La historia siempre ha sido materia de confrontación política. Progresistas y moderados se lanzaban dardos envenenados a propósito de las Luces y la Inquisición. Los republicanos de finales del XIX se orientaban con la brújula ética y simbólica de la Revolución Francesa, que aterraba a sus replicantes. Marcelino Menéndez Pelayo escribió una Historia de los heterodoxos españoles que fijaba cuál era la esencia que, a su entender, definía el ser nacional. Los regeneracionistas opusieron una España hueca y carcomida, herencia secular de unas élites oscurantistas e improductivas, a otra naciente y dinámica, pujante, que quería despojarse de tan pesada losa. Socialistas, anarquistas o falangistas también edificaron sus particulares lecturas del pasado, que rivalizaban con otras narrativas existentes y que tenían evidentes implicaciones civiles. De todas ellas da buena cuenta un libro estupendo, Historias de las dos Españas, de Santos Juliá, que presenta las sucesivas interpretaciones de la historia nacional de cada una de las familias políticas de la contemporaneidad y muestra que la batalla por el pasado ha sido una constante en el debate político español.
La Transición quiso pacificar estos desencuentros y durante algunos años, aparentemente, lo consiguió; pero aquella pretensión era un imposible, una quimera, pues no hay sujetos colectivos, identidades o política sin narraciones que expliquen qué somos y cómo hemos llegado a serlo. Tal vez por eso desde hace décadas el asunto ha rebrotado con fiereza y, de nuevo, levanta ampollas y delimita fronteras políticas. A ello ha contribuido no solo el revival memorialista, el sectarismo woke y las intenciones de ingeniería social de cierta izquierda, como machaconamente se repite desde el otro lado de la trinchera, sino también la incapacidad del universo conservador, entendido en el sentido más diáfano posible, para elaborar un relato propio, sereno y vertebrador de los siglos XIX y XX, aquellos que más tensan a la sociedad.
A la luz de la portentosa obra de las fundaciones, asociaciones, editoriales y demás entidades de izquierdas llama poderosamente la atención que la derecha no haya hecho un esfuerzo parejo por bucear en su propia genealogía intelectual
Resulta paradójico que los conservadores, que establecen una vinculación tan íntima con las raíces, con lo transmitido, con lo heredado, no tengan un discurso bien armado sobre el pasado inmediato, ni siquiera en lo relativo a su propia memoria. A ello ha contribuido, sin duda, la larga sombra del franquismo, que ha amenazado con convertir en proscrito cualquier autor, cualquier corriente, cualquier conjunto de ideas, por anteriores a la dictadura o inmaculados que fueran; pero también esa pereza intelectual que ha llevado a muchos a esconder la cabeza, como un avestruz, y a centrarse, casi en exclusiva, en lo productivo y en la gestión.
A la luz de la portentosa obra de las fundaciones, asociaciones, editoriales y demás entidades de izquierdas llama poderosamente la atención que la derecha, insisto, en sentido lato, no haya hecho un esfuerzo parejo por bucear en su propia genealogía intelectual. Que hasta este año una pequeña editorial no haya republicado el Ideario Político de Maura, que los autores del 98 sean completos desconocidos para el conservador medio, que Donoso Cortés o José Antonio Primo de Rivera sean patrimonio casi exclusivo de puretas y jóvenes idealistas que se mueven en los márgenes o que no se haya promovido una antología integral que, junto a los anteriores, rescate a autores tan distintos, pero con tanto contenido aprovechable, como Balmes, Gil Robles padre, D’Ors, Ossorio y Gallardo, Giménez Fernández o González Ruano, por citar solo unos pocos, es una catástrofe. Más aún en un espacio político en el que se cita con tanta fruición a autores extranjeros como Chesterton o Scruton.
Si el tratamiento de la historia intelectual del conservadurismo por sus teóricos legatarios ha sido parco, la reflexión de los principales representantes de la derecha española en torno a los grandes conflictos y líneas de fractura de la modernidad ha sido infructuosa y prácticamente inexistente.
El silencio ha sido seña de identidad de la derecha española desde hace décadas
Las actitudes, en este plano, basculan entre el silencio, el desprecio, la adopción de las ideas del adversario y el ramalazo macarra y repentino. Posturas todas ellas estériles que han redundado en una acusada pobreza argumental y discursiva.
