El pensamiento político español entre 1935 y 1969 es tierra incógnita. Despabilado por Dalmacio Negro, va para más de treinta años que me ocupo de señalar, hasta no hace mucho en solitario y “[dejando que] la gente hable” (Dante), las altas cualidades y la originalidad de los “juristas del 27”, una compacta generación que, acaso sin tener conciencia de ello, ha llegado a constituir una escuela de pensamiento y rubricado, con su obra, un cuarto de siglo de oro del pensamiento político en España. Hablaba Julián Marías, a vuelapluma y casi de memoria, en un justamente apreciado artículo, de la “frondosa y esperanzadora vegetación del páramo” posterior a la Guerra Civil. Hace apenas unos meses se ha evocado de nuevo la “feracidad” de ese páramo, recordando a una gavilla de “escritores inolvidables”, magnífica iniciativa de la Fundación Herrera Oria.
Pero subsiste en la “derecha cultural” y en sus laboratorios de ideas cierta renuencia a revisitar a los escritores políticos y juristas de Estado de ese mismo periodo. Por escasa preparación, por incuria o, acaso, mayormente, como yo creo, por aprensión, un humor característico del profesor universitario hispánico, vulgo anecado, y del intelectual que politiquea. La aprensión es más que acoquinamiento, pero menos que miedo.
El gran tabú del sistema constitucional del 78, lo nefasto y más infrecuentable es la III dictadura –la del pronunciamiento del 18 de julio–, que sigue a la II –la del pronunciamiento 14 de abril y la Ley de Defensa de la República– y a la I –la del pronunciamiento del 13 de septiembre–. Mientras que la violación de la constitución de 1876 y la consecuente e inevitable dictadura republicana parecen no haber existido nunca, la dictadura del general Franco y todo lo que la roza es haram. Pero la contemplación de esas décadas sin ira, ni siquiera con benevolencia o agradecimiento (Fundación Nacional Francisco Franco), ya no tiene ni nombre, es algo odioso y feo al mismo tiempo: hässlich, como diría Carl Schmitt.
Oprime el espíritu la condena de la memoria de ingenios tan sutiles y competentes como el de Francisco Javier Conde y otros compatriotas, pares suyos. Esa misma censura ha convertido también en objetos fuera del comercio intelectual dos asuntos de la máxima gravedad, pues en ellos nos va la vida como nación: el problema de la fundación del Estado en España y la cuestión de la formación y la calidad de nuestra clase dirigente. Desafíos que encara, con mayor o menor resolución según las circunstancias, acaso con vaga conciencia de la meta, el gobierno largo de Franco, una dictadura orteguiana vertebradora de la nación, nacionalizadora del Estado y creadora de “un tipo medio español”, la clase media franquista, hoy también denostada. Debo añadir, por compleción, que ni la dictadura costista de Primo de Rivera ni la krausista segundorrepublicana tuvieron tanta fortuna.
En este marco de referencias metapolíticas, la solución constitucional siempre ha sido secundaria, un accidente histórico condicionado por la ideología dominante, la situación política internacional y el peso en esa coyuntura de cada país, sujeto u objeto de la historia, siendo lo segundo más frecuente en los periodos constituyentes. Pero la elaboración de una constitución para “otorgarla” (o “darla”) forma también parte de una estrategia de diversión contrarrevolucionaria. Esto un marxista lo entiende perfectamente; en cambio, un constitucionalista liberal no, pues, embelesado en fórmulas como “De la ley a la ley pasando por la ley”, padece una atrofia en los órganos sensibles a las situaciones políticas de excepción, precisamente aquellas en las tiene sentido lo que he denominado “la constitución como golpe de Estado”, expresión que tiene más de tautológica que de oxímoron.
