Tal como es preceptivo en las historias de fantasmas, se diría que los inquilinos de La Moncloa, terminado su momento, son incapaces de irse del todo y encontrar el descanso eterno. Una maldición o tarea inconclusa los retiene en nuestro plano terrenal, pero en lugar de hacer crujir muebles y encender luces a medianoche en aquella mansión como acostumbran las almas errantes que guardan cierto decoro, estos son bastante más siniestros: saben que si solo la ouija sirviera de medio de comunicación con ellos, ningún español en su sano juicio se acercaría a ese instrumento diabólico, así que basta con encender la radio, la tele o asomarse a algún medio digital para encontrárnoslos ahí, henchidos y levitantes como zeppelines, guiándonos hacia la sabiduría con el aplomo de Yoda.
Así, hace unos meses Zapatero nos contaba en una entrevista que «el feminismo no es una ideología, es un estadio elevado de la civilización», lo que nos hace recordar aquel verso de Kavafis «¿Y qué va a ser de nosotros ahora sin bárbaros? Esta gente, al fin y al cabo, era una solución». Por su parte Felipe González con sus constantes críticas al actual presidente —al que tendremos también décadas en los medios, Dios nos asista— alimenta primorosamente el mito del «PSOE bueno» al que regresar. Respecto a Rajoy esta misma semana ha publicado el libro El arte de gobernar, del que la primera frase de su entradilla es «Más allá de las ideologías: el arte de lo posible». Está claro que aquello de la ideología nunca le interesó a este hombre («es mucho lío», como respondió cuando le propusieron recuperar Gibraltar), pero eso significa que entonces gobierna sirviendo a la de otros.
Y no podíamos olvidarnos, claro, de Aznar. Este año se estima que van a llegar a España nada menos que 600.000 inmigrantes (el equivalente a Málaga, por hacernos una idea), así que el suegro de «El conseguidor» se ha propuesto enseñarnos que la inmigración masiva es «necesaria», de manera que hace unos días primero en una entrevista en El Confidencial se preguntaba que, sin ellos, «¿quién va a hacer el trabajo que se hace en tu casa? O en la fábrica». Ahí, las prioridades claras: ¡No sin mi chacha! Una semana después, insistía en otra entrevista en Onda Cero en la misma idea: «¿quién va a hacer el trabajo que hacen los inmigrantes?». No debe saber que en España hay 2,4 millones de parados y en los últimos años ha mantenido la tasa de paro juvenil más alta de Europa, en dura pugna con Rumanía.
Ahora bien, supongamos que se llegase a una situación de pleno empleo, principio rector de la política económica según la Constitución… ¿Realmente deberían cubrirse esos puestos vacantes sin atender a ninguna otra consideración? Tal como ya apuntamos en este otro artículo, se ha estudiado que la afluencia de inmigración hace bajar los sueldos particularmente de la clase baja de los países receptores, al aumentar la mano de obra disponible. Así mismo, el aumento de la población que trae consigo incrementa el precio de la vivienda, particularmente en el alquiler. Qué decir del incremento de la delincuencia y de los conflictos culturales-identitarios que traen consigo, algo que viene siendo noticia diaria desde tiempo atrás, al igual que la cada vez más frecuente congestión del transporte público.
Son cuestiones todas ellas que un gobernante que mirase por el interés del conjunto de los españoles debería sopesar con atención, en lugar de codiciar los grandes flujos migratorios como una provisión infinita de mano de obra barata y dócil. Pero algo nos dice que no aparecerán mencionadas en el libro de Rajoy, ni desde luego guiaron la acción de gobierno de Aznar. Echemos la vista atrás, porque sus opiniones sobre esta cuestión explican en buena medida nuestro presente.
Su llegada al poder en 1996 supuso una primera regularización masiva de inmigrantes ese mismo año, además de heredar sin cambios un nuevo reglamento de extranjería de febrero que reconocía por primera vez el permiso de residencia permanente y el derecho a la reagrupación familiar. Así que podemos decir que su primera legislatura fue de continuismo del PSOE, pero las cosas siempre son susceptibles de empeorar. Tras una flamante mayoría absoluta que le dejó manos libres para hacer y deshacer a su antojo, en su discurso de investidura del 25 de abril de 2000 describió la situación de España en un «mundo abierto» —expresión que emplea en 4 ocasiones— que requería, cómo no, también fronteras abiertas: «Nuestra realidad demográfica, así como la evolución del mercado laboral, hacen que España necesite un creciente número de inmigrantes. Ahora, precisamente, no podemos olvidar que en otros tiempos muchos españoles salieron de nuestras fronteras para trabajar y ganarse la vida. Hemos de prepararnos para ser un país de acogida, conscientes de que quienes vienen a trabajar contribuyen a nuestra prosperidad y enriquecen nuestra sociedad». A algunos sí, a la mayoría bastante menos.
Aquel mismo año, el gobierno de Aznar inició otra regularización, con una tasa de aceptación excepcionalmente alta y no igualada desde entonces: un 96,94% de las solicitudes presentadas fueron aprobadas. Poco después, en 2001, puso en marcha otro proceso de regularización, esta vez por arraigo, de forma que bastaba acreditar por cualquier medio (incluso facturas de comida) que ya se llevaba un tiempo residiendo en España para lograr legalizar su situación. También se firmaron acuerdos sobre flujos migratorios ese año con Ecuador, Colombia y República Dominicana —Americanos, os saludamos con alegría, podía haber cantado—, seguidos por otros firmados con más países durante el resto de su legislatura.
A todo ello hay que sumar la Ley Orgánica 8/2000 de 22 de diciembre, nuevamente reformada en 2003, en la que con su nueva mayoría absoluta modificaba la Ley de Extranjería, más restrictiva con la inmigración ilegal, aunque abriendo las puertas a la legal. El resultado de todo ello es que entre 1997 y 2004 la población inmigrante paso de 637.000 a cerca de 3,7 millones, casi 6 veces más, convirtiéndose para comienzos de 2005 en el 8,4% de la población de España. Para que nos hagamos una idea, en 2002 nuestro país fue el tercer receptor mundial de inmigración en números totales, solo por detrás de EE.UU. y de Alemania. No hace falta incidir en la enorme diferencia en el peso y naturaleza de estas tres economías, de manera que se propició desde el poder un crecimiento económico con esteroides, basado en la especulación inmobiliaria y un gran flujo de mano de obra barata… que en 2008 acabó saltando por los aires. El propio Aznar declaró que «no podría explicar el éxito económico de España durante mi gobierno sin la inmigración latinoamericana».
Posteriormente el modelo se ha replicado, aunque poniendo ahora el acento en el turismo. El año pasado se alcanzaron los 94 millones de turistas, casi el doble que en el año 2000, lo que a menudo crea la percepción de que los centros de las ciudades españolas se han convertido en parques temáticos vacacionales, sustentados en la mano de obra barata extranjera (son ya ¾ de los contratos de trabajo que se firman).
No parece el mejor camino a seguir. De manera que, si queremos cambiar las cosas, tal vez lo primero de todo sea empezar a deportar fantasmas.
