Pedro Sánchez lleva más de un año perfeccionando su pose de ‘azote de los tecnoligarcas’. Desde que, en enero de 2025, la emprendió con Elon Musk (dueño de Tesla y la red social X) por atreverse a opinar en su propia red social sobre la actualidad política española, el presidente del Gobierno no ha perdido ocasión de arremeter contra lo que presenta como grupo de magnates tecnológicos que, según él, amenaza la soberanía democrática desde sus feudos digitales.
“No nos van a quebrar», proclamaba en el VIII Congreso Nacional de Industria. «La voz de la democracia no va a ser doblegada por los tecnoligarcas del algoritmo”. Si ignoramos el hecho de que Sánchez, desde que entró en La Moncloa, la ha utilizado para recibir amigablemente a la plana mayor de la ‘tecnoligarquía’, el guion tenía todo lo que un líder progresista necesita en ese momento: un villano identificable, una causa noble y frases fáciles de retuitear.
Ahora, el ‘No a la guerra’, que cuenta con la ventaja de lo conocido y ahorra tener que vender nuevos discursos a su parroquia, ha ocupado ese espacio. Pero tranquilos, porque volveremos a oír hablar de Musk y compañía, ya sea porque se solvente lo de Ormuz, o porque tengan que justificar, más pronto que tarde, nuevas normas de vigilancia y censura de Internet.
Aprovechemos este descanso para repasar dónde está la trampa.
Un concepto-trampa
Tanto ‘tecnoligarca’ como ‘tecnofeudalismo’ son términos que han arraigado con fuerza en los últimos meses entre los comunicadores de izquierdas, no sólo los españoles. Pero recordemos que, en realidad, el término tecnofeudalismo (¿seguro que el Medievo es el mejor referente para describir los actuales cambios de la economía global? ¿seguro?) existe desde al menos 2014, creado por Vasilis Kostakis y Michel Bauwens; otro intelectual anticapitalista, Cédric Durand, incluso publicaría en 2020 una obra titulada Technoféodalisme.
Pero no fue hasta que Elon Musk tuviera la osadía de derribar el muro progresista de Twitter que el mediático Yanis Varoufakis —exministro de Finanzas griego con Syriza— recicló la etiqueta en su propio libro Tecnofeudalismo: el sigiloso sucesor del capitalismo… e incluso así, no se popularizaría en los medios hasta que la candidata favorecida por la mayor parte de los gerifaltes de Silicon Valley fue derrotada por Trump.
Así que seamos claros: no les preocupa que esté cambiando la estructura del capitalismo de plataformas, que es esencialmente la misma que describía Durand en 2020: lo que les preocupa que esté cambiando es que esta vez el gobierno conservador tiene un pequeño puñado a señores feudales de su lado.
El concepto, en definitiva, cabalga a lomos de la amnesia selectiva: cuando Twitter —el Twitter de Dorsey, el Twitter progresista— suspendía cuentas según criterios que sus propios empleados admitían como inconsistentes, nadie hablaba de señores feudales digitales. Tampoco cuando el algoritmo de Facebook decidía qué noticias existían y cuáles no (censurando de facto escándalos relacionados con el hijo de Biden, por ejemplo).
Un caso más —y van…— de doble rasero: los únicos a los que señalan cuando los usan son aquellos grandes empresarios del sector tecnológico que no comulgan con el progresismo.
Si a un magnate de Silicon Valley lo recibe sonriente Sánchez en la Moncloa, ya no es un oligarca, sino un ‘filántropo’, ‘líder’ o ‘emprendedor’
Ni pongo ni quito ideología, pero ayudo a mi señor
En origen, cuando se trataba de un término meramente académico, el tecnofeudalismo designaba el control de plataformas como infraestructura de poder, la extracción de rentas por acceso a mercados digitales, la dependencia asimétrica que crean los «jardines amurallados» de los grandes operadores, etcétera. Con base a ese criterio, barcos insignia de Silicon Valley como Google, Apple, Meta, Amazon y el Twitter pre-Musk podían ser casos tan paradigmáticos (si no más) que la actual red X o que cualquier startup respaldada por Peter Thiel.
El columnista del Washington Post Jason Willick planteaba en 2022 que las grandes plataformas tecnológicas habían adoptado las características de un gobierno: regulan la competencia política, emplean una creciente burocracia de gestores de contenidos, y se han rodeado de lobbies sin ánimo de lucro que funcionan como grupos de presión para endurecer las políticas de censura.
Ese poder —el poder de dar y quitar visibilidad, de eliminar cuentas, de determinar qué constituye «desinformación»— fue ejercido durante dos décadas invariablemente desde la izquierda, la ideología y cultura política oficial de Silicon Valley. Los empleados de las tecnológicas votaban de manera abrumadoramente demócrata y sus políticas de moderación (censura) reflejaban las filias y fobias del electorado progresista.
Zuckerberg intentó, en un célebre discurso en Georgetown en 2019, resistir las presiones progresistas para endurecer la moderación de contenidos en Facebook, apelando a la tradición de la Primera Enmienda. Fue atacado sin tregua hasta que cedió.
