La administración estadounidense de Donald Trump lleva varios meses desmontando el costoso edificio de discriminación racial con la excusa de los derechos civiles que se construyó en EEUU desde los años 60. Este logro es extraordinario, y sería suficiente para poner a Trump en los libros de historia si no hubiera hecho nada más en su vida. Pero es un logro que no fue idea de Trump y, de hecho, es idea de un pensador estadounidense bastante crítico con él.
La hoja de ruta que está usando Trump la proporcionó Richard Hanania, a quien entrevisté aquí el año pasado. Hanania es una persona con muy diversas opiniones, muchas de las cuales son muy obviamente erróneas, pero también es una persona muy determinada, que se molestó en estudiar los orígenes y fundamentos legales del movimiento woke y, en un libro de bastante fama, marcó punto por punto lo que una futura administración republicana tendría que hacer para rectificar.
Este tipo de explicaciones detalladas con recomendaciones claras y sencillas de implementar (técnicamente, no políticamente) tienen un valor extraordinario que va mucho más allá del que pueda tener un certero ataque retórico al sanchismo o a la vacuidad intelectual del separatismo catalán. Los gobernantes necesitan ideas que puedan llevar a cabo, lo que en el mundillo corporativo todos llaman “call to action.”
España tiene muchos problemas por resolver, y una lista completa de todas esas recomendaciones sería demasiado larga para un artículo. Sin embargo, hay un cuello importante de botella que habría que desatascar muy rápido, un freno legal para resolver muchos de esos problemas que es técnicamente fácil y políticamente difícil de implementar: las convenciones internacionales de las que España es miembro.
Como ya escribí aquí, en España hay millones de hijos de extranjeros que han recibido la nacionalidad española solo y únicamente porque han nacido en territorio nacional. Esto está en contra de la letra y el espíritu de la legislación española de nacionalidad, y la de todo el planeta Tierra, y solo ocurre porque España es miembro dela Convención de las Naciones Unidas sobre los Apátridas de 1954.
Esta convención jamás ha sido firmada por la mayoría de los miembros de la ONU, incluido Estados Unidos, y ha sido objeto de abusos durante más de medio siglo. No ayuda a nada y causa infinitos problemas de enorme peso. Es hora de salir. No hace falta mucho para ello: solo un acto de gobierno o, si se precisa, una votación en el parlamento, y la notificación de salida.
Algo parecido ocurre con el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Adoptado en 1950 por el Consejo de Europa, se ha convertido en otra de los instrumentos claves de sujeción globalista, otras esposas que solo sirven para maniatar la voluntad popular y el derecho del gobierno español, de cualquier signo, a gobernar España como lo encuentre conveniente.
El convenio fue firmado por España durante la Transición, en 1977, época en la que las élites españolas eran bastante generosas con los derechos y el dinero de otros. Es una serie de compromisos, como el derecho a la libertad y la seguridad, que se incumplen sistemáticamente porque son imposibles de garantizar; el derecho a la vida privada, que es un chiste en la era de escuchas y vigilancia generalizada de móviles e Internet; y los derechos de libertad de pensamiento y expresión, sistemática y explícitamente violados por las instancias europeas en su lucha contra lo que denominan como “desinformación”.
Todo esto parece entre ridículo e inofensivo, pero al convenio también se le suman protocolos adiciones con regularidad, de todo tipo, y la pertenencia al convenio incluye la obligatoriedad de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo a dirimir cualesquiera conflictos legales que impliquen derechos presuntamente defendidos en el texto o en los protocolos.
Esto permite que los jueces de Estrasburgo se entrometan regularmente en asuntos políticos de las naciones firmantes, como le ocurrió a España en 2013, cuando los sabios jueces decidieron revocar la llamada “Doctrina Parot” y sacar a las calles a cientos de criminales, incluyendo etarras con cientos de años de penas de prisión y violadores y asesinos múltiples, al entender que los beneficios penitenciarios españoles rebajaban no la pena original (uno, diez o cien años) sino el máximo encarcelamiento legal permitido bajo la legislación entonces discutida (30 años).
Igual este ejemplo les parece grave y demostrativo de la estulticia e inutilidad generalizada que demuestran los jueces de Estrasburgo. A mí personalmente me gusta aún más la sentencia en la que el TEDH, tras una petición de la Agencia Española de Protección de Datos, se sacó de la manga el “derecho al olvido”, obligando a los buscadores de Internet a aceptar las peticiones de personas interesadas que no quieren que haya huella informática de sus condenas penales, oposiciones fallidas o solicitudes de subvenciones rechazadas. Ya saben, no pueden hablar con su esposa sin que estén escuchando los espías de medio mundo, ni impedir que su móvil esté geolocalizado en todo momento, pero si un vecino pederasta se muda junto a sus hijos no es justo que Google guarde huella de sus crímenes.
Con todo, esto no es lo más dañino que sale de Estrasburgo. Para eso, tenemos que volver al tema habitual de la inmigración. De entre los muchos derechos que se han inventado en el TEDH está la famosa “reunificación familiar” con la que los MENAs, bebés anclas y otros pioneros del papeleo cuelan en los países firmantes a decenas, cientos o miles de sus “familiares”. Y esto lo hacen, para meter aún más el dedo en el ojo, amparándose en el artículo 8 del convenio, sobre el “Derecho al respeto a la vida privada y familiar”.
Hace pocas semanas escribí sobre otro de estos convenios irritantes que al final solo sirven para colar más inmigrantes en los países e impedir que luego los países los echen: el Convenio de Dublín de la Unión Europea. Este convenio, en particular, impide que los firmantes apliquen sus propias leyes de inmigración, sosteniendo que los extranjeros que entran procedentes de terceros Estados seguros deben ser acogidos a la espera de un procedimiento que determine qué Estado miembro de la UE es realmente responsable de ellos. Es una patata increíble, una engañifa barata y moderna (de 1997) que no es de firma obligatoria para los miembros de la UE, ya que Dinamarca (por ejemplo) siempre se ha negado a firmarlo.
Mucha gente en muchos países está ya harta de estos convenios y, muy en particular, del TEDH de Estrasburgo y de sus jueces activistas. En el Reino Unido, incluso el muy pro-inmigración Partido Laborista que ahora mismo (y por no mucho tiempo más) gobierna está estudiando sacar al país del CEDH, sobre todo para que cada medida que hacen para intentar ejercer cierto control de las fronteras no acabe siendo vetada por un juez del TEDH.
En la derecha británica, el insurgente Partido Reformista de Nigel Farage, en cabeza de las encuestas, está del todo comprometido con la retirada del CEDH, y el Partido Conservador (como no les queda otra) está debatiendo abiertamente el tema. Como explica el profesor británico Conor Casey, retirarse del Convenio sería una decisión política importante, mucho más controvertida que la adhesión del Reino Unido al CEDH en 1950 o su aceptación de la jurisdicción del Tribunal en 1966.
La cuestión es por qué sería esto controvertido: ¿por qué los países se pueden meter alegremente en convenios sin consultar a la población sobre las implicaciones a largo plazo y luego no pueden salir del mismo modo? ¿Por qué es toda la estructura globalista una puerta giratoria que se bloquea cuando uno intenta echarse atrás?
