesta de reforma a cargo de Manuel Fraga, quien, tras ejercer como embajador en Londres, regresaba a España resuelto a hacer realidad su proyecto reformista y para desempeñarse como ministro de la Gobernación en aquel primer gobierno de la Monarquía. Se trataba grosso modo de reformar las Cortes Españolas para instituir un Congreso, cuyos miembros serían elegidos por sufragio universal inorgánico, y un Senado, íntegramente corporativo, que resultaría de la fusión de las Cortes existentes y del Consejo Nacional del Movimiento. Sin embargo, el proyecto de Fraga se empantanó en las interminables y estériles reuniones celebradas por la Comisión Mixta Gobierno-Consejo Nacional, creada expresamente para tratar la reforma de las Leyes Fundamentales. Uno de los más vehementes detractores de la reforma de Fraga en el seno de dicho órgano no fue otro que Adolfo Suárez González, ministro-secretario general del Movimiento a la sazón, y no porque aquel ambicioso político procedente del sector “azul” del franquismo juzgase la reforma de Fraga insuficientemente liberalizadora, sino por entender cínicamente que resultaba temerariamente avanzada. No obstante, el tiempo apremiaba: la conflictividad social iba en aumento (sucesos de Vitoria y Montejurra, concatenación de huelgas), la oposición ilegal constituía un órgano unitario (la “Platajunta”) y desde Washington se exigían avances tangibles en sentido demoliberal que minimizaran el riesgo de que el país se sumiera en un proceso revolucionario análogo al que había experimentado Portugal. Asimismo, don Juan Carlos confesaba a la revista Newsweek que Arias Navarro era “un desastre sin paliativos”. La suerte del presidente del Gobierno estaba echada. El 1 de julio de 1976 Arias Navarro presentaba su dimisión, harto de jugar al juego del gato y el ratón con el monarca según confiaría a Gonzalo Fernández de la Mora, y entraban en escena el hasta entonces astuto inmovilista Adolfo Suárez y, decisivamente, el presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, Torcuato Fernández-Miranda. Eminente jurista, profesor de Derecho Político de don Juan Carlos después de la designación de éste como sucesor de Franco y antiguo ministro-secretario del Movimiento, cabe afirmar con rotundidad que fue Fernández-Miranda el genuino artífice de la Transición en su conjunto, y de la Ley para la Reforma Política en particular.
TORCUATO FERNÁNDEZ-MIRANDA
A él se debe, en primer lugar, la designación de Suárez como presidente del Gobierno, pues en su calidad de presidente del Consejo del Reino maniobró hábilmente a fin de que el político abulense figurase en todas las ternas de candidatos hasta la última y decisiva, dando así al Rey, según confesó Fernández-Miranda mismo una vez hubo concluido aquella histórica sesión del Consejo, lo que don Juan Carlos “le había pedido”. Aupado a la jefatura del Gobierno, Suárez había visto colmada su ambición y podía permitirse dejar de fingir. Ahora sí, Suárez podía ejercer de actor protagonista en un proceso de reforma cuyo impulso político y estrategia eran empero enteramente ajenos a su voluntad. Ahora bien, en tanto que ejecutor del magno número de prestidigitación jurídica que estaba a punto de iniciarse, el nuevo presidente del Gobierno realizó una gestión cuya trascendencia la vulgata en torno a la Transición ha solido soslayar: convencer a la cúpula militar de que el proyecto de reforma auspiciado por su Gobierno era compatible con las Leyes Fundamentales. Lo hizo el 8 de septiembre de 1976 en una reunión celebrada en la sede de la Presidencia del Gobierno, durante la cual aseguró a los ministros militares y altos mandos de las Fuerzas Armadas que la legalización de los partidos políticos no incluiría al Partido Comunista “por nuestros muertos”. Tan persuasivo se mostró Suárez que, además de ganarse el encomio de sus interlocutores (“¡viva la madre que te parió!”), ni el general de Santiago, a la sazón vicepresidente del Gobierno para Asuntos de la Defensa, ni el ministro de Marina, almirante Pita da Veiga, consideraron oportuno plantear las reservas que ambos abrigaban acerca de la presunta reforma y que habían compartido personalmente con el exministro Fernández de la Mora inmediatamente antes de aquella histórica reunión. Dada la enorme influencia política y social de que aún gozaba el estamento militar (lo que el sociólogo Amando de Miguel denominó el “poder disuasorio de las Fuerzas Armadas”), un lacónico “yo no soy partidario” enunciado unánimemente por los altos mandos convocados por Suárez podría haber dado al traste con el proyecto de liquidación de las Leyes Fundamentales ya se delineaba en la mente de Torcuato Fernández-Miranda.
