En julio de 1936 quedó rota la precaria convivencia de los españoles. La tensión acumulada durante años aplastó cualquier posibilidad de entendimiento. Lo que estaba en liza en los tres años que duraría la guerra civil española, más allá de un programa de partido concreto o una forma de hacer política, era el concepto de la propia España. Solo una cosa quedaba meridianamente clara, la España resultante de esa contienda civil, nada tendría que ver con lo conocido hasta el momento.
La poca legalidad que le pudiera quedar al gobierno de la República desaparece con la dimisión de Casares Quiroga la mañana del 19 de julio. Casares Quiroga intentaría sin éxito formar un nuevo gobierno la madrugada del 19, y ante la imposibilidad de llevarlo a cabo, dimite a primera hora de la tarde, una vez conocida que la sublevación se extiende por algunos puntos de la península. Manuel Azaña acepta la solicitud de Largo Caballero de armar a sus militantes y otras organizaciones de izquierda, y sustituye a Casares Quiroga por su amigo José Giral. El nuevo Presidente de Gobierno procede a armar a los sindicatos y partidos de izquierda, como había solicitado Largo Caballero y como había autorizado Manuel Azaña, provocando con ello que el caos y la revolución armada se extendieran por todo el territorio. El estado de derecho quebró y la anarquía se apoderó de gran parte de las instituciones del país. La legalidad republicana había muerto definitivamente. Los sindicatos y los partidos marxistas y revolucionarios se hicieron con el poder efectivo de la República.
De las matanzas en el frente, a las matanzas de represión y a los crímenes sistemáticos que se llevaban a cabo por aquellos milicianos que solían mostrar más valor en la retaguardia que en el campo de batalla. La enfermedad del odio poseyó a casi todos los españoles, nadie podía permanecer al margen de lo que estaba sucediendo y convirtió en asesino al maestro, al violinista (como era el militante socialista que asesinó al padre de Julián Cortés-Cabanillas), al médico, al abogado o al labrador.
Se comprende que de esta enfermedad también fuera preso el PSOE, principal partido marxista de España y partido mayoritario del Frente Popular, que ya evidenciaba esos síntomas desde hacía tiempo. Muchos serían los crímenes atribuidos a las milicias socialistas durante la contienda. Y el hecho de que sus crímenes sean equiparables a los crímenes cometidos por las milicias de otros partidos, no los hace menos horrendos. Se ha tendido de forma errónea y equivocada a blanquear la historia del PSOE, a lavarle la imagen, en detrimento del PCE. Estos últimos se han llevado la peor parte, cuando es el PSOE la organización más numerosa y poderosa dentro del Frente Popular, y sin ninguna duda, también la más importante. El PSOE era la organización responsable de mantener el orden y la ley. Si las demás organizaciones políticas y sindicales de izquierda también utilizaban el terror y el crimen era porque el PSOE lo consintió. A la muerte del general Franco en 1975, y ante la falta de una oposición organizada y creíble, había que inventar una. El partido elegido fue el PSOE, como si el comportamiento de estos hubiera sido mejor que el del resto de organizaciones que formaban el Frente Popular. Se les lavó la imagen y se les organizó un medio de comunicación, un órgano de expresión como es el diario El País. Se les obligó a que abandonaran el marxismo, aunque solo fuera de forma estética y a que abrazaran la socialdemocracia como medio para ser respetados y aceptados. Todo fue un circo, una performance, un teatrillo que muchos aceptaron como cierto, olvidando con suma facilidad el pasado de terror, odio y crimen del PSOE. En pleno siglo XXI, el PSOE, las siglas del terror, del odio y del crimen, aceptan toda su historia y todo su pasado, una vez que este ha sido convenientemente modificado, y no tienen empacho en reivindicar a Largo Caballero, al que califican de demócrata ejemplar, a Indalecio Prieto y a un ladrón como Negrín. La jugada les ha salido perfecta. Les hemos consentido que se apoderaran del relato, que reescribieran la historia, borrando las huellas de sus crímenes, culpabilizando a las víctimas y a los inocentes de sus propias muertes.
