Nowak y los sospechosos habituales

Henry Nowak, de 18 años, acababa de recibir varias puñaladas cuando la policía británica le esposó las manos a la espalda. Apenas podía mantenerse en pie y repitió hasta nueve veces que no podía respirar. El hombre que acababa de atacarle, un sij, explicó a los agentes que él era la víctima. Los agentes le escucharon primero a él.

Henry Nowak (en la fotografía) quizá seguiría vivo, pese a las puñaladas, si los agentes que le detuvieron no hubieran actuado con despectiva y burla negligencia con que lo hicieron: esposar las manos a la espalda no es lo más terapéutico cuando tienes un pulmón perforado. El caso es el muchacho, fatalmente blanco, murió, que su agresor/acusador acabó siendo condenado por asesinato al conocerse el escandaloso suceso y que el vídeo de los hechos provocó una conmoción nacional en Reino Unido.

Pero el caso de Nowak es cualquier cosa menos puntual y aislado. Es la última prueba clamorosa de un patrón siniestro, que ni siquiera es la multiplicación de ataques violentos por parte de la población inmigrante en Gran Bretaña. No, el patrón lo da el titular de El País cuando se vio al fin forzado a dar la noticia: ‘La ultraderecha de Farage agita el odio en el Reino Unido tras la muerte a puñaladas de un joven a manos de un hombre sij’. ¿Les suena? Lo que el agresor y luego la policía le hicieron a Nowak no es noticia para el diario español de referencia; la noticia es que Farage lo utilice políticamente. Es como el meme de “lo peor es que esto da votos a la ultraderecha”.

Nos suena, ¿verdad? Porque no es un caso, es un patrón, es una política oficial aplicada a pachas por las autoridades políticas y los medios. Hace tiempo que una parte de Europa está más preocupada por gestionar las consecuencias políticas de sus decisiones que por cuestionar esas mismas decisiones.

En este sentido, todo empezó a lo grande con el informe Jay de 2014 sobre Rotherham. Durante más de una década, aproximadamente mil cuatrocientas menores habían sido víctimas de explotación sexual sistemática por bandas paquistaníes, niñas de 13 y 14 años, captadas a la salida de colegios y centros comerciales. Las drogaban, las violaban, las trasladaban de una ciudad a otra para seguir explotándolas. Algunas fueron amenazadas con fuego. Otras golpeadas brutalmente.

Y lo que pone los pelos de punta es que las autoridades sabían lo que estaba pasando, los policías, los trabajadores sociales y los responsables municipales. Los informes posteriores identificaron repetidamente el mismo problema: el miedo a las consecuencias políticas de determinadas conclusiones.

Todo debería haber cambiado después de Rotherham. Mil cuatrocientas niñas abusadas, durante décadas, bajo la mirada de las autoridades, del simpático bobby británico. Era demasiado escandaloso, demasiado indignante para mantener la política de ocultación, discriminación contra la población nativa y censura. Pero ocurrió exactamente lo contrario: el gobierno –la clase política al completo, en realidad– dobló la apuesta. Llegaron luego Rochdale, Oxford, Telford y Newcastle, con idéntico patrón de víctimas vulnerables, autoridades indiferentes o cómplices pasivos, investigaciones entorpecidas, ocultación. 

Y lo que menos parecía importar, cada vez menos, eran las víctimas reales. Mientras se acumulaban los escándalos, Reino Unido desarrollaba sistemas cada vez más sofisticados para vigilar el discurso público. Los llamados non-crime hate incidents permitían registrar oficialmente comportamientos que ni siquiera constituían delito. La energía que había faltado para proteger a las niñas de Rotherham abundaba para supervisar opiniones de particulares en redes. Ni siquiera incitando al odio o a la violencia, meramente cometiendo el pecado capital de nuestro tiempo en Europa: darse cuenta.

Se abusa de la palabra ‘orweliano’, pero encaja maravillosamente en el caso de estos delitos/no delitos de odio. No se trata siquiera de infracciones administrativas. Se trata de anotaciones policiales sobre conductas perfectamente legales que alguien considera ofensivas. Durante años, miles de británicos han sido registrados en estas bases de datos sin haber cometido crimen alguno. El mero hecho de expresar una opinión ‘herética’ basta para atraer la atención de la policía.

Uno de los casos más notorios fue el de Harry Miller, exagente de policía que recibió la visita de la policía de Humberside por una serie de comentarios sobre identidad de género en redes sociales. No había delito, como reconocieron los propios agentes. Aun así, consideraron oportuno advertirle sobre las consecuencias de sus opiniones. El caso acabó llegando a los tribunales y se convirtió en símbolo de una nueva mentalidad burocrática: la policía ya no solo perseguía delitos; empezaba a supervisar pensamientos.