Para el instrumentador legal de aquella reforma el objetivo estratégico de la operación no era otro que el apuntalamiento de la monarquía. Y los objetivos tácticos, estrechamente vinculados y de consecución sucesiva eran dos. En primer lugar, que el Gobierno conservase en todo momento la iniciativa en el proceso de reforma, dejando así impotente a la oposición. “La oposición se sumará al proceso de reforma únicamente si se sabe débil”, sentenció. Seguidamente, una vez que las fuerzas políticas de la oposición ilegal hubiesen asumido su incapacidad para propiciar una ruptura de la legalidad vigente, incorporarlas a la operación y arrancar de ellas, lo que resultaba especialmente importante en el caso de socialistas, comunistas y nacionalistas catalanes y vascos, el acatamiento de la monarquía en la persona de don Juan Carlos de Borbón. “El día en que haya un gabinete socialista apoyado por nacionalistas, don Juan Carlos tendrá una corona asegurada”, confesaría ufano Fernández Miranda en plena Transición a Fernández de la Mora.
LA OCTAVA LEY FUNDAMENTAL
Sea como fuere, persistía el aparentemente insoluble problema de reemplazar un sistema político fundamentado en la democracia orgánica, la unidad de poder, la coordinación de funciones y la multisecular tradición católica por un nuevo orden que tuviese como principios rectores la soberanía popular, la democracia inorgánica, los partidos políticos y la separación de poderes. Y todo ello, asimismo, sin generar un vacío de poder que a su vez pudiese desencadenar un proceso revolucionario. Ya hemos visto que la fórmula plebiscitaria y la estrictamente institucional y gradual resultaban respectivamente inconstitucional e inaceptablemente ardua. ¿Cómo proceder entonces al “cambio” juzgado como inevitable por el conjunto de las fuerzas vivas del país a la sazón? Fernández-Miranda halló la manera: el “cambio”, esto es, el desmantelamiento del entramado institucional del Régimen franquista, se haría realidad procediendo “de la ley a la ley”. Se emplearía la legislación vigente para derogar en último término esa misma legislación. ¿Con qué fundamento legal? De acuerdo con Fernández-Miranda, puesto que las Leyes Fundamentales contemplaban su propio procedimiento de reforma, una nueva ley con rango de ley fundamental podía emplearse para “reformar” el resto de Leyes Fundamentales y propiciar así la convocatoria de elecciones por sufragio universal y la conformación de un Parlamento inorgánico en el que estuviesen representados los partidos políticos. Utilizar en definitiva la ley para destruir la ley vigente. O lo que es lo mismo, un fraude de ley que alcanzaba nada menos que a las leyes de rango constitucional entonces vigentes.
Convencido de la viabilidad de la operación, la cual debía verse decisivamente facilitada por su condición de presidente de las Cortes Españolas, Fernández-Miranda procedió a redactar el proyecto de “Ley de Reforma Política” durante un fin de semana en su residencia de la sierra madrileña. Se trataba de un texto de apenas cinco artículos, en el cual se afirmaba, entre otras disposiciones, que la democracia se “basa en la supremacía de la Ley, expresión de la voluntad soberana del pueblo”, que las Cortes se componen del Congreso de los Diputados y del Senado, que los diputados del Congreso serán elegidos por sufragio universal, directo y secreto; y, en fin, que la iniciativa de “reforma constitucional” correspondería bien al Gobierno, bien al Congreso de los Diputados. Fernández-Miranda hizo entrega a Suárez del borrador del texto, asegurando cínicamente que aquel proyecto de ley «no tiene padre”. Comoquiera que el documento entrañaba una reforma constitucional, su transformación en ley fundamental requería no solamente la aprobación por una mayoría reforzada en las Cortes Españolas, sino asimismo su ratificación ulterior en referéndum nacional. También requería del dictamen del Consejo Nacional del Movimiento, donde se hicieron observaciones severamente críticas a propósito tanto de la forma como del contenido del proyecto de ley, pero al no tener dicho dictamen carácter vinculante, el Gobierno de Suárez pudo permitirse hacer caso omiso de buena parte de sus enmiendas. Las únicas dos modificaciones a la que se avino el Gobierno fueron la introducción del sufragio mayoritario para la elección de senadores y la supresión del preámbulo del proyecto, preñado de elucubraciones encomiásticas a propósito de la democracia entendida como “forma estable de convivencia civilizada”. Una exposición de motivos impropia de un texto refrendario y que prefiguraba las licencias ideológicas y pseudoliterarias que los legisladores de 2026 tienen por costumbre añadir al texto de leyes y decretos.
