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La ayuda al desarrollo, arma contra la inmigración

La Política Europea de Vecindad, que dispone de fondos propios superiores a 19.300 millones, beneficia, entre otros, a Marruecos, Argelia, Túnez y Libia

Cuando leo noticias sobre las oleadas de inmigrantes ilegales que desembarcan en las costas del sur de Europa o los disturbios en las ciudades francesas, me pregunto dónde están los guardias civiles, carabineros y gendarmes que nos vigilaban durante los confinamientos y abroncaban a quienes no llevaban mascarilla en las playas. Pareciera que el Estado emplea a sus cuerpos policiales para reprimir a ciudadanos que se definen por pagar impuestos y cumplir las leyes por idiotas que éstas sean.

Los mismos policías y técnicos que vigilaban las redes sociales para detectar mensajes críticos sobre las vacunas o insultos a los gobiernos, ¿no pueden usar sus aparatos y su tecnología para encontrar a los traficantes de seres humanos en Europa, África o Turquía?, ¿o es que no les han dado la orden sus superiores?

El vicepresidente del Gobierno italiano, Mateo Salvini, ha declarado sobre la avalancha de miles de inmigrantes ilegales en la isla de Pantelaria lo siguiente: «Cuando llegan 120 barcos en unas pocas horas ya no es un episodio casual, es un acto de guerra. Estoy convencido de que detrás de este éxodo hay una coordinación».

Y yo comparto sus palabras. Europa se halla en guerra, pero no reacciona, a diferencia de la invasión rusa de Ucrania. En parte porque tiene una quinta columna dedicada al sabotaje interior. Da la impresión de que la inmigración (necesaria para sustituir sociedades homogéneas por otras multiétnicas) no puede ser ni criticada ni frenada. Salvini es víctima de esa quinta columna. Está procesado porque en su anterior mandato como ministro del Interior (2018-2019) tomó medidas contra los barcos que recogían inmigrantes y los trasladaban a los puertos italianos. El juicio en el que se le acusa de secuestro comenzará a principios de octubre en Palermo y, para convertirlo en una feria mediática, participará como testigo uno de los propagandistas del globalismo, el multimillonario Richard Gere.

Durante el siglo XIX, las potencias europeas, más Estados Unidos en cuanto comprendió su destino manifiesto y Japón, practicaron la diplomacia de la cañonera. Si el gobierno de un país desafortunado no pagaba su deuda exterior o perjudicaba a grandes empresas, algunas de esas potencias enviaban a su flota y bloqueaban los puertos del díscolo hasta que pagaba. Ya no se hace esto. Ahora, si un Estado no cumple con sus obligaciones, se le embargan sus bienes en el extranjero. Le pasa a Argentina y también le empieza a pasar a España.

Los países europeos mediterráneos siguen manteniendo cazas, fragatas, submarinos, infantería de marina, unidades de comandos, batallones de paracaidistas y servicios de información. Y si no despliegan estas fuerzas para cobrar empréstitos, tampoco lo hacen para impedir la arribada de barcos negreros ni para castigar a quienes permiten ese tráfico en los puertos africanos.

¿Y si se cierra el grifo?

Como los acuerdos firmados con los gobiernos de Rabat, Ankara o Túnez, que incluyen jugosas dotaciones presupuestarias, no funcionan y visto que la fuerza militar sólo se emplea en Europa Oriental, sólo queda, en mi opinión, una solución por parte de la UE para responder a estos «actos de guerra»: la suspensión de toda ayuda económica a esos países hostiles.

Los eurócratas presumen de que la Unión Europea es el mayor donante de ayuda económica al desarrollo del mundo, por encima de Estados Unidos, de China o de Arabia Saudí, dinero que sale de los ciudadanos de los 27 países miembros. El presupuesto de la UE para 2021-2027 reserva 79.500 millones de euros en el llamado Fondo Europa Global para «defender y promover sus valores e intereses en todo el mundo, así como apoyar los esfuerzos multilaterales a escala mundial». El programa pretende «atajar la pobreza, regular la migración y promover los derechos humanos y la democracia». Al menos 19.323 millones de euros se destinarán al Instrumento de Vecindad y otros 29.181 millones se repartirán al África subsahariana. ¡Qué tentador para tantos diplomáticos, militares, funcionarios, consultores, oenegeros y políticos europeos!

La Política Europea de Vecindad, que dispone de fondos propios superiores a 19.300 millones, beneficia, entre otros, a Marruecos, Argelia, Túnez y Libia, países de origen de la mayoría de los inmigrantes ilegales que alcanzan las costas españolas e italianas.

Y en estas cifras no se incluye la Ayuda Oficial al Desarrollo (está tan institucionalizada que tiene su acrónimo, AOD) propia de cada Estado miembro de la UE. España, con la mayor tasa de paro de la UE, destinó 3.507 millones de euros a AOD en los Presupuestos Generales de 2022.

Todo este dineral recaudado primero y distribuido después para hacer el bien no está sirviendo para nada. Los gobiernos de los países a los que se destina ni son más democráticos ni respetan más los derechos de su población; y respecto a la inmigración, en vez de controlarla, la fomentan, porque sus oligarquías se lucran con ella.

Una manera de mostrar el soft power de la UE consistiría en paralizar esa AOD a los regímenes de Marruecos, Senegal, Túnez o Argelia, mientras no detengan la inmigración que zarpa de sus territorios y acepten las repatriaciones. Y otra manera sería detectar las fortunas y propiedades de esos tiranuelos en Europa para embargarlas. Si hay que cambiar las leyes, puede hacerse y por la vía rápida. Nos lo han demostrado Pedro Sánchez cuando quiso modificar el Código Penal para conseguir los votos de los separatistas catalanes y en 2020 todos los Gobiernos europeos cuando aprobaron decretos-ley para restringir nuestros derechos fundamentales con motivo del COVID.

Lo descrito en el párrafo anterior lo podrían hacer motu proprio los Gobiernos nacionales con sus transferencias comprometidas y luego plantear que la UE haga lo mismo en los consejos de ministros europeos y el Parlamento Europeo. No se ha probado hasta ahora este tipo de medidas, pero apuesto a que sus efectos podrían sorprendernos.

Si hubiera resistencia por parte de esa quinta columna, el siguiente paso consistiría en imitar al gobernador de Texas y mandar a Bruselas, París y Berlín a cientos de esos inmigrantes que los progres quieren en nuestros países pero no en sus urbanizaciones.

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