Puede que recuerden a Madonna, esa señora de cierta edad que lleva décadas agarrándose al estatus de famosa de moda. Hace unos años se mudó a Lisboa, preciosa ciudad, y el izquierdista gobierno portugués de la época proclamó esta mudanza como un éxito sin precedentes desde la derrota de las flotas otomanas en el Océano Indico por parte de los valientes conquistadores portugueses.
Yo entonces trabajaba para el Wall Street Journal en Madrid y recuerdo el escándalo que causó todo esto en Portugal. Eventualmente se publicaron artículos de todo tipo en la prensa internacional sobre la cesión de 15 plazas de aparcamiento en el centro lisboeta para Madonna y sus amigos, por parte de un alcalde socialista de ésos de cantar La Internacional con puño en alto. También se habló del efecto expulsión que creaba la llegada de millonarios extranjeros con divisas y rentas en sus países originales, haciendo imposible que los ciudadanos del país más pobre de Europa compitieran con ellos por las viviendas en los barrios menos invadidos por la inmigración ilegal.
España, y en particular determinados líderes regionales y locales en diversas partes de España, llevan años intentando crear su propio Efecto Madonna, y los resultados han sido muy similares. De hecho, han ido a peor en años recientes, a medida que el efecto de medidas como la llamada Ley Beckham, para que los millonarios extranjeros que se dignan a comprar o alquilar mansiones españolas paguen menos impuestos de los que deberían, se le han sumado nuevas medidas para atraer a millonarios menos famosos.
A veces, estos millonarios son de lo que llegaron con las visas doradas aprobadas por el PP, y últimamente muchos son “nómadas digitales” que usan cachitos de España como estudios u oficinas para seguir trabajando con sus socios y contactos en San Francisco o Singapur, pero ahora con aún menor presión fiscal.
El votante medio no puede imaginarse hasta dónde llega todo esto. España tiene un Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura que se creó para que se pudiera contratar, por ejemplo, a pescadores extranjeros experimentados dispuestos a faenar durante semanas lejos de la costa: y en unos pocos años el registro se convirtió en una herramienta para acelerar los papeleos y reducir el coste de contratación de deportistas extranjeros para las ligas de fútbol, baloncesto, balonmano, etc.
Si ven la última edición del catálogo, verán que es difícil encontrar una provincia en España donde no estén registrados los “deportistas profesionales” y “entrenadores deportivos” como profesiones de difícil cobertura. Fíjense que un día estuve en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Melilla, preguntando a chavales subsaharianos por qué querían venir a España, y la mitad o más me explicó que quería ser futbolista o cantante. Recuerdo haber pensado: “es como querer emigrar a Israel porque igual necesitan más rabinos”.
Esta política es un puro dispararse en el pie y luego felicitarse por la buena puntería. Cualquier efecto positivo que se pueda generar mediante la importación de millonarios, vía la contratación de chachas y el consumo de comilonas en restaurantes de lujo, es minúsculo en comparación con las subidas de costes que generan, sin hacer nada para subir ingresos privados o públicos.
Esto se nota observando la enorme inflación de costes que ha habido en grandes ciudades, centrada en las zonas de clase media-baja, donde acaba la masa de inmigrantes ilegales, y las de clase media-alta, donde acaban los de alto standing. El resultado que encontramos por todos lados es españoles que son desplazados de sus barrios, a cambio de ningún beneficio para ellos.
Los últimos datos del Banco de España nos muestran que los extranjeros –tanto residentes como no residentes– acapararon el 19,3% de las compraventas en 2023 (último año con datos completos), con 125.000 transacciones. Estas cifras están muy por encima de la presencia que tenían en pleno boom inmobiliario, cuando apenas representaban un 7% de las transacciones.
Además de estar protagonizando un mayor número de compraventas, el Banco de España ha constatado que compradores cierran operaciones un 62,5% por encima de lo que pagan los residentes, de media: mientras los extranjeros adquirieron viviendas a un precio medio de 2.600 euros por metro cuadrado durante el primer semestre de 2023, los residentes pagaron a una media de 1.600 euros por metro cuadrado. Y, mientras, los españoles vaciando las cuentas corrientes para pagar la hipoteca, como indicó Bloomberg en una investigación de 2023.
Todos odiamos a Hacienda. Es natural. Por eso es fácil leer un artículo como éste en el que un abogado inglés denuncia los métodos del fisco para extraer dinero de sus clientes, extranjeros expatriados, e indignarse. Pero para los españoles ha de ser mucho más indignante que a uno, en su propio país, no solo no le den ventaja ninguna, si no que le hagan pagar por todo y encima le hagan subvencionar la contratación de porteros reserva para el Getafe y la mudanza al Barrio de Salamanca de ejecutivos y chavistas con ahorrillos robados en sus pobres países. No tengo muy claro que nos den brillo y esplendor.