En el epílogo de una edición inglesa de La rebelión de las masas, el filósofo José Ortega y Gasset escribe en 1938: “El inglés o el estadounidense puede pensar lo que quiera acerca de lo que ha sucedido o de lo que sucederá en España; pero ese derecho constituye un insulto si no acepta la obligación correspondiente de informarse con exactitud sobre la realidad de la Guerra Civil española, cuyo primer y más sustancial capítulo es su origen, las causas que la produjeron”.
¿Cuáles son, pues, los antecedentes directos e indirectos de esta tragedia? Entre las causas lejanas o profundas no cabe olvidar la importancia del largo proceso de degradación, declive e inestabilidad del país, acelerado considerablemente por la invasión y ocupación de las tropas de la República Francesa (1793-1795) y, posteriormente, de las napoleónicas (1808-1814). La breve cronología de la historia de España del siglo XIX, marcada por la Guerra de la Independencia, las tres guerras entre carlistas y liberales, la revolución de 1868 y los 35 pronunciamientos militares entre 1814 y 1886 (de los cuales 33 fueron obra de liberales progresistas contra liberales-conservadores), ofrece una visión general de ello. Esta dramática situación de descomposición y desintegración se agrava aún más a principios del siglo XX, cuando se yuxtaponen los problemas relacionados con el surgimiento de los nacionalismos regionales y la revolución social (insurrección anarco- socialista de 1909, huelga revolucionaria de 1917…).
Las guerras civiles siempre surgen de la conjunción de crisis económicas, sociales, políticas, culturales, morales y religiosas, y la Guerra Civil Española no es una excepción a la regla. Pero si buscamos sus causas inmediatas, más allá de las sempiternas «condiciones objetivas», hay que destacar la ceguera política de la mayoría de los políticos republicanos y su constante manipulación del tejido social en nombre de la salvación del pueblo y de la humanidad.
En agosto de 1930, el Pacto de San Sebastián creó un Comité Revolucionario y selló la unión de todos los dirigentes republicanos: liberales, conservadores, socialistas e independentistas catalanes. Este Comité Revolucionario dio la orden de levantamiento contra la monarquía, pero en diciembre de 1930 la insurrección fracasó. Proclamada entre júbilo unos meses más tarde, el 14 de abril de 1931, justo tras unas elecciones municipales perdidas por los monárquicos en las grandes ciudades, la República atravesó tres fases: de izquierdas de junio de 1931 a diciembre de 1933, de derechas de diciembre de 1933 a febrero de 1936 y de izquierdas de febrero a julio de 1936.
A lo largo de los cinco años de la Segunda República, la violencia endémica no dejó de intensificarse hasta la explosión final. El 11 de mayo de 1931 se produjeron graves alteraciones del orden público en todo el país. Se incendiaron iglesias, conventos y edificios religiosos, sin que las fuerzas del orden, fieles a las instrucciones dadas por el Gobierno, intervinieran. En otoño, estallan violentas polémicas con motivo de la aprobación del proyecto de ley de Constitución. 89 diputados (entre ellos el filósofo Unamuno), ofendidos en sus convicciones religiosas, abandonan las Cortes en señal de protesta contra el artículo 26, que prohíbe las órdenes religiosas, limita la enseñanza católica y otorga al Gobierno la posibilidad de nacionalizar los bienes de la Iglesia.
Los anarquistas no tardan en manifestarse. El 11 de mayo de 1931, el ejército ocupa las principales ciudades y se proclama el estado de guerra. En julio, otra revuelta anarcosindicalista es sofocada a cañonazos en Sevilla. El 10 de agosto, el general Sanjurjo se rebela con el apoyo de la guarnición de Sevilla. Este general era conocido hasta entonces por haber prestado un servicio inestimable a la República justo antes de que fuera proclamada, poniendo a la Guardia Civil que entonces dirigía a las órdenes de los futuros dirigentes republicanos. Llamadas al rescate, las fuerzas indígenas marroquíes sofocan inmediatamente el golpe de Estado iniciado por un reducido grupo de conspiradores de derecha. En octubre, los ánimos se recrudecen de nuevo debido al carácter extremadamente represivo de la «ley de defensa de la República» impulsada por el jefe del Gobierno, Azaña (censura de la prensa, multas, prohibición de manifestaciones, etc.). Decepcionada por la evolución sectaria y dogmática del régimen, la Asociación al Servicio de la República, presidida por tres de las mentes más brillantes de la época (Marañón, Ortega y Gasset y Pérez de Ayala), decide disolverse.
