Los testigos de Jehová llegaron a España alrededor de 1910. Los seguidores de Charles Taze Russell Russell transitaron por caminos bibliófilos transitados por, entre otros, George Borrow, Jorgito el inglés en su adaptación castiza. Antes del advenimiento de la democracia coronada, La Atalaya llamaba literalmente a la puerta de las construcciones del Instituto Nacional de la Vivienda. Esas a las que se les caen las placas con el yugo y las flechas pero se mantienen en pie en barrios antes pertenecientes a cinturones rojos en los que el matrimonio anciano cohabita, que no convive, con la multiculturalidad. En 1967, a rebufo del Concilio Vaticano II, se aprobó la Ley de Libertad Religiosa, cuyo primer artículo rezaba así:
El Estado Español reconoce el derecho a la libertad religiosa fundado en la dignidad de la persona humana y asegura a ésta, con la protección necesaria, la inmunidad de toda coacción en el ejercicio legítimo de tal derecho.
Tres años después los Testigos de Jehová obtuvieron su reconocimiento legal. Antes, muchos de ellos habían sufrido prisión por negarse a empuñar las armas ligadas al Servicio Militar Obligatorio (SMO). Aferrados al mandato de Jesucristo recogido por san Mateo, «vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman la espada perecerán por la espada», tan contradictorio con el también mateo «no vine a traer paz, sino espada», los de Russell nutrieron las cárceles franquistas, haciendo brotar un pacifismo o, por mejor decir, un antimilitarismo que condujo a la supresión del SMO por el partido al que las izquierdas señalan como continuador del franquismo.
En 1959, el barcelonés Alberto Contijoch cumplió una condena de casi dos años por negarse a hacer la mili. La congregados alrededor de La Atalaya no fueron los únicos en dar con sus huesos en prisión por la misma causa, aunque no por el mismo motivo. En 1971, José Luis Beunza, que durante un viaje a Francia había contactado con la comunidad «El Arca», fundada por el italiano Giuseppe Lanza del Vasto, seguidor de Gandhi, objetó por motivos políticos. El ejemplo de Beunza, condenado en un Consejo de Guerra a 18 meses de cárcel por desobediencia y, más tarde, a un año de cárcel y quince meses en un batallón de castigo en el Sahara, fue seguido por Joan Guzmán y por Jordi Agulló (en la foto flanqueando a Beunza). Ya en febrero de 1976, cinco mozos fueron encarcelados pero que se beneficiaron de la amnistía decretada por un hombre del régimen encargado de legalizar al Partido Comunista de España: Adolfo Suárez. En 1977 surgió el Movimiento de Objetores de Conciencia (MOC), integrado por grupos que abarcaban desde cristianos pacifistas a colectivos contraculturales que se miraban en el espejo norteamericano o en el del mayo francés que proveía de lemas de tanta profundidad como Haz el Amor y no la Guerra o el estratigráfico, ¡Bajo los adoquines, la playa! El objetivo último de muchos de los integrantes del MOC era la erradicación del militarismo propio de las sociedades occidentales, para, en el caso de los más escatológicos, acabar con el sistema capitalista y patriarcal, fines que siguen vigentes en algunos sectores de la sociedad española. De un modo u otro, todos estos movimientos dejaron huella en el artículo 30 de la Constitución de 1978:
La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria.
A pesar de lo alcanzado en el texto constitucional, el creciente activismo determinó la creación de los colectivos Mili KK, lema que convivió con el de la «puta mili», cuyas «historias», ilustradas por el dibujante Ivà, se convirtieron en uno de los principales ejes de la revista El Jueves, de gran predicamento juvenil. La cuestión militar dividió aún más a las muchas organizaciones izquierdistas que operaban en España. Mientras el Grupo Antimilitarista de Barcelona, el Movimiento Comunista y la Liga Comunista Revolucionaria, fundada en 1971 en Cataluña por antiguos militantes del FLP, se alineaban a favor de la insumisión y la objeción de conciencia, el PCE consideraba estas actitudes propias de posiciones pequeño-burguesas. El tiempo y la caída del Muro de Berlín vendrían a transformar esta percepción.
Mili KK fue mucho más beligerante que el Movimiento de Objetores de Conciencia. Gradualmente, sus acciones de desobediencia civil fueron ganando visibilidad y contundencia, arropadas por un imaginativo aparato propagandístico y por el apoyo, nada desdeñable por su conexión con la juventud, de bandas de rock que abogaban por la insumisión en canciones que se convirtieron en himnos. Los ataques al servicio militar se hacían, en algunos casos, por puro antimilitarismo, pero en otros, por el hecho de que el ejército representa el poder militar de una nación, la española, considerada una cárcel de pueblos. Desde esa perspectiva jugaba el papel de centinela de esa prisión. Entre los propagandistas musicales de la deserción y la insumisión, podemos citar a grupos como Reincidentes, Barricada o Soziedad Alkoholika, pero también al cantautor gerundense, Lluís Llach, ardoroso defensor de la secesión de Cataluña, que en 1991 grabó la canción de Insubmís. Como resultado de aquellas presiones, el 28 de diciembre de 1984, el Gobierno de Felipe González aprobó la Ley de Objeción de Conciencia que permitió a muchos jóvenes eludir los cuarteles a cambio de una prestación social sustitutoria. Ello no fue óbice para que el 1 de diciembre de 1988 España y Estados Unidos firmaran en Madrid el Convenio sobre Cooperación para la Defensa, suscrito por los embajadores Reginald Bartholomew y Máximo Cajal, figura importante en el proyecto de Alianza de Civilizaciones.
En ese contexto, el primer hito para la definitiva abolición del servicio militar obligatorio en España, reducido a nueve meses por Felipe González, fueron las conversaciones que José María Aznar mantuvo con Jordi Pujol en 1996. Durante las negociaciones del llamado «Pacto del Majestic», que permitió la investidura, a un altísimo precio para la nación española, del vallisoletano, Pujol ya puso sobre la mesa la exigencia de la supresión del servicio militar, medida que llegó cinco años después. Pujol era consciente del verdadero significado de las Fuerzas Armadas. A su evidente carga simbólica, concentrada en la jura de bandera, la mili añadía convivencia entre jóvenes de diferentes regiones española. Tejía, en definitiva, unos lazos que las políticas pujolianas pretendían romper a toda costa. Tales eran las prisas de Aznar por complacer a quien el periódico ABC había distinguido con su premio «Español del Año» en 1984, que adelantó un año la supresión, prevista para el 31 de diciembre de 2002, del servicio militar.
Con unas fuerzas armadas profesionalizadas, la cantidad de objetores de conciencia que hubo en España mientras existió la Prestación Social Sustitutoria ronda el millón de unos mozos que ya han rebasado ampliamente la edad militar que suele caracterizar a los inmigrantes ilegales que atraviesan nuestras fronteras, esas que el Ejército debe defender. El número de insumisos se estima entre 20.000 y 30.000 hombres. Aunque el regreso del servicio militar es una posibilidad todavía remota mas no descartable dadas las circunstancias geopolíticas que nos envuelven, en España la objeción de conciencia se ha desplazado al ámbito sanitario, ofreciendo materia para un debate de inequívocos atributos éticos. Tras la aprobación de la ley en 2021, más de 9.000 profesionales se niegan a practicar la eutanasia. En cuanto los abortos, interrupciones voluntarias del embarazo según una jerga que pretende condensarse en las vergonzantes siglas IVE, se desconoce cuántos son los sanitarios que por distintos motivos, desde los hipocráticos a los religiosos, se niegan a practicarlos.
