En la década pasada, cubrí como corresponsal lo que parecía un caso medio ridículo, en el que un grupo de gente rara se juntó bajo la dirección de la Agencia de Protección de Datos de España para demandar a Google que les sacara de los resultados de sus búsquedas en Internet por principios de privacidad.
Aquel caso eventualmente llevó a la creación del absurdo “derecho al olvido” en Internet del que en teoría disfrutamos los ciudadanos de la Unión Europea, pero eso no es lo relevante aquí. Lo relevante fue el interrogatorio del juicio, durante el que un muy bien preparado juez español le preguntó al abogado español de Google si se podía a considerar a Google España una empresa a todos los efectos legales, incluyendo los de responsabilidad penal. Lo que el abogado respondió fue algo así:
“No, señoría. Google España es en realidad una ficción jurídica carente de empleados o de actividad, que solo sirve para canalizar los ingresos de Google hacia la matriz europea de Google con sede en Irlanda”.
¿Por qué dijo el abogado algo tan curioso? Lo dijo porque la regla número uno y la regla número dos de todos los abogados que trabajan para Google en Europa es negar que las filiales locales – en Austria, España. Portugal… – sean compañías de verdad, para que de ese modo no paguen impuestos en esos países. La posición de Google es que estas filiales son marcas, y los impuestos europeos los paga Google Irlanda.
Por supuesto, Google Irlanda no paga nada nunca. Sucesivos gobiernos irlandeses han atraído las sedes europeas de grandes compañías tecnológicas estadounidenses (las llamadas Big Tech) bajo la promesa de no cobrarles impuestos. En absoluto. No impuestos bajos: básicamente ningún impuesto. Ahora mismo, la Comisión Europea está en medio de una larga pelea con Dublín porque determinó que los tipos impositivos corporativos para el sector, que llegan a ser del 0,005 % (comparen con el 25% por ejemplo en España, que no es particularmente alto para la media en Europa) representan una subvención ilegal porque a otras empresas no se les permitía obtener las mismas condiciones fiscales.
Fíjense si es ridícula la situación que la Comisión ordenó que Apple (¡solamente una empresa!) pague 13.000 millones de euros, sin incluir intereses, al Tesoro irlandés, lo que representaría el 10% de todos los ingresos fiscales del país en un año: y el gobierno irlandés se ha negado a cobrar ese dinero, porque le resulta más rentable que las Big Tech estadounidenses sigan en su territorio sin pagar, creando empleo y, en efecto, llevando a cabo una gran operación de lavado de capitales con la que todos los demás europeos seguimos perdiendo.
Ya he escrito sobre el destructivo efecto que esta política está teniendo sobre la propia Irlanda: con los costes de todo disparándose, y precios de alquiler imposibles para los jóvenes, lo que les toca a los nativos es precarización laboral y emigración de los más brillantes que son reemplazados con inmigrantes ilegales más baratos. Así que Irlanda es el país europeo que tiene a un mayor porcentaje de la población viviendo en el extranjero: un 28%, porque hay que hacer sitio a las Big Tech.
Habrá quien objete a esta queja sobre la base de mal entendidos principios liberales, y citará a algún teórico que nos explique que todo impuesto es una apropiación indebida. La respuesta es simple: ¿hay algún partido en España que proponga que todos los impuestos a las empresas españolas y los contribuyentes españoles se bajen a cero? Porque eso es lo que pagan las Big Tech en nuestro país ahora mismo. Y si los principios liberales demandan, o peor aún exigen, que Google, que está podrida de dinero hasta las cachas, no pague ningún impuesto en España, no sé por qué no me ofrecen la misma ventaja a mí, o a usted, o a su vecino del quinto.
Esto lo entendió incluso el a menudo obtuso gobierno de Mariano Rajoy, cuando en 2012-2013 buscó aplicar una Tasa Google que se repartiría entre los medios de comunicación, para rebajar su dependencia de fondos partidistas y favorecer su independencia. La tasa no está particularmente bien diseñada y ha sido saboteada desde varias direcciones, pero pocos ilustres liberales de la era salieron a decir que, por principios, Google jamás debería pagar impuestos en España: las objeciones siempre fueron más bien prácticas.
Durante años hemos oído hablar de las prácticas de los “países de nuestro entorno”, todos ellos ya desde hace años acostumbrados a políticas bastante suicidas. ¿Por qué no miramos un poquito más lejos? Por ejemplo, a Corea del Sur, que nadie podría considerar un país totalitario o enemigo de EEUU.
Comon explica este artículo, Corea del Sur lleva 19 años de conflicto porque se niega a autorizar el uso de Google Maps en su territorio. La explicación convencional, que en sí misma es absolutamente razonable, es la seguridad nacional: Corea, técnicamente, sigue en guerra (con Corea del Norte), y la precisión de los mapas en manos extranjeras, por mucho que sean presuntos amigos del alma, supone un riesgo.
Google ha dado mil vueltas para sortear esta prohibición y colar uno de sus productos estrella en uno de los mercados más rentables del mundo. Pero los coreanos siempre responden mirando a las cifras: la empresa, usando trucos contables similares a los que usa en Europa, paga unos misérrimos 10 millones de euros anuales en impuestos por sus operaciones en el país (muchos menos de lo que recibe España por la aún modesta Tasa Google) y los coreanos no están contentos.
Varias estimaciones citadas por la prensa coreana hablan de que Google debería pagar al menos 100 veces más en impuestos anuales. Y eso es, básicamente, lo que se le pide a Google que haga. Mientras tanto, el negocio de mapas en Corea del Sur está dominado por empresas locales que pagan impuestos en Corea y emplean a coreanos; el líder del mercado, Naver Maps, posee aproximadamente el 68 % del mercado nacional de mapas, integrado en un ecosistema de búsqueda y comercio en el que Google nunca ha penetrado.
Siempre he pensado que una de las cosas útiles que podemos hacer los escritores con cierta experiencia de cómo funcionan las instituciones internacionales es ofrecer ideas a un futuro gobierno español con sentido y responsabilidad de estado (algo de lo que hemos carecido durante décadas) para resolver problemas que se pueden resolver de modo más o menos fácil: por eso he escrito sobre las convenciones internacionales de las que tendría que salir España, y sobre cómo pinchar la burbuja de las comunidades autónomas ofreciendo alternativas a las provincias que están hartas del sistema. Mi propuesta para ir detrás de Google y hacer que paguen lo que deben está en el mismo sentido.