Una vez aprobado por el Consejo de Ministros, el texto fue remitido a las Cortes. Decisivamente, y a fin de evitar que los procuradores contrarios al proyecto pudiesen dilatar sine die la tramitación del proyecto de ley en la Comisión de Leyes Fundamentales, Fernández-Miranda impuso el procedimiento de urgencia. Ello suponía que un proyecto que entrañaba nada menos que una reforma constitucional se debatiría sin solución de continuidad en el Pleno de las Cortes y en apenas tres días consecutivos.
Muy pocos en el seno de la clase política y entre las filas de la oposición podían desconocer el propósito de aquella supuesta reforma constitucional. En el prólogo a un libro del catedrático Pablo Lucas Verdú publicado en plena tramitación del proyecto de Ley de Reforma Política, Enrique Tierno Galván subrayó el carácter política y jurídicamente taumatúrgico de aquella operación:
Por una parte, hay que respetar la legislación totalitaria, y por otra, hay que destruir esa legislación para dar paso a un sistema democrático. Me parece que muy pocas veces en la historia del Derecho Constitucional se ha presentado nada más claro y a la vez más contradictorio, y en el orden práctico más necesario y en el plano teórico más difícil. […] pasar de un Estado fascista a un Estado democrático, utilizando la propia legislación fascista.
DEBATE EN EL PLENO DE LAS CORTES Y RATIFICACIÓN EN REFERÉNDUM
El histórico debate en las Cortes comenzó el 16 de noviembre de 1976. Un procurador de apellido preñado de simbolismo, Miguel Primo de Rivera, sobrino del fundador de Falange Española, fue el encargado de defender el informe de la Ponencia sobre el proyecto de ley. Hubo tres enmiendas a la totalidad, defendidas respectivamente por los procuradores Manuel María Escudero Rueda, José María Fernández de la Vega, y por el líder de Fuerza Nueva, Blas Piñar. Por su pericia argumental, merece la pena detenerse brevemente en la enmienda defendida con su proverbial ardor por este último.
Piñar se opuso al proyecto de ley empleando, en síntesis, dos argumentos: uno de índole jurídica, el otro, de naturaleza moral. En virtud del primero de ellos, entendía Piñar no solamente que el proyecto era incompatible con la totalidad de las Leyes Fundamentales vigentes, sino concretamente que resultaba inaplicable, tal como hacía la Ponencia, el artículo 10.2 de la Ley de Sucesión para proceder a la reforma, puesto que la Ley de Principios del Movimiento Nacional poseía un rango superior al del resto de leyes supremas. Máxime cuando la disposición adicional de dicha ley establecía, en su artículo primero, que los principios contenidos en ella eran “por su propia naturaleza permanentes e inalterables”, y en su artículo tercero, que serían nulas las Leyes y disposiciones de cualquier clase que vulnerasen o menoscabasen aquellos principios. Por tanto, puesto que todos los procuradores presentes en la sesión, al igual que los miembros del Consejo de Ministros, habían jurado solemnemente ante Dios “cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales del Reino y guardar lealtad a los principios que informan el Movimiento Nacional”, resultaba moralmente indefendible que procedieran a reformar o derogar unos principios “permanentes e inalterables”. Únicamente aquellos que, hallándose extramuros del Régimen, no hubiesen jurado los Principios Fundamentales poseían legitimidad moral para abolirlos. Consciente en cualquier caso de que predicaba en el desierto y de que el proyecto de ley iba a ser inevitablemente aprobado, Piñar remató su última intervención desde la tribuna de oradores con la defensa apasionada de una consulta plebiscitaria mediante la cual el pueblo español pudiese pronunciarse acerca del alcance y naturaleza de la reforma:
Se plantea democracia orgánica o inorgánica, régimen de Franco o liberal, y si el pueblo dice: régimen liberal, entonces, que unas Cortes Constituyentes, arrancadas del pueblo, de ese pueblo nuevo en el cual hasta ahora [supuestamente] no hemos creído, de ese pueblo nuevo que va a votar por primera vez después de cuarenta años de túnel de [supuesta] oscuridad absoluta, vengan aquí a elaborar unos preceptos fundamentales y un nuevo orden político, pero emanado directamente de la voluntad popular y del sufragio universal. Esa es la única solución. Lo demás son componendas, pasteleos y ficciones. Yo prefiero un período constituyente abierto, con todas sus consecuencias, e ir a consultar al pueblo, que esta máscara estúpida de reforma democrática.
