Hay en España un rumor como de fronda constituyente. El runrún es cada vez más intenso gracias al tornavoz de los medios de comunicación de masas, pues no es tan fácil conseguir que la parte de la nación todavía no lobotomizada por el consenso se adhiera a los mantras de la “segunda Transición” y la “mutación constitucional”.
Nuestra Feliz Gobernación es una república cuya presidencia, hoy ya honoraria y superflua, es atribuida por el general Franco –el de la larga e indecisa regencia– a uno de los linajes borbónicos disponibles (uno cualquiera, de rebusca), para resolver el problema fundamental de toda dictadura: cómo sacar de ella incólume a la nación. In politicis importa el bien común, la salus populi; en comparación, lo demás (la “forma de gobierno”, “la constitución”) resulta casi un asunto de menor cuantía, de repercusión superficial, más bien teorética, doctrinaria o ideológica. Por eso, la disyuntiva monarquía o república, Reino o Rey-no (una de las etimologías políticas ficticias del guasón de Giménez Caballero) era más bien exutorio de las energías declinantes de monárquicos y falangistas, mutuamente neutralizados entre hurras exangües a la momia de la monarquía tradicional y vivas clandestinos al oso que se comió a don Favila… un animal disecado en 1947 por el artículo primero, el más enrevesado, de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado. Resuelve Franco ahí, primero: que Franco tiene una España, segundo: que España tiene un Estado y tercero: que ese Estado tiene un Reino. El moderator Hispaniae, según la categorización de Jesús Fueyo, decidirá“en cualquier momento” si el Reino ese va a tener rey o regente (artículo sexto), pero solo en el caso de que el Generalísimo no sea inmortal.
Hombre de Estado experimentado, Franco ha conocido –y conocerá post mortem– la ingratitud de unos reyes a los que su dictadura-transbordador espacial, con intencionada metáfora política de Rodrigo Fernández-Carvajal, “pone en órbita”. Pero acaso Franco venía escarmentado en la cabeza del general Primo de Rivera, pues pienso que no fue tan monárquico como se presume este “modernizador antimoderno” de España (Günter Maschke). La empresa de este “príncipe nuevo” ha sido una “revolución pasiva” (José Luis Villacañas). Por virtud o por baraka, o por las dos cosas, Franco ha vertebrado la nación y nacionalizado el Estado. Lo mismo que la clase incompetente se obstina en desvertebrar y desnacionalizar. Dice precisamente Dalmacio Negro que Franco ha sido la “poderosa razón ad hominem para destruir el Estado”. Pero don Dalmacio señalaba algo más. Desde el punto de vista del Espíritu Objetivo, Franco, “protector del Estado”, es figura análoga a Oliver Cronwell y sus Leyes Fundamentales homólogas al Instrument of Government del dictador inglés. Afirmación ante la que el bobo algoritmo de la Ley de Memoria Democrática colapsa, pues el censor que lo opera no puede saber si un juicio metapolítico sobre las décadas de Franco es franquista o antifranquista y si, consecuentemente, merece reprobación o más bien el Principesa de Asturias.
Después de Franco no vinieron las instituciones, sino una constitución otorgada, pleonasmo político extraordinario escamoteado por la ciencia del derecho constitucional, mitad técnica jurídica y mitad ideología liberal. La capa de la Transición-transacción (Fueyo) todo lo tapa y la monarquía parlamentaria, “forma política del Estado español” en el idioma políticamente deficiente de la constitución de 1978, lo aguanta casi todo. Empezando por la constitución-puente de 1977 o Ley para la Reforma Política, una modélica ley de habilitación –de la misma especie que la Ermächtigungsgesetz alemana de 1933– que puentea la legitimidad de origen de la monarquía, la del 18 de julio, y deja al jefe del Estado a la democrática intemperie. Tolera también el perjurio y la mentira en dosis estupefaciente; la degradación de la ética pública y la pérdida de todo decoro, avenidas de la corrupción económica; el descontrol de la “voladura controlada”; el antifranquismo de los franquistas (incluida la venal clerecía) y hasta el loteo del Estado y la subordinación internacional de España tiene que aguantar. Pero se ve, medio siglo después, que esto, la cosa, no puede ya más metabolizar lo prostibulario enquistado en lo partidocrático y viceversa. Si habrá habido estos años fementidos materia para enmendar la totalidad, de la Ley Orgánica del Poder Judicial (1985) a la Ley Orgánica de Amnistía (2024) del golpecito catalán… pero va a ser el pilus pubis Helenae, un catálogo de piculinas, lo que va a terminar por poner en movimiento nada menos que el pouvoir constituant, motor inmóvil cebado antes por el código penal.
