Se llamaba José Luis Luengos Martínez, trabajaba en Rentería para una subcontrata de Telefónica y aquel 29 de septiembre de 1992 había sellado un billete de lotería junto a su novia, siguiendo la costumbre de cada martes que compartían. A continuación, la llevó a casa de sus padres y después condujo de regreso a su domicilio. Allí permaneció un momento aparcado en doble fila, cuando dos etarras se acercaron por detrás y le dispararon en la nuca. Tambaleándose pudo salir del coche, caminar unos metros dejando un reguero de sangre tras de sí y, según dicen, se preguntó «¿por qué me han hecho esto a mí?» antes de caer desplomado. Al día siguiente en el periódico El País, entre noticias sobre el agujero en la capa de ozono («ya es tan grande como Estados Unidos», alertaban) encontrábamos una noticia sobre el crimen, donde leíamos unas declaraciones de su pareja: «¿De qué me sirve insultarlos? Estoy segura de que esos señores, después de pegarle un tiro a mi novio, cenaron y durmieron tan tranquilos. Lo que no entiendo es que todavía haya personas que les den la razón». Lo cierto es que los autores nunca fueron detenidos. No hubo manifestaciones de protesta por España ante esa muerte, ni marcó un antes y un después, ni tuvo particular impacto político, mediático o cultural. Tampoco lo tuvieron las otras 25 víctimas de ETA aquel año, entre las que se encontraban, por ejemplo, un matrimonio formado por una panadera y un celador de hospital que paseaban por Santander cuando explotó un coche bomba.
Hubo aquel año una muerte que sí tuvo un sensacional impacto, la de la dominicana Lucrecia Pérez, ocurrida el 13 de noviembre en el distrito madrileño de Aravaca. Decenas de miles de personas salieron días después a las calles a manifestarse en diferentes ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Valencia, Pamplona, Córdoba, Sevilla, Zaragoza…) y tanto el Congreso de los Diputados como la Asamblea de Madrid emitieron sendas declaraciones de condena votadas por unanimidad. Carlos Cano compuso una canción en su memoria, el cineasta Mariano Barroso rodó una película sobre ella y se le han dedicado documentales, libros (Cómo ser negro y no morir en Aravaca, por citar uno)y hasta una serie emitida por Disney+. El Ayuntamiento de Madrid erigió un monumento en su honor, que se añade al mural dedicado a su figura que desde entonces recibe cada año una ofrenda floral. También tiene una glorieta con su nombre, una plaza, una calle, un centro cívico, un monolito, temporalmente también se renombró una parada de metro hace unos meses y el Ministerio de Igualdad ha promovido en tiempos recientes un minuto de silencio en su recuerdo, así como diferentes concentraciones, exposiciones y conciertos rememorándola. Las instituciones promulgan declaraciones sobre ella en sucesivos aniversarios y los medios de comunicación le han dedicado con el paso de los años una inagotable atención, como este artículo, entre tantísimos otros, de «recuerdo sororal» en El País en que se afirma que «el feminicidio de Lucrecia es el mejor ejemplo de lo que en los estudios feministas decoloniales llamamos la interseccionalidad de género, etnia, clase social y procedencia geográfica. Lucrecia era mujer, empobrecida, inmigrante, negra, desempleada y, por tanto, excluida».
¿Pero qué pasó exactamente aquí? Para situarnos en el contexto, a lo largo de aquel 1992 un grupo de al menos dos centenares de dominicanos comenzaron a reunirse varios días por semana en un parque de Aravaca, generando entre los vecinos una creciente incomodidad. Denunciaban que se traficaba con drogas, que se ejercía la prostitución y que había una mayor inseguridad en la zona. Así que el 1 de noviembre dos agentes de policía se personaron en el lugar e intentaron detener a dos inmigrantes ilegales ante la violenta oposición de sus compatriotas, que según un portavoz policial «en media hora nos causaron cuatro heridos y nos destrozaron ocho coches patrulla… Atacaron a los patrulleros con piedras y palos, rompieron faros, parabrisas; abollaron la chapa y cuatro agentes tuvieron que ser asistidos de heridas leves».