A quien fue ministro de Trabajo en el último Gobierno formado en vida de Franco, Fernando Suárez, se encomendó la tarea de replicar a los procuradores enmendantes en nombre de la Ponencia. Y lo hizo con indudable brillantez dialéctica en dos intervenciones en las que, a juicio de los cronistas de la Transición, se quintaesenciaron el ánimo de reconciliación y concordia que animó aquel proceso. Especialmente recordada fue su reconvención al procurador Fernández de la Vega, quien unos minutos antes se había referido a la oposición al Régimen como “misérrima”. Suárez respondió que el Estado surgido de la Guerra Civil estaba destinado a “alumbrar una situación definitiva de concordia nacional” en la que no fuese posible que un español llamase “misérrima oposición” a quienes no piensan como él. Sin embargo, por muy encomiables que fuesen las palabras pronunciadas por Suárez, oídas exactamente medio siglo después, en la España donde se erigen muros simbólicos frente a la oposición, se invoca el espantajo del fascismo para descalificar al adversario y se emplea impunemente la violencia política, resuenan ingenuas y hueras. Acaso porque atestiguan hasta qué punto, tal como algunos de los procuradores de aquellas Cortes de inminente extinción se atrevieron a advertir en implícita referencia a nuestra guerra fratricida, hemos “vuelto a las andadas”. Además, Suárez no fue del todo honesto en su réplica a Piñar. Alegó que el proyecto de Ley de Reforma Política únicamente modificaba la representación política, y subrayó cínicamente que el alcance de la reforma se limitaba a la citada Ley, quedando incólumes los principios en sí, dado que eran “permanentes e inalterables”. Empero, no podía desconocer Suárez que el propósito de la reforma era liquidar el orden político vigente para erigir en su lugar un régimen nuevo que descansaría necesariamente en unos principios distintos y en buena medida opuestos a los que él y el resto de la clase política de entonces habían jurado guardar lealtad.
El 18 de noviembre de 1976 concluyó aquel magno, pero en la práctica estéril debate parlamentario. La suerte de la votación estaba decidida de antemano, tal como sucede en nuestro Parlamento partitocrático actual. El proyecto de Ley de Reforma Política fue aprobado con el voto de 425 de los 531 procuradores. En el seno del grupo parlamentario de Alianza Popular, constituido muy poco tiempo antes, Manuel Fraga impuso la disciplina de voto, a la que sometió Gonzalo Fernández de la Mora, quien de haber podido votar en conciencia lo habría hecho en sentido negativo. Se había consumado una reforma mediata, tácita, de los Leyes Fundamentales para instituir en su lugar un régimen demoliberal. Como afirmó certeramente Pablo Lucas Verdú en su libro ya citado: ajustándose a la legalidad formal se había vulnerado la legalidad fundamental material.
LA CONSTITUCIÓN
Quedaba pendiente el trámite de la ratificación de la ley en referéndum nacional, pues, es menester recordarlo, la Ley para la Reforma Política era formalmente la octava ley fundamental del Estado del 18 de julio. El referéndum se fijó para el 15 de diciembre siguiente. Se trataba formalmente de la tercera consulta plebiscitaria celebrada bajo el régimen fundado por Franco tras los de 1947 (Ley de Sucesión) y 1966 (Ley Orgánica del Estado). La oposición aún ilegal propugnó el voto negativo. En cuanto al presidente Adolfo Suárez, la víspera del referéndum compareció en televisión para pedir a los españoles que optasen por el “sí”. Tras una sumaria referencia a la figura de Franco, a quien calificó ambiguamente como “excepcional”, Suárez aseveró que con la Ley de Reforma Política su Gobierno recogía la herencia del pasado inmediato con la exigencia “de perfeccionarla y acomodarla a las demandas actuales de la gran familia nacional”. Sin embargo, a renglón seguido confesó cuál era el auténtico objetivo de la reforma: “realizar un cambio que es verdadero y hacerlo pacíficamente, sin revoluciones y sin traumas, es una empresa merecedora de despertar las mayores ilusiones”. Cabe plantear que los argumentos esgrimidos por Suárez convencieron a un sector amplio del llamado “franquismo sociológico” de que votando afirmativamente iba a contribuir a ensanchar la legislación vigente para dar acomodo en su seno a fuerzas políticas hasta entonces excluidas de la vida nacional. Sea como fuere, aquel frío 15 de diciembre el 77% del censo acudió finalmente a los colegios electorales. La Ley para la Reforma Política fue ratificada con un 94,17% de votos favorables. Obtenida la preceptiva sanción regia, fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 5 de enero de 1977.