El Partido Socialista, lejos de pedir perdón por los crímenes cometidos, los oculta, o en el mejor de los casos nos hablan de descontrolados. La eliminación sistemática del rival político, las chekas de los partidos, que eran centros de detención de las organizaciones políticas y sindicales, las atrocidades cometidas, todo era cuestión conocida, autorizada y consentida por la organización y sus principales dirigentes. Personajes siniestros como Agapito García Atadell, que tenía su propia brigada, responsable del asesinato de varios trabajadores del diario ABC, y de otras decenas de personas a las que mataba quedándose con sus pertenencias. El propio miliciano presumía de haber detenido a más de 800 individuos. Otros personajes como Silverio Castañón, más conocido como el verdugo de Turón, al que se le atribuye la muerte de ocho religiosos en Turón en 1934 y de tres guardia civiles, o Luis Quintanilla Isasi, el pintor involucrado en el asesinato del joven Eduardo Rodenas, todos ellos militantes socialistas. Como militante socialista era Cándido Cabello, responsable de las milicias socialistas de Toledo y considerado el autor material del crimen del hijo del entonces coronel Moscardó. Luis Moscardó sería asesinado el 23 de agosto de 1936, junto a otras 64 personas, con 25 años de edad. José Antonio Primo de Rivera sería asesinado a la edad de 33 años, después de una pantomima de juicio, el 20 de noviembre de ese mismo año. Ninguno había participado en el alzamiento. José Antonio estaba preso desde el mes de marzo y Luis fue encarcelado y posteriormente asesinado por ser el hijo del coronel Moscardó. Diferente suerte correría el hijo de Largo Caballero, Paco Largo Calvo, que cayó en manos nacionales el 21 de julio de 1936 y seria puesto en libertad en mayo de 1943. Se le intentaría intercambiar por José Antonio, pero su padre se negó. José Antonio sería asesinado, mientras que el hijo del responsable de la muerte del fundador de Falange obtendría la libertad, muriendo en México en junio del 2001, a la edad de 87 años.
La falsa reconciliación de la que nos hablan ahora trata entre otras cuestiones de modificar y tergiversar la realidad, de ajustar cuentas y falsear las cifras.
La mayoría de las grandes matanzas fueron perpetradas por el bando gubernamental, por el Frente Popular. Las milicias de izquierda, y muy especialmente las socialistas, pusieron en marcha una maquinaria de terror con amparo gubernamental. Es importante saber y conocer por qué ahora se nos habla de fosas comunes y cunetas, intentando eludir toda responsabilidad de unos hechos en lo que los socialistas fueron actores principales.
Cierto que hubo excesos en ambos bandos, que se perpetraron tremendas salvajadas, crímenes horribles, venganzas sin sentido. Pero no es menos cierto que la saña, la maldad, el terror y la persecución fue mucho mayor en la zona controlada por el Frente Popular que en la zona dominada por el bando nacional.
En España tuvimos una terrible guerra, una contienda provocada por aquellos que deseaban imponer su modelo de sociedad. La democracia era útil mientras los resultados acompañaban. Una vez las urnas daban la espalda a la dictadura del proletariado, estas ya no valían, no servían. Lo vimos con la malograda revolución del 34, provocada por el PSOE y apoyada por separatistas y comunistas. Llegamos al 36, a las elecciones de febrero, con unos comicios que fueron un fraude, donde se encarcelaba a los partidarios de la oposición y se asesinaba a sus líderes. Estalla la sublevación, como reacción a la imposición, a la persecución y al crimen. Ser católico o ir a misa podía ser considerado como un acto de desafección a la república y excusa suficiente para ser ejecutado.
En plena contienda, la izquierda pone en marcha su terrible maquinaria de matar y asesinar. La zona republicana se llena de asesores y comisarios políticos, muchos de ellos venidos de la Unión Soviética, destacando por encima de todos ellos Aleksandr Orlov, enlace del NKVD (la policía secreta soviética), responsable del traslado del oro español a Moscú, hecho por el que fue condecorado con la orden de Lenin, y del asesinato entre otros del dirigente trotskista del POUM, Andrés Nin. Son innumerables las “hazañas” de Orlov en España, pero su tarea principal era la de eliminar disidentes, sobre todo trotskistas, mucho de ellos enrolados en las brigadas internacionales. Orlov tenía su particular cárcel en Alcalá de Henares, dentro de la catedral, donde torturaba y hacía “desaparecer” a los disidentes. Curiosamente, Orlov desertaría en 1938, al inicio de otra de las grandes purgas de Stalin, a los Estados Unidos, donde fallecería apaciblemente en 1973.
