Por qué nacen españoles los niños de las pateras

Una Convención sobre los Apátridas de 1954 firmada por la mayoría de los miembros de la ONU ha sido objeto de abusos durante más de medio siglo

Una historia típica de la última generación de españoles que hizo el servicio militar (la “mili”) es las primeras veces en que obedecían una orden a un oficial, pongamos un teniente, y gritaban “sí, señor”, como en las películas estadounidenses.

Obviamente, en el ejército español se dice “sí, mi teniente”. Pero todos entendemos el error: te pasas el día inmiscuido en los asuntos de otra cultura, en sus costumbres y manías, y acabas asumiéndolas como propias. O, lo que es aún peor, como necesariamente superiores a las tuyas.

El asunto de la nacionalidad por “ius soli” es un tema parecido. Mucha gente culta está convencida de que en España la nacionalidad depende de haber nacido aquí: que un niño que ha nacido en Palencia hijo de tailandesa y yemení nace tan español como Luisito Gómez Rodríguez, por el mero hecho. Eso no es así, no ha sido nunca así, y solo parece ser así porque le interesa al lobby pro-inmigración.

Numerosos países latinoamericanos, incluyendo México, reconocen en su constitución que todos los nacidos en territorio nacional tienen derecho a la nacionalidad, sea cual sea la de sus padres. Ése no es el caso de España, donde rige el derecho de sangre y, como explica el ministerio de exteriores, la nacionalidad solo se adquiere “excepcionalmente” si no hay relación de sangre con españoles.

Esta adquisición excepcional se refiere a casos de sobra conocidos de naturalización vía residencia de largo plazo o matrimonio con españoles, o vía Consejo de Ministros (generalmente para deportistas de alto nivel). Pero también a otra vía que, en realidad, no es nada excepcional: la concesión de la nacionalidad a los bebés que nacen apátridas, porque sus padres no quieren registrarles en sus embajadas.

Esta concesión no es por ninguna ley ni tradición española. Se debe solamente a que España, como casi todos los países europeos y americanos, y muy pocos más, es miembro de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Apátridas de 1954. Esta convención, jamás firmada por la mayoría de los miembros de la ONU, incluido Estados Unidos, ha sido objeto de abusos durante más de medio siglo.

Lo que establece la convención es que los países firmantes se comprometen a darle su nacionalidad a aquellos nacidos en su territorio como apátridas, para que esta pobre gente tenga alguna nacionalidad. La realidad es que esto es una absoluta ficción y una fuente de sistemático fraude de ley, porque no conozco el caso de ningún país, ninguno, que no permita el registro de nacidos como ciudadanos, siempre que sean descendientes de ciudadanos.

Ahora mismo en España hay millones de personas que han recibido la nacionalidad por nacer falsamente “apátridas”, solo porque sus padres prefieren registrarlos como españoles abusando de la pertenencia de España a la convención; en realidad, el número de apátridas ciertos, personas que no tienen pasaporte de ningún país (generalmente porque se les ha quitado en procesos legales) es de menos de 10.000.

Merece la pena recordar que, a lo largo de la historia, todos los países solo han reconocido los derechos de sangre: la ascendencia de al menos un ciudadano (los antiguos griegos, por ejemplo) o dos (los antiguos romanos). Y ése sigue siendo el caso con las excepciones arriba mencionadas: sobre todo, naciones hispanoamericanas.

En EEUU ha habido recientemente bastante debate sobre el derecho de suelo (y lo seguirá habiendo) porque una de las primeras órdenes ejecutivas que firmó Donald Trump se refiere justo a este tema, aunque lo haga de una forma bastante circunscrita: simplemente, lo que hizo Trump fue establecer, en lo que vendría a ser la versión estadounidense de un real decreto, que los hijos de residentes ilegales en EEUU no pueden recibir la nacionalidad por el mero hecho de nacer en el país, dado que EEUU no es firmante de la Convención.

Observen que Trump no ha establecido que los hijos de residentes legales no pueden recibir la nacionalidad, lo que podría haber hecho. Esto es solo la primera parte, y habrá que ver por dónde van los siempre activistas jueces estadounidenses y los siempre imprevisibles miembros del Tribunal Supremo, esa permanente caja de sorpresas.

En un reciente análisis del anuncio de Trump, el experto constitucional John C. Eastman explicó que el nuevo presidente está reabriendo una caja de truenos porque, durante más de un siglo, la opinión consensuada de todos los expertos constitucionales fue que la carta magna de aquel país no otorga ciudadanía automática a todos los nacidos en suelo estadounidense, pero ello cambió en décadas recientes.

De momento, 22 estados presentaron demandas tratando de bloquear la implementación de la orden de Trump sobre ciudadanía, al día siguiente de su firma. Ello da una idea de la determinación del lobby pro-inmigración, que ya está citando el caso de Wong Kim Ark, a quien se le reconoció nacionalidad estadounidense en 1898 tras haber nacido en el país hijo de extranjeros que eran residentes legales.

Es importante que el debate español no se contamine con estas americanadas, del mismo modo en que se ha contaminado la forma de saludar a los oficiales en el ejército. España jamás ha tenido reconocimiento de nacionalidad para aquéllos no conectados directamente con España, legales o no, y el truco de colar a millones de inmigrantes como ciudadanos vía una convención de la ONU es un abuso intolerable que es, además, fácil de frenar. Por eso debería ser frenado por el próximo gobierno español, en cuanto tome posesión.

Madrid, 1973. Tras una corta y penosa carrera como surfista en Australia, acabó como empleado del Partido Comunista Chino en Pekín, antes de convertirse en corresponsal en Asia-Pacífico y en Europa del Wall Street Journal y Bloomberg News. Ha publicado cuatro libros en inglés y español, incluyendo 'Podemos en Venezuela', sobre los orígenes del partido morado en el chavismo bolivariano. En la actualidad reside en Washington, DC.

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