Es fácil elegir un país europeo al azar (Bélgica, Suecia, Grecia…) y escribir “las controversias sobre inmigración incontrolada están exponiendo un sistema político en el que los principales partidos de izquierda y derecha esencialmente están de acuerdo en imponer una agenda globalista”. Con todo, quizás el caso más espectacular y menos conocido es el de Irlanda.
El país ha sido sacudido por meses de protestas que comenzaron a finales de 2023 con el ataque de un inmigrante cincuentón, iraní, a un grupo de niños en la puerta de un colegio: varios fueron heridos graves. Cuando los padres y vecinos empezaron a protestar por la obvia injusticia de que el gobierno permitiera quedarse en Irlanda a un esquizofrénico violento con antecedentes, sin papeles y sin oficio ni beneficio, la respuesta casi unánime de la clase política y medios de comunicación fue: callaros, malditos fascistas racistas, que necesitamos más sitio para “refugiados”.
Esto ha hecho que muchos despierten del sopor en el que llevaban décadas. Irlanda ha sido, aparentemente, uno de los grandes beneficiarios de la globalización al haberse convertido en la esquina perfecta para que grandes empresas internacionales pongan sus sedes europeas.
El crecimiento de la economía irlandesa ha sido tan espectacular que muchos economistas e incluso el Banco Central Europeo han tenido que avisar que es gran medida un artificio contable debido a que ahora enormes corporaciones que no pagan impuestos en la eurozona reportan sus ganancias a través de sus filiales irlandesas.
La realidad sobre el terreno de un país, como casi todos en Europa, inundado por inmigrantes ilegales es familiar para muchos: costes disparándose, con precios de alquiler imposibles para los jóvenes, precarización laboral, emigración de los más brillantes que son reemplazados con inmigrantes ilegales más baratos.
Portugal es frecuentemente citado como el país de la Unión Europea con un mayor porcentaje de su población nativa viviendo en el extranjero (un 25%, comparado con menos de un 5% para España), pero la realidad es que en Irlanda este porcentaje es aún mayor: un 28% según las estimaciones oficiales, que solo incluyen a aquellos nacidos en la isla, y no por ejemplo a los hijos de irlandeses nativos.
Ahora, detengámonos y contemplemos estos datos: ¿no les llama la atención que un país que es, por renta per cápita, más del doble de rico que Portugal sufra una emigración aún mayor?
En un artículo reciente, el comentarista irlandés Seaghán Breathnach argumentó que Irlanda se ha convertido en un Estado autoritario sin oposición, donde todo esto que es obvio para la población es tabú en los medios y parlamento, dominado por partidos de centroizquierda y centroderecha que esencialmente presentan una alternancia ficticia a un electorado al que la prensa sistemáticamente le oculta la realidad.
La guinda en este sistema es la televisión estatal (esto a los españoles nos suena, ¿verdad?), Radio Telefís Éireann (RTÉ), dedicada a promover lo que sea que anteayer decidieron que es ideas de izquierda: transexualismo, pederastia, fronteras abiertas, bombardear a tal y cual país o lo que esté en el menú que llega de Davos.
Dentro del parlamento irlandés (Dáil Eireann) existen tres bloques ideológicos distintos. El primero está compuesto por los tres partidos gubernamentales actuales: Fine Gael, Fianna Fail y el Partido Verde, así como por los tres partidos de oposición más grandes: el Sinn Fein, los Laboristas y los Socialdemócratas.
Este bloque, un 82% del parlamento irlandés según los cálculos de Breatnach, adora a las multinacionales que no pagan impuestos, la Unión Europea, la inmigración masiva y las leyes contra el “odio”.
El segundo bloque, y principal oposición al primero, está formado por dieciséis miembros del parlamento que se encuentran entre tres grupos de oposición, que son independientes o pertenecen a los partidos Áontu o Irlanda Independiente. Este bloque patriótico y profamilia favorece a la familia, las pequeñas y medianas empresas, un estado de bienestar que distingue entre los que contribuyen y los que viven del cuento.
Para horror de muchos comentaristas respetables, estos parlamentarios (un 13% del total) se oponen al crimen y a la vulneración masiva y sistemáticamente de las leyes de extranjería que perpetran los gobiernos irlandeses desde hace décadas. El 5% restante es grupúsculos de extrema izquierda que no tienen muy claro lo que quieren, y saltan de protestas contra el cambio climático a marchas pro-palestinas.
Lo curioso de este tema es que los partidos principales no representan ni siquiera pretenden representar al pueblo irlandés. Hemos llegado a un punto en que es perfectamente respetable que un gobierno presuntamente democrático defienda sólo los intereses de los lobbies globalistas y la UE; y que para protegerse los molestos votantes que quieren quejarse de ello, imponga leyes sobre “discursos de odio”.
El nuevo proyecto de ley contra estos discursos busca la expresión o posesión de hechos u opiniones con las que el gobierno no esté de acuerdo. Para ello, la ley establece una larga lista de grupos protegidos, a los que no se podrá criticar o condenar hagan lo que hagan. Como era inevitable, el lobby LGBT tiene protección ultra especial.
Entre los detalles más curiosos de la nueva ley irlandesa: si la policía pide la contraseña de un ordenador o móvil para asegurarse de que no contienen material “odioso”, será obligatorio proporcionarlas. Tanto preocuparnos de que el Gran Hermano iba a venir del otro lado del Muro de Berlín, y resulta que es nuestro hermano.
Después de muchos meses de debate, no está claro que el proyecto sea finalmente aprobado, ya que las continuas manifestaciones y protestas se han convertido en una muestra tan evidente de desafección con los grandes partidos que algunos, como el Sinn Fein, han empezado a objetar a puntos específicos de la ley.
Aún podría verse alguna luz al final del túnel: igual que la izquierda danesa se cayó del caballo y entendió que no ganaría más elecciones sin comprometerse a frenar la inmigración ilegal, los grandes partidos irlandeses están sintiendo la presión social. Veamos si están dispuestos a escuchar a su propio pueblo.
