Hace casi un siglo Ortega decía, en La rebelión de las masas, que todo europeo sabía “en el fondo de su conciencia que eso que ha intentado Europa en el último siglo con el nombre de liberalismo es, en última instancia, algo ineludible, inexorable”, una forma de mostrar que el liberalismo se había convertido en el ser espiritual de Europa, el punto desde el que partían todos los debates. Podemos afirmar que algo parecido sucede hoy con el consenso socialdemócrata. Este domina el espíritu político europeo y constituye, muy especialmente en el caso español, el suelo común sobre el que se mueven todas las fuerzas relevantes. Ningún partido significativo —ni siquiera aquellos que tradicionalmente suelen situarse en la derecha— propone desmontar el Estado del bienestar, abolir la democracia representativa o cuestionar la estructura asistencial que sostiene la vida pública. Por supuesto, los distintos partidos pueden proponer modulaciones y correcciones a este consenso, pero en ningún caso hay quien plantee una enmienda a la totalidad. El consenso socialdemócrata no es ya una opción entre otras: es el aire político que respiramos.
Por eso resulta grotesco escuchar, día tras día, que el fascismo acecha. ¿Dónde está ese fascismo? El fascismo fue un fenómeno histórico con rasgos ideológicos, sociales y estéticos muy concretos, y en nada se parece a los partidos de la actual no-izquierda española. Es evidente que no vivimos en un país amenazado por una regresión autoritaria, sino en una sociedad pacificada, burocratizada y profundamente dependiente del Estado. El ciudadano contemporáneo es un ser institucionalizado, habituado a la tutela pública y a la protección permanente; lejísimos del sujeto que protagonizó las convulsiones políticas del primer tercio del siglo XX.
Conviene no llamarse a engaño: todo esto no es más que una estrategia de comunicación política. El discurso antifascista se ha convertido en un dispositivo que permite al poder inventar al enemigo que necesita. Un hombre de paja fabricado para sostener el miedo y la obediencia; un espantajo agitado ante la opinión pública con el fin de dividir al país y reforzar al gobernante. Su eficacia radica en la constante ampliación del sentido de la palabra “fascista”, diluyéndola hasta incluir a cualquiera que no comulgue con las ideas del Gobierno.
Alimentada por lo que Philippe Muray llamaba en El imperio del bien “hogueras de campamento”, esta dinámica se apoya en pequeños episodios o hechos aislados que pretende convertir en el epítome de una realidad inexistente. Esas hogueras simbólicas —reales o mediáticas— ayudan a mantener la narrativa del peligro perpetuo y permiten al poder presentarse, una vez más, como salvador de la democracia.
No es nada nuevo. Como señaló Alasdair MacIntyre, vivimos en una cultura dominada por el emotivismo, donde los juicios morales ya no se apoyan en principios, sino en sentimientos. Esta inversión normativa —o mejor, ontológica— propicia una sociedad donde quien grita más fuerte parece tener más razón. Y los gobiernos descubren que les resulta más fácil movilizar emociones —miedo, indignación, compasión— que gobernar la realidad. Esa atmósfera moralizante no es accidental: es el síntoma de una política que ya no se mide por sus resultados, sino por su capacidad para producir sentimientos.
No obstante, aunque la moralización ha sido siempre un fenómeno habitual en la política española, tradicionalmente quedaba confinada al ámbito partidista. Lo verdaderamente novedoso —y preocupante— de la deriva actual es que esa lógica haya sido asumida por el propio Gobierno. Fue la entrada de Podemos en el Ejecutivo la que introdujo por primera vez en la Moncloa esta visión moralizada de la política, según la cual la legitimidad ya no depende de las instituciones, sino de la virtud que el gobernante se atribuye a sí mismo y de la indignidad que proyecta sobre su adversario. Esa visión penetró en el corazón del Ejecutivo y el Gobierno la asumió como lenguaje de Estado.
A estas alturas del análisis, el mecanismo se hace evidente: no estamos ante un misterio, sino ante un Gobierno inoperante que necesita fabricar enemigos para perpetuarse, o al menos para disimular sus carencias. Hace tiempo que el presidente dejó de gobernar y se dedica, más bien, a sermonear a quienes no piensan como él. Ha transformado la acción política en una cruzada moral contra una parte de la ciudadanía y, lejos de aquel “gobernaré para todos” inicial, mantiene una guerra contra un enemigo que no existe, un adversario imaginario que se identifica con cualquiera que no se alinee con sus intereses.
Esta espiral moralizadora es un fenómeno típicamente moderno que se intensifica en el último tercio del siglo XX, cuando los grandes relatos comienzan a desmoronarse, y adquiere su forma definitiva en el presente siglo. No se trata de un rasgo exclusivamente español, sino de una deriva que atraviesa buena parte de las democracias occidentales y que en nuestro país ha encontrado un terreno especialmente propicio. Nada de ello debería sorprendernos: como advirtió Chantal Delsol, cuando una civilización pierde su horizonte trascendente, la política intenta llenar ese vacío convirtiéndose en una moral de sustitución. La esperanza que antes se proyectaba hacia el cielo se traslada ahora al Estado, que aspira a definir lo justo, señalar al culpable y redimir al ciudadano mediante causas seculares. Este proceso, iniciado ya con la Revolución francesa, alcanza en nuestra política contemporánea su máxima expresión.
