Como en una película futurista, mitad distópica, mitad comedia, dentro de diez años multitudes enfurecidas asediarán a los gobiernos europeos, no debido al desempleo, al hambre o a la opresión, sino a la jubilación. Esos manifestantes levantarán andadores y bastones, en vez de barras y palos. Puede que no rompan puertas ni asalten edificios, pero serán temibles.
En julio de 2025, el Parlamento danés (Folketing) aprobó el aumento de la edad de jubilación, actualmente fijada en los 67 años, para garantizar el sistema de Seguridad Social. Subirá a los 68 años en 2030; a los 69 en 2035; y a los 70 años en 2040. La modificación afectará a los daneses nacidos después del 1 de enero de 1970.
Coincidiendo con el debate parlamentario en Dinamarca, la ministra de Economía alemana, Katharina Reiche (CDU), insistió en elevar la edad de jubilación a 70 años en su país. “Tenemos que trabajar más y durante más tiempo”, dijo; y añadió que, “lamentablemente, son demasiados los que se niegan a aceptar la realidad demográfica”. Algunos alemanes quieren seguir subiendo el límite. El consejo consultivo del Ministerio de Economía propone en un informe situar el retiro en los 73 años. Esta edad ya se menciona en estudios desde 2016. La esperanza de vida de los alemanes rebasa en poco los 81 años.
Y lo que ocurre en el norte de Europa acaba llegando al sur, sean tormentas polares o reformas políticas. Hace medio siglo, de Alemania y Francia nos vino a los españoles “el PSOE bueno”, del que no nos libramos.
EL HUNDIMIENTO DEL «ESTADO DE BIENESTAR»
Los Estados de Bienestar europeos empezaron a construirse a finales del siglo XIX. El primero de ellos, el II Reich alemán del canciller Otto von Bismarck, estableció una pensión de retiro para los trabajadores a partir de los 65 años de edad. Posteriormente, esta medida la copiaron otros países y se ha convertido en universal en Occidente, desde Japón a Portugal. Para los pueblos del sur y del este de Europa que se iban incorporando a las Comunidades Europeas o Unión Europea, la pensión y la asistencia pública de que ya disfrutaban (gracias a unas economías industriales y unos impuestos altos) los alemanes, los suecos o los daneses suponían alcanzar un sueño, salir de la pobreza y abandonar el miedo al desempleo y el desamparo en la vejez.
Desde hace tiempo, esos Estados de Bienestar amenazan ruina. En un congreso de la Unión Cristiano-Demócrata (CDU) alemana a finales de los años 80, que entonces gobernaba por medio del canciller Helmut Kohl, se debatió la disminución de la natalidad y los riesgos para la economía del envejecimiento en el país más poblado de Europa. Lo poco que se ha hecho ha empeorado la situación y ahora ya empiezan a caer cascotes y a abrirse grietas.
Como consecuencia de la Gran Crisis de 2008 y de los descomunales déficits, varios países atrasaron la edad de jubilación, como España, entonces presidida por el socialista Rodríguez Zapatero. Aquí, la edad laboral se está prolongando lentamente hasta alcanzar los 67 años en 2027. Después de numerosas protestas, el liberal-socialista Emmanuel Macron impuso en Francia mediante decreto un progresivo alargamiento para llegar a los 64 años en 2030; antes, la edad “de la liberación” estaba en los 58 años, pero varias reformas anteriores la situaron en los 62. Italia y Portugal la han vinculado a la esperanza de vida. Un factor común a estas naciones, junto a su baja natalidad, es una deuda pública que supera el 100% del PIB respectivo.
Pero no es suficiente. Europa se está desindustrializando debido a la insoportable regulación para las empresas, al plan verde, que pretende reducir a cero las emisiones de CO2, y al coste de la energía. Sólo en Alemania, en seis semanas de 2025 se perdieron 125.000 empleos en la industria. También disminuyen los matrimonios y los nacimientos, que suponen menos personas para trabajar y, por tanto, menos cotizantes para mantener a los jubilados presentes y futuros. Encima, los salarios que perciben los nuevos trabajadores suelen ser inferiores a los de sus padres, debido a un empobrecimiento, constatable tanto por los ingresos como por hechos el precio de la vivienda.
Y la idea que en los despachos de los poderosos parecía una solución adecuada para mantener el sistema se ha revelado como otra carga para los ciudadanos, así como un peligro para las identidades nacionales y la seguridad.
VIVIR DE SUBSIDIOS
El hecho irrefutable es que la mayoría de los millones de inmigrantes a quienes los Gobiernos de todos los partidos (socialistas, populares, ecologistas y liberales) abrieron las puertas de sus países no trabajan. Veamos unos ejemplos.
