El lunes 29 de septiembre Paiporta era un pueblo fantasmal. Habían decretado la alerta roja. Se temía que se repitiese la tragedia. Las calles estaban desiertas; la mayoría del comercio y la hostelería no levantó la persiana; los colegios y los institutos suspendieron las clases; los garajes se vaciaron de vehículos; casi todos se quedaron en casa, a la espera del diluvio. Hubo psicosis colectiva, la sigue habiendo. Algún niño se metió en el armario de su casa por miedo, según cuentan…
Pero no diluvió.
La alerta hizo revivir el drama ocurrido hace un año. Paiporta fue el municipio más castigado por la riada. La zona cero, lo llamaron. Aquel 29 de octubre murieron 56 personas de un municipio de 28.000 habitantes. Un año después, las obras contra las inundaciones siguen pendientes en el barranco del Poyo. Desamparados y olvidados, así se sienten los paiportinos. Están en manos del azar —o de la Providencia—. Paiporta es como ese boxeador sonado que se pone de rodillas, pero aún no tiene fuerza para ponerse en pie. La nueva normalidad es un deseo, no una realidad.
Camino por las calles de este pueblo devastado hace un año, y me asaltan los recuerdos. Son cuchilladas en la memoria. Mis botas volvieron a estar limpias. No hay toneladas de fango, ni militares andaluces y extremeños achicando agua, ni vecinos asaltando supermercados, ni viviendas okupadas, ni cementerios de automóviles. Los últimos soldados se marcharon en febrero. Pero las huellas de la tragedia persisten. En las plazas sigue habiendo coches aparcados porque muchos garajes no están habilitados, y los que lo están, se encuentran en condiciones precarias. Hay todavía locales comerciales destrozados. Los jardines siguen en completo abandono, sin que el Ayuntamiento se haya preocupado por reforestarlos. Gran parte de los edificios públicos se mantienen cerrados después de un año de la tragedia.
Así, por ejemplo, el cuartel de la Guardia Civil está en obras; el Auditorio, donde se celebraban los actos culturales, se encuentra cerrado a cal y canto; la primera planta de la biblioteca pública no se puede utilizar; la piscina cubierta está pendiente de reapertura, y el campo de fútbol El Palleter, donde jugaba el primer equipo del pueblo, sigue impracticable. Por el contrario, recientemente se reabrió El Terrer, donde solían jugar categorías inferiores. El Ateneo Musical continúa sin funcionar, para disgusto de los jubilados que se reunían en sus instalaciones.
El pueblo sigue partido en dos, desde la primavera, por las obras en uno de sus puentes, el que conecta las calles Maestro Palau y Colombicultura. Este mes se ha reabierto el paso para peatones. pero no para los vehículos. Además de provocar grandes atascos en el municipio, que sólo dispone de otro puente para circular, el comercio de la zona ha acusado una importante caída en su negocio.
La iniciativa privada responde
Hay una clara diferencia entre cómo han reaccionado las administraciones ante los años de la gota fría de octubre pasado, y cómo lo ha hecho la iniciativa privada, ese pueblo que salva pueblo. El comercio y la hostelería, teniéndolo todo en contra, se han puesto en pie. A partir de diciembre empezaron a reabrir los primeros negocios. Antiguos propietarios reformaron sus locales y otros cambiaron de manos. Se calcula que al menos el 20% de los negocios no han reabierto después de la catástrofe. Muchos de ellos tenían como propietarios a empresarios a punto de jubilarse. Tampoco que hay que olvidar que dos de cada diez locales carecían de seguro, por lo que no tenían derecho a ayudas.
El sector servicios en Paiporta se ha renovado: destacan los bares y los restaurantes abiertos, pero también la estética —peluquerías, centros de uñas y de tatuajes— y la salud —clínicas dentales, de fisioterapia y osteópatas—. Cerraron supermercados y abrieron otros. Los asiáticos, con tiendas abiertas de lunes a domingo, se están abriendo un hueco en el mercado.
La apertura o reapertura de estos negocios anticipan una nueva Paiporta al calor de las nuevas promociones de viviendas. El pueblo es un cielo de grúas. El mercado inmobiliario se mueve. El farmacéutico Benjamín Canet constata un cambio en su clientela. “Hay más jóvenes que compran sin receta. Están sustituyendo a personas mayores que han vendido sus pisos porque no funcionaba el ascensor en sus fincas”, afirma.
Paiporta no volverá a ser la misma, como le sucede al resto de municipios del sur de Valencia, afectados por la riada. En toda tragedia hay vencedores y perdedores. Los que tenían liquidez para abrir un negocio beneficiándose de los bajos precios, y los que lo perdieron todo. El futuro del pueblo, pendiente de escribirse, son los niños y jóvenes que miran el cielo cada mañana, por si se vuelven a suspender las clases. Ha sucedido ya. Todos los centros educativos funcionan con normalidad, menos el colegio l’Horta, que imparte sus clases en barracones, hasta que construyan un nuevo edificio.
Reparto de cargos y sueldos en el gobierno municipal
La gente intenta rehacer sus vidas como puede, mientras los políticos siguen a lo suyo. La anterior alcaldesa, la socialista Maribel Albalat, dimitió por razones de salud y fue sustituida por su compañero Vicent Císcar. Una de sus primeras decisiones fue alcanzar un acuerdo de gobierno con los nacionalistas de Compromís. Reparto de sueldos y cargos mientras los paiportinos se las ven y se las desean para poner orden en sus vidas. Císcar no ha perdonado el IBI a los vecinos este año.
