La victoria de los republicanos el 5 de noviembre de 2024 fue tan arrolladora que Donald Trump se hizo con todos los estados disputados, el voto popular, el colegio electoral, la Cámara de Representantes, el Senado y la presidencia, a pesar de los fraudes que intentó el partido demócrata. Toda la izquierda en Estados Unidos (y en España) quedó anonadada.
Aunque las encuestas internas de la campaña de Kamala Harris eran pesimistas, en cambio las publicadas por los medios de manipulación de masas mostraban no sólo la posibilidad de victoria, sino un triunfo amplio de la vicepresidenta de Joe Biden, basada en factores como la movilización a su favor de las mujeres republicanas, que al final defenderían el aborto. Una vez conocidos los resultados, el tertuliano Van Jones reprochó a sus correligionarios que se negasen a reconocer lo evidente: Trump no es un memo, sino alguien más inteligente que todos sus críticos y la persona más poderosa de esta época. “Somos unos idiotas”, afirmó con una sinceridad imposible de encontrar en el ecosistema progresista.
JUECES ACTIVISTAS DE IZQUIERDAS
En los meses transcurridos desde su regreso a la Casa Blanca, la mayor oposición a sus medidas ha provenido de diversos jueces federales (nombrados por los presidentes anteriores o incluso por Trump entre 2017 y 2020), que han paralizado despidos en la Administración, despliegues de la Guardia Nacional, imposición de aranceles y deportaciones. En algunos casos, Trump no tiene razón, como en el veto de la Casa Blanca al corresponsal de AP porque la agencia se niega a usar la expresión golfo de América, en vez de golfo de México, que un juez nombrado por él mismo suspendió. En otros, nos encontramos ante descarados activistas con toga.
Pero Trump, que en sus primeros años tuvo que enfrentarse al ‘Estado profundo’, incluso a traidores dentro de su Gobierno, cuenta con una espada que está cortando las cadenas de papel judicial con que quieren amarrarle. Sus reformas, desde el desmantelamiento de la agencia USAID a la expulsión de inmigrantes ilegales, se estaría truncando de no ser por cuatro hombres y una mujer.
Se trata de los cinco jueces que forman la mayoría de ‘orden natural’ (perdón por llamarla así) en el Tribunal Supremo federal: Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barret. A este grupo se suele unir en ocasiones el centrista John Roberts, presidente de la corte, que ha pasado de apoyar al bloque de izquierdas a hacerlo al de derechas, con el argumento que ya conocemos en España de “respetar la institucionalidad” y “evitar las divisiones”.
El presidente de Estados Unidos puede invadir un país o bombardearlo por su cuenta y riesgo, pero dentro de EEUU tiene por encima de él al Tribunal Supremo. Esta institución es responsable de la imposición de normas rechazadas por el pueblo, la presidencia y el legislativo. Por ejemplo, el aborto lo legalizó en 1973 una SCOTUS de tendencia progresista; y otro tribunal, con mayoría opuesta, en 2022 entregó a los estados su regulación, incluso la prohibición.
El Ejecutivo puede negociar con los senadores y diputados del Congreso para que acepten una ley y conseguir su aprobación, pero el Supremo tiene la facultad, autoarrogada en 1801, de declararla inconstitucional y derogarla. Un tribunal de miembros no electos, sino designados, que se impone al Ejecutivo y al Legislativo. Una paradoja aristocrática en una democracia.
Otro tanto, en cuanto a las consecuencias, sucede en España con el Tribunal Constitucional. La diferencia reside en que éste es una prolongación de los partidos (en concreto del partido socialista), ya que los magistrados lo son sólo durante nueve años y las renovaciones las pactan los jefes de los partidos. Los magistrados de la SCOTUS, por el contrario, son vitalicios; los únicos cargos en la República federal que gozan de inamovilidad. Y aunque los propone la presidencia y los confirma el Senado, a lo largo de su mandato (Thomas lleva ya 33 años) pueden fallar en contra de los deseos de quienes los nombraron. El general Eisenhower reconoció dos errores en su gobierno y añadió que ambos se sentaban en el Supremo, en referencia a Earl Warren y William Joseph Brennan, que decantaron la jurisprudencia a favor de la izquierda en las ‘guerras culturales’.