Parag Agrawal, director de tecnología de Twitter, diría meses después en una entrevista que “nuestro papel no es el de estar sujetos a la Primera Enmienda… centrémonos menos en pensar en la libertad de expresión, y más en pensar en cómo han cambiado los tiempos”. Meses después, el sistema tecnofeudal le ‘ennobleció’ por sus distinguidos servicios y ascendió a CEO de su compañía.
Pero quizá el ejemplo más revelador sea el de Parler, una plataforma social dirigida a los usuarios estadounidenses de signo conservador a los que, por aquel entonces, Twitter estaba enseñando amablemente la puerta de salida. En enero de 2021, aprovechando el clima político de los días posteriores al asalto al Capitolio, tres grandes compañías (Amazon Web Services, Apple y Google) se coordinaron en el transcurso de un fin de semana para cerrar esta plataforma disidente: AWS les dejó sin alojamiento en la nube; y Apple y Google eliminaron la aplicación de sus tiendas de apps, impidiendo así instalarla o actualizarla en dispositivos móviles.
En cuestión de horas, una empresa en crecimiento fue aniquilada. Tres empresas privadas, sin procedimiento judicial, sin recurso posible, ejercieron un control absoluto sobre la infraestructura digital de un competidor. Eso es, en términos literales, poder feudal: la capacidad de expulsar a alguien de las tierras digitales comunes sin más legitimidad que la propiedad de esas tierras. Pero claro, en ese momento dichas compañías estaban actuando contra el trumpismo, lo que les absolvía de cualquier abuso.
No seas tecnoligarca: hazte fotos con Sánchez
Sam Altman, CEO de OpenAI, es un ejemplo muy ilustrativo acerca cómo se traza la frontera entre el ‘líder emprendedor’ y el tecnoligarca. Durante años, Altman ha sido uno de los donantes tecnológicos más generosos del ecosistema demócrata. De hecho, coorganizó mítines para un precandidato presidencial y fue nombrado copresidente del ‘equipo de transición’ del nuevo alcalde demócrata de San Francisco. Vamos, que más que donante ocasional era una pieza del ‘aparato’.
Es cierto que, una vez que tuvo claro que Kamala Harris estaba a punto de besar la lona, abandonó el barco a toda prisa, acusando al Partido Demócrata de haberse vuelto «hostil a la innovación y el emprendimiento». Los senadores demócratas Elizabeth Warren y Michael Bennet le enviaron una carta acusándole de intentar «arrimarse al gobierno entrante» para evitar la regulación.
A eso, Altman respondió con sorna: «Curioso, nunca me enviaron nada así cuando donaba a los demócratas”. Acercarse al gobierno es legítimo sólo cuando el gobierno es ideológicamente legítimo a ojos del stablishment de izquierdas. Lo de siempre: no es el qué, es el quién.
Antes de eso, al Gobierno español tampoco le importó mucho que, en 2023, se descubriera que OpenAI había presionado a la UE para que flexibilizase la normativa sobre IA (a su favor, claro, no de posibles competidores futuros ni de proyectos de código abierto) mientras su CEO seguía pidiendo “más regulación” ante los medios. Eso ocurría, por cierto, al mismo tiempo que Pedro Sánchez recibía, sonriente, al tecnoligarca en cuestión en la Moncloa.
Tampoco le importó mucho a Sánchez que Bill Gates, el prototecnoligarca y multimillonario por excelencia, influya decisivamente en (y se lucre de) la política sanitaria global al ser el principal donante —por encima de cualquier gobierno— de la Organización Mundial de la Salud. Porque recordemos que, hace medio año y habiendo iniciado ya la cruzada sanchista contra los tecnoligarcas, Pedro Sánchez recibió de manos de Gates el premio que anualmente otorga su fundación a líderes que «demuestran un compromiso excepcional con el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible».
Pero las incoherencias del Gobierno no se limitan a Silicon Valley. Y es que, pese a que documentos oficiales del Gobierno reconocen que TikTok es una de las redes que más crecieron en España y que se encuentra entre las principales plataformas de propagación masiva de determinados contenidos dañinos, cuando llega la hora de señalar enemigos ante los micrófonos, su dedo acusador enfoca siempre a Musk y su red X.
Esa desproporción resulta aún más discutible si se atiende a lo que las instituciones europeas vienen diciendo sobre TikTok. El 6 de febrero de 2026, apenas días después del gran discurso de Sánchez en Dubái, la Comisión Europea comunicó que había hallado preliminarmente a TikTok en incumplimiento de la Ley de Servicios Digitales por su diseño intencionalmente “adictivo”. Si la preocupación fuera de verdad proteger a los menores en Internet, TikTok no debería ser una anotación a pie de página en los discursos de Moncloa.
Pero claro, TikTok es propiedad de la compañía china ByteDance, y ésta está a su vez, controlada por el Partido Comunista Chino. Y todos ‘sabemos’ que los comunistas no pueden ser tecnoligarcas. También sabemos que, si Sánchez hubiera actuado de otra forma, no podría ‘hacerse la foto’ junto a Xi Jinping en otro nuevo intento de apuntalar su perfil internacional y de reforzar la labor de lobby de Zapatero.
La voz de la democracia no va a ser quebrada, dice.