Absolutamente irrelevante era ya en 1962 el Informe de la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra sobre El imperio de la ley en España, prontuario de tópicos de derecho público elaborado contra las Leyes Fundamentales franquistas por una junta venal, como suelen ser todos esos aquelarres supranacionales que dan lanzadas a moros muertos o en cuarentena política. Respondió el régimen, con aires de Manuel Fraga, y acaso también con su letra, con el dosier de 1964 España, Estado de derecho. El problema, en realidad, no era si España, en el sentido del constitucionalismo liberal, cumplía con los estándares de un Estado de derecho (perturbadora traducción, pasada por el derecho público alemán, de Rule of Law), sino esto otro: ¿había mudado ya la piel la Monarquía Hispánica después de la guerra? ¿Había perfeccionado Franco, protector del Estado, el desdichado ensayo estatificador de la II República?
En ese punto, como todo Estado es Estado de derecho, la flor se les marchitó enseguida a los trujamanes europeos y también castizos del demoliberalismo. Sin embargo, la “polémica” fugitiva entre Ginebra y Madrid sirve para alimentar la leyenda de una España sin constitución y justificar al mismo tiempo el déficit deontológico (Rodrigo Fernández-Carvajal) del escalafón de catedráticos de Derecho Político, pues debieron ocuparse de la constitución española –no recogida en un texto único, sino en varias leyes constitucionales, como las de la III República Francesa–, pero no lo hicieron. Cada cual tendría sus razones, que yo no juzgo. Pero ese es el motivo por el que no hay ni un solo tratado sistemático sobre el régimen de las Leyes Fundamentales. Lo que más se aproxima a ese género académico es La constitución española (1969) de Fernández-Carvajal. Si la historiografía constitucional española, como dice el diccionario en la voz vergüenza, “estimara la propia honra o dignidad”, no existiría la oquedad inmensa de unos años políticamente decisivos, los que van del Fuero del Trabajo (1938) a la Ley Orgánica del Estado (1967), un agujero negro que acabará tragándoselos a todos y denunciando su impostura.
La fórmula política (la constitución) no era, pues, lo esencial, sino esto otro, que convendría repetir mil veces: la forma política “Estado” y la índole de la clase política.
El Estado español, gran enigma histórico, ha preocupado hondamente a los historiadores del derecho (de Alfonso Otero Varela a Francisco Tomás y Valiente) y a los historiadores de las ideas políticas (Manuel García-Pelayo, Luis Díez del Corral (en la imagen) y Dalmacio Negro), más influidos aquellos por Otto Brunner y estos por Otto Hintze. Es mérito de Álvaro d’Ors haber sabido vincular y poner en comunicación estas dos historiografías, tan dispares en su manera de abordar el problema de la estatalidad en España y casi mutuamente ajenas. De la importancia de lo estatal da idea el ponderado y amargo juicio de Díez del Corral sobre los constituyentes de Cádiz, pues estos, creyendo instituir un Estado con la Constitución de 1812, atribuyeron a toda constitución escrita una virtud taumatúrgica, fundadora de lo que en realidad debía ser su fundamento, con “los conocidos efectos lamentables durante todo el siglo XIX”: una empecinada lucha por la constitución que ha ignorado hasta la década de 1930 el déficit absoluto de Estado en España. Se explica así el récord de constituciones patrias, que no son ocho, como reza en la sede digital del Congreso de los Diputados, sino alguna más: el Estatuto de Bayona, la constitución de 1967 y la constitución-puente de 1977… leyes fundamentales que supongo rayadas en los temarios de oposiciones del cuerpo de Letrados de las Cortes Generales. Fraudes históricos de ese tipo, hoy frecuentes en la España oficial, constituyen una indignidad que subleva la inteligencia.
