En la primavera de 1936 las grandes urbes españolas, particularmente Madrid y Barcelona, se habían convertido en ciudades sin ley, en las que los milicianos de los partidos y sindicatos revolucionarios de izquierda campaban por su respetos. Controlaban las calles y se presentaban en los hoteles, restaurantes y cafés exigiendo ser atendidos con ademanes imperiosos y negándose después a pagar la cuenta. En las tiendas de ultramarinos, las mujeres de los trabajadores, acompañadas de algún joven pertrechado de revólver, tampoco pasaban por caja, como testimonia Salvador de Madariaga. Por las tardes, era frecuente que se dedicasen a recorrer las calles a pie o en coche, deteniendo arbitrariamente a quienes les parecía oportuno, en medio de la indiferencia policial.
Aún quedaban dos meses para que estallara la guerra civil, y los restos del Estado de Derecho, nunca muy boyante durante la Segunda República, habían saltado por los aires.
La violencia política que aterrorizó España
En la España del Frente Popular, se produjeron unos 450 asesinatos políticos en los cinco meses anteriores al 18 de julio de 1936; contabilizando los cinco años anteriores de la República, la cifra de muertos por razones políticas asciende a 2.629. En su inmensa mayor parte, causados por la izquierda, bien contra sus adversarios políticos, bien en luchas entre ellas. La responsabilidad de la izquierda es evidente: tras la relativa represión a la que fue sometida a causa de su golpe en Asturias en octubre de 1934, el año siguiente, 1935, fue el que menos muertos por violencia política arroja: “apenas” 47. Una cifra excepcionalmente baja para los estándares de la Segunda República, sólo explicable porque los perpetradores de los crímenes se hallaban desactivados. La puesta en libertad de los izquierdistas multiplicó por nueve los asesinatos a partir del 16 de febrero de 1936.
Si contrastamos estos números con los de nuestro entorno europeo, adquieren una más clara significación. Durante los cinco meses (el mismo periodo de tiempo) más sangrientos del “bienio bolchevique” italiano, en 1921, murieron 207 personas, menos de la mitad que en España y, considerando que Italia tenía un 50% más de población que nuestro país, es evidente que la intensidad de la violencia fue mucho menor. En términos de criminalidad, lo sucedido en España en 1936 presenta unas cifras mucho mayores que la de los meses que antecedieron a la llegada al poder de Hitler en Alemania, al fin de la democracia en Austria o a la Marcha sobre Roma.
Toda esa violencia no tenía ningún propósito inmediato por parte de las organizaciones socialistas y anarquistas, agitadas por sus líderes con el objetivo de generar una atmósfera pre-revolucionaria y presionar al gobierno. Pero el Partido Comunista sí tenía una estrategia gradual de asalto al poder (que había publicado “Mundo Obrero” en febrero de 1936, unos días antes de las elecciones) y la situación de agitación revolucionaria convenía a sus fines. La radicalización social y política facilitaba las alianzas con el resto de fuerzas de la izquierda, pero debía evitarse que las cosas se desmandasen hasta el punto de provocar una sublevación militar, de la que no estaban seguros. El PCE había reclamado abiertamente para sí la gloria de la Revolución de Asturias, y desde febrero de 1936 había dejado de ser una fuerza minoritaria para convertirse en la más eficaz de las organizaciones de izquierda.
El Gobierno, entre tanto, actuaba de modo despótico política y policialmente, y con un indisimulado sectarismo: puso fuera de ley a la Falange y, pese a la sentencia del Tribunal Supremo que declaró la legalidad de la organización falangista, se negó a acatarla. Mientras tanto, se abstenía de tomar medida alguna contra los desencadenantes principales de la violencia, las organizaciones revolucionarias, particularmente el PSOE y el PCE, de las que dependía en el parlamento para el mantenimiento de su mayoría.
La gravedad de la situación había llegado al punto de que, en numerosas provincias de España — fundamentalmente en la mitad sur y en las zonas de mayor presencia izquiedista, Madrid, Cataluña y Asturias– las milicias ejercían funciones parapoliciales. Patrullaban localidades y barrios, asaltaban y cerraban locales y periódicos de derechas, ocupaban edificios públicos y detenían a sus enemigos políticos; la impunidad de la que gozaban era tal que surgieron entonces las primeras checas, centros de detención, tortura y asesinato de sus oponentes, ante la absoluta inacción de la policía y la guardia civil por orden gubernativa, cuando no con su activa colaboración. Una réplica de lo que había sucedido en Alemania tras la llegada al poder de Hitler en 1933, cuando las milicias nazis (las SA y las SS) y el Stahlhelm fueron habilitados como “Hilfspolizei” –policías auxiliares– con facultad para arrestar a sus oponentes políticos.
