La patraña del estatuto catalán

No, los separatistas vascos y catalanes y sus cipayos en sus colonias no quieren la independencia. Los más brutos y fanáticos entre ellos sin duda la desean, pero los más inteligentes saben que puede ser una fuente de problemas, como montar un ejército, emitir deuda o acuñar una nueva moneda, cuando ya tienen hasta el privilegio de colocar a sus hijos al frente de las embajaditas que el Estado español les permite abrir por todo el mundo.

Su verdadero objetivo es blindarse frente a Madrit, con sus propios jueces, su propia policía, sus propios inspectores de hacienda… Una especie de estado asociado en el que la oligarquía tenga carta blanca para robar cuanto le apetezca sin preocuparse de las consecuencias, de manera que no se repita el juicio a la familia Pujol-Ferrusola por la mafia de corrupción que montaron desde que Jordi Pujol accedió a la presidencia de la Generalidad en 1980.

Un intento de ese “Yo mando en mi casa y en la tuya; y tú no mandas en nada” fue el nuevo estatuto de autonomía que el irresponsable José Luis Rodríguez Zapatero animó en su primer mandato (2004-2008), porque necesitaba los votos de Esquerra Republicana (ERC) en las Cortes. Al socialista no le costó ningún dolor ceder a las exigencias de los catalanistas, porque España le parece “un concepto discutido y discutible”. También porque pensaba que, con una Cataluña repartida entre los socialistas y sus aliados nacionalistas, más una Andalucía controlada por los caciques del PSOE, el PP no volvería a ganar unas elecciones.

Ese texto se sometió a referéndum el 18 de junio de 2006 y el resultado demostró entonces que muchos catalanes habían resistido el adoctrinamiento inculcado mediante la educación, TV3 y las subvenciones.

CUATRO REFERENDOS DESDE 1976

Cataluña pasó en 28 años de ser la segunda región con más votos afirmativos en el referéndum de la Constitución Española a ser la primera que proclama su soberanía distinta y separada de la del pueblo español. También es cierto que unos años antes la población se echaba a las calles a vitorear al general Franco cuando éste realizaba sus visitas a Barcelona. Fue tal la alegría por la libración de Madrid y el final de la guerra civil que, en julio de 1939, el gobierno civil prohibió la celebración de fiestas, banquetes y homenajes, porque se trabajaba muy poco.

La provincia de Barcelona fue la que aportó más papeletas a favor del sí a la Constitución, que en 2017 rompió el Parlamento catalán: casi 2.100.000. En el mismo sentido, no hemos de olvidar que el corrupto Jordi Pujol, que ahora pide la independencia, como diputado en las Cortes Constituyentes votó a favor de la Constitución y propugnó el sí de sus paisanos. La clase política de la Transición, del rey abajo, la han formado mentirosos.

En Cataluña se han celebrado cuatro referendos sobre materia española (excluimos el de la Constitución Europea de febrero de 2005): el de la Ley sobre la Reforma Política (1976), que dio paso al desmantelamiento del régimen autoritario franquista; el de la Constitución vigente (1978); el del primer estatuto de autonomía (1979); y el del segundo estatuto de autonomía (2006) que derogaba el anterior y trataba de establecer una relación bilateral entre Cataluña y el resto de España.

En la tabla hemos recogido los votos favorables a cada propuesta. Pese al crecimiento de la población, el referéndum con más votantes fue el de la Constitución, seguido por el de 1976.

Además, los votos favorables a la Constitución superaron en un 43% los que recibió el segundo estatuto catalán, tan ansiado por los ciudadanos, según la clase política catalana y sus altavoces mediáticos.

En 1978, la provincia de Barcelona, mayoritariamente de izquierdas (de 33 diputados elegidos en 1977, 11 eran del PSC-PSOE, siete del PSUC-PCE y uno de ERC), fue la que registró más votantes a favor de la Constitución de toda España, con 2.095.467. Madrid, con menor población, aportó 1.896.205.

En porcentajes, de los votos válidos, Cataluña fue más constitucionalista que la media española. El porcentaje nacional fue de un 88,54%, según la web del Ministerio del Interior, mientras que el catalán saltó al 91,09%. Madrid quedó por debajo de la media nacional, con un 86,77%. Por encima del 90%, junto con los catalanes, estuvieron los andaluces (92,39%), los murcianos (91,30%) y los canarios (92,41%).

Los habitantes de las otras tres provincias catalanas también votaron en masa a favor de la Constitución que afirma que “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado” (art. 1.2) y que “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles” (art. 2).