En enero de 1932, el ejército sofoca un levantamiento anarquista en la cuenca del Llobregat. En enero de 1933, los disturbios provocados por anarquistas en Castelblanco y Casas Viejas son reprimidos sangrientamente por las Guardias de Asalto de la República. Al día siguiente de la formación de un nuevo Gobierno presidido por Alejandro Lerroux, en septiembre de 1933, la izquierda socialista y la extrema izquierda comienzan a conspirar y a preparar la revuelta. Lerroux era presidente de un partido radical con fuerte presencia masónica, pero la izquierda no perdonaba a su Gobierno que contara con el apoyo de los católicos liberal-conservadores de la CEDA, un partido legalista que ella consideraba «reaccionario» y «fascista».
El 8 de diciembre de 1933 estalla una nueva insurrección libertaria. Se decreta el estado de sitio en todo el país. El Gobierno recurre al ejército y a la aviación para sofocar el movimiento. Cuando la CEDA, que cuenta con una mayoría relativa en el Parlamento, pero que hasta entonces había dejado gobernar a los republicanos radicales, insiste en participar en el poder, la izquierda se indigna y se declara dispuesta a todo para impedirlo. Se suceden a buen ritmo los hallazgos de alijos de armas. El 4 de octubre de 1934, la CEDA entra finalmente en el Gobierno con tres carteras. La izquierda socialista denuncia inmediatamente «una provocación fascista» y da la señal para la revolución. Se proclama el estado de guerra. El intento de golpe socialista es reprimido en todas partes, salvo en Asturias, donde el Gobierno de la República debe recurrir a las tropas de élite de África para luchar contra 30 000 insurgentes. El balance es grave: cerca de 2000 muertos. Salvador de Madariaga, diputado liberal en las Cortes, embajador, ministro y representante de España ante la Sociedad de Naciones, dirá más tarde al respecto: «Con la rebelión de 1934, la izquierda española perdió hasta la sombra de autoridad moral para condenar la rebelión de 1936» (España, edición de 1978).
Desde la llegada al poder del Frente Popular, una oleada de violencia inunda literalmente el país. La noche del 16 de febrero, se saquean las sedes de los partidos de derecha, se incendian iglesias y conventos, y se izan banderas rojas y negras en los edificios oficiales. En los días siguientes, se multiplican las huelgas que paralizan la producción, las ocupaciones ilegales de tierras siembran el pánico, las milicias de izquierda y de derecha imponen su ley en las calles y la censura amordaza a la prensa de derecha y de centro. El 16 de junio, durante un debate en las Cortes, el líder de la CEDA, Gil Robles, presenta un balance espeluznante de los disturbios ocurridos desde el 16 de febrero, que nunca ha sido desmentido: 269 muertos, 1 287 heridos, 160 iglesias totalmente destruidas, 251 iglesias parcialmente destruidas, 113 huelgas generales, 228 huelgas parciales, 146 atentados con bombas, etc. La Falange Española de José Antonio, acusada por numerosos historiadores de haber fomentado la violencia, solo es responsable, en realidad, de unos 60 a 80 muertos entre el 10 de junio de 1934 y el 18 de julio de 1936, y sufrió un número similar de bajas en sus filas.