No obstante —y aunque esta deriva moralizante parezca haberse convertido en el signo de los tiempos— alguien debería recordarle a quien nos gobierna que no fue elegido para deslegitimar el pensamiento de millones de ciudadanos, acusándolos —directa o indirectamente— de sostener ideas erróneas, sino para representarlos a todos. Sus funciones son otras: dirigir la acción del Gobierno, coordinar a sus miembros, ejecutar las leyes y representar a la nación en su conjunto, tal y como establece la Constitución. No está llamado a impartir homilías ni a erigirse en guía espiritual de los ciudadanos. Su tarea es gobernar, no censurar ni estigmatizar a quienes no se alinean con sus ideas. No es el comisario de la virtud ni el jefe moral de una mitad del país, sino el responsable de garantizar que las diferencias convivan dentro de un mismo marco. Y conviene subrayarlo, porque no es una cuestión baladí: como advirtió Max Weber, quien confunde la vocación política con la profética termina poniendo su conciencia por encima de la ley.
Mientras tanto, la realidad se impone: el precio de la vivienda —tanto en alquiler como en compra— continúa creciendo muy por encima de los salarios; España mantiene uno de los índices de paro juvenil más altos de la Unión Europea; el poder adquisitivo de los hogares se ha reducido de forma alarmante; las listas de espera en sanidad se alargan; la red de infraestructuras muestra síntomas de agotamiento; y el país acumula ejercicios completos sin presupuestos aprobados, bloqueando cualquier política pública que no sea propaganda. Más allá del optimismo de ciertos indicadores macroeconómicos, las condiciones materiales de vida en España son hoy objetivamente más exigentes que hace una década, hasta el punto de que reaparecen fenómenos que dábamos por definitivamente superados y que, en ciudades como Madrid, vuelven a ser visibles: familias viviendo en parques, chabolismo, coches convertidos en viviendas estables.
Y frente a esa realidad que no sabe —o no quiere— gobernar, el Ejecutivo se refugia en luchas imposibles o directamente imaginadas: Palestina, el cambio climático, el lawfare, la guerra contra los “bulos” o la eterna cruzada contra la ultraderecha. Que existan problemas reales en estos ámbitos no impide que el Gobierno los utilice como escenario simbólico donde representarse como salvador, desplazando así el foco desde aquello por lo que sí puede y debe rendir cuentas. Son causas cuidadosamente seleccionadas que, amplificadas por medios afines, desplazan el eje del debate y funcionan como un mecanismo de distracción tan antiguo como eficaz. El Gobierno concentra su energía discursiva en escenarios sobre los que apenas tiene capacidad de influencia, precisamente porque en ellos no se juega su legitimidad real. Son territorios simbólicos, emocionalmente rentables y políticamente seguros: permiten exhibir virtud sin rendir cuentas.
El caso del cambio climático es paradigmático. Entre las grandes economías europeas, España es la que menos emisiones genera y una de las que más las ha reducido en los últimos años. Y, sin embargo, el discurso gubernamental insiste en situar al país en el epicentro de la catástrofe climática, como si de su acción dependiera el destino del planeta. El problema no es la necesidad de reducir emisiones, sino la conversión de esa tarea en coartada moral totalizante que todo lo justifica y todo lo tapa. La transición energética se transforma así en una causa moral, útil para proyectar superioridad ética y para desviar la atención de los problemas domésticos que sí están bajo su responsabilidad. Como recordaba Camus, las causas absolutas son siempre refugio para quienes no quieren mirar lo real.
Las luchas más cercanas —aquellas en las que el Gobierno tiene realmente capacidad de actuación, como la vivienda, los salarios, la sanidad o el empleo juvenil—, sin embargo, se desatienden porque son imposibles de ganar sin asumir reformas profundas y costes electorales. Por eso el poder las elude, desplazando el conflicto al terreno moral y global, donde puede seguir interpretando el papel de salvador sin enfrentarse a su propia impotencia.
No sé ustedes, pero a estas alturas de la vida, y después de casi dos legislaturas y algunos de los episodios más traumáticos de nuestra historia reciente —una pandemia, un volcán, una DANA—, con una gestión más que cuestionable que ha marchado en paralelo a un proceso de empobrecimiento cada vez más visible, lo único que uno pide es que no le tomen por idiota. En este país los fascistas están muy lejos del poder, y cualquiera con una mínima capacidad crítica entiende que la defensa que realmente interesa a este Gobierno no es la de la democracia, sino la de sus propios privilegios. Muchos estamos cansados de que nos aseguren que llueve cuando, en realidad, nos están escupiendo desde arriba, y solo pedimos que dejen de disfrazar de cruzada moral lo que no es más que impotencia política; que abandonen la homilía y vuelvan a la responsabilidad. O, si no son capaces, que tengan la decencia de hacerse a un lado.
La política no es un púlpito ni una terapia de conciencia: es un ejercicio de responsabilidad ante la realidad. España no necesita salvadores ni profetas, sino gobernantes conscientes de sus límites y de su deber. Porque una sociedad puede soportar la escasez o incluso la crisis, pero no la mentira sistemática de un poder que, incapaz de resolver los problemas de los suyos, prefiere fingir que la salva de los males del mundo. Porque, como desgraciadamente comprobó Ortega, las sociedades que renuncian a su propio espíritu terminan entregadas al espejismo de los salvadores.