La periodista Allison Pearson vivió una experiencia similar cuando fue informada de que estaba siendo investigada por una publicación en redes sociales. Tampoco aquí había delito alguno claramente identificable. La investigación acabó archivándose, pero el mensaje ya había sido enviado. Aunque no existiera infracción, el ciudadano debía saber que determinadas opiniones podían atraer la atención del Estado.

Mientras políticos, periodistas y activistas europeos denuncian rutinariamente la falta de libertades en la Rusia de Putin, en Inglaterra y Gales la policía registró más de 12.000 arrestos en un solo año bajo legislación relacionada con comunicaciones electrónicas. Son más de treinta detenciones diarias por mensajes considerados ofensivos, indecentes o alarmantes. El KGB de Stalin no era más eficiente.

Mientras, los informes sobre las bandas de acoso organizado seguían acumulándose. En Telford, una investigación independiente estimó que alrededor de mil menores habían sido explotadas sexualmente durante décadas. En Rochdale aparecían los mismos mecanismos de ocultación y las mismas reticencias institucionales. En Oxford, las condenas judiciales revelaban una realidad que las autoridades llevaban años evitando afrontar plenamente. El contraste resultaba cada vez más difícil de ignorar. Allí donde se trataba de perseguir delitos especialmente graves, las instituciones parecían paralizadas por una cautela infinita. Allí donde se trataba de vigilar palabras o comentarios, la energía burocrática parecía inagotable.

El fenómeno empezó a adquirir rasgos continentales. En Alemania, las secuelas políticas de Colonia siguieron resonando durante años. La sensación de que determinadas cuestiones no podían debatirse abiertamente alimentó la desconfianza hacia medios y autoridades. En Francia, la persecución judicial de Marine Le Pen por difundir imágenes de atrocidades yihadistas se convirtió para muchos en un símbolo de la inversión de prioridades. Las víctimas de las fotografías habían sido asesinadas realmente; quien terminaba sentado ante un tribunal era quien mostraba las imágenes.

La paradoja se repetía con demasiada frecuencia. Cada nuevo escándalo parecía reforzar la vigilancia sobre quienes hablaban del problema más que sobre quienes lo habían provocado. Cada crisis desembocaba en nuevas herramientas para gestionar el debate público. Cada fracaso institucional producía más preocupación por el relato. Y así, paso a paso, se fue instalando una sensación cada vez más extendida de que las autoridades habían dejado de confiar en el juicio de sus propios ciudadanos.

Porque es un fenómeno paneuropeo. La Nochevieja de Colonia en 2015 provocó una conmoción semejante. Centenares de mujeres denunciaron agresiones sexuales y robos alrededor de la estación central. Durante los primeros días, la información circuló con mayor rapidez por redes sociales que por muchos medios tradicionales. La controversia ya no se limitó a los delitos. Alcanzó también a las instituciones encargadas de informar sobre ellos.

Suecia siguió una trayectoria parecida. Francia ofreció sus propios episodios. Marine Le Pen terminó ante los tribunales por difundir imágenes de atrocidades cometidas por Estado Islámico. La discusión pública comenzó a concentrarse cada vez más en quien señalaba determinados fenómenos que en los fenómenos mismos.

Cuando J. D. Vance intervino en la Conferencia de Seguridad de Múnich, sorprendió a muchos europeos porque habló menos de Rusia o de China que de Europa. Habló de censura, de la muerte de la libertad de expresión, de gobiernos que parecían desconfiar de sus propios ciudadanos, mientras los prohombres de Europa reaccionaban como damas victorianas, desvaneciéndose y pidiendo las sales.

Y el proceso se dejó seguir. La forma de que una invasión para la que nadie ha pedido permiso al pueblo pudiera mantenerse sin demasiadas protestas era una campaña soviética de ocultación, tergiversación y, sobre todo, denuncia de quienes llaman la atención sobre los hechos desnudos. 

Después de Rotherham, muchos creímos que ya no serían capaces de seguir con el mismo truco agotado. Pero lo hicieron, y en el extremo de ese camino está Henry Nowak, esposado por la policía después de haber sido apuñalado, agonizando entre los comentarios entre burlones e indiferentes de los agentes. Con 18 años.

El caso, con el agresor acusando y la víctima esposada mientras se desangra, nos hubiera parecido hace no tanto una parodia macabra, fantasías alucinadas del fascismo. Pero ahí lo tenemos, en vídeo, encapsulando toda una política paneuropea.