En la zona bajo control del frente popular, es decir bajo control del PSOE, se hacen famosas las chekas, las cárceles de los partidos políticos de izquierda. Se aplica la justicia proletaria, cuyo mecanismo es sencillo: detener, interrogar, torturar y en su caso asesinar al burgués o sospechoso de serlo. Por supuesto, sin juicio previo y sin ningún tipo de garantías judiciales. Se populariza el término “paseíllo”, haciendo referencia a las personas en manos de los milicianos que cada noche eran sacadas y que nunca volvían a la cheka, y cuyos cadáveres eran abandonados en las tapias de los cementerios o en las cunetas, esas cunetas de las que tanto habla la izquierda. Rafael Alberti era en muchas ocasiones el que señalaba a las personas a las que se debía dar “el paseo”, lo hacía en la columna donde habitualmente escribía.
Se calcula que son más de 85.000 las personas asesinadas por la represión republicana, siendo responsabilidad del PSOE, sobre quien recaen esos muertos, como hemos dicho, por ser la principal organización y la responsable de mantener el orden. Un reciente estudio del periodista Miguel Platón, nos habla de la represión franquista donde hubo unos 130.000 consejos de guerra, de ellos unas 25.000 condenas de muerte, de las cuales se ejecutaron 14.000 y el resto serian conmutadas por cadena perpetua. La cadena perpetua comprendía un periodo de cárcel de entre tres a seis años de media. Luego serian puestos en libertad. Los 14.000 ejecutados lo serian por los terribles crímenes cometidos, por los más de 85.000 asesinatos cometidos por el Frente Popular en general, y muy particularmente por el PSOE.
Las cifras que ofrecen las asociaciones mal llamadas de recuperación de la memoria histórica simplemente son falsas, inventadas, ya ni siquiera tergiversadas, son simplemente imposibles. Nunca explican de manera convincente cuál es el método de recuento utilizado. La cifra puesta de moda en los últimos tiempos habla de 144.000 desaparecidos, y sitúan a España como el segundo país del mundo, después de Camboya, en número de fosas comunes. Semejante “barbaridad”, semejante engaño, es aceptado como normal por contertulios de salón y por periodistas y medios de comunicación agradecidos y poco dados a ser discrepantes con lo que a todas luces saben es una mentira. En Camboya se asesina por parte de los Jemeres Rojos de Pol Pot (Comunistas) a tres millones de personas en algo menos de cuatro años (entre 1975 y 1979), en la creación del modelo socialista agrario basado en los ideales del maoísmo y del estalinismo que tanto gustaba a los milicianos y defensores del Frente Popular. Es muy posible que, de haber ganado las izquierdas, las cifras de Camboya se quedaran cortas en España. Entre 1995 y 1996, se descubren en Camboya más de 20.000 fosas comunes. El PSOE habla de estas cifras como cortina de humo para tapar su responsabilidad en las grandes matanzas que se producirán en la zona controlada por el Frente Popular. Solo en Cataluña, bajo la presidencia de Luis Companys, la propia generalidad reconoce más de 8.000 asesinados. Cifra que se queda corta respecto a la que mantiene Cesar Alcalá, que nos habla de 13.500 muertos. En Paracuellos del Jarama, en Madrid, en las distintas sacas de 1936, estaríamos hablando de cerca de 5.000 asesinados, sin contar los crímenes en las chekas, no solo de Madrid y Barcelona, también de Valencia y Bilbao. Como hemos recordado aquí, la responsabilidad última de estos crímenes recae sobre el PSOE, que era el partido mayoritario y quien tenía la obligación de mantener la seguridad y el orden. Lejos de eso, se sumó al baño de sangre, de terror, crimen y odio, donde parece siguen instalados.
La Ley de Memoria Histórica es un peldaño más en el engranaje de la mentira. “Quien controla el presente controla el pasado. Y quien controla el pasado controlara el futuro”. George Orwell (novela 1984).
La izquierda habla de libertad, mientras coacciona, ataca y limita la libertad individual de la persona. Hablan de derechos humanos, mientras en los regímenes que ellos defienden solo hay miseria y muerte. Hacen Doctor Honoris Causa a un conocido carnicero, Santiago Carrillo; ponen el nombre de un estadio de futbol al genocida de Montjuic, Luis Companys; le dedican un parque infantil a otra gran asesina como fue “La Pasionaria”, crean millones de parados, y convocan manifestaciones como si fueran otros los que están en el poder. La izquierda tiene esa capacidad de reinventarse a sí misma de manera constante.
