Hace 90 años, el 18 de julio de 1936, tuvo lugar uno de los acontecimientos del siglo XX que, si se excluyen las dos revoluciones rusas de 1917 y el estallido de la Segunda Guerra Mundial, más ha marcado y dividido a la opinión pública europea y mundial: la Guerra Civil Española. Un conflicto sangriento, sepultado bajo un aluvión de mitos, mentiras y falsedades por una historiografía partidista y parcial, en su mayoría de tendencia socio-marxista. Durante décadas, una propaganda intensa, unilateral y casi absoluta no ha dejado de repetir, sin el más mínimo matiz, y a pesar de una gran cantidad de investigaciones, testimonios, documentos y archivos irrefutables, que el espantoso conflicto se produjo tras una larga labor de desestabilización por parte de las fuerzas reaccionarias y de extrema derecha («la oligarquía capitalista y el fascismo»), lo que provocó «el asesinato de la democracia», un «holocausto», «una guerra de exterminio»[1]. Una gran impostura, una narrativa rocambolesca y extravagante, forjada por el Komintern y reproducida posteriormente de forma masiva por una casta cerrada de académicos y periodistas, responsables de un auténtico clima de terrorismo intelectual en la materia. Los silencios, las invectivas, los insultos y los ataques ad hominem con los que se recibieron las traducciones francesas de las principales obras de Stanley Payne, Miguel Platón y Pío Moa —todas ellas más propias de burócratas chequistas que de académicos serios— son algunos de los ejemplos recientes más llamativos[2].
¿Hace falta decir que es deshonesto deducir un supuesto «plan de exterminio» del «pueblo de izquierdas » a partir de frases reconstruidas a posteriori, no corroboradas por documentos (como la del general Mola, que supuestamente habría ordenado a los militares «propagar un ambiente de terror… y fusilar a quienes, abierta o secretamente, estén a favor del Frente Popular», cuando en la versión exacta de sus Instrucciones reservadas del 5 de junio de 1936 ordena encarcelar con las palabras siguientes: “la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades y sindicatos no afectos al movimiento […]”.
¿No es igualmente deshonesto deducir una voluntad general del Frente Popular de eliminar a la mitad de España a partir de las famosas palabras de La Pasionaria?: «Es necesario dedicarnos todos a la obra de ayudar al Gobierno en su acción de limpieza, y también cada uno vigilar a los que tenemos al lado. Denunciar sin ninguna vacilación, sin ningún sentimentalismo, a todos aquellos que nosotros creamos que son sospechosos de desafección a nuestro régimen; y si en época normal hay un adagio que dice que es preferible absolver a cien culpables a castigar a un inocente, cuando está en peligro la vida de un pueblo es preferible condenar a cien inocentes antes que el culpable pueda ser absuelto» (Mundo Obrero, 12 de agosto de 1937). Dicho esto, el discurso engañoso de los Maestros censores (que a menudo tienen el descaro de erigirse en defensores del análisis multifactorial o multidimensional) no merecería que nos detuviéramos en él si no conservara aún parte de su capacidad de causar daño en la enseñanza y en los medios de comunicación dominantes.
Pero, ¿qué es la Guerra Civil Española una vez despojada de las interpretaciones mitológicas y maniqueas? Al igual que la mayoría de las guerras civiles europeas del siglo XX, por no hablar de las del resto del mundo, se trata de un conflicto fratricida entre dos facciones irreconciliables del pueblo con un número similar de efectivos. Sin embargo, tiene la particularidad de que gran parte de su notoriedad se debe a la extrema tensión de las relaciones internacionales en vísperas de la más espantosa conflagración mundial. En esta lucha interna, todos los dirigentes políticos y militares son corresponsables en mayor o menor medida. Sin duda, la intransigencia dogmática y el sectarismo ideológico se niegan a admitir esta realidad, pero no se puede pretender analizar con honestidad los antecedentes de este conflicto limitándose a sobrevalorar la inconsistencia de los liberales o el egoísmo de las derechas, al tiempo que se subestima el auge de los separatismos y, sobre todo, la violencia, el sectarismo y el fanatismo revolucionario de las izquierdas.
