Cuando uno se da cuenta de cómo la Unión Europea está aplastando la democracia en nuestro continente, no es imposible ser también optimista, y pensar que esto es el resultado de que la UE esté en manos del actual, y específico, grupito de gente que la controla, gente toda ella impopular y ganaría pocas elecciones que no amañen de alguna forma. Ese optimismo puede ser excesivo.
Más allá de los actuales líderes de la UE, de Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Pedro Sánchez y Friedrich Merz, están las instituciones. Esas instituciones, y muy particularmente la Comisión Europea, están diseñadas de una forma específica para cumplir una función específica. Y esta función es fundamentalmente perjudicial en lo que concierne a la defensa de los derechos e intereses y el público europeo.
Permítanme que les ponga un ejemplo: el Digital Services Act (DSA). Hablamos de uno de los reglamentos más contraproducentes y tiránicos jamás impuestos por la Comisión Europea (y eso, créanme, es mucho decir), en vigor desde 2024, que impone obligaciones escalonadas según el tipo y tamaño del servicio digital, afectando a todo tipo de proveedores de servicios intermediarios, desde compañías que albergan datos en la red hasta servicios para compartir archivos o vender productos, incluyendo Amazon y cualesquiera otros.
Todos estos proveedores, aunque sean un servicio de reventa de pasto para ganado, tienen la obligación de colaborar con denunciantes aprobados por la Comisión (“avisadores fiables” en la retórica del inglés imposible que se gastan en Bruselas) que son financiados con sus impuestos para buscar opiniones deleznables y potencialmente criminales: ya saben, prohibido quejarse de la inmigración ilegal y cualquier otra cosa que le guste mucho a la gente de Davos.
Esto, dicho así, suena al tiempo excesivo y ridículo. Si una persona de origen norteafricano (“moro”) le roba pasto para ganado y usted se queja en el servidor de compraventa con lenguaje excesivamente colorido, la obligación del proveedor de servicios es denunciarle y/o colaborar con los “avisadores fiables” nombrados por la Comisión para establecer su nivel de potencial criminalidad. Bueno. Obligar a la gente a expresarse con educación y sin exabruptos tampoco debería ser el mayor signo de opresión globalizadora.
Sin embargo, el DSA va mucho más allá. En un reciente informe del Comité Judicial del Congreso estadounidense se identifica a este reglamento como la herramienta clave que permitió transformar estas presiones en un mecanismo coercitivo formal. Aunque el DSA es exclusivamente de ámbito europeo, el informe sostiene que sus multas potenciales —de hasta el 6% de los ingresos globales de una empresa — incentiva a plataformas globales, tipo Amazon, a aplicar los estándares europeos de moderación de forma global, afectando directamente a usuarios fuera de la UE, incluidos los estadounidenses.
El documento argumenta que, en la práctica, el DSA exporta lo que hemos llegado a aceptar como “normas europeas de expresión” (es decir, censura generalizada a cargo de una Comisión no electa y sus mamporreros, los “avisadores fiables”) al resto del mundo, ya que las plataformas optan por unificar reglas para reducir riesgos legales. La Comisión, no contenta con contaminar la tradición y cultura de libertades europeas, está infectando a los demás con su globalismo opresor.
Esto para el Congreso estadounidense, al menos mientras siga controlado por el Partido Republicano, es un motivo de gran preocupación. La Primera Enmienda de la Constitución de EEUU ofrece una libertad de expresión que va mucho más allá de los estándares tradicionalmente aceptados, por ejemplo, en la Alemania donde nació la presidenta de la Comisión.
Ya hemos discutido con anterioridad cómo la censura dirigida por la Comisión e implementada, por miedo a las consecuencias, por las grandes plataformas ha ayudado a manipular elecciones por toda Europa, notablemente en fechas recientes en Rumanía y Moldavia.
Ahora le toca el turno a Hungría, donde el líder de la oposición Peter Magyar –favorito en Bruselas y Kie – cuenta con el completo apoyo de la Comisión, que ha creado un grupo de “repuesta rápida” (que, les recuerdo de nuevo, paga usted) para apoyar su campaña electoral antes de las elecciones parlamentarias del 12 de abril y asegurarse de que los “avisadores fiables” empujen en todo momento la balanza a su favor.
Más allá de esto, el informe estadounidense se fija en particular en cómo ha ayudado a manipular no solo esas grandes, fundamentales discusiones sobre quién debería formar gobierno, sino también muchas otras.
Hablamos, sin ambages, de todos los debates políticos centrales de la última década, incluyendo la pandemia de COVID‑19 (sus orígenes, vacunas y respuestas sanitarias), la inmigración ilegal y cuestiones de identidad de género y políticas trans. No se sorprenderán si les digo que, en todas estas cuestiones, a la Comisión la han pillado empujando, chantajeando y amenazando a las plataformas para favorecer los puntos de vista favoritos en Davos y promovidos por los partidos de la izquierda occidental.
La reciente multa impuesta a la plataforma X (antes Twitter) de Elon Musk en diciembre de 2025, cercana al 6 % de sus ingresos globales, es solo la punta del iceberg, y obviamente una represalia ante la resistencia de Musk a tragar con la censura de la Comisión. Lo que hemos construido en Europa, como concluye el Comité Judicial estadounidense, es una infraestructura regulatoria y política capaz de moldear el discurso en internet a nivel mundial, que no es solo una amenaza existencial para la libertad de expresión en Europa (lo que no sería mucha novedad) sino para la de todos los demás.
