Una idea que empieza a resonar con mucha fuerza en la derecha es la de la remigración. A grandes rasgos, la remigración implica afirmar que se ha llegado a niveles de inmigración altísimos y que lo que necesitamos los europeos no solo es frenarla, sino revertirla. Como ya decía la Liga Norte, los indios no pusieron freno a la inmigración; ahora están en reservas. Mi idea aquí es que esto puede entenderse mejor desde una visión patrimonialista de la nación, y en esto libertarios como Hoppe pueden ayudar.
El término remigración empezó en Alemania, en una reunión entre los identitarios y determinados miembros del partido AfD en Potsdam en 2023. Esa famosa reunión que sirvió para la exclusión del partido en Europa, aunque ya se está abriendo la veda y Orbán invita a eventos a su líder, veda que se debió a que todavía nadie entendía que esto pudiese hacerse en la Europa de los derechos y las libertades. También dio lugar a manifestaciones masivas de la izquierda, esa izquierda que prefiere a los de fuera frente a los de dentro, que invierte el verdadero orden de la caridad.
Diversos partidos de la derecha se han mostrado favorables, desde Herbert Kickl, del FPÖ austríaco, hasta Santiago Abascal, líder de Vox, que ha dejado claro que en la situación actual no cabe ni un inmigrante más, que es el momento de reordenar el país, porque no somos ciudadanos del mundo, no existe una patria mundial. Como ha afirmado, somos españoles, nuestros antepasados lo eran, nuestros descendientes lo serán. Por tanto, se necesita la repatriación de ilegales, la deportación de los que delinquen y la repatriación de los que viven de ayudas sociales y reemplazan a nuestro pueblo.
Desde una visión económica, la inmigración poco cualificada no está justificada: no solamente es deficitaria para el Estado del bienestar, sino que, aunque aumentase el PIB, no mejoraría el nivel de vida de la gente, no solamente porque se rompen los vínculos sociales que hacen posible el mercado y aumentan los costes de transacción por la desconfianza, sino también porque descapitaliza el país. Y lo que lleva al desarrollo económico no es el aumento ficticio del PIB por la inmigración masiva o el gasto público, sino el ahorro real. Pero, aunque la inmigración fuese buena para la economía, seguiría sin estar justificada, porque la solidaridad empieza con los de dentro antes que con los de fuera. Y en eso, una visión patrimonialista de la nación podría ayudar mucho.
La visión patrimonialista de la nación viene del feudalismo, donde el señor feudal estaba sometido, bajo el contrato, a proteger a sus siervos, los cuales estaban obligados a trabajar para él. Después, con el cambio en la idea de la soberanía, como explica Domingo González, se pasó a la tesis absolutista de Bodino. Bodino pensaba en un monarca ilimitado, creador de la ley a plena voluntad. Tenía plena libertad en su propiedad. Esa visión, sin entrar en sus errores, es lo que justificó la monarquía absoluta: la propiedad del monarca sobre su territorio y sus súbditos. Suponemos, entonces, que si la monarquía absoluta se basaba en esa premisa, la democracia tendría que basarse también en ella. Simplemente cambiaría el sistema político, pero el Estado-nación sería la propiedad privada comunal de todos los nacionales.
Aquí es donde entra la tesis de Hoppe (en la fotografía). ¿Quién es nacional? Pues aquel que tiene una propiedad en el territorio, alguien que le corresponde estar en una comunidad que ha recibido una herencia previa y que la preserva. Pero, ¿podría entrar un inmigrante en las vías públicas fuera de la propiedad privada de cada uno? Evidentemente, no, porque las vías públicas son propiedad comunal de los pagadores de impuestos.
Es decir, que un inmigrante solamente podría entrar en otro país si se le diese un permiso para ello. Pongámoslo fácil: en tu propiedad privada, en tu casa, solamente dejas entrar a quien te apetece. Si esa persona entra y se queda sin permiso, pasaría a ser un okupa. Por tanto, los inmigrantes que entran ilegalmente pasan a ser okupas en la nación. La nación falsamente se dice que les acoge, ya que les acogen unas élites políticas sin consentimiento del pueblo.
Además, yendo a la escala comunitaria, el propietario normalmente está sujeto a limitaciones contractuales. Por mucho que un propietario dejase entrar a un inmigrante, eso tendría que ser aceptado por el resto de la comunidad que le rodea. Por ejemplo, a nivel urbanístico, en una zona en la que los edificios son de cuatro plantas, un constructor, en su propiedad privada y sin consentimiento de los que le rodean, no puede construir un edificio de 20 plantas, ya que desnaturaliza esa comunidad rompiendo el pacto establecido con los que tiene cerca.
Es decir, que la nación es propiedad privada de los nacionales y la inmigración solo puede ser admitida en caso de que los nacionales permitan su entrada. Pero esto no se ha dado en ningún caso de inmigración masiva; más bien, unas élites han decidido aplicar políticas sin que nadie haya sido preguntado. Más aún, nos hemos visto forzados a aceptar masivamente a muchísima gente sin ni siquiera poder protestar, ya que eso implicaba la descalificación directa por racismo.
Explicado de otro modo, más conciso: la inmigración de los últimos 50 años, favorecida por el Estado y la política de fronteras abiertas, es una política de okupación legalizada bajo la cual al nacional se le prohíbe tener fronteras, es decir, poner una puerta a su casa, y se le fuerza a admitir e integrar a personas que le son ajenas a su comunidad.
Por tanto, la conclusión es clara: al igual que la solución a la okupación es el desalojo, la solución a las fronteras abiertas es la remigración, es decir, la reversión de las políticas que se han aplicado en los últimos años, las cuales han permitido que personas entren en propiedad ajena sin que les correspondiera. Curiosamente, Hoppe, en estas cuestiones, se juntó con la alt-right y con los identitarios europeos, porque piensan lo mismo, lo que toca pensar.