El silencio ̶ esto es, la indiferencia en materia histórica ̶ ha sido seña de identidad de la derecha española desde hace décadas. Mientras la izquierda construía un potente relato de la crisis española del siglo XX, confortable, interesado, cargado de sesgos, el Partido Popular se limitaba a decir que la historia era cosa de los historiadores, como la física es de los físicos, incapaz de comprender las derivadas cívicas y emocionales del traumático pasado español, incapaz de diferenciar entre saber y narrativa, entre conocimiento académico e interpretación popular, entre la investigación universitaria y las muchas y variadas memorias latentes en la sociedad civil. El negocio fue tremendo. Más aún cuando dicho partido no supo aprovechar el trabajo sereno y concienzudo de una serie de historiadores que dieron la vuelta a la lectura canónica sobre la Segunda República y a los que la izquierda apartó, estigmatizó y señaló con el inestimable auxilio de muchos compañeros de profesión. En su lugar, los satélites comunicativos del Partido Popular entronizaron a polemistas y agitadores sin método ni fuste intelectual.
No menor ha sido el problema cuando sí se ha dicho algo. Pablo Casado despreció las legítimas reivindicaciones de los represaliados del franquismo con un mensaje profundamente contrario al humanismo conservador: «Los izquierdistas son unos carcas, todo el día con la guerra del abuelo y la fosa de no sé quién». Mariano Rajoy mantuvo la Ley de Memoria Histórica y se negó a debatir sus perniciosos fundamentos ideológicos, pero anuló las partidas para quienes querían encontrar los restos de sus familiares. Recientemente Alberto Núñez Feijóo ha manifestado su desinterés por la guerra civil tachando al conflicto de «pelea entre abuelos».
La adopción del relato del adversario es una consecuencia lógica de esa desgana. Famoso fue, en su momento, el patrocinio que el Gobierno de Aznar hizo de la obra de Manuel Azaña, no de la de Cánovas del Castillo. La versión actualizada de aquella reverencia son las leyes de memoria que el Partido Popular ha sacado adelante en diversas regiones en las que gobernaba y en las que no se aprecia una sensibilidad distinta a las de las normativas propugnadas por la izquierda. Han sido oportunidades perdidas para poner sobre la mesa una lectura alternativa del período 1931-1945, para hacer una valoración crítica de las dinámicas de exclusión y violencia que tanto caracterizaron a los diversos actores políticos del período, para recordar a todas las víctimas, sin excepción, y para acometer la necesaria exhumación de las fosas comunes. Es decir: para hacer unas verdaderas leyes de concordia y reconciliación y para proponer a la sociedad un modelo concreto de convivencia y conciencia histórica.
La batalla cultural contra quienes han hecho del enfrentamiento y la división un modo de vida solo podrá librarse si antes se ha hecho una reflexión profunda, sin temor a reconocer el pasado en todos sus matices y con toda su dureza
Finalmente, la llamada batalla cultural ha sido el parapeto moral que algunos han encontrado para exhibir una actitud siempre reactiva, desinhibida y bravucona que ha llevado a la banalización de la violencia, a la exaltación de criminales o a la repetición de eslóganes del franquismo. Hay ejemplos recientes de ello y no parecen estar guiados por una oposición sesuda y documentada a la legislación memorialista, sino por las ganas de darse un gustazo o de hablar para un nicho, justo lo que la izquierda desea para poder caricaturizar al adversario.
La batalla cultural contra quienes han hecho del enfrentamiento y la división un modo de vida solo podrá librarse si antes se ha hecho una reflexión profunda, fina y autocrítica, sin cegueras, sin miedo a pisar charcos, sin temor a reconocer el pasado en todos sus matices y con toda su dureza. Con las atrocidades de Badajoz, León, Sevilla o Málaga y con las brutalidades de Madrid y Barcelona. Con un examen de la contribución de las diversas familias políticas al irrespirable clima de los treinta. Con un rechazo total de las violencias de retaguardia y de la represión de posguerra. De lo contrario jamás nacerá un relato eficaz y generoso que nos permita superar la violencia de nuestros antepasados y entenderla en las coordenadas históricas en las que tuvo lugar, tan distintas y lejanas de las nuestras.
Que lo menos sectario y chusco que se ha hecho en esta materia fuera una iniciativa de un ayuntamiento de izquierdas, el del Madrid de Carmena, con su Comisionado para la Memoria Histórica, que integraba a historiadores y personas de la sociedad civil de diversas sensibilidades, es harto elocuente del vacío que está por llenar y del camino por recorrer.
El ciclo electoral que viene se antoja una oportunidad extraordinaria para combatir con todas las armas posibles la Ley de Memoria Democrática y para erigir, frente a esta, una propuesta sensata, patriótica, reparadora e integradora de lo sucedido en el siglo XX. Una propuesta que esté a la altura de lo que sienten y piensan la inmensa mayoría de los ciudadanos, que de verdad crea que los españoles de hoy somos nietos y bisnietos de todos los españoles de entonces y que atienda sin miedo las justas reivindicaciones de los descendientes de las víctimas. No hay sociedad sin conciencia de su pasado. Nadie lo sabe tan bien como un conservador.