En el sur se sucedieron las ocupaciones de tierras, dirigidas por las organizaciones revolucionarias (lo que algún simpático historiador oficial ha considerado que “se adelantaba” a las disposiciones oficiales). Al menos un 5% de la propiedad en España cambió de manos en aquella primavera de 1936, porcentaje que pasó a convertir casi todas las tierras afectadas en improductivas y, ante la caída de los precios agrícolas, los cultivos simplemente se abandonaron en muchas regiones. Una intensa oleada de huelgas sacudió el país. En casi un tercio del territorio las propiedades de la Iglesia fueron incautadas, y la quema de iglesias y edificios religiosos se generalizó. La Bolsa cayó en picado y comenzó a producirse una fuga de capitales. La censura gubernamental en la prensa se intensificó hasta extremos paranoicos, y la derecha se negó a presentarse a la segunda vuelta de las elecciones tras la farsa de los comicios de febrero, donde se había producido un fraude generalizado. En el parlamento, la mayoría del Frente Popular expulsó al presidente de la República de forma manifiestamente ilegal, mientras miles de ayuntamientos eran disueltos y sustituidos por “comités ejecutivos” invariablemente en manos de partidos y organizaciones revolucionarias. Los comunistas reclamaban la ilegalización de las fuerzas “fascistas” –todas las de derecha– y la incautación de “la prensa reaccionaria y de derechas” mientras el presidente del Gobierno manifestaba que el ejecutivo era “beligerante frente al fascismo”.
Entre el estupor y el terror, media España asistía hechizada a los interminables estallidos de violencia revolucionaria, y a la desaparición de las más elementales garantías para la vida y los bienes. La situación era tal que un socialista de la significación de Indalecio Prieto había declarado el 16 de junio:
«Un país puede vivir en Monarquía o en República, en sistema parlamentario o en sistema presidencialista, en sovietismo o en fascismo; como únicamente no puede vivir es en anarquía».
La rebelión: el plan
Ante tal situación, la derecha estaba paralizada. En la calle, sólo los falangistas –y los carlistas, aunque en menor número– hacían frente a la violencia enemiga. La represión contra la Falange tuvo el efecto de que los sectores más activistas –hasta entonces relativamente sujetos por la jefatur- – quedasen fuera de control, y comenzó una dialéctica de acción-reacción.
Aunque algunos sectores monárquicos (alfonsinos y carlistas) llevaban conspirando desde 1933, y los falangistas igualmente tuvieron sus propios proyectos insurreccionales, fue sólo después del triunfo fraudulento del Frente Popular en febrero de 1936 cuando los planes tomaron forma. Unos planes que no procedieron de ningún sector político, sino que se fraguaron en el seno del Ejército, y al frente de los cuales estaba el general Emilio Mola. Básicamente, se trataba de reconducir la situación y deponer al Gobierno, que se mostraba impotente –cuando no connivente– con las fuerzas revolucionarias, pero manteniendo la República. También desde algunos medios políticos se venía promoviendo una salida parecida. Primero Gil Robles, y luego Miguel Maura –personaje principalísimo en el advenimiento republicano del 14 de abril– abogaron por una dictadura republicana, solución que no disgustaba a José Antonio Primo de Rivera.
Mola estaba decidido a que el golpe fuese fulminante. Había que evitar toda resistencia del enemigo, al tiempo que toda subordinación a las pretensiones políticas de falangistas y carlistas que, si bien dispuestos a secundar la rebelión, aspiraban a salvaguardar su autonomía e incluso a imponer sus condiciones. La sublevación debía triunfar en un lapso de tiempo muy corto, o fracasaría. Y para ello era esencial la participación de la Guardia Civil, principal fuerza armada del país al margen del Ejército de África. Se suponía que el pronunciamiento de las principales guarniciones arrastraría al Ejército en su conjunto, neutralizando las posibles resistencias de las unidades militares no comprometidas o de las adversas. Al frente del nuevo gobierno militar republicano estaría el general José Sanjurjo, exiliado en Portugal.
Pese a sus previsiones, Mola se temía que la situación fácilmente degenerase en guerra civil, aunque la esperaba corta.
El Alzamiento deriva en guerra civil
El gobierno sabía de los planes de rebelión, aunque de manera genérica. La dispersión geográfica de los principales jefes militares indica con claridad que no tenía dudas acerca de a quiénes podía considerar sus enemigos, pero prefirió no actuar preventivamente para sofocar la sublevación y dejar que esta fracasara (el propio Azaña se lo habría confesado a Franco, según testimonio del futuro Caudillo).
Muchos mandos militares –sopesando sus posibilidades de éxito– dudaban sobre la pertinencia del levantamiento. Esperaban que el Gobierno fuese capaz de enfrentar a las organizaciones revolucionarias y reconducir la situación, sin necesidad de recurrir a medidas más extremas. Entre ellos estaba el general Francisco Franco, acaso el militar más prestigioso del Ejército. Pero el asesinato de José Calvo Sotelo, el 13 de julio, líder de facto de la oposición, convenció a los indecisos de que en la España de 1936 nadie estaba a salvo. Cuando Indalecio Prieto tuvo noticia del crimen –por otro dirigente del PSOE, Julián Zugazagoitia– exclamó: “Este atentado es la guerra”.
