Si es cierto que usted habla inglés a nivel medio-alto, como pone en su currículum, puede leer el Tratado entre la UE y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte que afecta a la colonia de Gibraltar. En caso contrario, tendrá que esperar a que el Gobierno español ofrezca una traducción fehaciente.
¡Menudo símbolo que un acuerdo internacional sobre el nuevo régimen de Gibraltar se escriba en el idioma del colonizador (que fue declarado como tal por las Naciones Unidas) y el nombre de España no aparezca en el título!
Y no se trata sólo de una señal de humillación, sino que tiene consecuencias jurídicas: el Reino de España no es firmante de este tratado, sino la UE, por lo que no podría denunciarlo si las autoridades británicas lo incumpliesen. El gobierno español, en ese caso, tendría que persuadir a las instituciones comunitarias para que lo hicieran. Un proceso largo y que podría encallar en cualquier fase. Si Marruecos puede mover voluntades a su favor en la Comisión y el Parlamento europeos desde hace años, mucha más fuerza tendrá Gran Bretaña.
Los más interesados en conseguir un acuerdo han sido los británicos, de Londres y de la colonia, porque, después de ejecutarse el Brexit el 1 de febrero de 2020, Gibraltar quedó fuera del espacio Schengen y del mercado único. Al menos “de iure”, ya que no “de facto”. La UE delegó en Madrid la elaboración del tratado, pero el gobierno socialista español no ha aprovechado esta oportunidad, única en un siglo.
El documento entrará en vigor el 10 de abril, sin que las Cortes lo hayan debatido ni, por supuesto, modificado. Aparte de suprimir los controles de personas y mercancías, afirma que la soberanía sobre el Peñón no se discute. Todo, en resumen, son beneficios para la colonia, secuelas de la cesión constante de soberanía que han hecho los partidos españoles desde los años 80.
La prensa y los políticos conservadores británicos se quejan de que se conceda permiso a los cuerpos de seguridad españoles para que crucen la verja (levantada en 1908 de manera ilegal y convertida en puesto fronterizo), y participen en los controles a los pasajeros del aeropuerto. Éste, uno de los más peligrosos del mundo, se construyó en la Segunda Guerra Mundial sobre suelo no cedido por el tratado de Utrecht y lo gestiona la RAF.
Una vez pasado ese mínimo control, quienes hayan entrado en avión podrán moverse por España y el resto de la UE libremente. Sin embargo, los españoles seguirán sin tener el derecho de que disfrutan los vecinos adinerados de la colonia a poseer viviendas en España, como ocurre en Sotogrande o Marbella: se mantiene la prohibición de residencia en Gibraltar. Londres no quiere que se instale de manera permanente una población que luego reclame, no ya el derecho de autodeterminación, sino derechos laborales y políticos. Tal estupidez sólo la permite España en Ceuta y Melilla, ciudades, por cierto, nunca reivindicadas por Marruecos en las Naciones Unidas, dada su carencia de títulos.
UNA BASE MILITAR CAPITAL
Aparte de un paraíso fiscal, Gibraltar es una base militar fundamental para el Reino Unido. Y con la golosina de su bajo coste, tanto por su tamaño como por los suministros y la mano de obra que extrae del territorio español. En el puerto atraca todo tipo de buques de su Armada, incluso submarinos nucleares, y además tiene unos amplios arsenales, donde pueden almacenarse incluso armas de destrucción masiva. En ese puerto no se establecerá ningún control debido a su carácter militar. El Ministerio de Defensa británico cede una parte de las instalaciones para el tráfico mercante, aunque revoca el permiso de atraque cuando le parece conveniente.
El Peñón sigue siendo una escala en los viajes de los transportes aéreos y navales a otros puestos británicos: las bases militares ‘soberanas’ de Akrotiri y Dekelia en Chipre y la base de EEUU en la isla de Diego García, que se halla bajo soberanía británica. Las tres pueden estar participando en el ataque a Irán.
Y, por último, en Gibraltar está instalado uno de los puestos de Echelon, la red de espionaje mundial de las potencias anglosajonas (Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda), mediante la que obtienen todo tipo de información, incluso de los aliados.
Dada su importancia, Gibraltar es un objetivo para los países enfrentados a Inglaterra, como Rusia e Irán, y para grupos terroristas. Durante la guerra de las Malvinas (1982), la Armada argentina envió un comando con la misión de sabotear varios buques, pero sus miembros acabaron detenidos por la Policía española.
El levantamiento de las barreras por parte de España aumentará la importancia militar de Gibraltar dentro de la OTAN y de la special relationship entre Estados Unidos y el Reino Unido al mejorar su enlace con la base de la marina de EEUU en Rota, en la bahía de Cádiz. A los militares de ambos países ya no les preocuparán los controles por parte de los policías españoles, como los que se realizaron en los pocos meses de 2024 en que un inspector de Policía Nacional, luego sancionado, aplicó el Código de Fronteras Schengen en el puesto de La Línea. Cumplir la ley constituye en España una falta de respeto a los poderes fácticos; y el funcionario que aplica el ordenamiento jurídico o el ciudadano que lo solicita padecen las consecuencias de semejante conducta subversiva.