Cabe destacar que el análisis habitual que equipara los dos «Frentes Populares», el francés y el español, es completamente erróneo. Uno era relativamente moderado, el otro era revolucionario. Léon Blum rechazaba la revolución violenta, mientras que Francisco Largo Caballero, el Lenin español, líder del socialismo español bolchevizado, la deseaba. El Frente Popular español siempre se presentó como defensor de la República y de la democracia. En realidad, sus principales partidos y líderes violaron la legalidad en 1934, planificando la guerra civil en toda España. Posteriormente, acabaron de destruirla en las elecciones fraudulentas de febrero de 1936, aplastando, nada más tomar el poder, la libertad en un baño de sangre y bajo la tiranía. El Frente Popular robó deliberadamente 50 escaños a la derecha (reivindicando después 240 escaños de un total de 473), cuando sin ese expolio —un auténtico golpe de Estado parlamentario— no habría podido gobernar en solitario. Ya no cabe ninguna duda al respecto gracias a los rigurosos y minuciosos trabajos de los historiadores de la Universidad Rey Juan Carlos, Roberto Villa García y Manuel Álvarez Tardío: 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular (2017).
De hecho, fueron precisamente el movimiento revolucionario y el colapso del Estado republicano los que provocaron el levantamiento de julio de 1936, y no al revés. No fue la pobreza, sino la especulación demagógica sobre la pobreza y el envenenamiento de las conciencias por parte de partidos mesiánicos (el PSOE bolchevizado, el PCE, anarquistas de la FAI-CNT), con la doctrina de la lucha de clases y el «odio a la burguesía», lo que empujó a la guerra civil, impidiendo abordar el problema de las reformas de forma razonable y democrática, y contribuyendo inevitablemente al enfrentamiento final. Estos partidos no aceptaban la democracia como un fin, sino como un medio más, al igual que la insurrección, para alcanzar el colectivismo.
La Guerra Civil española es un conflicto complejo que enfrentó a dos bandos: no a los rojos contra los fascistas, ni a los comunistas contra los reaccionarios, sino a los «republicanos» contra los «nacionales». En el extranjero e incluso a menudo en España los historiadores y periodistas, oficiales o convencionales, suelen utilizar el término «nacionalistas» para referirse al bando de los insurgentes, pero este calificativo es partidista, tendencioso e incluso falso, ya que los términos «nacionales» y «nacionalistas» tienen significados muy diferentes. La honestidad exige empezar por respetar la forma en que cada bando se autodefinía, sin distorsiones ni tergiversaciones.
¿Qué defendía cada uno de los dos bandos? Los nacionales defendían la integridad y la unidad nacional, la civilización católica y cristiana, la propiedad privada y la libertad individual, a costa de las libertades políticas. Los republicanos rechazaban la cohesión nacional en nombre del mesianismo revolucionario (del «hombre nuevo» liberado de las limitaciones de la naturaleza, de las raíces y los valores tradicionales). Querían sustituir la cultura cristiana por la cultura socialista o soviético-marxista, suprimiendo la propiedad privada, la libertad personal y las libertades políticas.
Para ser más precisos, había varias fuerzas desiguales en cada uno de los dos bandos. En el bando republicano, o el del Frente Popular, convergían tres grandes fuerzas: la primera, la más importante, estaba formada por los comunistas estalinistas, los socialistas bolchevizados (habiendo sido arrollados y marginados los socialistas moderados), los militantes marxistas antiestalinistas del POUM y, por último, los anarquistas, que aspiraban a instaurar un régimen de tipo colectivista o de tipo soviético; la segunda fuerza agrupaba a los nacionalistas-separatistas (catalanes, vascos, gallegos, etc.), que querían la independencia para sus pueblos; y la tercera fuerza, más minoritaria, reunía a los partidos de la izquierda burguesa-jacobina y laicista, que, voluntaria o involuntariamente, hacían el juego a las primeras.