Tres días más tarde, el 16 de julio, se produjo el primer movimiento militar. Desde Villa Jordana, en el Protectorado, el comandante al frente del Tercer Tabor de Regulares, Joaquín Ríos Capapé, ocupó Villa Sanjurjo (Alhucemas) y se dirigió a Melilla, donde llegó al día siguiente para unirse a la sublevación de esa plaza. Era la primera acción de guerra.
La rebelión en Marruecos se generalizó el 17. Y, al día siguiente, en el conjunto de España. Muchos acuartelamientos se pronunciaron con inmediatez, pero otros dudaron, en algunos casos el tiempo suficiente como para ser neutralizados. Aunque la mitología izquierdista ha subrayado el papel de las milicias a la hora de aplastar la rebelión, la realidad es que en las ciudades la situación se decantó en función del posicionamiento de la Guardia Civil. Con las naturales excepciones, allá donde la Guardia Civil se sumó al alzamiento y donde los sublevados no se encerraron en los cuarteles, sino que salieron a tomar las calles, el levantamiento triunfó. Pero donde se encerraron y la Guardia Civil no se sublevó –como fueron los casos cruciales de Madrid o Barcelona–, el levantamiento fracasó.
El alzamiento comenzó a fracasar el 19 de julio. La noche anterior, el recién nombrado presidente del gobierno, Diego Martínez Barrio, habló con Mola para detener la guerra, pero ya era demasiado tarde. Aunque dimitió a las pocas horas de haber sido nombrado, al negarse a entregar armas a las milicias izquierdistas, José Giral, el nuevo presidente, sí lo hizo; se constituyó un doble poder en lo que quedaba de la República, mientras el golpe no conseguía su objetivo de desenlazarse favorablemente con rapidez. Por ambas razones, la situación derivó en guerra civil.
La interpretación del 18 de julio
Pese a lo que muchas veces se ha dicho, la guerra civil española no supuso una ruptura de la convivencia nacional, sino que esta precedió, y fue causa, de la propia guerra. El golpe cívico-militar que fue su razón inmediata, no generó la división.
De no haber estado profundamente dividida la nación, la guerra no hubiera sido posible. En la historia de España durante el siglo XX ha habido otros golpes de este tipo, que nos pueden servir comparativamente. El de 1923 no tuvo el mismo efecto, entre otras cosas, porque la mayor parte de la población estaba a favor; y el de 1981 tampoco generó ruptura alguna porque todo el mundo estaba en contra. Pero el de 1936 sí porque, al contrario que el de 1923 en un sentido y que el de 1981 en el otro, encontró un país roto. Y porque, como escribió Stanley Payne, para media España llegó un momento en que “era más peligroso no sublevarse que hacerlo”.
La responsabilidad esencial de esa división preexistente recae sobre la izquierda en su conjunto, sin que esto quiera decir en exclusiva, y de modo muy señalado en el PSOE, pues era la principal organización de la izquierda. Tres años atrás (1932-33) había optado por desentenderse de la gobernabilidad de la República y lanzarse por el camino de la bolchevización, y había sido el principal responsable de la Revolución de Asturias en 1934. Episodio después del cual, radicalizó aún más su postura.
En el verano de 1936 (y probablemente mucho antes) todo el mundo pensaba en una solución autoritaria, de un modo u otro. Nadie defendía la “democracia”, que entonces era un valor en franco retroceso; la mayor parte de las fuerzas políticas la entendía como una especie de terreno de juego que les habría de permitir imponerse y, en consecuencia, la interpretaban como un periodo más o menos transitorio al que no concedían mayor significación.
La violencia desplegada por una izquierda radicalizada, provocó que algo tan timorato y pusilánime como la derecha española no tuviera otra salida que echarse al monte: esa media España que no se resignaba a morir, en palabras de Gil Robles, quien había advertido a los jactanciosos revolucionarios de que aquella furiosa violencia algún día se volvería contra ellos.
Por otro lado, la contrarrevolución que se puso en marcha no fue una mera corrección de los excesos revolucionarios, sino una reacción de pareja intensidad pero de sentido contrario. En cierto modo, una revolución en otra dirección. Según el profesor Payne:
“Las izquierdas siempre han denunciado la insurrección del 18 de julio, lo cual, desde un punto de vista partidista y sectario, es perfectamente lógico, porque dio al traste con todas sus ambiciones de dominar España. Desde un punto de vista práctico, en cambio, la idea no es tan convincente, porque nunca ha existido un proceso revolucionario que no haya provocado una resistencia contrarrevolucionaria, aunque en ocasiones esta haya fracasado. Quienes no deseen la contrarrevolución, que no emprendan la revolución. Es así de sencillo”.
Cuando la izquierda actual condena el régimen de Franco –en la mayor parte de los casos a partir de una mitología falsa, total o parcialmente– en realidad está emitiendo el más duro de los juicios acerca de sí misma.
Porque, en último análisis, el franquismo fue aquello en lo que la izquierda obligó a convertirse a la derecha.
