La Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible el 25 de septiembre de 2015. En ella se fijaron diecisiete objetivos para quince años después, resumibles en combatir la pobreza, el hambre y la desigualdad, construir sociedades pacíficas, salvaguardar los derechos humanos, promover la igualdad de género y proteger el planeta.
Todos muy bonitos e indiscutibles, pero al bajar al detalle se comprende la trampa. Bajo el epígrafe “Salud sexual y reproductiva”, por ejemplo, lo que se promueve es el aborto, que no tiene nada que ver con la salud sexual puesto que el embarazo no es una enfermedad, ni con la reproducción puesto que el aborto la impide.
Bajo las supuestas buenas intenciones late el totalitarismo, pues lo que se pretende es regular la vida de las personas hasta en detalles en los que nunca se metieron ni las más férreas tiranías del pasado, como lo que se puede o no se puede comer o cultivar. La justificación para muchas de estas intromisiones en la libertad individual es el dogma del cambio climático antropogénico, que a las restricciones en materia alimenticia, agraria y ganadera añade las relativas a la libertad de movimiento y a determinadas fuentes de energía que han de ser abandonadas. Un ejemplo reciente –y tan solo es uno entre mil posibles– ha sido la noticia de que el gobierno de Sánchez está estudiando la posibilidad de autorizar a los ayuntamientos a que prohíban la circulación de automóviles con un solo ocupante.
La eliminación de la energía nuclear y la proliferación de instalaciones eólicas y solares, tan ecológicamente dañinas como energéticamente ineficaces, lo único que consigue es encarecer la factura de la luz de quienes mayoritariamente se pliegan a lo que se les mande convencidos de estar salvando el planeta. La débil y menguante Europa, emisora de un porcentaje pequeño de los gases de efecto invernadero, obstaculiza –por usar el verbo más suave– su propia industria mientras China lo produce todo y arroja a la atmósfera todo el CO2 que desean sus centrales de carbón. Por no hablar del apagón que, un mes después, sigue sin ser explicado por el gobierno mientras técnicos de otros países europeos han apuntado a la ineficacia de las llamadas energías verdes.
Esgrimiendo los desequilibrios de la natalidad y la crisis climática, la ONU también pretende regular el traslado de poblaciones entre continentes, como si los humanos fuéramos rebaños trashumantes. Pero los seres humanos no son ovejas, y trasladarlos en masa de un sitio a otro acaba provocando catástrofes sociales cuyas primeras manifestaciones estamos viendo los europeos cada día.
Además, y éste es un detalle que pasa sorprendentemente inadvertido para quienes se enorgullecen de regirse democráticamente, nunca se ha hecho ningún referéndum en ningún país del mundo para consultar a los ciudadanos su opinión sobre tantas cuestiones que tan intensamente afectan a sus vidas.
Entidades supranacionales privadas, con el Foro Económico Mundial de Davos en posición destacada, colaboran con entusiasmo en la implantación de las medidas acordadas por la ONU para evitar la tan anunciada catástrofe climática. Por ejemplo, en su reunión de 2023 se anunció que se está desarrollando una herramienta de alta tecnología para medir la huella de carbono de cada persona: dónde y cómo viajamos, qué comemos… Otro paso hacia la libertad.
Hasta la producción de billetes y monedas contribuye al calentamiento global, lo que, según se dice, no hacen las transacciones electrónicas. Hermosa excusa para avanzar en la eliminación del efectivo, ese paso de gigante contra la libertad de las personas. Para confirmar que no se trata de imaginaciones o paranoias, la Unión Europea avanza a grandes zancadas hacia el euro digital.
Junto a una izquierda plenamente entregada a los dictados de los oligarcas multimillonarios, la derecha se muestra igualmente entusiasmada. En España todos los dirigentes del Partido Popular han declarado en numerosas ocasiones su apoyo incondicional a la Agenda 2030: Dolors Montserrat, Pilar del Castillo, Carlos Novillo –que llegó a equipararla con la Declaración Universal de los Derechos Humanos–, José Manuel García-Margallo –que la considera el evangelio–, Esteban González Pons, Isabel Díaz Ayuso… A ellos hay que añadir al rey Felipe VI, que exhibe con satisfacción la insignia multicolor en la solapa. Y hasta la Santa Sede, por boca de su observador permanente ante la ONU, el arzobispo Gabriele Caccia, ha proclamado que “el avance de la Agenda 2030 debe acelerarse”.