La reconciliación no puede venir por aquellos que defienden a sus criminales, que tapan su pasado y que solo reconocen a sus víctimas, muchas de las cuales eran auténticas alimañas, a quienes después de un juicio con garantías judiciales que ellos negaron sistemáticamente, se les condenaba a la pena máxima. Reivindicar a asesinos, pretender anular sentencias aplicadas a torturadores, violadores y criminales, no es reconciliar a nadie, es insultar a la inteligencia, es ajustar cuentas pasados 80 años, es una nueva cobardía de la izquierda de este país, que pretende santificar a sus asesinos y criminalizar a los muertos que no le gustan.
La reconciliación no puede venir por aquellos que no condenan el asesinato de Muñoz Seca, Calvo Sotelo, Ruiz de Alda, Melquiades Álvarez, José Antonio, Onésimo Redondo y tantos y tantos otros asesinados por pensar diferente, por sentirse libres en un mundo de cuervos, y cuyas vidas fueron segadas sin haber tenido tiempo de participar en la contienda civil e incluso en muchas ocasiones, sin ni siquiera haber comenzado esta. Por encima de ideologías y por encima de las leyes está la verdad. Dan la vuelta a nuestra historia para blanquear su pasado, y para ello han esperado a la desaparición física de los participantes y los testigos. Ahora solo cuenta la amplificación de la mentira y lo absurdo de un proceso que solo nos conduce al enfrentamiento y al recuerdo doloroso del daño que causaron. Eso no es reconciliación.
Debemos reconocer que, en realidad, el mejor aliado del PSOE en el ‘relato’ que se vendió en España durante los 50 años posteriores a la Guerra Civil fue el franquismo. Tan obsesionado con culpar de todo al comunismo y en señalar la Guerra Civil como una cruzada contra los comunistas y Stalin, el nuevo régimen favoreció un relato en el que todo asesinado en la Guerra Civil por el bando de la izquierda, ya fuera fusilado en el Cabo Quilates en las provincias vascas, asesinado en el cañón de Ronda en Málaga —donde fueron despeñadas cientos de personas por oponerse al Frente Popular— o aniquilado en las costas de Cantabria, como los monjes trapenses arrojados al mar en el Faro de Cabo Mayor de Santander, todo era culpa del PCE y del comunismo, exonerando de esta manera al PSOE y a sus milicianos.
Un relato que dejaba, por tanto, al margen al PSOE, a pesar de ser las milicias socialistas más numerosas que las comunistas.
La matanza de Paracuellos siempre ha quedado en la nómina del PCE por ser el partido de Santiago Carrillo, así como la matanza de la Cárcel Modelo de Madrid en la nómina de los anarquistas de la CNT, aunque el periódico ‘largocaballerista’, el órgano de expresión Claridad, contribuyó en gran medida a la atmósfera para causar esta última masacre.
Tan desproporcionado sería responsabilizar de esos más de 85.000 asesinatos, según las fuentes, exclusivamente al PSOE, absolviendo a comunistas, anarquistas, nacionalistas catalanes o republicanos de izquierda, como absurdo negar su responsabilidad en las matanzas. Fue durante el Gobierno de Largo Caballero cuando se repartió armas al pueblo (es decir, a las milicias) y fue el Gobierno del Dr. Negrín, el que más contribuyó a alargar esa defensa de la resistencia con las armas en la mano. Buena parte de esos casi 86.000 asesinados, según la Causa General, es por tanto responsabilidad de aquel PSOE de Largo Caballero, Prieto, Negrín y Ramón González Peña.
El estallido de la Guerra Civil española había supuesto el mayor salto de poder del marxismo español. En septiembre de 1936, Manuel Azaña daba otro paso en esa línea y nombraba Jefe de Gobierno a Francisco Largo Caballero. Se convertía este así en el primer marxista que ocupaba la jefatura de Gobierno en España. En el Gobierno también figuraban otros marxistas del PSOE, como su rival en el partido Indalecio Prieto y también Anastasio de Gracia, Álvarez del Vayo (fundador de la banda asesina FRAP, organización terrorista donde militaba el padre del ex vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias. El ex vicepresidente nunca ocultó su admiración hacia esta banda de asesinos), Ángel Galarza y el Dr. Negrín. Además, también por primera vez habría ministros marxistas del PCE, como Vicente Uribe y Jesús Hernández. El Gobierno de Largo Caballero trató de aglutinar a todas las izquierdas del Frente Popular, llegando incluso a nombrar ministros anarquistas, un hecho con pocos precedentes en la historia de ningún Estado.