Promulgada la Ley para la Reforma Política, se instituía el instrumento jurídico para la liquidación de la legislación vigente, pero la compleción del proceso requería la celebración de elecciones por sufragio inorgánico y en virtud de las disposiciones de aquella ley ya en vigor. Con la mayor parte de los partidos políticos ya legalizados, incluido el Partido Comunista de España, y con el Movimiento Nacional abolido por el Gobierno Suárez, se celebraron elecciones generales en junio de 1977. De ellas emanaron el Congreso de los Diputados y el Senado (con algunos senadores de designación regia) contemplados en la Ley para la Reforma Política. Ahora bien, por mucho que aquella ley atribuyese a la Cámara Baja, conjuntamente con el Gobierno, la iniciativa de “reforma constitucional”, formalmente la función de aquellas Cortes bicamerales no era otra que discutir, tramitar y aprobar la legislación ordinaria, además de fiscalizar la labor del Gobierno. No eran una asamblea constituyente. De hecho, fueron aquellas Cortes las que, en octubre de 1977 y atendiendo una reivindicación histórica de la oposición, aprobaron una amnistía total. En abril de aquel año, concretamente en la insigne tercera página del periódico ABC, Manuel Fraga había sentenciado que aquellas Cortes debían tener un carácter ordinario, y que establecidas la Monarquía y unas Cortes democráticas, “la reforma constitucional estaba ya hecha, en lo esencial”. Sin embargo, el voluble fundador de Alianza Popular y ex ministro imprimió un giro copernicano a su parecer tras las elecciones de junio. De nuevo en las páginas del diario monárquico, Fraga constataba, apenas tres meses después de publicar el anterior artículo, que las Cortes se aprestaban a iniciar “sus trabajos constitucionales” y que España se encontraba en un momento apasionante en el que darse una “nueva” Constitución.
Fuese o no apasionante la coyuntura, el hecho es que aquellas Cortes bicamerales, instituidas en virtud a la octava Ley Fundamental del régimen de Franco, efectivamente redactaron (inicialmente de espaldas a la opinión pública) ex novo una Constitución demoliberal, de índole compromisaria y técnicamente deficiente. Un texto constitucional que, además de la imperdonable aporía alojada cual bomba de relojería en el artículo 2 del Título Preliminar, ha consagrado en la práctica la fusión de poderes, la omnipotencia del Ejecutivo y el monopolio de la acción política a cargo de los partidos. No obstante, a efectos de completar la exégesis de aquella reforma presuntamente efectuada “de la ley a la ley” es menester hacer constar dos hechos de singular trascendencia. El primero de ellos es que, una vez ratificada por una mayoría de españoles en referéndum, el rey Juan Carlos no juró la Constitución de 1978, sino que la sancionó solemnemente en el Congreso de los Diputados. Y si lo preceptivo era la sanción regia fue única y exclusivamente porque tanto la legalidad como la legitimidad de la Corona emanaban de las Leyes Fundamentales y eran, por tanto, anteriores a la Constitución en la que el heredero de Franco a título de rey estampaba ahora su firma. Y, en segundo lugar, esa misma Constitución preceptuaba en su Disposición Derogatoria la supresión de la Ley para la Reforma Política y, “en tanto en cuento no estuvieran ya derogadas por la anteriormente mencionada Ley” (afirmación insostenible del punto de vista jurídico) la del resto de Leyes Fundamentales. O lo que es lo mismo, se proclamaba la derogación de las leyes que habían instituido la misma monarquía cuyo titular sancionaba el texto constitucional.
De esta manera quedaba rematado el fraude de ley descrito al comienzo del presente trabajo. Empero, y si bien la citada locución posee indudable fuerza descriptiva, acaso sea más preciso desde el punto de vista terminológico designar a la Transición política española, siguiendo al profesor Miguel Ayuso, como una genuina revolución legal o “golpe de Estado legislativo”, comparable en sus métodos, no desde luego en sus fines, a la revolución legal alemana de 1933.
En cualquier caso, en vista de la omnipresencia del fraude de ley tanto en la génesis del régimen actual como en la actuación hodierna de los poderes públicos, es menester que la oposición política actual comprenda que el respeto escrupuloso a una legalidad que se vulnera sistemáticamente desde el poder y la insistencia en desplegar su acción dentro de un régimen cuya legitimidad socavan a diario aquellos que deberían encarnarla pueden devenir (si es que no lo son ya) obstáculos insalvables en su providencial empeño de salvación nacional. Urgen hondas y valientes propuestas de reforma tanto del espíritu como de la letra de nuestra ley de leyes para así poner de nuevo a pleno rendimiento las capacidades del pueblo español y a nuestro país a la altura de los tiempos.