Tres meses después de la adopción de la Agenda 2030, el 12 de diciembre de 2015 se firmó el Acuerdo de París con el propósito de reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático mediante la implantación de medidas concretas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los firmantes pretenden conseguir con ello que la temperatura global no suba en este siglo más de dos grados por encima de los niveles preindustriales. Para que no falte ningún elemento del evangelio progresista, en el acuerdo aparecen también la perspectiva de género y el empoderamiento de la mujer. Algo tendrán que ver, por lo visto, con la reducción del calentamiento global. Nos ahorraremos el chiste fácil.
Por lo que se refiere a la principal potencia industrial mundial, los Estados Unidos, Obama lo firmó, Trump lo abandonó al llegar a la Casa Blanca en 2017, Biden volvió a suscribirlo en 2021 y Trump ha vuelto a sacar a su país del Acuerdo según accedió de nuevo al gobierno en enero de 2025. El tiempo dirá qué consecuencias tendrá la actitud de la primera potencia mundial a este respecto.
Todas estas iniciativas tomadas por las más altas instancias mundiales son pasos muy importantes hacia la eliminación de las soberanías nacionales para instaurar un gobierno cuyas competencias alcancen al mundo entero. Los partidarios de dicho gobierno mundial consideran la crisis climática –sea cierta o no– una oportunidad para acelerar el tránsito hacia ese gobierno que podría imponer sin estorbos nacionales intermedios las medidas que dicen necesarias para conservar la vida humana en la Tierra. Porque si hay una amenaza mundial, se necesitará un gobierno mundial para hacerle frente. Su antecesor más desarrollado es la Unión Europea, alianza económica de naciones que cada día pretende aumentar sus competencias en campos como el político y el militar y que no por casualidad fue definida por Javier Solana en 2010 como el laboratorio para ir preparando el gobierno mundial.
Pero, a pesar de la Agenda 2030 y del Acuerdo de París, parece que hasta el cambio climático se queda corto como excusa para seguir avanzando hacia la gobernación planetaria. La última asamblea ginebrina de la Organización Mundial de la Salud acaba de adoptar el 20 de mayo un nuevo tratado sobre pandemias destinado, según se ha explicado, a reforzar la capacidad global de respuesta ante futuras crisis sanitarias. Pero vistos los antecedentes y el sentido general de la historia reciente del mundo, no han dejado de aparecer las suspicacias acerca de sus posibles efectos sobre la soberanía nacional y los derechos constitucionales de los ciudadanos. Ante las imposiciones ya sufridas en la pandemia covidiana, ¿de verdad es creíble que la OMS, una vez conseguido este acuerdo por mayoría aplastante, vaya a dejar de inmiscuirse en las decisiones sanitarias de los países miembros, incluida la censura de opiniones discordantes y la vacunación obligatoria?
Además, no olvidemos el dato fundamental de que el tratado establece lo siguiente sobre el espinoso asunto de las soberanías nacionales:
“Nada de lo dispuesto en el Acuerdo se interpretará en el sentido de que confiere a la Secretaría de la OMS autoridad alguna para dirigir, ordenar, alterar o prescribir de otro modo la legislación nacional y/o interna, según proceda, o las políticas de alguna de las Partes, o para ordenar o imponer de otro modo cualquier obligación de que las Partes adopten medidas específicas, tales como rechazar o aceptar viajeros, imponer mandatos sobre vacunación o medidas terapéuticas o diagnósticas o decretar confinamientos”.
Quien se excusa, se acusa.
Y por otro lado, en la reunión del Foro Económico de Davos de 2022, una de sus panelistas, la reputada economista Mariana Mazzucato, lamentó que ni el covid ni el cambio climático hayan conseguido unificar las decisiones políticas de todos los gobiernos, por lo que espera que la escasez de agua sí lo consiga por tratarse de algo más comprensible por la gente que algo tan intangible como el derretimiento de los polos. El tiempo dirá en qué queda esta nueva amenaza acuática, sobre todo debido a algunas voces influyentes que ya han comenzado a sugerir la idea de la privatización del agua potable como remedio a su escasez y mala gestión.
No parece, pues, que los globalistas vayan a cejar en su empeño. Cinco años faltan para el vencimiento de la agenda. Se haya cumplido poco o mucho, que no le quepa a nadie la menor duda de que detrás de ella vendrá la Agenda 2040, y la 2050, y…