El Partido Socialista Obrero Español estaba cada vez mas influenciado por la Unión Soviética, una de las pocas potencias extranjeras que estaba ayudando al bando republicano. Al frente de esta delegación estaba el embajador Marcel Rosenberg, que actuaba más como comisario político avalado por Stalin que como diplomático.
El traslado del Gobierno de Madrid a Valencia, dejando la capital abandonada a su suerte en manos del General José Miaja, fue para muchos el inicio de la derrota moral. El periodista azañista Manuel Chaves Nogales dejó escrito que “a partir de ese momento ya no merecía la pena luchar por la República ante la cobardía de sus líderes”. Posteriormente, el Gobierno del Frente Popular se encontraba en el dilema de volver a trasladarse, esta vez de Valencia a Barcelona. Aquel segundo traslado contaba con la oposición de Largo Caballero, temeroso de que los soldados del bando republicano lo interpretaran como un acto de cobardía o, como poco, acto que evidenciara la delicada situación del bando republicano.
Pero lo que más llamaba la atención es que Largo Caballero, el que había sido bautizado en su día como el Lenin español, no tardara en empezar a hartarse de la absoluta tutela rusa vía Rosenberg. Seguramente, como declararon compañeros de su partido, él hubiese tolerado una influencia de Rosenberg discreta, el consejo del ‘embajador’, pero no la imposición que la delegación de la URSS ejercía con el pretexto de que los españoles “no sabían organizarse”. Los rusos contaban con el respaldo no sólo de los ministros comunistas Uribe y Hernández, sino también de los dirigentes del PSOE que estaban cada vez más cerca del PCE y menos de la dirección de su partido, como era el caso de los ministros socialistas Dr. Negrín o Álvarez del Vayo, quien solía hacer de intérprete de Rosenberg, que no dominaba el idioma castellano.
Los ministros afines a Rosenberg ordenaron al General Miaja que nombrare a miembros del PCE como comisarios políticos del Ejército. Esto conduciría a Largo Caballero a un acto de división interna evidente en el bando republicano. En su calidad de ser, además de Jefe de Gobierno, ministro de la Guerra, ordenó anular aquellos nombramientos. Con ello se enfrentaba a la vez al PCE, a compañeros del PSOE, entre ellos a Álvarez del Vayo, que ocupaba el cargo de ministro de Exteriores, y directamente a la propia Unión Soviética. Largo Caballero, según relata el socialista Luis Araquistáin, se enfrentó al diplomático ruso, y los agentes del comunismo que inspiraban ciertos periódicos de París, Londres y Nueva York lanzaron el rumor de que sufría incomprensión o terquedad senil. De ese modo se fue preparando su caída.
Aquello fue su sentencia política, dado que aquella crisis se producía en medio del mayo sangriento de Barcelona de 1937, en el que socialistas, comunistas y anarquistas se enfrentaron a tiros en Cataluña, evidenciando ante todo el mundo la división interna del bando republicano. Los comunistas parecían tener más interés en purgar a los desviacionistas (los POUM, a los que veían como trotskistas, o los anarquistas) que en ganar al “fascismo”. En ese contexto, el PCE (PSUC en Cataluña tras absorber al PSOE en aquella región) se declaró incompatible con Largo Caballero como ministro de la Guerra, y sus dos ministros, Jesús Hernández y Vicente Uribe, presentaron su dimisión. Lo que suponía que también la Unión Soviética se declaraba incompatible con él y le retiraba su apoyo. El Lenin español había dejado de serles útil.
Después de su dimisión, Largo Caballero volvió al Madrid de José Miaja, y daría en el teatro Pardiñas el que sería su último mitin, allí dijo claramente que dejaba el poder por no hacer de feudatario “de una potencia extranjera”, ni “acatar órdenes de gobierno extraños”, al mismo tiempo que proclamaba que había preferido sacrificarlo todo antes de comprometer la independencia española. Una aparente declaración patriota, pero que otros vieron como una mera pataleta. Así, por ejemplo, califica la dirigente del PSOE Regina García en sus memorias la visión de Largo Caballero: “Fue éste un tardío y falso acto de contrición, pues sí no obedeciese a la soberbia personal de Largo Caballero, de no querer someterse a la Unión Soviética, y verse derrotado por ella, si realmente sintiese el impulso patriótico que decía, desde los primeros meses de una guerra, hubiese rechazado las exigencias rusas y la excesiva intromisión de estos en las cuestiones españolas”. Al menos a Largo Caballero los rusos le dejaron exiliarse en paz. A Marcel Rosenberg ‘le llamaron’ a Moscú para valorar la labor realizada en España, y lejos de condecorarle se encontró con el asesinato por orden de Stalin en la ‘purga’ de 1937.