El Estado es nuestra piedra de toque. Así, no hay mejor taxonomía de las ideas políticas en España, particularmente las del siglo XX, que la que ordena tan abigarrado paisaje a partir de la actitud hacia el Estado. Ello da cuatro grandes categorías abarcadoras de todo nombre con algún interés: a) partidarios del Estado tout court; b) doctrinarios del Estado administrativo; c) defensores de la sociedad civil; y d) antiestatistas. No es posible desarrollarlas aquí. Otros catálogos de las ideas políticas –derechas e izquierdas, liberalismo y socialismo, monarquismo y republicanismo– resultan más bien extraños, antinaturales y políticamente impropios. Remito a quien se interese por estos temas al ensayo del profesor Negro Pavón Sobre el Estado en España (2007), dos veces bueno.
El otro gran asunto político que ahora nos concierne es el de la clase dirigente. Su existencia constituye una regularidad sociológica o prepolítica, pero también política en un grado eminente. Esa clase ha de estar a la altura de su misión. Si no puede dominar las circunstancias, al menos se adaptará a ellas antes de que deje de creer en su derecho a mandar, se vea a sí misma como ilegítima y venga desplazada por su sucesora. Violentamente o no. En cambio, si esa gente tiene olfato y afán de supervivencia sabrá integrar o asimilarse a la generación ascendente o a la clase rival, volviendo funcional la irrupción de los revoltosos y renovándose molecularmente. Pues más que de “circulación de las élites” (Vilfredo Pareto), se trata de la “amalgama” de la dirigencia (Robert Michels) con los que rondan el poder. Vean aquí a Gaetano Mosca consolando a las muchachas de Podemos: es la dinámica de las élites una “continua endósmosis y exósmosis entre la clase alta y algunas fracciones de la baja”. Nada os inquiete ni os remuerda la conciencia, chicas, porque la ley de hierro de las oligarquías os absuelve.
En cualquier caso, la incertidumbre acerca del futuro de “los imperantes y su séquito” –título de un libro de 1991 de Manuel Fernández Escalante– aumenta cuando un régimen, como ha señalado Jules Monnerot, “pierde el control sobre la circulación de las élites”. Este es el tipo de descontrol que acompaña siempre al “momento populista” (Alain de Benoist).
Responde a esta misma preocupación la parábola de los industriales de Henri de Saint-Simon (1819), una anticipación de la moderna teoría sociológica de las élites. A pesar de su simplicidad, todavía hace volar la imaginación política. “Supongamos que Francia pierde súbitamente […] a los más capaces […], sumando en conjunto los 3000 primeros sabios, artistas y técnico de Francia”. Con toda seguridad, argumenta, la prosperidad de la nación se resentiría si perdiera a “los franceses más útiles a su país”. A los más competentes. Pero “hagamos ahora otra suposición: […] que tuviera la desgracia de perder en el mismo día al rey, a todos los ministros con o sin cartera, a todos los obispos, a todos los prefectos, subprefectos y empelados en los ministerios y a los jueces […] hasta los 30000 individuos considerados los más importantes del Estado”. “Esto solo produciría pena bajo un aspecto puramente sentimental”, pero no resultaría de ello ningún mal político o económico para Francia. ¿Acaso se resentiría España, los que “pagan por obedecer” (Fernández Escalante), si la legión de inútiles que “cobra por mandar” (de nuevo Fernández Escalante) fuese abducida por una civilización extraterrestre o enviada por Elon Musk a colonizar Marte?
España clama por una clase competente. La prematuración del Estado de los Reyes Católicos frustra la formación de una conciencia profesional en los letrados. En la trayectoria del Consejo de Estado se registra como en ninguna otra institución el nivel de nuestros legistas. En cualquier caso, la inexistencia de un Estado bien asentado explica la debilidad congénita de la clase dirigente española (Dalmacio Negro). A principios del siglo XX dice Pío Baroja que los politicastros de la Restauración tienen “almas de bailarín”, pues “les encanta el aplauso”; son gente que “no sabe nada bien porque ha estudiado deprisa”. Como nuestros incompetentes contemporáneos, carecen del sentido de los hechos, solo poseen el culto a las formas.
