Hay pocas peripecias políticas tan fascinantes y tan importantes para el futuro de Hispanoamérica e incluso de España como la del presidente argentino Javier Milei. Su victoria clave en las elecciones legislativas de hace unas semanas le ha proporcionado un gran capital político, pero no podemos obviar el desafío fundamental que afrontará en los próximos meses, que ya no es tanto político como monetario.
Para entender por qué el futuro de Argentina se decidirá en el campo monetario, es importante entender el complejo panorama financiero de Argentina y el lastre que años de peronismo y décadas de populismo barato ha dejado en los mercados cambiarios. Y para esto debemos empezar por describir qué es el “Cepo” cambiario.
El Cepo fue, como tantas otras cosas, idea del entonces Gobierno de la peronista Cristina Fernández (2007-2015), para contener la fuga de divisas. En una versión limitada del “corralito” de 2001 que no logró evitar el colapso económico del país, se estableció que, para comprar dólares en un banco, la operación debía ser antes autorizada por el fisco.
Con el paso de los años, el Cepo se endureció, con mayores requisitos para acceder a los dólares y menores situaciones en los que se podían pedir. El resultado de todo esto fue que se generó un sistema – por otro lado, muy típico de Hispanoamérica – de tipos de cambio múltiples: había un tipo de cambio oficial artificialmente bajo (para el comercio) que coexistía con varios tipos de cambio más altos determinados por el mercado (por ejemplo, el «dólar blue» o de mercado negro), y los tipos de cambio financieros «MEP» y «CCL».
Todo esto desembocó, como puede suponerse, en inmensas distorsiones económicas y oportunidades de corrupción. Además, ha estado generando enormes problemas macroeconómicos para Argentina: precisamente, el problema que tuvo el país cuando acabó con el “Corralito” de 2001 se debió a ese tipo de ajustes cambiarios, ya que obligan a un gobierno a gastar sus reservas de divisas para mantener la estabilidad cambiaria en los mercados internacionales.
Esto es así porque a los mercados les importa tres pepinos la opinión de los gobiernos sobre lo que vale una divisa. En los 1990, cuando visité Argentina, el sistema de convertibilidad de la era de Carlos Menem implicaba que un peso argentino era equivalente a un dólar estadounidense, en Argentina. En el extranjero, funcionaba – como con todas las divisas – un sistema de oferta y demanda, con lo que, en realidad, el peso frecuentemente está en torno a 1,2 por dólar: es decir, para comprar un dólar estadounidense a, digamos, un banco belga, tenías que pagar 1,2 pesos. Pero este precio fluctuaba continuamente y, cuando se alejaba demasiado del cambio oficial en Argentina (el 1 por 1), el gobierno argentino tenía que usar los dólares en sus reservas para comprar pesos a tenedores internacionales, de forma que la mayor demanda de pesos aumentara su precio.
Esto no es una particularidad argentina. Hay múltiples países con sistemas similares, normalmente países asiáticos que ingresan enormes cantidades de dólares por sus superávit comerciales y usan una parte para mantener la estabilidad monetaria: ése es el caso, más notablemente, de Singapur y la ciudad autónoma china de Hong Kong, que tienen políticas diferentes pero similares en su objetivo de utilizar el cambio entre la moneda local y el dólar para minimizar la importación de inflación.
Este problema inflacionario es el mayor que afrontan los países con divisas débiles. Los precios de casi todas las materias primas que la mayor parte de países importan, desde el petróleo hasta la soja pasando por el carbón y el gas natural, están denominados en dólares en los mercados internacionales. Cuando las divisas de Singapur o Hong Kong bajan, los importadores de tales materias primas de estos países tienen que pagar más de sus monedas locales para compensar el mismo precio en dólares, y les pasan los aumentos de precios a sus clientes locales: y ahí tenemos inflación importada.
Esto Milei y su gobierno lo entienden perfectamente. La inflación es un asunto particularmente grave en Argentina, dado su historial reciente de hiperinflación, y Milei se ha jugado su credibilidad con el tema: la inflación llegó al 21% mensual en diciembre de 2023, cuando Milei asumió la presidencia, y ahora la tasa mensual está en el 2,1%. Pero la política económica por sí sola no puede mantener la inflación bajo control, si un desplome del peso importa presiones inflacionarias a la economía.
Al tomar el poder, el gobierno de Milei ejecutó una devaluación masiva, modificando el tipo de cambio oficial de aproximadamente 366/$ a 800/$, con el objetivo de corregir la enorme distorsión de los precios relativos y reducir la brecha entre los tipos de cambio oficiales y paralelos. A partir de ahí, Argentina adoptó un sistema temporal de paridad móvil, muy similar al que lleva décadas ejecutando Singapur con tremendo éxito, que permite que el peso se deprecie a un ritmo lento y predeterminado frente al dólar: por ello, ahora el mismo el dólar se cotiza a unos 1.500 pesos.
Es precisamente este sistema de costosas intervenciones en los mercados el que obligó a Argentina a solicitar la ayuda de la administración estadounidense el mes pasado, con una inyección de capital que ofrece un margen valioso de maniobra, pero solo temporal.
La estrategia a largo plazo del gobierno es la correcta y se centra en lograr la eventual eliminación de todos los controles de capital; la eliminación casi completa del Cepo cambiario en abril es prueba de ello. Y para que esto se complete se está trabajando en diferentes ejes: el primero es lograr el equilibrio fiscal para eliminar la necesidad de que el Banco Central de Argentina imprima dinero para financiar al gobierno, lo que es la principal fuente subyacente de inflación. Esto es absolutamente clave porque coadyuva también a la estabilidad del peso en mercados internacionales: en líneas generales, todo aquello que escasea (como una divisa que no se produce en grandes cantidades) aumenta de valor.
El segundo eje se refiere a la supresión eventual del sistema temporal de banda cambiaria que permite que el peso flote dentro de límites mínimos y máximos definidos frente al dólar. El gobierno de Milei ha ido eliminando las restricciones a las cuentas en moneda extranjera y permitiendo que los contratos privados se liquiden en cualquier moneda.
Al final de todo este proceso puede llegarse, o no, a la dolarización de la economía. Milei hizo campaña en 2023 hablando de ese desenlace, pero últimamente ha sonado – creo que con razón – mucho más discreto al respecto, dado que la dolarización no es una solución perfecta para ninguna economía, y a Ecuador, por ejemplo, le está creando tantos dolores de cabeza como ventajas.
Es obvio para todo que el patrón histórico argentino es destructivo: períodos de estabilidad seguidos a menudo por un gasto fiscal excesivo y el eventual uso de la imprenta del banco central, lo que condujo a una alta inflación y crisis cambiarias que se retroalimentan unas a las otras. La política actual representa el intento más sensato de romper este ciclo en la historia argentina, mediante una alteración fundamental del ancla del sistema monetario.
La idea es que una disciplina fiscal extrema eventualmente debería lograr que los mercados internacionales recuperen la confianza en el peso, la moneda cotice más o menos libremente y sin costosas intervenciones en mercados, y concluya el ciclo de devaluaciones que importa inflación al país y eventualmente lo mete en nuevos ciclos hiperinflacionistas. Incluso el mayor enemigo de Milei debería desearle el mayor éxito posible.