En Gerona, el sí obtuvo el 90,43% de los votos; en Tarragona el 91,74%; y en Lérida el 91,89%. Tanto entusiasmo no se vivió en otras provincias. Aparte de Madrid, en lugares como Zaragoza (88,35%), Valencia (89,22%), Asturias (89,38%) o Valladolid (83,30%) el sí quedó por debajo del 90%. De nuevo, los catalanes tuvieron un comportamiento muy similar al de los andaluces: en Sevilla se manifestó a favor de la Constitución el 93,17% y en Málaga el 92,76%.

LA CATALUÑA REAL Y LA OFICIAL

Los catalanes se pronunciaron a favor del estatuto de 1979 en mayor número y porcentaje que el de 2006. El referéndum de 2006 es uno de los pocos celebrados en España que tiene el dudoso honor de que la abstención superara a la participación.

En 1979, de un censo de 4.421.965 personas votaron a favor 2.327.038, de los que eran residentes en la provincia de Barcelona 1.813.657. En cambio, en 2006, el censo electoral ascendía a 5.310.103, pero sólo votaron 2.594.167, de los que 1.899.897 lo hicieron a favor de la carta constitucional catalana y 533.742 en contra; en la provincia de Barcelona los síes se quedaron en 1.409.057.

Por mucho que lo quisiese disimular el aparato de agit-prop catalanista, el respaldo popular al nuevo estatuto catalán fue muy inferior al que tuvieron la última Ley Fundamental del franquismo, la Constitución y el Estatuto de Sau, aunque es cierto que superior al de la Constitución Europea (1.386.794 votos favorables en Cataluña y 11.057.563 en toda España).

Entre los análisis que se pueden hacer de esta serie de resultados está el de la creciente desafección de los catalanes hacia la política de ámbito local y, en consecuencia, la existencia de dos Cataluñas: la oficial y la real. La oficial prosigue su cabalgada hacia no sabemos dónde, mientras la real se limita a bostezar o encogerse de hombros.

El Tribunal Constitucional recibió siete recursos de inconstitucionalidad contra el estatuto y en 2010 dictó una sentencia que eliminaba los elementos más descarados del régimen especial para la comunidad autónoma catalana. Sin embargo, para los nacionalistas toda derrota es un parón que usan para tomar impulso. Cuentan con el cansancio de sus adversarios.

En los años posteriores, se desencadenó el procés, para idiotizar a la sociedad catalana con la droga nacionalista y que olvidase la crisis y los recortes. En 2017, se celebró ante las barbas de Mariano Rajoy (PP) un seudo-referéndum de autodeterminación. Posteriormente, Pedro Sánchez (PSOE), que debe su investidura gracias a los diputados catalanes (40 de los 48 que se eligen en la región votaron a su favor en 2023) le ha ido concediendo a la oligarquía todo lo que incluía el nuevo estatuto, sobre todo financiación, amén de indultos y hasta una amnistía inconstitucional para los traidores.

ACABAR CON LA IMPUNIDAD

La única vía que no se ha intentado para enfrentarse al nacionalismo catalán es la de aplicarle la ley. Mientras los separatistas se la saltan, la retuercen o la pisotean, Madrit les sigue dando dinero y aprobando sus abusos. Desde hace más de medio siglo, la burguesía catalanista nunca ha sufrido las consecuencias de su deslealtad y su cretinez. Muchos de los que el 1 de octubre de 2017 votaron alegres a favor de la república independiente de Cataluña, el lunes corrieron a los bancos para retirar su dinero… por si acaso.

Una muestra de lo que se podría hacer es lo que le ocurrió al coro de 600 personas que iba a cantar en la Sagrada Familia durante la bendición de la Torre de Cristo por León XIV, el 9 de junio. Parte de ellos preparaba una protesta con esteladas y gritos de “¡independencia!” delante del papa. Denunciados por otros miembros del coro, la Policía Nacional y los Mossos les desalojaron a todos. Los más enfadados fueron los boicoteadores, entre los que habría algunos supuestos católicos para los que su ideología se impone a su religión y a la buena educación. Montaron su número fuera del templo. Los inocentes que se quedaron sin participar en un acto con el que soñaban tienen que elegir entre señalar a los agitadores o, como llevan haciendo décadas, lamentarse y esperar el siguiente palo. Es difícil cuando las autoridades públicas las encarnan traidores o cobardes, pero la libertad exige sacrificios.

A las familias de señoritingos de Barcelona y a los apparatchik de la corte les tiene que dejar de salir gratis jugar con nosotros.