Como ha escrito uno de los mayores estudiosos de la colonia, el capitán de navío Ángel Liberal, el tratado “consagra la incorporación de la base militar británica (y norteamericana) a la UE y a Schengen, sin que el Reino Unido forme parte de una ni del otro”.
Respecto a los trabajadores fronterizos españoles que trabajan en Gibraltar (cuya asociación, ASCTEG, nunca exige a los gibraltareños lo que reclama a las autoridades nacionales), el documento no obliga a ampliar su acceso al Community Care ni a la Household Allowance. Tampoco fija ningún mecanismo de financiación del sistema de pensiones para trabajadores con carreras laborales mixtas o completas en Gibraltar. Sus pensiones, abonadas por el Social Insurance gibraltareño, tienen bajas bases de cotización y, por tanto, cuantías pequeñas. Nos tememos que la armonización de pensiones termine haciéndose a costa de la Seguridad Social española, con algún complemento pagado por todos los demás españoles.
El sector pesquero, importante en la bahía de Algeciras, no se menciona. Y la equiparación de la legislación medioambiental se remite a las habituales largas y estériles negociaciones entre Madrid y Londres/Gibraltar.
SÓLO FUNCIONÓ EL CIERRE DE LA VERJA
Desde que concluyó el Gran Sitio, desarrollado entre 1779 y 1783, España sólo ha puesto en apuros a la colonia cuando el gobierno franquista por fin aplicó el tratado de Utrecht y cortó la comunicación por tierra y mar (el aeropuerto siempre ha estado operativo, salvo cuando el tiempo lo impide, para aviones militares) en 1969.
Para solucionar la pobreza de los municipios parasitados por la colonia, el régimen aprobó en 1965 el Plan de Desarrollo del Campo de Gibraltar, gracias al cual se instalaron en la comarca varias industrias, como una refinería de Cepsa y una planta de fabricación de acero inoxidable de Acerinox, que siguen funcionando. Otro de los motores económicos de la comarca, el puerto de Algeciras, sexto de Europa en movimiento de mercancías (y segundo de España, tras Valencia), no para de perder tráfico en favor del marroquí de Tanger-Med, exento de los estúpidos requisitos ambientales de la UE.
A fin de aumentar la presión sobre el colonizador británico, un sector del gobierno franquista, encabezado por los ministros falangistas Fernando María Castiella y Manuel Fraga, se planteó la fundación de una novena provincia andaluza, llamada Gibraltar, con 28 municipios desgajados de la provincia de Málaga, entre ellos Ronda y Estepona, y 12 de la de Cádiz, como La Línea de la Concepción, Algeciras y Tarifa. El proyecto se paralizó por el enfrentamiento con los ministros militares.
El aislamiento de Gibraltar fue un éxito. Por una vez, los llanitos se empobrecían y la base se convertía en un lastre económico para su metrópoli. Pero el ahogo se aflojó en diciembre de 1982, en una de las primeras medidas del gobierno socialista de Felipe González, y luego en años posteriores, como exigencia de Londres para no vetar la adhesión española a las Comunidades Europeas.
Desde el 10 de abril, los habitantes de Gibraltar y los mandos militares británicos van a hallarse en la mejor de las situaciones: una colonia que se comunica sin restricciones con su hinterland, como en el siglo XIX. Encima, el tratado blinda su estatus privilegiado. ¿Para qué ser españoles si ya se disfruta de su sanidad, sus carreteras y sus paisajes, sin estar sometido a sus leyes, sus jueces y su hacienda?
Con el Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la UE y el Reino Unido, España se confirma en el estrecho de Gibraltar, una de las llaves del mundo, como la potencia más débil frente a las demás, incluido Marruecos. Una nueva cadena que el PSOE de Sánchez cuelga en el cuello de los españoles. Y la única esperanza de librarnos de ella reside en que el Parlamento británico o el Parlamento Europeo rechacen el tratado.
El orden internacional basado en reglas construido a partir de 1945 apenas ha aportado ventajas a España. Se estrenó con sanciones políticas y económicas al régimen franquista al considerarle parte de la conspiración de las potencias fascistas que condujo a la Segunda Guerra Mundial. Prosiguió con el abandono por parte de la ONU (incluidos los bloques socialista y árabe) ante la agresión marroquí en el Sáhara. Y no ha resuelto los dos procesos de descolonización pendientes en los que está implicada España: el Sáhara y Gibraltar.
En los últimos fracasos también pesa la frustrante mediocridad de las élites españolas. Quizás la razón del desapego de éstas respecto a los intereses nacionales se encuentre escondido en cuentas bancarias de Gibraltar y, también, en algunas mansiones levantadas en la otra orilla del estrecho.