Baroja exagera, como tantas veces, pero su preocupación es noble. El tónico resucitador de una España sin pulso ha de ser “la competencia”. Ortega y Gasset, cuyo sentido de la oportunidad nadie discute, prescribe precisamente esa píldora en 1913: “Competencia”. Póngase la suerte de España en la competencia de manos hábiles. Para organizar el país y hacer eficaz la máquina del Estado se necesita la competencia de unos mozos que Miguel de Unamuno llama lógicos (muchachos “claros, reflexivos y sociales”) frente a los písticos de su generación (“literatos, intuitivos y solitarios”). La Generación del 14 anticipa ya la España “alegre y faldicorta” de José Antonio, incompatible con aquella otra, machadiana, “zaragatera y triste”. “Seriedad” es lo que todavía hoy nos dicen nombres y vocaciones como los de Luis Olariaga o Ángel Herrera. En ellos confía Ramiro de Maeztu y en otros “diez mil españoles que estudian en la penumbra”. Tenían también entonces hambre de aristocracia el socialista orteguiano, pero infiel al maestro, Luis Araquistáin y Fernando de los Ríos, autor de El sentido humanista del socialismo (1926), de lo poco del socialismo español que se puede salvar de la quema.
La juventud profetizada sabe idiomas y le gusta el dinero, dice Baroja en Tres generaciones (1926). En cambio, sus abuelos fueron retóricos y hueros y sus padres tristes, sentimentales y sin bríos. “De puño y cabeza fuertes, ha de intervenir alguna vez en la vida social, sin respeto por la pesadumbre tradicional, con una energía que puede ser la salvación del país”. En junio de 1925 publica Luis Olariaga en los folletones de El Sol su conferencia “Tres generaciones intelectuales de España”. Dice ahí que el Directorio abre el camino a unos “hombres oscuros y competentes”. “Los hombres que venían gobernando España no eran depravados ni de mala intención: eran simplemente incompetentes. El mal de la política española era la incompetencia, y como ese era el mal de todo el país, la curación debía ser larga forzosamente. Había que empezar por formar los hombres competentes, para luego organizarlos para la vida pública”. Su ideal, todo hay que decirlo, pasa por la economía política. Por algo Maeztu y Ortega y Gasset le han enviado a estudiarla a Berlín.
Los economistas políticos y los juristas de Estado están llamados a proyectar sobre la realidad económica y política no solo su saber, sino también su patriotismo. No se puede con Primo de Rivera, pues no tiene tiempo. Tampoco con la II República, que no encuentra la paz. Bajo la dictadura orteguiana de Franco, en cambio, sí que puede fructificar la competencia, en una continuidad espiritual absoluta que está por encima de todo y que representan muy bien el economista (represaliado) Antonio Flores de Lemus y el constitucionalista Nicolás Pérez Serrano, cuya mayor contribución en la posguerra se encuentra en los discípulos que acceden a los puestos decisivos de la administración del Estado. En cierto modo, han sido los economistas políticos quienes han hecho eficaz la labor de los juristas de Estado. Anhelaban aquellos la revolución industrial que transformara España, estos la edificación de un Estado. Los discípulos, directos o indirectos, de Flores de Lemus, de Olariaga a Juan Velarde y Enrique Fuentes Quintana, claman por la reforma tributaria y contra el “modelo castizo” (Velarde); los de Pérez Serrano –Conde, García-Pelayo, Fernández-Carvajal– por una reforma rectificadora del parlamentarismo de entreguerras, adaptada a la circunstancias históricas y políticas españolas (anafilaxia constitucional). Los dos monumentos de esa clase competente que el franquismo ha cultivado para acabar con el déficit de competencia guardan la misma proporción: el Plan de Estabilización de nuestros economistas ordoliberales y la Ley Orgánica del Estado, con vislumbres del logos político de Gonzalo Fernández de la Mora.
(Ilustración: detalle del retrato de Luis Díez del Corral, de Álvaro Delgado.(c) Real Academia de Ciencias Morales y Políticas)