La Agencia Federal de Empleo alemana reveló a finales de 2024 que más de 500.000 ciudadanos sirios, recibidos en 2015 con aplausos, percibían prestaciones sociales federales (Bürgergeld). Es decir, no trabajaban y, por tanto, no podían mantenerse ni a sí mismos ni a sus familias, y tampoco aportaban a los jubilados. El número de inmigrantes perceptores del Bürgergeld subió de 1,47 millones en 2016 a 1,91 millones en 2014. Entre los alemanes, la tendencia es la contraria: los perceptores cayeron de 2,85 millones a 2,04 millones en el mismo periodo.
La Encuesta de Población Activa (EPA) española indica que la tasa de paro es superior entre los extranjeros que entre los nacionales; y los que tienen empleo suelen cobrar menos que los españoles, dado que trabajan en sectores de escasa cualificación (agricultura, turismo, construcción). El Ingreso Mínimo Vital, establecido por el Gobierno socialista para paliar la epidemia de covid, acarreó un desembolso de 3.295 millones de euros entre enero y septiembre de 2025. De los casi 800.000 perceptores del IMV, la sexta parte son extranjeros; en Cataluña, ese porcentaje asciende a más de un tercio.
El número de inmigrantes desempleados en el Reino Unido a mediados de 2024 era de 1,689 millones, que costaban 8.500 millones de libras a la Hacienda británica. En el país existe el Crédito Universal, una especie de IMV, al que pueden acceder los extranjeros con el estatus de refugiado o permiso de residencia indefinido, y las prestaciones. Ya se ha superado la cantidad de 1.000 millones de libras pedidas por extranjeros al mes.
A la vista de estos datos, hay que preguntarse si son los europeos quienes mantienen a los inmigrantes… y a los jubilados. Y la factura no para de incrementarse.
En España, donde hay más de nueve millones de pensionistas, las pensiones públicas son la mayor partida de los Presupuestos Generales y representan todas ellas (las contributivas y las que no lo son) más de un 12% del PIB. En octubre, la Seguridad Social abonó 13.675,8 millones de euros, un 6% más respecto al mismo mes de 2024. Como la cantidad no se cubre con las cotizaciones de trabajadores y empresas, ni con los nuevos impuestos, Hacienda libra préstamos ficticios a la Tesorería de la Seguridad Social; el último fue de 10.003,8 millones y elevó la deuda por encima de los 136.000 millones de euros. La relación entre cotizantes y jubilados es de 2,4 a 1, aunque en muchas regiones, como Asturias, Galicia, País Vasco y Castilla y León, ha caído por debajo de 2.
Los políticos españoles se niegan a reducir las descomunales burocracias acumuladas y desmontar sus redes clientelares: observatorios y consejos, subsidios y rentas, asesores, pensiones de privilegio, televisiones públicas, embajadas propias, agencias de cooperación internacional…
LA CABEZONERÍA DE LA CASTA
Las alternativas que está aplicando la partitocracia europea para tratar de apuntalar el Estado del Bienestar son dos. La primera es mantener la entrada de extranjeros por millones, como si Europa viviera aún la prosperidad de los años 60, a pesar de los datos que demuestran que no representa una solución. Los 3,1 millones de inmigrantes afiliados a la Seguridad Social española no bastan para equilibrar los números. “¿Y si fueran 6,2 millones?”, piensan algunos espabilados. La segunda, descrita arriba, consiste en la imposición a los europeos de la obligación de trabajar durante más tiempo. Pero trabajar, ¿en qué?, ¿en casas rurales?, ¿en “los cuidados”?
Ambas opciones se enfrentan a una oposición creciente, como demuestran los resultados electorales de los partidos identitarios, que reclaman el cierre de fronteras, la remigración y la supresión de gasto público inútil.
Existe una tercera alternativa, que de momento ningún político se atreve a plantear, aunque asoma en los debates, y es la reducción de las pensiones. Cuando la factura sea descomunal, ¿se atreverán a proponerla los mismos que ya están elevando la edad de jubilación o preparando el reclutamiento militar de jóvenes europeos (nunca jóvenes inmigrantes) contra Rusia? No dudamos de que sí.
En una coincidencia simbólica, los partidos CDU/CSU y SPD, cuyos electores son los de mayor edad, aprobaron en la misma sesión del Bundestag, celebrada el 5 de diciembre, la subida de impuestos a los jóvenes para financiar las pensiones y la recuperación del servicio militar para que esos jóvenes defiendan a los jubilados de los rusos.
La rebaja de las pensiones podría inflar el malestar y las protestas que ya hay en Europa contra la inmigración. Entonces, a las oleadas de manifestaciones contra una casta incompetente y corrupta podrían unirse todas las generaciones, las que tienen empleos precarios y no pueden comprar vivienda, y las que cotizaron a la seguridad social durante lustros.
Si las rebeliones sucedieran antes y de forma pacífica (en las urnas y en las cunas, por ejemplo), quizás el arreglo no fuera tan doloroso.
