La conspiración contra el caótico Gobierno del Frente Popular estaba en marcha desde meses antes del secuestro y asesinato del diputado José Calvo Sotelo, pero apenas avanzaba, y varios de los implicados, como Manuel Fal Conde, el delegado de la Comunión Tradicionalista, y el general Francisco Franco, exigían demasiadas condiciones o daban largas. El 11 de julio de 1936, contestó Franco a Emilio Mola cuando éste le instaba a unirse a la rebelión con un desalentador “Geografía poco extensa”. El magnicidio, ejecutado por parte de un comando terrorista formado por policías y pistoleros afiliados del PSOE, disipó las dudas y vacilaciones.
A partir de ese momento, millones de españoles se encontraron ante la alternativa de sublevarse, o temer que sus enemigos fueran a buscarles a sus domicilios para matarles, con la participación de las fuerzas policiales a las que los derechistas españoles de los siglos XX y XXI tienen una devoción incomprensible. Así lo reconocieron muchos de los implicados en sus memorias o recuerdos, como el propio Franco, quien dijo años más tarde que el alzamiento no habría logrado el apoyo de muchos militares de no haberse perpetrado el asesinato.
Por ello, los historiadores de choque se empeñan en quitar hierro a un crimen que no tenía entonces, ni lo ha tenido después, parangón en los países occidentales. Como escribe Stanley Payne: “En toda la historia de los regímenes parlamentarios no se había dado jamás el caso de que un jefe de la oposición parlamentaria hubiese sido asesinado por un destacamento de la policía nacional”.
Algunos lo presentan como una reacción exagerada, aunque disculpable, debido al anterior asesinato del teniente José Castillo, un oficial felón que adiestraba en el manejo de armas y las emboscadas a militantes del PSOE y del PCE, y en abril de 1936 había tiroteado a un manifestante desarmado. Los más miserables insinúan que Calvo Sotelo estaba implicado en el inminente golpe de Estado, por lo que fue un asesinato preventivo; otros de este grupo dicen que, al haber beneficiado tanto a los rebeldes, podría haberlo movido una mano oscura para impulsar el alzamiento.
Ninguna de las investigaciones realizadas por los historiadores ha encontrado pruebas de la implicación directa del Gobierno, ni de los partidos que formaban el Frente Popular, en semejante asesinato. Sin embargo, tanto ese Gobierno, presidido por el republicano masón Santiago Casares Quiroga, como los partidos, en especial el PSOE, en los días siguientes se convirtieron en cómplices (uso esta palabra en su sentido literario, no penal) al actuar como encubridores (en cambio, esta otra sí la empleó en su significado jurídico).
La responsabilidad del consejo de ministros, de los altos cargos, como el director general de Seguridad, y de los diputados, dirigentes y periodistas del FP, consistió en comportarse de una manera tal que dejaron claro que no les importaba la resolución del magnicidio, ni la detención de los autores, ni el orden público. Daba la impresión de que lo aprovechaban para reducir por el terror al resto de los españoles, o para provocarles a una rebelión desesperada. En los siguientes párrafos, enumeramos varios de esos actos.
ENCARCELAR A LOS POLÍTICOS DE DERECHAS
El cadáver de uno de los jefes de la oposición parlamentaria apareció en el Cementerio del Este el 13 de julio por la mañana. Se reunió el consejo de ministros y, en un comunicado, prometió llevar a cabo una investigación pública y un procesamiento de los asesinos, cosas que incumplió. Además, equiparó el asesinato de Calvo Sotelo, diputado secuestrado en su domicilio por policías uniformados, con el de Castillo, víctima de unos pistoleros aún sin descubrir.
Y con la censura previa ya establecida desde hacía meses, por la declaración del estado de alarma, el Gobierno prohibió que los periódicos calificasen de “asesinato” la liquidación del jefe del partido Renovación Española. Por ejemplo, El Telegrama del Rif publicó el 14 de julio de 1936: “Asesinato de Castillo” y “Fallecimiento de Calvo-Sotelo”. José Ignacio Kirkpatrick, marqués de Valdeiglesias, no quiso sacar a la calle su periódico, La Época, con ese titular infecto, y el presidente del gobierno en persona, Casares Quiroga, lo cerró. Durante la guerra se incautó de él el partido socialista de Ángel Pestaña y el régimen franquista no permitió su reaparición, por lo que el del 11 de julio fue su último número.
La oficialidad del cuartel de Pontejos, del que salió la camioneta de la Guardia de Asalto en la que se cometió el asesinato, protestó contra todas las medidas de investigación e impidió la detención de Fernando Condés, capitán de la Guardia Civil reincorporado con la amnistía de febrero y militante del PSOE que había encabezado el comando terrorista la noche del 12 al 13 de julio. Para ocultar pruebas, la furgoneta se lavó de la sangre de la víctima.
Indalecio Prieto (en la fotografía, en el centro junto a Negrín y el general Rojo) y otros socialistas prominentes como, Julián Zugazagoitia y Juan Simeón Vidarte, ampararon a sus camaradas Condés y Luis Cuenca, el ejecutor material (había intervenido como delegado policial en las fraudulentas y violentas elecciones de Cuenca, en mayo, y en esos días trabajaba como guardaespaldas de Prieto), en vez de entregarlos a la justicia. Condés fue escondido en la casa de la diputada socialista Margarita Nelken. Zugazagoitia exclamó: “Este atentado es la guerra”. Todos eran conscientes de las probables consecuencias del magnicidio, pero no quisieron pararlas.
Los diputados monárquicos pidieron que la capilla ardiente se instalara en el Congreso o en la Academia de Jurisprudencia, de la que Calvo-Sotelo era presidente. El ministro de Gobernación, Juan Moles, lo prohibió y ordenó que el cadáver permaneciese en el depósito del Cementerio del Este, donde los asesinos lo habían arrojado, sin permitir ningún duelo, incluso a la familia.
