El 8 de septiembre, la gobernadora de Nuevo México, Michelle Luján Grisham, emitió una orden ejecutiva que prohibía a los ciudadanos portar armas en el condado de Bernalillo (que incluye Albuquerque, la ciudad más grande del estado) durante treinta días.
Los fans de las series de televisión pueden recordar Albuquerque: es la ciudad donde transcurre casi toda la acción de Breaking Bad, la famosa ficción sobre Walter White, el profesor de química que se convirtió en narco. Los fans de la historia imperial española pueden recordar que Nuevo México es una de las muchas provincias que México heredó de España y que de inmediato le fueron arrebatadas por los vecinos anglos que tanto les han ayudado.
Hay que tener en cuenta que la orden de la gobernadora, emitida bajo la autoridad que se abrogó por una declaración de emergencia, afecta en particular a los ciudadanos con permisos de armas emitidos por el gobierno, porque a todos los demás ya se les prohíbe andar con armas por ahí.
El derecho a portar armas, bajo ciertas regulaciones, es un derecho constitucional estadounidense. Del mismo modo en que la Constitución española prohíbe perdones colectivos, lo que le permite al Rey (o a cualquier ciudadano) oponerse a ellos.
Como ocurre en estos casos, con lo de Nuevo México enseguida surgieron dos puntos de vista: los portavoces de la izquierda, en líneas generales, anunciaron que la decisión de la gobernadora progresista era excelente y que la declaración de emergencia le permite a una gobernadora saltarse cualesquiera preceptos constitucionales; desde la derecha se opinó lo contrario.
Lo que ocurrió después les sorprenderá. A mí me sorprendió.
Varios cargos electos, y no electos, de toda persuasión política incluyendo al sheriff del condado de Bernalillo, el jefe de Policía de Albuquerque, el fiscal de distrito del condado de Bernalillo y el fiscal general de Nuevo México declararon públicamente que no harían cumplir ni defenderían una orden inconstitucional.
Para que le quedase claro a la gobernadora, miles de manifestantes se pasearon abiertamente por Albuquerque, exhibiendo orgullosamente un montón de armas, y la Policía no los arrestó. No tenía por qué incumplir una orden inconstitucional y manifiestamente ilegal y no lo hizo. Oigan, toda la jurisprudencia moderna surgida de los juicios de Nuremberg se basa en ese principio, porque toda la defensa de los gerifaltes nazis se basó en el argumento de que cumplían órdenes de un gobierno legal internacionalmente reconocido.
La gobernadora se subió por las paredes, en especial cuando le cayeron cuatro demandas judiciales en contra. En respuesta, el fiscal general de Nuevo México, progresista miembro del Partido Demócrata (en una jurisdicción tan de izquierdas que cuando se presentó a las elecciones en 2016 los Republicanos ni siquiera presentaron a un candidato alternativo), hizo pública una carta a la gobernadora en la que dice lo siguiente:
«Escribo para informarle de que mi fiscalía no defenderá a su administración en los casos arriba referidos en contra de la Orden de Emergencia por Salud Pública que Impone Restricciones Temporales sobre Armas… emitida por el secretario de salud el 8 de septiembre de 2023. Aunque reconozco mi obligación legal como fiscal general de Nuevo México a defender a funcionarios del estado cuando afrontan demandas debida a su labor institucional, mi obligación de defender y proteger los derechos constitucionales de cada ciudadano toma precedencia. Por decirlo llanamente, no creo que la Orden de Emergencia tendrá ningún impacto significativo sobre la seguridad pública y, lo que es más importante, no creo que tenga encaje dentro de nuestra constitución».
Con la gobernadora en ridículo, su orden abiertamente ignorada y desafiada, y el estado literalmente en armas contra ella, hasta los medios más de izquierdas han empezado a recoger velas y criticar la orden, que fue modificada sustancialmente por la gobernadora la semana pasada. Mucha gente reconoce el coraje y la firmeza en defensa de la ley cuando los ve.