El nuevo Gobierno estaría presidido por el Dr. Juan Negrín, en cuya etapa al frente de Hacienda se había procedido al siempre polémico traslado del oro del Banco de España a Moscú. Jesús Hernández y Vicente Uribe volvieron otra vez a sus puestos ministeriales, simbolizando que el nuevo Gobierno de la II República en el que Negrín era Jefe y Prieto el ministro de Defensa contaba con la bendición de Stalin.
Apenas formado el nuevo gobierno, el Dr. Negrín ordenó el traslado de Valencia a Barcelona y estableció la promoción de mandos comunistas en el ejército del bando republicano. Los cambios que no había querido aprobar Largo Caballero los estaba realizando Negrín. Los mismos problemas que había tenido Largo Caballero por las constantes interferencias en sus competencias de los representantes del PCE / URSS los iba a padecer ahora Indalecio Prieto, que acusaba al Dr. Negrín de estar más cerca del PCE que del PSOE. El 5 de abril de 1938, el Dr. Negrín ejecutó la destitución de Indalecio Prieto como ministro del Gobierno de la II República. El PCE había ganado otra batalla al PSOE, pero entre todos iban a perder la batalla principal: la Guerra Civil española.
Con todos los dirigentes políticos relevantes huidos del país, en el cómodo exilio, la continuidad de la guerra era casi imposible. Los representantes de la Junta de Defensa de Madrid, encabezados por José Miaja y el coronel Segismundo Casado, dieron su célebre ‘golpe de Estado’ del ‘Consejo de Madrid’ contra el Dr. Negrín, con el único objetivo de poner fin de una vez a una guerra que los republicanos tenían perdida desde hacía tiempo. El doctor Negrín y sus camaradas pretendían que la guerra se eternizara –con el deseo de que llegara la contienda europea y ambos conflictos se solaparan– pero con él y el resto de las autoridades a salvo desde el exilio. El mayor apoyo político a aquel movimiento del ‘Consejo de Madrid’ fue el del ex presidente del PSOE Julián Besteiro. El que fuera sucesor de Pablo Iglesias Posse, para el que Negrín era poco menos que un agente infiltrado del Partido Comunista, intervino por radio junto a Miaja y a Casado para mostrar su rechazo a la política del Dr. Negrín y el PCE, a los que acusaba de querer imponer una dictadura comunista en España. Besteiro fue respaldado por otros dirigentes históricos del PSOE como Wenceslao Carrillo. La aparición de su padre entre los que habían colaborado con ‘los traidores’ Besteiro, Miaja y Casado llevó a Santiago Carrillo a publicar, desde el exilio en París, su carta de repudio al padre, declarándole traidor y enemigo. El ‘Golpe’ del Consejo de Madrid, solo adelantó lo que ya era inevitable. La derrota del Frente Popular era ya un hecho incluso antes de producirse el golpe. El general Miaja, el coronel Casado o Wenceslao Carrillo abandonaron el país. Julián Besteiro decidió permanecer en Madrid, siendo prácticamente la única autoridad relevante que permaneció para ‘entregar’ la capital a los vencedores de la contienda. Amenazado de muerte por los comunistas, estuvo en la cárcel hasta su fallecimiento por “sepsis” en 27 de septiembre de 1940. Besteiro seria de los pocos dirigentes del PSOE que mantuvieron algo de dignidad en esos aciagos años. Otros dirigentes socialistas como Julián Zugazagoitia o Francisco Cruz Salido huyeron a Francia, siendo posteriormente apresados por la policía alemana y mandados de vuelta a España, donde les esperaba un pelotón de fusilamiento que acabó con sus vidas. Otros dirigentes como Largo Caballero, aun estando en Francia, tuvieron más suerte y nunca se les entregaría a España.
La gran mayoría de los dirigentes socialistas y comunistas huyeron de España en enero de 1939, y desde su cómodo exilio pedían a los españoles que siguieran matándose con ese celebre “No pasarán”. La guerra terminaría oficialmente el 1 de abril de ese mismo año.