El mismo día 13, los diputados del PCE presentaron un borrador de decreto-ley (difundido por Mundo Obrero) al resto del FP que autorizaba al Gobierno a disolver las organizaciones de “carácter reaccionario o fascista” (toda la oposición, salvo el PNV, aliado habitual de las izquierdas, como en la comisión de actas, que arrebató varios escaños más a las derechas), a encarcelar sin fianza a “aquellas personas conocidas por sus actividades reaccionarias, fascistas y antirrepublicanas” y a la confiscación de los periódicos El Debate, Ya, Informaciones, ABC y “toda la prensa reaccionaria de las provincias”.
El 14 de julio la comitiva fúnebre fue tiroteada al regreso del entierro por pistoleros del Frente Popular, sin que las fuerzas policiales de Moles intervinieran. También en Madrid, en una refriega entre miembros de UGT y CNT murió un anarquista.
En la reunión de la Diputación Permanente del 15, programada para ampliar por otro mes el estado de alarma, los diputados de izquierdas, que eran mayoría, volvieron a insultar a los de la CEDA y el Bloque Nacional. José María Gil Robles reveló que entre el 16 de junio y el 13 de julio se habían cometido 61 muertes más por motivos políticos y espetó al Gobierno: “Vosotros, que estáis fraguando la violencia, seréis las primeras víctimas de ella”. Prieto aseguró que el asesinato de Calvo-Sotelo era una reacción al de Castillo. El diputado monárquico Suárez de Tangil lo calificó “verdadero crimen de Estado”. Esta frase y otras más las eliminó del Diario de Sesiones el presidente de las Cortes, el masón Diego Martínez Barrio, habitual pastelero.
El periódico Claridad publicó (15-VII-1936) unas declaraciones del socialista Francisco Largo Caballero, que estaba en Londres: “¿No quieren este Gobierno? Pues que se sustituya por un Gobierno dictatorial de izquierdas. ¿No quieren el estado de alarma? Pues que haya guerra civil a fondo”.
El director general de Seguridad, José Alonso Mallol, miembro de Izquierda Republicana, el partido de Manuel Azaña, y también masón, declaró el 15 que se había detenido a 185 jefes locales y provinciales de Falange en toda España. El 16 se cerraron todas las sedes de partidos derechistas en Barcelona. En cambio, no detuvo a ningún sospechoso del magnicidio.
El Gobierno apartó del caso al juez Ursicino Gómez Carbajo, que se había hecho cargo de la instrucción, por su independencia. En su lugar, nombró al magistrado del Tribunal Supremo Eduardo Iglesias Portal, que entre los procesos que había llevado antes estaba la instrucción del intento de golpe de estado del general Sanjurjo (agosto de 1932). A una rueda de reconocimiento que pidió el juez, Mallol envío unos 170 guardias.
ROBO DEL SUMARIO EN EL SUPREMO
Las medidas para ocultar a los autores del magnicidio se sucedieron incluso cuando había comenzado la guerra. Para los socialistas importaba más borrar las responsabilidades de sus camaradas que combatir a los militares sublevados.
Melquiades Álvarez, político masón, liberal y republicano, ex presidente del Congreso, era decano del Colegio de Abogados de Madrid desde 1932. Había aceptado ejercer la defensa legal de José Antonio Primo de Rivera (encarcelado en marzo por posesión de armas) y había asistido al entierro de Calvo-Sotelo.
El 24 de julio, un grupo de abogados vinculados al Frente Popular se incautó del Colegio. Días más tarde, se nombró una comisión gestora, presidida por el político Francisco López de Goicoechea, que le destituyó. Esta gestora aprobó la expulsión de las decenas de letrados que habían firmado una protesta por el asesinato de su compañero. El Gobierno nombró decano al usurpador López de Goicoechea.
La lucha de Álvarez contra la dictadura del general Primo de Rivera y su edad (había nacido en 1864) no le protegieron de las hordas marxistas. El nuevo director general de Seguridad, Manuel Muñoz Martínez, otro militante de Izquierda Republicana, ordenó su detención el 4 de agosto. La noche del 21 al 22 se le asesinó en una de las sacas de presos de la cárcel Modelo.
El 25 de julio, una banda de milicianos socialistas irrumpió en el Tribunal Supremo y robó el sumario, cuando el magistrado Iglesias Portal no estaba en el edificio. Al regresar, se encaró con uno de los cabecillas y se temió por su vida. Las investigaciones judiciales las realizaron los nacionales al concluir la guerra y constan en la Causa General.
En definitiva, del magnicidio que condujo a la guerra civil se hizo responsable toda la izquierda con su conducta. Incluso algunos dirigentes del Frente Popular lamentaron no haber ido en esa camioneta. Así lo proclamó el socialista Ángel Galarza, ministro de Gobernación entre septiembre de 1936 y marzo de 1937, cuando ya había estallado la guerra: “A mí el asesinato de Calvo-Sotelo me produjo un sentimiento. El sentimiento de no haber participado en la ejecución”.
En 1936 no había democracia en España antes de la guerra. Entre mediados de febrero de 1936 y mediados de julio habían muerto en torno a 330 personas por motivos políticos. El colofón fue el asesinato de Calvo Sotelo. El 18 de julio de 1948, el general Franco concedió póstumamente al asesinado el ducado de Calvo Sotelo, con grandeza de España. Fue uno de los títulos nobiliarios que el socialista Pedro Sánchez y sus aliados del PNV y ERC suprimieron. La izquierda no consiente que en España se honre a ninguna figura del siglo XX que no cuente con su aprobación.