Las Cortes se convierten en un auténtico campo de batalla. Los diputados entran armados en el hemiciclo y la incitación a la violencia física se convierte allí en algo habitual. El 15 de abril de 1936, el diputado y secretario general del Partido Comunista, José Díaz Ramos, amenaza directamente a Gil Robles: “No puedo asegurar cómo va a morir el señor Gil Robles; pero sí le digo que, si se cumple la justicia del pueblo, morirá con los zapatos puestos”. Sus palabras son tan agresivas que el presidente de las Cortes ordena que no figuren en el Diario de sesiones. Inmediatamente, José Calvo Sotelo protesta afirmando que se trata de «una incitación al asesinato». Luego, según varios testimonios posteriores, Dolores Ibárruri espeto desde su escaño: «Si os molesta eso, le quitaremos los zapatos y le pondremos las botas».
En la primavera de 1936, Santiago Carrillo, presidente de las Juventudes Socialistas, se afilia en secreto al Partido Comunista y devuelve oficialmente su carné de miembro del PSOE en el mes de abril. Como principal artífice de la fusión de las Juventudes Socialistas y las Juventudes Comunistas en las JSU, arrebata al movimiento socialista de Largo Caballero la totalidad del movimiento de las Juventudes Socialistas Unificadas (antes de la unificación había unos 50 000 afiliados socialistas y unos 5000 comunistas).
El 16 de junio de 1936, le tocó el turno a José Calvo Sotelo de ser amenazado en plena sesión de las Cortes, esta vez por el jefe del Gobierno, Santiago Casares Quiroga. Este último le dijo que “le hacía responsable de cualquier cosa que pudiera ocurrir”. El líder monárquico respondió: “es preferible morir con honra a vivir con vilipendio”. La noche del 12 de julio, el teniente de la Guardia de Asalto, instructor de las milicias socialistas, José del Castillo, fue víctima de un atentado mortal perpetrado por carlistas en represalia por el asesinato de Andrés Sáenz de Heredia (simpatizante de la Falange y primo del fundador y líder José Antonio Primo de Rivera) y por la grave herida sufrida por un joven estudiante tradicionalista, José Luis Llaguno, durante el funeral del subteniente de la Guardia Civil Anastasio de los Reyes. La violencia alcanza un nuevo umbral: el 13 de julio, hacia las dos de la madrugada, el autocar n.º 17 de los Guardias de Asalto sale del cuartel de Pontejos con una decena de Guardias de Asalto y cuatro miembros de las Juventudes Socialistas a bordo, bajo las órdenes del capitán de la Guardia Civil Fernando Condés. Otro comando tiene la misión de eliminar al principal líder de la derecha conservadora, el presidente de la CEDA, Gil Robles, y, muy probablemente, al exjefe del Gobierno y líder del Partido Republicano Radical, Alejandro Lerroux, pero, por suerte, ambos se encuentran ausentes y en el extranjero. A pesar de su inmunidad parlamentaria, José Calvo Sotelo es sacado de la cama. Protesta, pero ante las garantías dadas bajo palabra de honor por el capitán Condés, acepta acudir a la Dirección General de Seguridad. Subido a la fuerza al autocar, el miliciano socialista Luis Cuenca le dispara inmediatamente dos balas en la nuca. Los asesinos serán posteriormente protegidos por los diputados socialistas Vidarte, Zugazagoitia, Nelken y Prieto.
La muerte de Calvo Sotelo es la señal. Por supuesto, la conspiración lleva en marcha desde el mes de marzo y el levantamiento se habría producido sin ella. Pero la noticia cae como una bomba. Acelera los preparativos y empuja a los más indecisos a sumarse al proyecto. Es la chispa que enciende la mecha. Al día siguiente del 18 de julio, con la excepción de los militantes de la Izquierda Republicana de Manuel Azaña y de la Unión Republicana de Diego Martínez Barrio, en el ámbito del Frente Popular todos los militantes y simpatizantes republicanos de centro o de derecha, como los de los partidos republicanos de Lerroux, Martínez de Velasco y Melquiades Álvarez, son considerados enemigos «fascistas» a los que hay que erradicar, al igual que a los liberales-conservadores (republicanos o monárquicos), los monárquicos tradicionalistas o los falangistas. Los ministros demócratas y republicanos del Partido Radical, Salazar Alonso, Abad Conde y Rafael Guerra del Río, son condenados a muerte y asesinados por los miembros del Frente Popular. En territorio nacional, los adversarios considerados «rojos» sufren una represión similar, aunque con una diferencia: los nacionalistas fusilan en masa, mientras que los republicanos hacen lo mismo, pero tras haber torturado muy a menudo a sus víctimas.
