Que la ‘inmigración’ masiva procedente del Tercer Mundo que aqueja a Occidente es un absoluto desastre es uno de los pocos consensos de los pueblos europeos. Asombrosamente, en un área de democracias consolidadas, siete de cada diez ciudadanos de la Unión Europea se opone a esta velada sustitución demográfica mientras que sus gobiernos, presuntos representantes de la voluntad popular, la favorecen. El propio parcialísimo CIS de Tezanos reconoce al fin que esta es la principal preocupación de los españoles, pero los cayucos –y los aviones– siguen llegando.
Es un fenómeno tan evidentemente nocivo que es difícil que pueda salir bien en algún aspecto. Su promoción responde a intereses muy minoritarios, ajenos a la población general y frecuentemente foráneos en origen, así como a la idea que ultraliberales comparten con los marxistas, según la cual los seres humanos somos como intercambiables piezas de Lego, sin identidades, lealtades nacionales, historia o creencias compartidas.
Tan evidentemente perversos son los frutos visibles de esta ‘inmivasión’ que sus promotores, para defenderla, recurren a una especie de ‘estado de necesidad’ económico, a una urgencia, el ya viejo “vienen a pagarnos las pensiones”. El argumento es el siguiente: Occidente tiene una tasa de natalidad desastrosa desde hace décadas. Necesitamos que vengan de fuera contingentes enormes de población para compensar esa pérdida de población joven. El pasado abril, el Banco de España en su informe anual estimó que serán necesarios 24,67 millones de extranjeros en edad de trabajar hasta 2053 para «evitar el proceso de envejecimiento de la población y resolver los desajustes que podrían surgir en el mercado de trabajo español». En un país que no llega a los cincuenta millones, eso es más de la mitad. Curiosamente, esa alarma demográfica no ha llevado a nuestro gobierno o a los de nuestros vecinos a aprobar de urgencia planes de natalidad. No, tienen que venir de fuera, a ser posible de poblaciones totalmente incompatibles como la de los mauritanos que Sánchez planea traer a España en números insólitos.
Las consideraciones económicas no deberían bastar para cambiar radicalmente la esencia de una nación. Pero es que ni siquiera son verdad.
Un rápido repaso a noticias recientes ofrecen un cuadro muy distinto al que quieren pintarnos los partidarios del fenómeno. Cada año, en España, alrededor de 4.000 jóvenes tutelados alcanzan la mayoría de edad y entran en sistemas de protección, según datos de la Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos (FEPA). Se calcula que entre 25.000 y 30.000 jóvenes extutelados, conocidos como ‘exmenas’ residen en el país. Sin embargo, un 40% de estos jóvenes no logra acceder al mercado laboral.
“Cada inmigrante aporta 1 euro a España y cuesta 7, un desastre para los españoles más necesitados”, escribe en X el profesor Roberto Centeno. “El “efecto Sanchez” se ha saldado con más de 90.000 inmigrantes ilegales, un 154% más que el año precedente y 49,8% los entrados por mar en la UE”.
En otros países están peor en este sentido. Desde 1997 han entrado en Gran Bretaña más de doce millones de inmigrantes, y casi el 80% sigue dependiendo de las prestaciones sociales para vivir. El coste asciende a casi quinientos mil millones de libras, unas 50.000 libras por persona al año. Solo el 5% de los inmigrantes (1 de cada 20) son contribuyentes netos a la economía británica como trabajadores altamente cualificados. Aportan 1 libra a la economía, mientras que los inmigrantes poco cualificados le cuestan a la economía 1,60 libras esterlinas.
Los inmigrantes que sí trabajan acuden en masa al sector de servicios de baja cualificación y al de servicios sanitarios. En muchos casos, se trata de puestos de nivel básico de atención en residencias de ancianos y empleos similares. La otra categoría en la que suelen trabajar es la de la construcción. Ofrecen mano de obra barata para la construcción de viviendas, lo que no se ha traducido precisamente en un abaratamiento de la vivienda. Al contrario, la llegada masiva de recién llegados de manera ilegal aumenta la demanda de viviendas, lo que a su vez hace subir los precios de las casas nuevas y de los alquileres. Los inmigrantes tienen acceso a subsidios gubernamentales mientras se está evaluando su condición de asilo o de refugiado; en muchos casos, se les ofrece más acceso a la ayuda gubernamental que a los ciudadanos por nacimiento. En Estados Unidos, tanto California como Oregón están instituyendo actualmente programas de préstamos para vivienda disponibles solo para inmigrantes. Casi el 59 % de los hogares de no ciudadanos en Estados Unidos se benefician de uno o más programas de asistencia social, frente al 39 % de los hogares de nativos.
Alrededor del 47% de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos no han completado el bachillerato (frente al 8% de los nativos). Se calcula que los inmigrantes ilegales cuestan a los contribuyentes estadounidenses al menos 150.000 millones de dólares en servicios públicos (oficialmente) cada año, mientras que pagan sólo 25.000 millones de dólares en impuestos. Si bien algunos economistas citan un aumento potencial de 324.000 millones de dólares en el PIB gracias a los trabajadores inmigrantes, casi todo esto proviene de los salarios que los inmigrantes ilegales envían a sus familias fuera de Estados Unidos.
En Alemania, los costes de la asistencia social se dispararon en 2024 y los informes muestran que el 47% de los beneficiarios de las ayudas gubernamentales son inmigrantes. El coste total de 49.000 millones de dólares es un 14,8% más alto que en 2023, un 18,4% más alto que en 2020 y un 23% superior al de 2015.
Los inmigrantes ilegales en particular son un factor negativo neto y una peligrosa carga para el sistema de bienestar social. También aumentan los costos de la vivienda al crear una demanda masiva sin suficiente oferta, y esta misma demanda aumenta la inflación en casi todos los demás sectores de la economía. Los roles que desempeñan pueden adaptarse fácilmente sin ellos ofreciendo subsidios menores o beneficios fiscales para los ciudadanos estadounidenses.
La idea de que hay millones de inmigrantes cualificados que van a salvar nuestras economías y pagar nuestras pensiones es, simplemente, una fantasía morisca, un cuento chino, una mentira que está abocando a nuestras sociedades a su desaparición como naciones coherentes y funcionales.