Hace años que se presiente el agotamiento de la actual “fórmula política” (Gaetano Mosca). La sensación de desfondamiento se intensifica desde la abdicación de la Corona del prohijado de Franco y la proclamación del nuevo rey (2014), “solemnidades” de medio pelo y sin misterio en las que se esconden el “cese” y la “toma de posesión” de dos altos funcionarios. Todo un signo antimonárquico que revela en la jefatura del Estado una figura como de Presidente de la República Italiana.
Cuando todo esto no tenga ya vuelta atrás, ninguno de los beneficiados de la “clase política” (de nuevo Mosca) tendrá la gallardía suficiente, no ya para inmolarse, sino para reconocer siquiera, como Cervera, que “hemos perdido todo”. Simplemente, si se les consiente, se adaptarán. Y entonces, sobre el paisaje de una casta política insolidaria y descastada, se harán patentes las consecuencias de la fingida neutralidad de la magistratura suprema, transformada por los de su séquito en cabrón expiatorio (bouc émisaire). Porque esa neutralidad, contraria a la “constitución como decisión de conjunto sobre el modo y la forma de la unidad política” (Carl Schmitt), hubiera debido tener un límite. José Antonio Primo de Rivera, en un alarde inconsciente de romanticismo político, lo ha escrito: “Este es el límite de vuestra neutralidad: la subsistencia de lo permanente, de lo esencial, de aquello que pueda sobrevivir a la varia suerte de los partidos”.
Decía Ortega y Gasset, crítico implacable de la Restauración (alfonsina), que hubo un momento en el que “Cánovas del Castillo [no podía ya] viajar por las grandes capitales de provincia sin ser silbado”. Augurio nefasto de la descomposición de aquella “gran falsificación histórica”. El paralelismo con la Instauración (franquista) debería escamar a la clase incompetente, particularmente al presidente de gobierno, el “gran empresario de la fantasmagoría”. La esperanza de esta oligarquía subintelectual es un nuevo periodo constituyente. Dice el bipartidismo que España necesita una nueva constitución, pero en realidad es el gatopardismo el que necesita de ella.
Ninguna constitución es la panacea. Spengler nos arroja a la cara su juicio terrible: una constitución es “la anarquía hecha costumbre”. Quienes han visto en ella un remedio o el tónico voluntarista preferente, sufren de “manía constitutoria” (Gonzalo Fernández de la Mora), una enfermedad del entendimiento político como cualquier otra. Fernández de la Mora lo ha aprendido en Maeztu: España, decía don Ramiro, “necesita canales, fábricas, carreteras, vías férreas, no constituciones”. Con la constitución se puede inocular a los pueblos incautos el “pseudomorfismo constitucional”, la sífilis de la política que destruye alma y cuerpo del pueblo. Ortega y Gasset, que tampoco es manco, no bromea por una vez con las cosas de comer: la constitución es un coagulante histórico, un freno.
Ortega y Gasset ha dicho de España que es “una enfermedad”, pero para mí que en 1931 se hace perdonar esa frivolidad de la España invertebrada (1921) con La redención de las provincias, un libro que es ejemplo extraordinario de buen sentido político y patriotismo. España necesita una “gran reforma”, no una pequeña que distraiga a la gente y desacredite la idea misma de reforma. Esa reforma no ha de ser jurídica, sino auténticamente nacional: “la creación de un tipo medio español”. La constitución, por tanto, es secundaria. “Una nación donde el sistema de instituciones fuese perfecto, pero en el que la sociedad careciese de empuje, de claridad mental, de decencia, marcharía malamente. En cambio, una nación cuyo Estado fuese sobremanera defectuoso, pero donde sus gentes tuviesen mente clara, energía, fuerte apetito de vivir, espíritu emprendedor, se mantendría siempre a flote”.
La gran reforma que España necesita no vendrá de un proceso constituyente y mucho menos de una interpretación decisionista de la constitución –misión política de todo tribunal de garantías constitucionales–. Hoy, como hace un siglo, abrir un periodo constituyente no solo es hacer “madrileñismo” (Ortega y Gasset), sencillamente es dar un salto mortal sobre una red que sujetan unos señores García Page y López Miras u otros de cualidades similares –sociatas y pepúos (Hughes dixit)–, redrojos todos de la clase incompetente. Una constitución epicena obtura la necesaria circulación de las elites. Y España necesita despedir a una oligarquía políticamente inepta e incompetente. Este oligarquismo se encuentra tan enraizado en la política española que parece imposible de descuajar. Pero no es así. Conoce sus mañas un puñado de egregios despertadores de España, de Joaquín Costa, anatomopatólogo del “caciquismo”, a Aquilino Duque, crítico indomable de nuestras “minorías abyectas”.