En las grandes ciudades del territorio republicano funcionan nada menos que 400 «chekas» o centros de tortura organizados por los distintos partidos del Frente Popular (véase César Álcala, Chekas. Las prisiones republicanas, 2020). Según los especialistas Antonio Montero y Vicente Cárcel Ortí, entre 1936 y 1939 fueron asesinados 6.964 religiosos (entre 1987 y 2020, 2 255 mártires de la fe fueron beatificados y 11 canonizados por los papas, a pesar de las presiones de las autoridades españolas, y otras 2 000 causas siguen en trámite).
En noviembre de 1936, se perpetró la mayor masacre de la Guerra Civil Española (cerca de 5.000 ejecuciones, de las cuales se identificaron 2.750 víctimas) en Paracuellos del Jarama, cerca de Madrid. Santiago Carrillo, futuro secretario general del PCE y por entonces consejero de Orden Público en el Comité de Defensa de Madrid, fue acusado de ser uno de los principales responsables de estas ejecuciones extrajudiciales (junto con la comunista Margarita Nelken, el socialista radical y director general de Seguridad Manuel Muñoz y el socialista y ministro del Interior Ángel Galarza). Siempre ha negado su participación en estos asesinatos masivos, pero abundan los testimonios y documentos que lo contradicen. El Dr. Henny, representante de la Cruz Roja, es autor de un informe sobre estas masacres. Dimitrov, responsable del Komintern, e Iván Stepanov, agente del Komintern, lo confirmaron en informes enviados a Voroshilov y a Stalin. El anarquista Melchor Rodríguez, delegado general de prisiones y último alcalde republicano de Madrid, también dio testimonio de su oposición frontal a Carrillo durante estas ejecuciones extrajudiciales. Esta masacre no tiene nada que ver con la más conocida, cometida por los nacionalistas en Badajoz: 500 muertos (y no 3000 ni 4000; véase la investigación de Francisco Pilo Ortiz y Moisés Domínguez, Balas en agosto, 2022).
Según el profesor Stanley Payne, el número de ejecuciones y asesinatos en ambos bandos durante la guerra asciende a 55 000 víctimas entre los nacionalistas y 50 000 entre los republicanos. Este relativo equilibrio solo se rompe con las víctimas de la represión franquista en la posguerra. Según el estudio de Miguel Platón, entre 1939 y 1960 se dictaron 24 949 condenas a muerte, de las cuales 12 849 fueron conmutadas y 12 100 se llevaron a cabo, cifra a la que hay que restar las ejecuciones de condenados por delitos comunes y sumar las ejecuciones extrajudiciales —unas 5 000 represalias de la primavera y el verano de 1939—, lo que supone un total de unos 14 000 ejecutados. Un estudio minucioso, riguroso y honesto, en respuesta a la propaganda socialmarxista que se obstina en hablar de 114 000, 130 000 o incluso 200 000 desaparecidos atribuibles al «franquismo» (mientras que las investigaciones sobre la mitad de las fosas registradas, llevadas a cabo durante más de veinte años, han permitido exhumar unas 17 000 victimas –algunas de las cuales podrían ser soldados o víctimas del Frente Popular– e identificar con precisión apenas unas 700). Además, hoy se sabe que el número total de muertos entre los combatientes de nacionalidad española de ambos bandos asciende a 150 000, aunque hay que sumar unos 25 000 voluntarios extranjeros muertos en combate y unos 15 000 civiles muertos durante acciones militares. En total, el conflicto se cobró algo más de 300 000 muertos, y no un millón como afirmaba la propaganda de la posguerra.