Enfrente, en el bando nacional, había cinco tendencias o movimientos bien diferenciados: los monárquicos tradicionalistas (carlistas), los monárquicos liberales, los conservadores-liberales (la CEDA, confederación de partidos católicos, liberales-conservadores, populistas y demócratas-cristianos, con las Juventudes de Acción Popular —JAP— en su seno), los republicanos demócratas del centro (Partido Republicano Radical, Partido Reformista y Partido Agrario) y, por último, los falangistas.
Todos los oficiales superiores rebeldes estaban convencidos de que los militares, con la ayuda de algunos grupos de milicianos civiles, se impondrían rápidamente a sus adversarios, atónitos y aterrorizados. Según ellos, todo debía resolverse en unas horas, como mucho en unos días. Pero se equivocaban de lleno. El ejército y las fuerzas policiales (guardias de asalto, Guardia Civil y carabineros) estaban tan divididos como el conjunto de la sociedad. El golpe militar fue un fracaso y la guerra civil se volvió inevitable cuando la sociedad reaccionó: unos apoyando al bando republicano y otros, al nacional.
Esta es la explicación fundamental de un conflicto entre dos facciones: una «totalitaria» y otra «autoritaria», en el que la defensa de la democracia no desempeñó absolutamente ningún papel. En cuanto al argumento de que la ayuda germano-italiana habría sido cuantitativamente (absolutamente o relativamente) superior a la de la Unión Soviética, este oculta el hecho de que Stalin convirtió al Frente Popular español en un estado satélite, mientras que el apoyo de Alemania e Italia no privó a la España de Franco de su independencia. Este punto clave de la intervención extranjera fue destacado muy pronto por el intelectual republicano-liberal Gregorio Marañón y tuvo, entre otras, como consecuencia importante la neutralidad de España durante la Segunda Guerra Mundial, lo que benefició a los Aliados.
¿Por qué perdió finalmente la guerra el Frente Popular cuando debería haberla ganado, dados los medios militares y económicos de los que disponía al principio? ¿Por qué desperdició una superioridad material que, en condiciones normales, debería haberle dado la victoria? El general Vicente Rojo, jefe del Estado Mayor del Ejército Popular desde 1937 hasta el final de la guerra, escribe al respecto en Alerta a los pueblos (1939): «En el terreno militar, Franco ha triunfado: 1.º Porque lo exigía la ciencia militar, el arte de la guerra[…]. En el terreno político, Franco ha triunfado: 1.º Porque la República no se había fijado un fin político, propio de un pueblo dueño de sus destinos o que aspiraba a serlo […]. Durante dos años y medio de guerra, nuestros políticos se preocuparon más por pequeñas cuestiones personales y partidistas que por los grandes problemas nacionales. Les faltó la abnegación política necesaria para someterse a un ideal común superior al de los partidos y la integridad para sanear un ambiente político viciado». De hecho, nunca se insistirá lo suficiente en los efectos desastrosos de las luchas internas en las filas del Frente Popular. Apenas un mes después del estallido del levantamiento, los comunistas cambiaron de estrategia. Renunciaron a la revolución desde la base, desde el pueblo (objetivo primordial de los anarquistas), para dedicarse a conquistar el aparato del Estado y, en particular, el ejército, al tiempo que intentaban calmar las inquietudes de las democracias occidentales. En la primavera de 1937, en Cataluña, se produjeron sangrientos enfrentamientos entre los anarquistas y los comunistas antiestalinistas del POUM, por un lado, y los comunistas estalinistas del PCE y los socialistas bolchevizados del PSOE, por otro. Estos enfrentamientos marcaron el inicio de una feroz persecución contra los marxistas no «ortodoxos». Dos años más tarde, el 4 de marzo de 1939, en Madrid, cuando el Ejército Popular estaba exhausto y la resistencia ya resultaba inútil, se produjeron terribles ajustes de cuentas que enfrentaron, por un lado, a los anarquistas y a los socialistas reformistas y, por otro, a los comunistas. Esta vez, el «Consejo Nacional de Defensa», dirigido por el general Miaja, el coronel Casado, el socialista moderado Besteiro y seis otros miembros (representativos de todos los partidos con exclusión de los comunistas) se impone. Los dirigentes comunistas abandonan a sus hombres y huyen a Moscú.