¿Y las tan cacareadas ayudas? La celeridad con que las ha concedido la Generalitat a los particulares —hablo por experiencia propia— contrasta, por ejemplo, con la lentitud las del Gobierno central. No sorprende teniendo en cuenta el precedente de La Palma. Si hablamos de las ayudas dirigidas a la compra de un coche —se perdieron miles de vehículos—, la de la Generalitat valenciana llegó en 48 horas a mi cuenta, mientras que la de la Administración central tardó semanas. El Consorcio de Compensación de Seguros también la abonó en los primeros meses.
Un grave problema ocasionado por la riada fueron los daños en las comunidades de vecinos. El administrador de fincas Rodrigo Sobero cifra en un 60% lo que el dinero del Consorcio ha cubierto de estos desperfectos. Esto ha impedido acabar los trabajos de rehabilitación. Algunas comunidades han tenido que adelantar fondos y otras pedir préstamos para acometer las obras. Ante la lentitud de los trabajos, estos días es frecuente ver juntas de vecinos en la calle.
La información recopilada por Sobero le conduce a pensar que el Consorcio desea cerrar ya expedientes de rehabilitación. Su empresa Gesadfincas2013 lleva seis comunidades en la zona perjudicada: tres en Paiporta, dos en Benetússer y una en Catarroja. El administrador de fincas destaca que la comunicación con el ente público es “tediosa” por las dificultades para contactar con ella.
“No ven la luz al final del túnel”
En su opinión, los vecinos “aún no ven la luz al final del túnel”. Para que los edificios vuelvan a su estado original faltan meses, añade. Probablemente no será hasta el primer semestre de 2026. Otro de los inconvenientes con los que las comunidades de propietarios se han enfrentado es la falta de mano de obra y el aumento exorbitado de los precios de las empresas de la construcción, especialmente las que alquilan el material auxiliar como los andamios. Sobero reclama “una hoja de ruta” a las administraciones que aclare “cómo proceder para finalizar los trabajos” de rehabilitación.
Juan José Morcillo, propietario de un taller de reparación de vehículos y de segunda mano, lamenta que la reconstrucción “vaya muy lenta”. Piensa que el principal problema es el retraso en poner en marcha las nuevas infraestructuras públicas. Como otros empresarios, Morcillo considera que esta cuestión debería ser prioritaria. En cambio, el alcalde de Paiporta aseguró, en unas declaraciones recientes, que la reconstrucción llevará “entre seis y siete años”.
Lo único destacable es que Paiporta cuenta con una nueva estación de metro desde junio. Durante ocho meses, la población se desplazó en autobús a Valencia, en un primer momento, y después hasta la estación más próxima, Valencia Sud, gracias a la red de autobuses verdes de la Comunidad de Madrid. Torrent, municipio afectado en la tragedia, ha puesto el nombre de esta autonomía a un viaducto, en agradecimiento a los 203 autobuseros que prestaron el servicio.
Entre las carencias del pueblo figura la de plazas de aparcamiento. La construcción de un parking junto a la estación de metro avanza a ritmo lento. Además, hay que remodelar el alcantarillado, el asfaltado y parte de la iluminación dañados por la gota fría.
Un paseo por el pueblo —también por la calle por donde huyó el galgo presidencial en el motín de aquel domingo de ira— permite llegar a la conclusión de que las administraciones se han tomado con calma la resolución del problema. De hecho, el 80% de las peticiones de ayudas de particulares y empresas a la Administración central aún no han sido resueltas, lo que es interpretado como un castigo a una comunidad no gobernada por los socialistas.
La lentitud exasperante de la reconstrucción coincide con la investigación emprendida por la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz, para arrojar luz sobre lo acontecidoel 29 de octubre de 2024. Nadie reconoce su responsabilidad. Se echan la culpa unos a otros: la Agencia Estatal de Meteorología, la Confederación Hidrográfica del Júcar, Tragsa, Bomberos, Emergencias, etc. Así fracasa el Estado autonómico ante una tragedia nacional. Además, en las Cortes Valencianas se constituyó una comisión parlamentaria para aclarar las responsabilidades en la riada, como otro episodio de la estéril batalla política a cuenta de la tragedia.
Ancianos y niños, los más perjudicados
En el lado de la realidad, de los más dañados por la tragedia de octubre de 2024, hay que mencionar a los ancianos y los niños. El eslabón más frágil de la cadena. La riada ha dañado la salud mental de muchos paiportinos. La venta de ansiolíticos y antidepresivos se ha disparado, según el farmacéutico Benjamín Canet. Esta reacción es la respuesta en quienes han sufrido un cataclismo en sus vidas, hasta el punto de haber perdido a familiares, sus casas, negocios y vehículos. Llama la atención que la lentitud en la tramitación de las ayudas del Gobierno central contraste con la rapidez de las brigadas de limpieza para borrar las pintadas contra Pedro Sánchez. En cambio, las dirigidas a Carlos Mazón se mantienen, y por mucho tiempo. Doce manifestaciones se han convocado contra él. Y ahí sigue. Sin embargo, esas plataformas manejadas por partidos y sindicatos de izquierda no han organizado ninguna marcha contra quien declaró el 4 de noviembre de 2024: “Si necesitan más recursos, que los pidan”. Frase dolorosa para quienes esperamos ¡durante tres días! que el Estado español nos asistiese. Nadie vino a ayudarnos. El desamparo fue total. Hubo que esperar al viernes para que apareciesen los primeros soldados vestidos de caqui. Llegaron tarde, muy tarde. Las calles del pueblo ya habían sido invadidas por miles de voluntarios que acudieron a rescatarnos.
