En semanas recientes el mundo tuvo ocasión de ver la respuesta de la industria de la inmigración masiva ante las órdenes de deportación de ilegales por parte del presidente estadounidense Donald Trump: las calles de Los Angeles ardieron, en medio de motines e incidentes dirigidos por una organización que obviamente no fue fundada por ningún latino hispanohablante, porque se llama CHIRLA.
No estoy de broma. CHIRLA (siglas en inglés de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes) es el típico chiringuito que vive de dinero público, una ONG que el partido de turno de izquierda, en EEUU el Partido Demócrata, mantiene bien financiada para poder utilizarla como brazo armado en broncas callejeras, manifestaciones, tamborradas y demás. Y, en tiempos de vacas flacas políticas, para acoger a políticos sin currículum laboral que no tienen donde caerse muertos cuando no gobierna su partido, una función fundamental que ya destacó Pablo Iglesias hace unos años hablando del entorno de Podemos.
Este tipo de ONGs son la perfecta expresión del globalismo terminal que domina occidente. Desde 1986, CHIRLA ofrece servicios legales y ayuda a inmigrantes indocumentados, incluyendo a aquéllos con condenas penales, a evitar la deportación. Y si usted es ciudadano estadounidense y les da dinero, sepa que lo puede deducir del pago anual de la renta.
Según la declaración fiscal de CHIRLA para 2023, la organización benéfica declaró haber recibido aproximadamente 34 millones de dólares en subvenciones gubernamentales ese año, un aumento con respecto a 12,4 millones de dólares en 2022. Lo más curioso es que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la agencia federal encargada de deportaciones por la administración Trump contra la que CHIRLA protesta, lleva desde 2014 financiando a CHIRLA, como parte de un programa de ciudadanía y asimilación que apoya financieramente a organizaciones que trabajan para favorecer la naturalización de ilegales.
Me gustaría poder decirles que esto son americanadas. Cosas raras que ocurren en EEUU porque el dinero le sale por las orejas y tienen de sobra para gastarse en sus rollos y en financiar a las ONG que se amotinan contra su propio gobierno y buscan destruir o al menos someter al país que les paga, y que en Washington son así. Me gustaría poder decírselo, pero sería mentira. En Europa hacemos lo mismo, pero aquí es mucho peor porque aquí no nos sale el dinero por las orejas.
En una reciente investigación, el periódico alemán Welt am Sonntag descubrió que en las oficinas de Bruselas de la Comisión Europea, un edificio cuya fealdad se amolda a la perfección con los propósitos, función y trabajo diario de la institución que acoge, hay un ordenador que solo sirve para ver documentos secretos, que no se pueden imprimir ni transmitir por ningún medio.
Los documentos ocultos allí dan fe de las indeseables tácticas que la Comisión ha desplegado para promover su llamado Pacto Verde: una serie de iniciativas políticas diseñadas para lograr la neutralidad climática del continente para 2050, apoyadas con entusiasmo por la izquierda y con ciertas reservas por el liberalismo centrado tipo PP.
Si se materializan plenamente, estas iniciativas supondrán la desindustrialización unilateral de Europa. Lo que muestran los documentos secretos reportados es que la Comisión está decidida a imponerlas ignorando las voces disidentes de la UE e incluso a espaldas de los Estados miembros.
En la terminal supersecreta se encuentra, por ejemplo, un contrato verdaderamente descabellado, firmado en 2022 entre la Comisión Europea y una organización no gubernamental conocida como ClientEarth. En este contrato, la Comisión acordó pagar a ClientEarth 350.000 a cambio de cooperar con el movimiento ecologista y ayudar a organizar protestas cívicas y campamentos climáticos.
Eso no es todo. ClientEarth también se comprometió a emprender una guerra legal (que pagamos todos vía la Comisión) contra las centrales eléctricas de carbón alemanas. La Comisión quiere específicamente que ClientEarth impugne sus permisos de emisiones y uso de agua en los tribunales.
El acuerdo con ClientEarth fue solo uno de los muchos contratos de este tipo celebrados entre la Comisión Europea y diversas ONG con fines similares. En total, la Comisión desembolsó más de 15 millones de euros de fondos públicos en 2022, íntegramente para actividades de activismo y manipulación pública en 2023. Puede que no parezca mucho, pero debemos recordar que Welt am Sonntag solo ha tenido acceso a los contratos más recientes. Se cree que estas tácticas se remontan al menos a 2017 y se presume que continúan.
Otro contrato de 2022 descrito por Welt am Sonntag se refiere a un acuerdo de 700.000 euros con la «red internacional de organizaciones ambientales de base» conocida como Amigos de la Tierra. La UE pagó a esta ONG para que presionara contra los esfuerzos que desde hace tiempo lleva realizando la UE para lograr un acuerdo de libre comercio con el bloque comercial sudamericano conocido como Mercosur.
Se lo repito, por si no les quedó claro: la Comisión Europea pagó a una ONG para que se opusiera a los esfuerzos de la UE por lograr un acuerdo de libre comercio. Con nuestras naciones hermanas de Hispanoamérica.
Más contratos con ONGs implican importantes desembolsos de dinero público para Bankwatch (otro chiringuito medioambiental), la Asociación Europea de Medio Ambiente y la Alianza para la Salud y el Medio Ambiente. En el contrato con esta última se observan los beneficios de tener a una precisa teutona como Ursula Von der Leyen a cargo de la Comisión: a cambio de 700.000 euros, la ONG se comprometió a hacer campaña contra el herbicida glifosato, entre otras cosas, publicando entre 50 y 80 tuits contra el producto químico y reuniéndose con entre cuatro y seis miembros del Parlamento Europeo.
Ni menos de tres ni más de siete. Gracias a los esfuerzos de Ursula y sus colegas, Europa se está convirtiendo en una versión burocratizada de Africa, con contratos que especifican claramente lo que en el mundillo llaman KPIs, siglas en inglés de “indicadores clave de eficiencia”. Nos vamos al basurero de la historia, sí, pero no antes de tener que recibir un número clave vía SMS para certificar nuestro propio suicidio.