Desde los años 80, los nombramientos para las vacantes en la SCOTUS han degenerado en batallas. El último al que el Senado confirmó por aclamación fue Abe Fortas, en 1965, y el último con ningún voto en contra fue Anthony Kennedy, en 1988. A un jurista propuesto por Ronald Reagan, Robert Bork, contrario a que el Supremo se inventase derechos que no aparecen en la Constitución, la izquierda, encabezada por el senador Ted Kennedy, arremetió contra él con tanta virulencia que el Senado le rechazó.
Ahora, los nombramientos cuentan con el respaldo exclusivo de los senadores del partido del presidente, más, en el caso de propuestas demócratas, dos o tres senadores republicanos del bando de los bienqueda. Brett Kavanaugh obtuvo su confirmación por 50 votos contra 48. Y la última incorporada al Tribunal, Ketanji Brown Jackson, quedó con un marcador de 53 a 47, en el que tres republicanos, uno de ellos Mitt Romney, votaron a su favor.
POR FIN, UN TRIBUNAL QUE NO ALTERA LA CONSTITUCIÓN
En su primer mandato, Trump pudo proponer a tres candidatos, igual número que Obama en ocho años. El giro de la mayoría del Supremo al lado conservador, pro-vida y originalista, provocó que la izquierda se enfureciese. Ya se sabe que la ‘progresía’ es educada y civilizada mientras se hace lo que ella quiere, pero se vuelve violenta y hasta terrorista cuando se la desobedece.
Para detener la confirmación de Kavanaugh, el segundo nombramiento de Trump, varias mujeres dijeron que el juez católico les había violado y los medios de comunicación dieron pábulo a sus acusaciones por disparatadas que fueran.
Entonces surgió la propuesta de la ampliación de la bancada de jueces (court-packing). El número de éstos no aparece en la Constitución, sino en la Judiciary Act, una ley federal de 1869 que el Congreso puede modificar. El Legislativo fijó en nueve ‘justices’ la composición del Tribunal y el único que ha tratado de alterarla sin consenso fue el demócrata Franklin Roosevelt, porque “los nueve viejos”, como les llamó, bloqueaban su legislación del New Deal.
Dentro del plan de los demócratas de eternizarse en el poder, semejante ruptura de la tradición sería una manera más sencilla para que la supresión del colegio electoral, porque ésta exigiría una enmienda constitucional, con el asentimiento de tres cuartos de los estados, es decir, de 38, cifra imposible de conseguir, pues incluso se opondrían los pequeños estados demócratas como Rhode Island, Vermont, Hawái, Delaware, Maine y New Hampshire.
Mientras los progres esperan a tener las mayorías necesarias en las dos Cámaras y sueñan con convertir en estados a Puerto Rico y la capital, continúan su campaña de diabolización contra los magistrados pro-vida, con la esperanza de amedrentarles o de persuadirles de que renuncien. A Thomas, católico y negro, se le insulta prácticamente desde su designación con los apelativos de “Tío Tom” y “racista”.
Las amenazas por parte de las izquierdas contra el Tribunal Supremo han crecido tanto que en 2022 el Congreso aprobó una ley que extendía la protección policial a las familias de los magistrados, sólo días después de que se detuviera cerca del domicilio de Kavanaugh a un individuo armado, que confesó que quería matarle para evitar la derogación de la legalidad del aborto (se le acaba de condenar a ocho años de cárcel). Aun así, 27 diputados demócratas votaron en contra de la ley. Y en 2024, el Supremo solicitó al Congreso que aumentara en 19,4 millones de dólares más los fondos para la seguridad del edificio y de los magistrados, de la que se encargan su propia policía y los US Marshals.
Que las palabras y los insultos pronunciados por las refinadas bocas de izquierda caen en oídos propensos a escucharlos se comprobó el domingo 5 de octubre, cuando la Policía arrestó a un individuo que ocupaba una tienda de campaña en las escaleras de la catedral católica de San Mateo Apóstol, el día en que se celebra la Misa Roja, una eucaristía dedicada a los jueces, fiscales y abogados a la que a veces asisten algunos magistrados de la SCOTUS. El detenido tenía unos 200 artefactos explosivos y un manifiesto contra el Supremo y la Iglesia.
En Estados Unidos empieza producirse un fenómeno bien conocido en Europa: incontrolados que siempre disparan contra los mismos… como si estuviesen adoctrinados. El abanico de objetivos cada vez es más amplio.
Pedro Fernández Barbadillo es autor del libro Los césares del imperio americano