Antiguos líderes comunistas como Enrique Castro Delgado, Jesús Hernández o Valentín González (El Campesino), comunistas antiestalinistas como Julián Gorkin, anarquistas como Diego Abad de Santillán o socialistas marxistas como Luis Arquistain han tratado ampliamente el tema del dominio comunista y soviético en la zona republicana. El historiador americano Burnett Bolloten ha demostrado de forma notable que el conflicto no fue solo una guerra del bando republicano contra el bando nacional, sino también una lucha interna por el control del bando republicano, dominada progresivamente por el Partido Comunista con el apoyo soviético (véase The Spanish Civil War: Revolution and Counterrevolution, La Guerra Civil Española: Revolución y Contrarrevolución, 1989). Esta es también la razón por la que el profesor Sánchez Albornoz, que fue miembro de la Izquierda Republicana y jefe del Gobierno republicano en el exilio (1962-1971), afirmo categóricamente: “Si hubieran triunfado los nuestros, se habría proclamado el comunismo, porque nosotros, los republicanos, ya no contábamos” (Entrevista, Informe semanal TVE, 1975)
Por el contrario, en el bando nacional, las tensiones y disensiones se reprimen rápida y firmemente. Elegido por sus pares comandante supremo de las fuerzas militares insurgentes y jefe de Gobierno del Estado Español (28 de septiembre de 1936), Franco confía seis meses más tarde a Ramón Serrano Suñer, su cuñado jurista y antiguo diputado de la CEDA, la tarea de redactar el «decreto de unificación» que impone la fusión de todos los partidos de derecha (republicanos liberales y conservadores, monárquicos y tradicionalistas-carlistas) con la Falange original de José Antonio en la Falange Española Tradicionalista y de las JONS, con el fin de poner freno a las divisiones políticas. Promulgado el 19 de abril de 1937, el decreto no admite resistencia ni impugnación: el jefe de la Comunión Tradicionalista (carlista), Fal Conde, se ve obligado a exiliarse; el segundo jefe de la Falange, Manuel Hedilla, hostil a la fusión, es condenado a muerte; Gil-Robles, el presidente de la CEDA, que se encuentra en Francia cuando estalla el levantamiento, permanece prudentemente en Portugal. En cuanto al pretendiente de la dinastía alfonsina, Juan de Borbón, que deseaba unirse al bando nacional, se le impidió entrar en España muy temprano en agosto de 1936. Tras hacerse con el poder militar, gracias a este decreto de unificación, Franco comienza a concentrar el poder político en sus manos.
Dicho esto, no se puede dejar de subrayar que el levantamiento, la guerra civil y el régimen o la dictadura de Franco son hechos bien distintos que, como tales, pueden juzgarse e interpretarse de maneras muy diferentes.
[1] Véase, en particular, Paul Preston, El holocausto español, Debate, 2011 (en francés Une guerre d’extermination, Espagne 1936-1945, Belin, 2016), o Pierre Salmon, Mercedes Yuste y François Godicheau, La guerre d’Espagne 1936-1939, La démocratie assassinée (La democracia asesinada), Tallandier, 2026.
[2] Tuve el honor de prologar en Francia las imprescindibles obras de: Stanley Payne, La guerre d’Espagne. L’histoire face à la confusion mémorielle, 2011 ; Pío Moa, Les mythes de la Guerre d’Espagne 1936-1939, 2023 ; y Miguel Platón, La répression dans l’Espagne de Franco 1939-1975. De la propagande mémorielle à la réalité historique, 2025.
