Noventa y un años separan estos sucesos formidablemente trágicos que convulsionaron el panorama político y social de España, y aunque poco o nada tienen en común, sin embargo, hay una cosa que les une irremediablemente, y para nada cosa menor: la nula respuesta y nefasta gestión de sus respectivos gobiernos (de Azaña entonces, de Pedro Sánchez ahora).
En aquellos sucesos de Casas Viejas, el gobierno republicano socialista apenas ofreció explicaciones de la brutalidad ejercida por la autoridad contra los insurgentes, una represión que finalmente se saldaría con la cifra de diecinueve muertos. Respuestas vagas o un incomprensible silencio gubernamental se prolongarían en el tiempo, lo que hizo crecer las sospechas de que el gobierno no estaba en condiciones de certificar o esclarecer sus órdenes para acabar con la insurgencia anarquista. Hoy, ante la que es una de las mayores tragedias de las últimas décadas, el gobierno socialista de Sánchez, al igual que sucediera tantos años atrás, da la callada por respuesta o niega cualquier tipo de responsabilidad.
En ambos casos, ante una tragedia nacional, la nefasta gestión deriva en una cuestión política de primer orden que pone contra la cuerdas la credibilidad, ya de por sí escasa, del gobierno. El gabinete de Azaña, en unas circunstancias infinitamente mejores (el parlamento republicano lo componían, en aproximadamente un porcentaje del 80%, minorías solidarias con la acción e iniciativa gubernamental), no resistiría la nefasta gestión de aquellos sucesos y en septiembre de ese mismo año, una crisis de gabinete provocaría la dimisión del gobierno, del todo punto impensable solo unos meses atrás. En efecto, los sucesos de Casas Viejas propiciarían que el parlamento, de gran mayoría republicano socialista, pasase a hacer oposición de su propia obra legislativa en apenas cuestión de unos meses.
Pocos saben que los sucesos de Casas Viejas se pudieron y, sobre todo, se debieron evitar; y es que Azaña era perfectamente conocedor de lo que se estaba gestando en la provincia de Cádiz desde hacía semanas. En la sesión en las Cortes del 22 de diciembre de 1932, apenas tres semanas antes, el diputado Álvarez Mendizabal advirtió al Gobierno, al que exigía actuar con determinación ante lo que era una amenaza insurreccional anarcosindicalista inminente. Sin embargo, el Presidente del Consejo de Ministros que, al igual que el actual Presidente, se empeñaba en plantear derivaciones políticas de cualquier hecho o suceso de relevancia, no desarrollaría una política represiva preventiva y prefirió que la tan anunciada insurrección se precipitase. ¿Por qué lo hacía? Ciertamente, meterse en la complicadísima personalidad de Azaña resulta en extremo una aventura, sin embargo, habiendo actuado de forma semejante en anteriores ocasiones (Sanjurjada,agosto de 1932), podemos arriesgarnos hasta plantear las posibles sugestiones que le llevaron a una irresponsabilidad de aquella magnitud.
Azaña, como refiero, actuó exactamente igual con los sucesos de la llamada Sanjurjada, conoció el golpe desde las semanas precedentes y nada hizo para evitarlo; pues de igual forma procedería con la revolución anarquista de enero de 1933, la dejó hacer para luego ejercer una brutal represión a la que le facultaba la vigencia de una Ley de excepción, la Ley de Defensa de la República. La represión, en ambos casos, se ejercía contra los que consideraba los dos grandes enemigos de su República (lo expreso así porque hablaba en muchas ocasiones como si esta fuera de su propiedad), los monárquicos en el caso de la Sanjurjada, y los anarquistas en los sucesos de enero del 33. Por tanto, una acción violenta y de aquel dramatismo no cambiaban el guión de un Presidente obsesionado con proyectar derivaciones políticas hasta de los sucesos más sangrientos y de mayor impacto sobre la opinión pública española.
No sería hasta el 2 de febrero, es decir, tres semanas después de los trágicos sucesos, cuando Azaña se decidió a ofrecer algún tipo de explicación a los españoles (siempre lo haría de forma tibia y huidiza). Ocurría en sede parlamentaria:
“En los sucesos de Casas Viejas, Sres. Diputados, por mucho que se hurgue no se encontrará un atisbo de responsabilidad para el Gobierno. En Casas Viejas ha ocurrido sino lo que tenía que ocurrir (Fuertes rumores y protestas en los bancos de las minorías. Contraprotestas en las mayorías)”.
Estas palabras perseguirían a Azaña hasta la que sería la caída de su gabinete, en septiembre de 1933: “…ha ocurrido lo que tenía que ocurrir”; el subsconciente político de Azaña, tan arrogante como cínico, dejaba esta “perla” para la historia. Diecinueve muertos sería la motivación para ejercer una brutal represión contra el anarquismo; sin duda, una espada de Damocles para la posterior acción e iniciativa de los gobiernos republicanosocialistas en aquel bienio; al igual que los monárquicos con los sucesos derivados de la tentativa insurrecional del mes de agosto, los anarquistas sufrirían deportaciones en masa a Villa Cisneros, algo que no sucedía contra los que eran, sin ningún género de dudas, los causantes de las mayores perturbaciones sociales de la época en las calles de España, las Milicias Socialistas, creadas justamente un año antes, en febrero de 1932.
Como refiero, las evasivas gubernamentales serían constantes en sede parlamentaria, igual que sucede ahora. A Azaña le costaría una enormidad dar la cara para ofrecer las pertinentes explicaciones a los dramáticos sucesos ocurridos en una pequeña pedanía de la comarca gaditana de Medina Sidonia (al menos, Azaña sí aceptó el reto de ser interpelado por ello). En aquellas tormentosas y agitadas sesiones en las Cortes, no fueron pocos los diputados que le echaron en cara al Presidente del Consejo de Ministros unas palabras que, años más tarde, en el juicio celebrado en 1935, también quedaron testimoniadas por aquel a quien fueron dirigidas, el Capitán del Estado Mayor, Bartolomé Barba:
«Ahora vaya y diga a sus hombres que rechacen los ataques y que nada de hacer prisioneros ni heridos. Tiros a la barriga. Tiros a la barriga y nada más».
Es difícil saber si estas palabras las pronunció así en su literalidad, cuesta creerlo, incluso para un hombre de la extravagancia intelectual y personal de Azaña. Ahora bien, un hecho es determinante y demostraría que las órdenes represivas por parte del Gobierno sí se dictaron (como testimoniaron algunos de los protagonistas en el sumario): la represión se saldó con un total de 19 muertos y ni un solo herido, algo inusual en una acción de ese tipo y, sobre todo, de aquella magnitud. Si aquellas palabras persiguieron de por vida a Manuel Azaña, el actual morador de la Moncloa lo será, sin duda, por otras de las que fue triste protagonista no hace muchos días:
“Si necesita más recursos, que los pida” (Pedro Sánchez, 2 de noviembre del 2024).
En política no todo vale, “el pueblo salvará al pueblo” pero sólo lo hará cuando no vuelva a permitir que la más soez y burda indecencia se apodere de las instituciones por puro interés de partido y de irrefrenables e insaciables deseos de Poder. Azaña cayó, Sánchez debería, y es que el pueblo ha sido abandonado por un gobierno ajeno al sufrimiento y al más descarnado dolor de sus ciudadanos.