A esa tensión que estaba incubándose hay que añadir que, según informaba El Mundo precisamente el día en que iba a cometerse el asesinato: «inmigrantes sudamericanos ‘ocupan’ desde abril la semidestruída discoteca ‘Four Roses’. Sobreviven como pueden entre cascotes, sin agua ni corriente eléctrica. Sus compatriotas que tienen un empleo les ayudan llevándoles comida y dinero. La Policía Municipal intenta convencerles, visitándoles todas las noches, para que abandonen el inmueble». Tal vez por haber leído esta información en la prensa o quizá advertido por otros canales, un guardia civil de 25 años, acompañado de tres menores del grupúsculo neonazi que frecuentaba, decidieron ir a ese edificio aquella noche a «dar un escarmiento a los negros». Disparó tres veces a la luz de unas velas en la habitación en la que se encontraban cenando varios dominicanos. Alcanzó a dos, matando a una, Lucrecia.
Nacida en una familia rural de República Dominicana junto a otros 15 hermanos de los que 6 ya habían muerto y a su vez madre de una hija, Lucrecia emigró a España con 32 años para trabajar en el servicio doméstico. Lamentablemente carecía de aptitudes, pues según el matrimonio que la contrató «no sabía lo que era un grifo, ni un baño, ni un ascensor. La lavadora era el no va más… Era una mujer muy apocada. Estaba enferma con anemia. Se caía por las mañanas. La mandé al médico. Le dimos un trato excelente. Creo que no era muy normal. Se levantaba por la noche dando gritos. También hablaba sola. Encontramos otra dominicana que le sustituyó. Si nos hubiera resultado bien, pensábamos arreglarle los papeles». Tras ser despedida tuvo que encontrar alojo en aquella discoteca abandonada, donde una de esas tres balas fue a atravesarle el corazón.
Terminó así una vida breve y desdichada, ante la pregunta inevitable que cabe hacerse es qué sentido tenía que viniera a España. Dejó atrás a su hija, a su pareja y a sus hermanos para malvivir a miles de kilómetros como ocupa en un edificio en ruinas, donde un energúmeno desgraciado acabó matándola. Lo humanitario, lo solidario, lo cristiano, lo justo, lo deseable para ella hubiera sido que pudiera seguir viviendo en su país junto a su familia en condiciones dignas y la conclusión honesta que se hubiera tenido que extraer de este episodio es que hay que proteger más celosamente las fronteras españolas y promover, en política exterior, el desarrollo económico de los países pobres como la República Dominicana para que puedan atender a su población.
Pues no. No fue esa la conclusión que el sistema político-mediático estaba interesado en extraer. Como señaló hace unos años su hija, ahora nacionalizada española, su muerte «ayudó a que les abrieran las puertas a los inmigrantes». Esa ha sido la motivación última de su beatificación laica, bien envuelta en manipulación sentimental y fingida solidaridad. La España de los 90 estaba inmersa en un proceso por el que debía «modernizarse» y «homologarse» a Europa y eso implicaba abrir sus fronteras y volverse una sociedad multicultural. Hacía falta un mártir, un George Floyd casi tres décadas antes, y en ella lo encontraron. Basta recordar que en 1991 había en nuestro país 360.000 inmigrantes y en 2025 más de 9,4 millones.
Fijémonos, por ejemplo, en este informe titulado El Crimen Racista de Aravaca, presentado por la mencionada hija de la víctima y avalado por la Directora General de Integración de la Comunidad de Madrid, donde hay una serie de afirmaciones que al parecer estarían en la raíz de la muerte de Lucrecia y, por lo tanto, deben ser extirpadas de la mente de los españoles, como por ejemplo: «hay que negarles la entrada a los refugiados llegados en barcos», «tenemos demasiados inmigrantes, hay que expulsar a algunos», «los inmigrantes quitan puestos de trabajo» y «la inmigración trae más inconvenientes que ventajas».
Es decir, la obviedad de que permitir la entrada de barcos con «refugiados» hará que, precisamente, aumente ese número de barcos, no puede ser expresada porque entonces eres cómplice de la muerte de Lucrecia. Tampoco puede uno considerar que los más de 9 millones de inmigrantes que hay ahora en España son un número excesivo (¿cuántos sí lo serían? ¿20, 50, 100 millones?). Queda igualmente proscrito pensar que, si en un mercado laboral aumentas la oferta de mano de obra, entonces necesariamente incrementas la competencia para los trabajadores y bajarás los sueldos. Sostener tal cosa es poco menos que apretar el gatillo de una pistola sobre una pobre mujer negra ¡No hay que decirlo! En fin, para constatar que estuvimos ante una operación psicológica de masas, pura propaganda de la agenda progresista, basta imaginar un universo paralelo donde se aventurasen conclusiones en sentido opuesto, pero con similar ligereza, a partir del caso de otra mujer negra inmigrante procedente de la República Dominicana: Ana Julia Quezada.
